Voz

Con la parálisis y las jornadas de acciones sindicales y sociales, programadas para los días 23 y 24 de septiembre, se estrena en Colombia la lucha contra las imposiciones del nuevo gobierno, tanto o más alcabalero y liquidacionista que sus antecesores. El Comando Nacional Unificado ampliado que integran las tres centrales obreras y los pensionados propone un modelo alternativo para la economía donde se respete el derecho al empleo y la conservación del poder adquisitivo de los salarios a la vez que anuncia acercamientos con otras fuerzas
sociales y políticas, en defensa de su propio pliego de peticiones. No más privatizaciones.

Con el retiro, el pasado lunes 14 de septiembre, del artículo del proyecto de reforma que pretendía gravar con el impuesto a la renta a quienes devengan más de dos salarios, se anotan su primer parte de triunfo los trabajadores colombianos que 48 horas atrás habían convocado su primera jornada de protesta de envergadura contra el paquetaco tributario.

Según el reversazo dado por el Equipo Económico, atribuido a un «error
imperdonable» de alguno de sus asesores, la retención en la fuente seguirá rigiendo para quienes devengan más de un millón 385.000 pesos. Queda por defender la canasta familiar de los colombianos del espectro del IVA que la actual administración engañosamente prometió rebajar en campaña, así como rescatar la función social del Estado y derrotar el amenazante reajuste salarial del 14 por ciento ponderado para los trabajadores estatales que marcaría el incremento al salario mínimo del año entrante.

Si la administración Pastrana y el Congreso de la República persisten en su empeño de hacer aprobar una Ley de Presupuesto Nacional para la vigencia del año entrante, donde los trabajadores y el pueblo colombiano salen tanto o más trasquilados que de costumbre, el paro de 48 que protagonizarán los estatales el 23 y 24 de septiembre, con el respaldo del sector privado, transportadores, campesinos e informales, podría convertirse en un paro nacional indefinido las primeras semanas de octubre, cuando por términos ese proyecto debe quedar finiquitado en el legislativo antes del día 20, en compañía de la ley de Ajuste Fiscal. Los trabajadores ofrecen a cambio fórmulas para salir de la crisis y proteger la industria nacional, partiendo por la implantación de verdaderas políticas de concer-tación con todas las fuerzas vivas de la
Nación. Y como el actual gobierno parece dispuesto a restearse por la paz del país, no puede ser tan miope para desestimar lo que se le viene pierna arriba de persistir en desafiar al movimiento sindical y social con nuevas cargas y el remate de los activos que quedan a la Nación.

Los dividendos del acumulado

La verdad es que existe una enorme diferencia entre las jornadas de protesta que los trabajadores estatales protagonizaron a comienzos del año pasado, cuando la administración Samper pretendió implantar un 13.5 por ciento de reajuste salarial que fue derrotado con la parálisis de una semana iniciada el 11 el febrero: las reclamaciones sindicales se han cualificado considerablemente. El famoso acumlado aquel no era simple retórica. En aquella oportunidad, los primeros contactos entre las tres centrales obreras y los pensionados comenzaron a tejerse en diciembre de 1996 alrededor del Consejo Nacional de Concertación, donde es llevado el tema del incremento al salario mínimo de los trabajadores. Y los primeros días de enero de 1997 fueron decisivos para dar nacimiento al Comando Nacional Unitario, dando al traste con la Ley 344 de Ajuste Fiscal al rescatar buena parte del poder adquisitivo de los trabajadores,
develando la existencia de un cabo suelto de gran valor: el papel preponderante del Congreso de la República al fijar los derroteros del
Presupuesto Nacional.

La lección quedó aprendida. En lo sucesivo, los trabajadores no podían seguir a la zaga de hechos cumplidos por parte de nuestros gobernantes y legisladores que durante el segundo semestre de cada año confeccionan y aprueban toda suerte de leyes, sin consultar los intereses de los afectados, ausentes de esos espacios. Para llegar posteriormente con la falacia de que no hay nada que hacer porque las leyes que ellos mismos tuercen están aprobadas y sancionadas.

