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La reunión de Junta Directiva Nacional que realiza la Central Unitaria de Trabajadores en Melgar tiene el reto de analizar con cabeza fría los movimientos del nuevo gobierno, e implementar el plan de acción tendiente a impedir que continúen la feria estatal e impongan reajustes salariales del 14% que sería una rebaja. La CUT convocará realización de su IV Congreso para el año entrante

(por Pabloé)

Al Equipo Económico de Pastrana Arango le toca extremar las medidas de ajuste si no quiere alborotar antes de tiempo el avispero acumulado de los trabajadores y el pueblo colombiano. Corre el riesgo de encender la mecha del explosivo ingrediente social, colgándole una talanquera a sus prometidos propósitos de reconciliación y paz.

La Junta Directiva Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores que se reúne en Melgar, del 19 al 21 de agosto, tiene el propósito de diseñar el plan estratégico de lucha que los sindicalistas im-plementarán a corto y mediano plazo, única garantía de que no resultarán siendo los únicos paganinis del desgobierno, el chanchullo y el despojo neoliberal.

Vistas las cosas con cabeza fría, los trabajadores no tienen alternativa. Si con el paro estatal de febrero de 1996 salieron más o menos bien librados del último ajuste del cuatrienio Samper -al fin y al cabo derrotaron el reajuste salarial ponderado del 13.5 por ciento e impidieron drásticos recortes en empresas y sectores claves del Estado y la economía-, en las primeras de cambio de mandato de Andrés Pastrana tendrán que demostrar tanta o mayor fortaleza si no quieren terminar en el asfalto, con los bolsillos rotos y sin mayores esperanzas de mejorar su situación y la de los colombianos.
La reunión ampliada de Melgar no sólo aportará elementos al pliego de exigencias que el Comando Nacional Unitario -integrado por la CUT, la CTC, la CGTD y la CPC- prometió al Primer Mandatario. También diseñará el plan de acción a emprender de inmediato, de tanta importancia para los asalariados y la comunidad como el Ajuste Fiscal que Pastrana comenzó a ejecutar una vez asumió el Poder.

Una semana después de su posesión, por ejemplo, hizo aprobar en el Consejo de Ministros el primer alza de precios de su gobierno, el de los combustibles, que coloca la gasolina a niveles internacionales: con el 7% de incremento, el galón de gasolina en Bogotá -con una exagerada sobretasa del 20%- quedó costando $1.720,80.

Julio Roberto Gómez, secretario general de la CGTD, coincidió con Luis Eduardo Garzón y Apecides Alvis, presidentes de las restantes dos centrales obreras CUT y la CTC, en considerar que el alza en los combustibles incidirá negativamente en la canasta familiar. Por su parte, Hacienda Pública viene con todo para hacer aprobar en el Congreso un recorte presupuestal del orden de los 2 billones de pesos. De dientes para afuera, los emisarios del nuevo gobierno hablan de la necesidad de erradicar las nóminas paralelas, tras las cuales se envileció el empleo en el sector estatal para beneficio de una cúpula de tecnócratas neoliberales que ganan entre dos y cuatro millones de pesos mensuales.

Lo malo es que en esa cochada podrían meter a los instructores del Sena o los 40.000 trabajadores hospitalarios por contrato que, antes por el contrario, tienen derecho al enganche a término indefinido, vieja demanda de los sindicatos en estos y otros sectores del Estado. Lo malo también es que con el apretón fiscal con que se estrena este gobierno, como igual se han estrenado sus antecesores, volvemos a la orgía de fusiones y liquidaciones de empresas y entidades: desaparecerían el Incora, el Inpa y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre otras; también el Icfes, cuyas funciones supuestamente serían asumidas por el Ministerio de Educación; Corpoica, una de las creaciones del gobierno de Gaviria, asimilaría finalmente al ICA, mientras la Dian volvería a separarse en el par de entidades que eran hasta el arribo del neoliberal secretario general de la OEA: Impuestos, por un lado, y Aduanas por el otro. En la mira, bajo amenaza presidencial, están Cajanal, Capre-com, Prosocial y hasta el propio ISS.

El ajuste pretende llegar hasta la erradicación de los derechos en seguridad social consagrados por la Ley 100 de 1993 para los empleados y trabajadores de Ecopetrol, las Fuerzas Militares, Inravisión, el magisterio y el poder judicial.

Y los trabajadores tienen elementos para creer que si no se mueven de inmediato, con energía y contundencia, terminarán sin las pocas excepciones que les dejó la reforma a la seguridad social, en la calle muchos de ellos, y con pírricos reajustes salariales del orden del 14%, según propuesta del Emisor. Con otro agravante: pese a la visita que Pastrana Arango realizó al Comando Nacional Unitario, hasta el momento sus labios no han conjugado el verbo concertar.

Signo tan preocupante como saber que por lo menos una tercera parte del gabinete ministerial fue el mismo que diseñó y ejecutó el despojo neoliberal durante y después de la administración Gaviria. Ojalá también nos equivocáramos. Por fortuna, el movimiento sindical ha detectado dos grandes momentos para enfilar sus acciones: el Congreso de la República, donde será aprobado el presupuesto nacional del año entrante a más tardar a mediados de octubre. El otro, finales de año y comienzos de enero del 99, fecha máxima para que el Ejecutivo decrete los reajustes al salario mínimo de los colombianos y los salarios de los trabajadores y funcionarios del Estados, unos 800.000 empleados. La expectativa que los colombianos se han creado alrededor del nuevo gobierno no debe ser interpretada como simpatía ni aceptación, así invoque los más nobles objetivos de lucha contra la corrupción. Si Pastrana asumió el gobierno con los camioneros y las comunidades de Cajamarca y el Eje Cafetero y Arauca en paro, lo más probable que en pocas semanas le corresponda a los trabajadores movilizarse para obligarlos a concertar algunos acuerdos.