Edición 1989, licencia
No. 002357 del Ministerio de Gobierno.
Quincena del 19 de Agosto al 1 de Septiembre de 1998.
SUMARIO
Resumen VOZ
15 DÍAS
Editorial:El
congreso de la mujer trabajadora
(por Gloria Inés Ramírez)
Enfoque:
Reingeniería militar
(por Alvaro Vásques del Real)
Mirador:
El plan Marshall
(por Carlos Lozano Guillén)
Hechos y
Cifras
Sin pan no
hay paz
(por Nelson Fajardo)
La posesión
de Andrés Pastrana.
El cambio
está por verse
(por Alvaro Angarita)
El nuevo gabinete
de Andrés Pastrana.
Caras vemos,
obras no sabemos
La nueva cúpula
militar
Cambios
superficiales
El asesinato
de Miller Chacón
Mindefensa
es responsable
En Suiza
Apoyo a
Voz
El cuento
de la sociedad civil (por Alfredo Valivieso)
El activo Nacional
de Mujeres Comunistas
Las mujeres
frente al Congreso del Partido
Breves Sindicales
Los trabajadores
preparan encuentro estatal
Pastrana
y el verbo concertar
(por Pabloé)
Ideología
Cambios
en capitalismo contemporáneo
La central
unitaria de trabajadores estima en 20% la inflación finalizando
año
Pastrana
decreta alza de gasolina
Monseñor
Pedro Rubiano Sánez
¿Sólo
para quedar en la foto?
Conferencia
Regional Comunista
El país
Vasco
Donde un
pueblo sueña y canta
(por Carlos Lozano)
Despeje sin
límites
Tribuna
A la memoria
de un constructor de sueños, Jacobo Arenas, el inolvidable comandante
(por Luis Alberto Matta) |
El asesinato de Miller Chacón.
Mindefensa es responsable
Con ponencia del magistrado Benjamín Herrera,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentenció a la Nación
a pagar cuantiosa indemnización por el asesinato, en 1993, del dirigente
comunista José Miller Chacón. Ex mindefensa Rafael Pardo
Rueda es el responsable, dice el fallo judicial:
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia
del magistrado Benjamín Herrera, condenó a la Nación
a pagar cuantiosa indemnización a los familiares del dirigente comunista
José Miller Chacón, asesinado el 25 de noviembre de 1993,
en la carrera 10 con calle 31 sur de la capital del República. El
fallo judicial asegura que el Ministerio de Defensa y el DAS no adoptaron
las medidas de seguridad para proteger la vida de Miller Chacón
a pesar de las amenazas y planes para asesinarlo, que fueron denunciados
oportunamente por la dirección nacional del Partido Comunista Colombiano.
En efecto, en julio de 1993, los dirigentes comunistas
Manuel Cepeda Vargas, Hernán Motta Motta y Carlos A. Lozano Guillén,
comparecieron en el despacho del entonces ministro de la Defensa de la
Administración Gaviria, Rafael Pardo Rueda, para darle a conocer
la existencia del denominado Plan Golpe de Gracia, en cuya elaboración
y ejecución estarían vinculados altos oficiales del Ejército
y de la inteligencia militar. El plan estaba dirigido a asesinar a varios
dirigentes del Partido Comunista, entre ellos, Miller Chacón, Manuel
Cepeda, Aída Abella, Alvaro Vásquez, Jaime Caycedo, Hernán
Motta, Gilberto Vieira y Carlos Lozano.
Pardo Rueda no sólo en tono airado repudió
la denuncia de los dirigentes comunistas, sino que posteriormente los hizo
citar de un Juez Penal Militar con el evidente propósito de conocer
la fuente de información que había divulgado el siniestro
plan con entronque en organismos militares. Cepeda, Motta y Lozano rechazaron
la citación del Juez Penal Militar y se negaron a comparecer ante
él, porque fue calificada de provocación orquestada por Pardo
Rueda y los altos mandos militares. Después del asesinato de Miller
Chacón, el 25 de noviembre, Carlos Lozano en carta a Pardo Rueda
lo enjuició y señaló de responsable por omisión
de este asesinato, que el dirigente comunista calificó de crimen
de Estado. Dicha carta, así como las posteriores declaraciones de
Hernán Motta y del mismo Carlos Lozano, fueron piezas claves en
el juicio instaurado por la familia Chacón, representada por el
jurista Ramiro Orjuela.
El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
es muy importante porque arroja luces sobre la responsabilidad del Estado
en el asesinato de José Miller Chacón, aunque, como es obvio,
no le pone fin a la impunidad penal de que disfrutan los autores intelectuales
y materiales, que jamás fueron encontrados y mucho menos juzgados.
No obstante, la decisión contencioso administrativa respalda en
la práctica la demanda que contra el Estado colombiano cursa en
la Organización de Estados Americanos (OEA) por genocidio político
contra el Partido Comunista y la Unión Patriótica.
Nueve meses después del crimen de Miller Chacón
fue asesinado también en Bogotá el entonces senador Manuel
Cepeda Vargas. Igualmente, otros de los señalados en la lista del
Plan Golpe de Gracia fueron víctimas de provocaciones y fallidos
atentados criminales como Aída Abella, Jaime Caycedo y Hernán
Motta. Esta ola de asesinatos y atentados demostró la existencia
del Plan Golpe de Gracia, cuya denuncia fue desatendida por el ministro
de Defensa de la época, Rafael Pardo Rueda, quien de conformidad
con las normas legales debe ser llamado por la Contra-loría General
de la República a que responda con su propio patrimonio el pago
de la indemnización que ahora reconoce el Tribunal Administrativo
de Cundi-namarca.
Sin duda, esta jurisprudencia servirá de base
para un fallo igual en el caso de la demanda instaurada también
por los familiares del ex senador Manuel Cepeda Vargas. |