De allí la importancia del paro de 48 horas convocado por el conjunto de organizaciones sindicales de los sectores público, privado e informal: podría marcar el comienzo de una cadena de jornadas en ascenso, hasta tanto el gobierno no desista de su empeño en descargar sobre los hombros de los trabajadores todo el peso de una crisis generada, en esencia, por malas administraciones y una corrupción oficial y privada sin parangón en la historia reciente del país.

Pánico en las calles

El Congreso de la República, con fecha límite hasta el 19 de octubre para aprobar el Presupuesto Nacional del año entrante, incluido el proyecto de ley de Ajuste Fiscal, particularmente severo en sus gravámenes, está en la obligación de atender las justas reclamaciones de los asalariados, unificados como nunca en la defensa de intereses con alcances más allá de lo estrictamente laboral. Como dijo el presidente de la Central Unitaria, «los trabajadores no tienen por qué pagar los impuestos que los ricos evaden».
La verdad es que la situación es de pánico. Si tenemos en cuenta el
acelerado desmonte a los subsidios en los servicios públicos, la ampliación del IVA a buena parte de la canasta familiar, la extensión de la sobretasa a la gasolina del 20 por ciento en todo el territorio nacional, amén de otros gravámenes que vienen de la mano con el recargo de responsabilidades a los entes territoriales al tiempo que se les disminuyen las transferencias, estaríamos asistiendo a uno de los más severos apretones en Colombia. Con efectos todavía más nocivos, si se tiene en cuenta la tasa de desempleo, del 16 por ciento.

Mientras los pobladores de Barrancabermeja y San Pablo, sur de Bolívar,
sufren parálisis y hambrunas por cuenta de los desplazados por la guerra, en regiones de emporios agroindustriales como el Valle el propio gobernador, Gustavo Alvarez Gardeazábal, se coloca al frente de la convocatoria a un paro cívico en demanda de ayuda para paliar la situación que tiene postrada a la Universidad del Valle y la red de hospitales públicos.

Hasta los camioneros, comerciantes y campesinos decidieron ajustar sus
agendas de protesta cívica al reloj del Comando Nacional Unitario que el 26 de septiembre evaluará los alcances y perspectivas del paro de 48 horas, con participación de un representante por sindicato de industria o nacional. En Ecopetrol, Telecom y el propio Instituto de Seguros Sociales, las
tendencias privatizadoras con proyectos puntuales haciendo acelerado
trámite en ambas Cámaras del legislativo, no dan espera.

Reajustes ponderados del 14 por ciento significan, pírricos incrementos
del 5 por ciento para quienes devengan más de cinco salarios mínimos: es
decir, reducciones salariales del orden del 15 por ciento, sin sumar los
efectos negativos de la devaluación del peso frente al dólar y el síndrome de una eventual caída.

Modelo en crisis

Según el analista económico, César Giraldo, el aumento del salario de los trabajadores no tiene efectos fiscales considerables y, en cambio, desestimula la economía. Cada punto de incremento en el salario de los trabajadores equivale a una milésima del Producto Interno Bruto, PIB. Es decir, si el gobierno en vez de reajustar los salarios en 14 por ciento los aumentara en 20 por ciento, el efecto sería del 0.3 por ciento del PIB, es decir, tres milésimas del PIB. En su opinión, la crisis mundial exige creatividad.

Hace casi una década, agosto de 1990, a propósito de la llegada al poder de César Gaviria, las centrales sindicales colombianas conminaron al gobierno y los empleadores a cerrar filas en torno a la apertura de las compuertas aduaneras por considerar que traería nefastas consecuencias para la economía nacional. Hoy, cuando el efecto dominó por la caída de la economía rusa amenaza a Wall Street y el mundo entero, máxime cuando se descubrió que los famosos «tigres» asiáticos realmente no alcanzaban a ser siquiera inofensivos gatitos, los gremios económicos criollos comienzan a clamar porque se impongan mayores impuestos a las importaciones.

Para los trabajadores la pérdida de competitividad es resultado de las políticas de expansión del capital financiero, también del desempleo. La crisis mundial es también reflejo de ese sistema. No se puede plantear que sean los trabajadores los que tengan que pagar los platos rotos. Por lo pronto, mientras se acerca el paro de los días 23 y 24, con toma de las principales ciudades el segundo día de la jornada al calor del pliego que los trabajadores presentarán a consideración del gobierno, la puja es por el respeto de los derechos adquiridos , la defensa de los sectores menos favorecidos de la población y la función social del Estado.

