Edición 1989, licencia No. 002357 del Ministerio de Gobierno. 

Quincena del 19 de Agosto al 1 de Septiembre de 1998. 
 

SUMARIO 

Resumen VOZ 15 DÍAS  
 
 Editorial:El congreso de la mujer trabajadora 
(por Gloria Inés Ramírez) 

Enfoque: Reingeniería militar 
(por Alvaro Vásques del Real) 

Mirador: El plan Marshall 
(por Carlos Lozano Guillén) 

Hechos y Cifras 

Sin pan no hay paz 
(por Nelson Fajardo) 

La posesión de Andrés Pastrana. 
El cambio está por verse 
(por Alvaro Angarita) 

El nuevo gabinete de Andrés Pastrana. 
Caras vemos, obras no sabemos 

La nueva cúpula militar 
Cambios superficiales 

El asesinato de Miller Chacón 
Mindefensa es responsable 

En Suiza 
Apoyo a Voz 

El cuento de la sociedad civil (por Alfredo Valivieso) 

El activo Nacional de Mujeres Comunistas 
Las mujeres frente al Congreso del Partido 

Breves Sindicales 

Los trabajadores preparan encuentro estatal 
Pastrana y el verbo concertar 
(por Pabloé) 

Ideología 
Cambios en capitalismo contemporáneo 

La central unitaria de trabajadores estima en 20% la inflación finalizando año 
Pastrana decreta alza de gasolina 

Monseñor Pedro Rubiano Sánez 
¿Sólo para quedar en la foto? 

Conferencia Regional Comunista 

El país Vasco 
Donde un pueblo sueña y canta 
(por Carlos Lozano) 

Despeje sin límites 

Tribuna 
A la memoria de un constructor de sueños, Jacobo Arenas, el inolvidable comandante 
(por Luis Alberto Matta) 

El asesinato de Miller Chacón.
Mindefensa es responsable 

Con ponencia del magistrado Benjamín Herrera, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentenció a la Nación a pagar cuantiosa indemnización por el asesinato, en 1993, del dirigente comunista José Miller Chacón. Ex mindefensa Rafael Pardo Rueda es el responsable, dice el fallo judicial: 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia del magistrado Benjamín Herrera, condenó a la Nación a pagar cuantiosa indemnización a los familiares del dirigente comunista José Miller Chacón, asesinado el 25 de noviembre de 1993, en la carrera 10 con calle 31 sur de la capital del República. El fallo judicial asegura que el Ministerio de Defensa y el DAS no adoptaron las medidas de seguridad para proteger la vida de Miller Chacón a pesar de las amenazas y planes para asesinarlo, que fueron denunciados oportunamente por la dirección nacional del Partido Comunista Colombiano.
En efecto, en julio de 1993, los dirigentes comunistas Manuel Cepeda Vargas, Hernán Motta Motta y Carlos A. Lozano Guillén, comparecieron en el despacho del entonces ministro de la Defensa de la Administración Gaviria, Rafael Pardo Rueda, para darle a conocer la existencia del denominado Plan Golpe de Gracia, en cuya elaboración y ejecución estarían vinculados altos oficiales del Ejército y de la inteligencia militar. El plan estaba dirigido a asesinar a varios dirigentes del Partido Comunista, entre ellos, Miller Chacón, Manuel Cepeda, Aída Abella, Alvaro Vásquez, Jaime Caycedo, Hernán Motta, Gilberto Vieira y Carlos Lozano.
Pardo Rueda no sólo en tono airado repudió la denuncia de los dirigentes comunistas, sino que posteriormente los hizo citar de un Juez Penal Militar con el evidente propósito de conocer la fuente de información que había divulgado el siniestro plan con entronque en organismos militares. Cepeda, Motta y Lozano rechazaron la citación del Juez Penal Militar y se negaron a comparecer ante él, porque fue calificada de provocación orquestada por Pardo Rueda y los altos mandos militares. Después del asesinato de Miller Chacón, el 25 de noviembre, Carlos Lozano en carta a Pardo Rueda lo enjuició y señaló de responsable por omisión de este asesinato, que el dirigente comunista calificó de crimen de Estado. Dicha carta, así como las posteriores declaraciones de Hernán Motta y del mismo Carlos Lozano, fueron piezas claves en el juicio instaurado por la familia Chacón, representada por el jurista Ramiro Orjuela.
El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es muy importante porque arroja luces sobre la responsabilidad del Estado en el asesinato de José Miller Chacón, aunque, como es obvio, no le pone fin a la impunidad penal de que disfrutan los autores intelectuales y materiales, que jamás fueron encontrados y mucho menos juzgados. No obstante, la decisión contencioso administrativa respalda en la práctica la demanda que contra el Estado colombiano cursa en la Organización de Estados Americanos (OEA) por genocidio político contra el Partido Comunista y la Unión Patriótica.
Nueve meses después del crimen de Miller Chacón fue asesinado también en Bogotá el entonces senador Manuel Cepeda Vargas. Igualmente, otros de los señalados en la lista del Plan Golpe de Gracia fueron víctimas de provocaciones y fallidos atentados criminales como Aída Abella, Jaime Caycedo y Hernán Motta. Esta ola de asesinatos y atentados demostró la existencia del Plan Golpe de Gracia, cuya denuncia fue desatendida por el ministro de Defensa de la época, Rafael Pardo Rueda, quien de conformidad con las normas legales debe ser llamado por la Contra-loría General de la República a que responda con su propio patrimonio el pago de la indemnización que ahora reconoce el Tribunal Administrativo de Cundi-namarca.
Sin duda, esta jurisprudencia servirá de base para un fallo igual en el caso de la demanda instaurada también por los familiares del ex senador Manuel Cepeda Vargas.