Pastrana Arango debe tomar nota que si no establece verdaderos puentes de concertación con los trabajadores y la comunidad, las primeras semanas de octubre podríamos estar asistiendo a los preparativos de un paro nacional, con toma de Bogotá y todo.

PROPUESTAS DE LOS TRABAJADORES HACIA UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO ALTERNATIVO

1. Recuperar el control frente a los capitales financieros. No se puede aceptar que el capital financiero continúe llegando a estos países, obtenga rentas financieras sin hacer ninguna inversión productiva, o sea en la economía real, y se vaya impunemente por donde llegó. Es necesario que el capital financiero pague impuestos, y no se imponga el aumento a través de la base gravable del IVA que afecta a los trabajadores colombianos.

2. Recorte del IVA y fortalecimiento de los impuestos a las importaciones.

3. Redefinición de las reglas de juego frente a los bonos de pensiones. No es justo que el ahorro de los trabajadores vaya a dar a manos del capital inanciero especulativo, como lo está proponiendo la reforma Pastrana.

4. Renegociar la deuda. La mitad de los gastos de la Nación se van en el pago del servicio a la deuda: 35-40 por ciento del presupuesto nacional, mientras el otro 15 por ciento son los traslados a los fondos privados de pensiones a través de las transferencias por bonos.

ENTES TERRITORIALES

En todas las entidades del orden nacional se sufre la incertidumbre sobre liquidaciones, fusiones y reestructuraciones, planteadas a lo largo de cinco proyectos de ley que el gbierno está presentando a consideración del Congreso por estos días.

Se habla con insistencia de la liquidación de entidades como el DRI, ICA, INAT, Incora, Inpa, Incomex, Ecosalud, Inurbe. Privatización de las cárceles, también los recaudos de la Dian.

Es necesario asumir el debate sobre las llamadas plantas paralelas, puesto que los trabajadores que desarrollan funciones permanentes de las entidades deben ser asimilados a sus nóminas fijas, eliminando asesorías, órdenes de trabajo, consultorías y convenios, verdaderos focos de corrupción.

La Carrera Administrativa que recoge la Ley 443 de 1998 no recoge las
aspiraciones sobre imparcialidad, estabilidad, promoción y escalafón de los asalariados. Pastrana pretende derogar el decreto sobre trabajadores de provisionalidad �muchos de los cuales llevan hasta diez años en esas
condiciones�, un fenómeno que toca a todas las entidades del Estado.
Alrededor de 450 funcionarios de Asonal Judicial están siendo despedidos
en Antioquia por adelantar actividades sindicales en demanda del cumplimiento de pagos y derechos.

No existe carrera administrativa para los trabajadores de entidades de control como la Contraloría y la Procuraduría, creando problemas por la implementación de reestructuraciones regionales.

En 38 municipios de 20 departamentos, alrededor de 45.000 trabajadores han quedado sin empleo desde el gobierno anterior hasta ahora, anunciándose además el retiro de 3.000 trabajadores del departamento del Valle. La semana anterior sacaron 360 trabajadores del departamento del Huila, liquidando en su totalidad la secretaría de obras públicas del departamento.

Es necesario establecer una vigilancia especial sobre los procesos de reforma administrativa y reestructuración, también en la contratación estatal. La violencia del Estado impera al retener los salarios de los trabajadores con la política de pagar finalmente todo a la hora de la reestructuración, como viene ocurriendo en Montería, donde los trabajadores desde hace nueve meses no reciben salarios.

La pelea es por la estabilidad laboral, independientemente del salario que reciben los trabajadores. Más allá de la discusión del ajuste es necesario ponerle fin a la masacre laboral que genera hambre, desolación y miseria en la gente.

SECTOR AGRARIO: TIERRA ARRASADA

El sector agrario cayó cerca del 1% cuando desde 1957 se mantenía por encima del 3%, a causa de la eliminación de las políticas de fomento y protección. Con la apertura las importaciones agropecuarias se incrementaron en un 700%, trayendo como consecuencia la pérdida de cerca de 900 mil hectáreas en cultivos.

El crédito agropecuario se ha reducido en un 75% por el temor de los productores a endeudarse y perder sus tierras en manos de las entidades
prestamistas. Nuestros campesinos pagan tasas de interés más altas que las que el Banco Mundial cobra a las multinacionales. La inversión del Estado en el campo a través del ministerio de Agricultura y demás entidades descendió de 500.000 millones a raíz del ajuste fiscal impulsado por Pastrana.

De manera alterna se acelera la relatifun-dización y contrarreforma agraria, de la mano con masivos desplazamientos en regiones donde la tierra perdió su valor agro-pecuario para convertirse en objeto de valorización por megaproyectos viales, mineros o genéticos, entre otros. Once millones de campesinos pobres, indígenas y comunidades negras resisten los embates del modelo, aferrados a sus terruños, incluso aportando más de un millón de desplazados. El gobierno pretende cerrar alrededor de 300 oficinas de la Caja Agraria en capitales y ciudades intermedias, con el despido de unos 3.000
trabajadores, controvertible manera de paliar la crisis generada, entre
otras, por más de tres billones de pesos que el propio Estado le adeuda
a la entidad.

Pastrana plantea la supresión del Instituto Colombiano para la Reforma
Agraria, Incora, provocando el rechazo de los campesinos que preparan
movilizaciones hacia el próximo 20 de octubre. Con la «modernización del Estado» se acabó en gran medida la investigación aplicada, transferencia tecnológica y control sanitario. Pese a contar con personal especializado, las entidades son dirigidas por funcionarios que desconocen el área, exponiendo al país al atraso. El Ejecutivo estaría preparando la fusión del ICA y Corpoica, retorno, pero no para fortalecerla sino para continuarla acabando. El Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, Inat quedó reducido a una vulgar caja al servicio de los jueces del Presidente en el proceso 8.000, en detrimento de los distritos de riego que debe construir, por lo cual el gobierno estaría por su supresión.

SECTOR SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL: POR UN AUTÉNTICO TRATADO DE PAZ

Teniendo en cuenta que la seguridad social constituye un verdadero tratado de paz, los trabajadores se reafirman en su propósito de luchar por construir un sistema que cubra a toda la población, se financie con recursos del presupuesto nacional y cuya administración obedezca a esquemas de participación democrática tripartita. Un modelo integral de seguridad representa una alternativa de organización de la comunidad trabajadora formal e informal, urbana y rural, para la generación de ahorro social con reservas que garanticen
prestaciones y servicios tendientes a erradicar la miseria y marginalidad de las gentes.

La salud pública debe ser manejada directamente por el Estado, sin
intermediarios, a fin de garantizar que sus servicios lleguen a los sectores menos favorecidos. Debe conservarse el situado fiscal, base importante de financiamiento de los hospitales, en las mismas cantidades que fueron definidas antes de la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1997. El Estado debe garantizar los recursos necesarios para atender los llamados vinculados al sistema, los cuales superan hoy los 18 millones de colombianos.

El régimen de personal de las Empresas Sociales del Estado debe unificarse, dando cumplimiento a la nivelación salarial prevista para el año en curso y eliminando los contratos administrativos o de bolsas de empleo al vincular su personal a las nóminas fijas de cada hospital. El Instituto de Seguros Sociales, ISS, pilar fundamental de la seguridad social en Colombia, debe continuar siendo una sola empresa con cobertura en salud, pensiones, riesgos laborales, desempleo y protección familiar, paquete que ninguna EPS del sector privado puede ofrecer. Al fin y al cabo, los inversionistas particulares se mueven por intereses de lucro.

SECTOR EDUCATIVO

Los trabajadores del sector educativo �universidades, colegios y escuelas oficiales, el Ministerio de Educación y el Sena, entre otras entidades� se ratifican en su lucha por la defensa de la educación pública y rechazan las tendencias privatizadoras de la misma. El presupuesto para educación debe incrementarse considerablemente por vía del situado fiscal para financiar la educación básica y media, con garantías de funcionamiento también para las universidades de origen oficial tanto nacionales como territoriales.

Estabilidad laboral e incrementos salariales por encima de la inflación causada el año inmediatamente anterior, también hacen parte del pliego de exigencias elaborado por los trabajadores, profesores y personal administrativo del sector de la educación, unificado en la defensa del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena.