Voz nº1997

Las facultades especiales al Presidente por seis meses para suprimir, fusionar, reestructurar o transformar entidades estatales, la reforma polmtica excluyente, el Plan Nacional de Desarrollo y las medidas econsmicas estan orientadas a profundizar el capitalismo salvaje. El Congreso funcions en el marco de tramitar iniciativas presidenciales. Ley que tipifica la desaparicisn forzada, el genocidio, la masacre e incrementa las penas para la tortura no habma iniciado tramite en la Camara el nueve de diciembre. 1.999 aqo de movilizaciones obreras y populares.

Nunca antes, desde que se iniciara el proyecto neoliberal en el gobierno de Virgilio Barco, el pams habma registrado tan altas cifras de desempleo y pobreza. El DANE informs en octubre al pams que en las siete ciudades principales de Colombia se registran mas de un millsn de
desocupados (15.3%) y la Cumbre contra la Pobreza dio cuenta de la existencia de 18 millones de pobres.

Facultades hegemsnicas al Presidente

Se afirma que Virgilio Barco abris la trocha, Cisar Gaviria colocs la carrilera, Ernesto Samper construys la locomotora y Andris Pastrana esta empeqado en hacer llegar al puerto de la ignominia el esquema econsmico neoliberal al precio polmtico y social que sea. A cinco meses de su mandato hara uso por seis meses de facultades especiales otorgadas por el Congreso de la Repzblica para suprimir, fusionar, reestructurar o transformar entidades, organismos y dependencias del Estado. Las atribuciones estan inscritas en el Estatuto Basico de la Organizacisn y Funcionamiento de la Administracisn Pzblica. Tambiin le asignaron facultades dentro de los Bonos de Paz que crean el Fondo de Inversisn para la Paz, para que pueda suprimir cuentas, programas y proyectos relacionados con las funciones que cumplira dicho fondo. El proyecto de ley que entrega tal hegemonma en el gasto permite al Contralor, al Procurador y al Fiscal General de la Nacisn (con la venia presidencial) modernizar sus instituciones.
La medida aprobada en el Senado se suma a las facultades extraordinarias por cinco aqos que propone la reforma polmtica y que seguramente seran aprobadas, las cuales estan reforzadas con la del uso de la figura de la Emergencia Econsmica que cres el impuesto del siglo, ocasionando en los giros o retiros un gravamen indiscriminado del dos por mil. Es como aprecian algunos, la hora de la revancha. En el reciente viaje del primer mandatario a Estados Unidos se establecis el compromiso de profundizar el modelo neoliberal y con il la ola de fusiones y
privatizaciones de las empresas y entidades del Estado.

El panorama de la apertura

Se calcula que por lo menos 150 empresas y entidades oficiales seran privatizadas o fusionadas. Incluso ministerios incsmodos por sus famosas licencias, como el Ministerio del Medio Ambiente. Oficialmente se anunciaron 30.000 despidos de trabajadores del Estado. Telecom e
Inravisisn tampoco estan exentos de ser privatizados definitivamente. En Inravisisn, ya estan presionando a los empleados para que acepten liquidaciones formales a cambio de su retiro.
Ni que hablar de la ya privatizada Empresa de Energma Elictrica de Bogota, de la ETB destinada a la misma suerte y de muchas otras empresas de servicios pzblicos como acueducto y alcantarillado de cobertura regional y local. En 1.999 habra una ola de despidos ya prevista que marchara a un ritmo de un punto de incremento en el PIB por dos en desempleo. Millares de
empleados y trabajadores seran lanzados al desempleo y al subempleo. Como es lsgico toda accisn tiene su reaccisn y 1.999 sera tambiin un aqo de grandes luchas populares y sindicales contra las medidas pastranistas. Sslo a travis de la accisn obrera y popular se podra poner lmmites a la meta neoliberal del gobierno.En esa direccisn el Partido Comunista llama a oponer a las medidas antipopulares la mas firrea movilizacisn nacional.

El eje neoliberal de la administracisn Pastrana

En la misma concepcisn neoliberal han sido concebidos el Plan Nacional de Desarrollo, donde se rinde culto a la descentralizacisn sin asignar recursos a las regiones pobres y se coloca al Ejecutivo como gerente del capital, principalmente del financiero, al cual favorece con la
mayorma de sus medidas.Se adoba, con la aprobacisn en el Senado de la expropiacisn administrativa con indemnizacisn que echa por tierra un logro de la Constitucisn de 1.991.
De igual manera, la reforma polmtica incubada en el acuerdo de Casa Medina encierra un profundo contenido neoliberal. Se colocan umbrales discriminatorios para llegar al Congreso y para obtener personerma jurmdica que a pesar del zltimo acuerdo logrado el cinco de diciembre
en el Palacio de Nariqo donde se acords ceder en el porcentaje del umbral, iste no implica azn la eliminacisn del contenido excluyente del proyecto de reforma constitucional que tiende a reeditar el Frente Nacional. En la misma direccisn marchan en el Congreso de la Repzblica los
proyectos de Csdigo de Procedimiento Penal y Csdigo Penal Militar, que tienden a profesionalizar el Ejircito en un proyecto de guerra instrumentado en medio de un predialogo de paz que no avizora tirminos positivos a causa del conejo presidencial cuyo iceberg son los
soldados del Batallsn Cazadores.

Congreso arrodillado ante el Ejecutivo

El Congreso de la Repzblica en 1.998 siguis en la eterna tsnica de aprobacisn de proyectos de iniciativa presidencial y arrodillado ante el Ejecutivo. En Colombia se producen al aqo 3.000 normas, entre leyes, decretos y resoluciones, que en vez de contribuir al buen funcionamiento
del Estado acrecientan la impunidad. Un proyecto de claro interis nacional, el que tipifica la desaparicisn forzada de personas, el genocidio, la masacre e incrementa las penas para la tortura, al nueve de diciembre no habma iniciado tramite en la Camara de Representantes para culminar su vuelta aprobatoria. La iniciativa reconoce la existencia del genocidio polmtico en Colombia y
aunque no limita la obediencia debida militar, que se deja al Csdigo Penal Militar, constituye un avance importante en la penalizacisn de los crmmenes de lesa humanidad. La reforma polmtica, el tema internacional, el proceso de predia-logo, la crisis agraria y el apretsn fiscal, concentraron en 1.998 la actividad legislativa que en el Senado presidis el dirigente conservador Fabio Valencia Cossio y en la Camara el liberal lentejo Emilio Martmnez.Entre proyectos de acto legislativo y de ley han sido presentados alrededor de 280 iniciativas de las cuales en el Senado se han aprobado 23 proyectos de ley y dos actos legislativos. El permodo iniciado el 20 de julio por 102 senadores y 161 representantes se caracterizs por las pugnas intestinas libradas entre la bancada mayoritaria proclive al gobierno de Pastrana, integrada por conservadores y lentejos, los serpistas de la llamada oposicisn patristica y los independientes, muchos de ellos de clara alineacisn en los partidos tradicionales. Falts en el Congreso la presencia de la izquierda, sacada de sus curules por la guerra sucia y la ausencia de garantmas polmticas. En 1.998 casi fenecis el Referendo propuesto por Ingrid Betancurt para instrumentar una reforma polmtica, quedando expuesta su suerte a la recoleccisn de firmas. Un hecho sobresaliente, que dio a conocer
intimidades del proceso de predialogo con las FARC fue la visita de los parlamentarios Piedad Csrdoba, Amilkar Acosta y Jaime Dussan a La Sombra, donde dialogaron con el Secretariado de las FARC. Queds al descubierto la intencisn presidencial de adelantar por su cuenta y sin
participacisn nacional el proceso de paz. El aqp 1.998 fue de desgaste del gobierno Pastrana a causa del apretsn fiscal y un permodo de indefiniciones en la lucha por alcanzar la maxima aspiracisn de los colombianos: la paz.

Colombia:

UN ESTADO PARAMILITAR

El terrorismo de Estado es la forma del poder actual, que se opone a cualquier solucisn polmtica del conflicto. Balance de los derechos humanos en 1998.

El ministro de Defensa de Colombia, Rodrigo Lloreda Caicedo, asevers ante la Cumbre de Ministros de Defensa del continente, reunida la semana pasada, en Cartagena de Indias, que la estadmstica de la violacisn de los derechos humanos en el pams seqala que el 70 por ciento de las
infracciones las cometen las autodefensas, el 25 por ciento la guerrilla y apenas el 5 por ciento la fuerza pzblica. Lloreda casi que dice que el Estado es una vmctima mas de la violacisn de los derechos humanos perpetrada por agentes externos. En el manejo de las csmodas cifras gubernamentales se le quiere sacar el bulto a la responsabilidad oficial en los crmmenes del
paramili-tarismo, que no sslo encuentran el caldo de cultivo en la impunidad reinante sino
tambiin en la ginesis del fensmeno creado por el propio Estado para ejecutar la guerra sucia en el marco de la doctrina de seguridad nacional del enemigo interno y de la practica contrainsurgente. El aqo de 1997 termins con siete masacres de las llamadas autode-fensas,
que dejaron un saldo superior al centenar de campesinos asesinados. Y 1998 comenzs tambiin con masacres del paramilitarismo, que sacudieron regiones de Antio-quia, Cundinamarca, Meta y sur de Bolmvar y Cesar. Siempre cometidas en la mas completa impunidad. Sin que los militares
que copan estas zonas de conflicto armado vieran o escucharan algo. En varios casos la tropa reciin habma pasado por el sitio de la masacre. Esta circunstancia llevs a que dos influyentes diarios norteamericanos, The Washington Post y The New York Times, aseguraran, el primero en un artmculo de amplio despliegue y el segundo en nota editorial, aparecidas en el mes de enero del presente aqo, que las Fuerzas Armadas de Colombia son csmplices de los grupos de justicia privada, que es la forma eufemmstica como le dicen a los paramilitares.

Falla atentado a Jaime Caycedo

El 13 de enero, apenas comenzando el aqo, Jaime Caycedo, Secretario General del Partido Comunista Colombiano, es vmctima de un frustrado atentado criminal. Al frente de su residencia, al norte del Distrito Capital, es hallado un vehmculo con pistolas y un rocket, que sus
ocupantes abandonaron cuando fueron detectados por vecinos de la zona residencial.
Despuis se conocerman insistentes amenazas contra Carlos A. Lozano Guillin, Subsecretario General del Partido Comunista Colombiano y director de VOZ; Jairo Rammrez, dirigente comunista, Luis Eduardo Garzsn, Presidente de la CUT, Jorge Ortega, Vicepresidente de la CUT,
Hernando Hernandez, presidente de la USO y otros lmderes sindicales, activistas de izquierda y dirigentes populares. Asimismo, amenazas contra representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG). El 22 de enero una delegacisn de la direccisn nacional del Partido
Comunista Colombiano se rezne con Carlos Holmes Trujillo, ministro del Interior, para denunciar la persecucisn contra sus dirigentes y militantes. No hubo resultados concretos. El PCC declars: El gobierno enmudece ante el avance paramilitar y los crmmenes de Estado.
En la mira de la practica del terrorismo de Estado esta la XX Brigada del Ejircito, que habma sido denunciada por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Mary Robinson, porque a su oficina en Bogota le habma declarado que el 70 por ciento de la
subversisn polmtica esta conformada por el Partido Comunista, organizaciones sindicales y las ONG que denuncian la violacisn de los derechos humanos en Colombia. En mayo el presidente Samper, tres meses antes de dejar el gobierno, decide desmontar la XX Brigada, pero sus
oficiales e integrantes son asignados a los distintos departamentos de inteligencia militar.

Retenes de la muerte

El coronel Rumz y otros suboficiales de la XX Brigada resultaron vinculados al proceso de la investigacisn del magnicidio de Alvaro Gsmez Hurtado y del asesinato del general (r) Fernando Landazabal Reyes. Al parecer los dos personajes de la ultraderecha no quisieron caminarle
a la conspiracisn golpista contra Samper. La XX Brigada estuvo en el ojo del huracan de la guerra sucia, porque aparecis una lista de personas para ser eliminadas, todas vinculadas a partidos de izquierda, centrales sindicales, sindicatos, ONG y hasta importantes funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Aparecen nuevos elementos de infraccisn de los derechos humanos como los retenes de la muerte, donde mueren inocentes ciudadanos en Villeta (Cundinamarca), Vichada y otros departamentos. Los uniformados disparan sin fsrmula de juicio contra inermes ciudadanos. Luego presentan los hechos como aparentes enfren-tamientos con guerrilleros. Y tambiin con la agitacisn social en las carceles, donde los internos denuncian hacinamiento, maltratos y negacisn de los derechos consagrados en la
Constitucisn y en el Csdigo Penitenciario. Entre el 16 de marzo y el 24 de abril se rezne la Comisisn de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde se escuchan nuevos
pronunciamientos instando al Estado colombiano a proteger los derechos humanos. Igual lo
hacen el Parlamento Europeo, el Parlamento Mundial, Amnistma Internacional y otras importantes organizaciones no gubernamentales del nivel internacional. Las Convivir legalizadas por el gobierno de Samper para darle cobertura jurmdica a los grupos parami-litares, aparecen vinculadas a masa-cres como la de La Horqueta, en 1996, y a operativos de exterminio en
Arauca y Antioquia. Siempre con vmnculos de militares. Putumayo, San Josi del Guavia-re, la regisn del Ariari en el Meta, el sur de Bolmvar y del Cesar, el Magdalena Medio, Antioquia, son
asediados por los grupos paramilitares que avanzan sin ningzn obstaculo oficial. La masacre de Barrancabermeja, el 16 de mayo, cerca a un batallsn y en un barrio donde acababa de hacer presencia la tropa, conmueve al pams y sacude al puerto petrolero. Oficiales de la policma y del ejircito son vinculados a la investigacisn. El 3 de mayo habma sido la masacre de Puerto Alvira o Caqo Jabsn, advertida dos meses antes por el Partido Comunista. La XIII Brigada allana la ONG Justicia y Paz. Miles de desplazados llegan a las cabeceras municipales en distintos puntos del pams, sobre todo en el Magdalena Medio y Norte de Santander. En Barran-cabermeja se concentran 7.000 campesinos del sur de Bolmvar y del Valle del Cimitarra. Vmctor Carranza, presunto jefe paramilitar, es detenido el 25 de febrero y posteriormente llamado a juicio. No faltaron las presiones para sacarlo de la carcel y hasta la descarada intervencisn de una juez,
que ahora esta detenida por prevaricato. Es el primer golpe duro de la justicia a un capo del paramilitarismo. Pero por el lado del alto mando militar cunde la impunidad. Los generales Ivan Rammrez (sin visa para Estados Unidos), Fernando Millan y Rito Alejo del Rmo, llamados a responder ante la Fiscalma por complicidad con los paramilitares, son ascendidos en la lmnea de
mando. En otros casos, los negocios fueron trasladados a la justicia penal militar por disposicisn del Consejo Superior de la Judicatura. En la Policma Nacional son llamados a responder por paramilitarismo el coronel Luis Rodrmguez, jefe antisecuestro de la entidad, el capitan Alfredo
Merchan, jefe antisecuestro de Medellmn y tres suboficiales. En este proceso tendra que presentar declaracisn como testigo el general Alfredo Salgado Mindez, director Operativo de la Policma Nacional. Otros militares son sentenciados por la masacre de Los Uvos y el Ministerio
de Defensa es condenado por el Tribunal Superior de Cundinamarca por el asesinato del dirigente comunista Josi Miller Chacsn. En la estela de asesinatos de la guerra sucia caen el abogado Jeszs Marma Valle en Medellmn (febrero), Marma Arango Fonnegra (16 de abril),
el abogado Eduardo Umaqa Mendoza (18 de abril) y Jorge Ortega (octubre), vicepresidente de la CUT, en Bogota, Alexis Hinestroza, ex diputado de la UP (noviembre), en el sur del Cesar y Daniel Cantillo (noviembre), concejal de la UP en Tibz, entre otros. Pedro Nolasco Prisiga, ex presidente de Fensuagro, Hictor Mondragsn, economista y asesor de la ONIC y Osyris Bayter, presidenta de Credhos, salen del pams ante las amenazas. Los sindicados de la masacre de La Chinita, vmctimas de un montaje de la justicia sin rostro y de los organismos de inteligencia militar, son
condenados a penas que oscilan entre 40 y 60 aqos. Fue un juicio polmtico contra el Partido Comunista en Uraba. Josi Antonio Lspez Bula y Mercedes Usuga recobran la libertad. Caen los montajes de la justicia regional contra Boris Cabrera, dirigente comunista del Caqueta y Razl
Valbuena y los hermanos Monroy, dirigentes comunistas de Viota. Al finalizar 1998 el Estado colombiano sigue ostentado el poco honroso tmtulo de campesn mundial de la violacisn de los derechos humanos, como lo reconocis hace pocos dmas en Washington la ONG estadounidense
Americas Watch.

Estudiantil.

El año 98 ha sido uno de los mas desastrosos para la educación
colombiana.

CRISIS TOCANDO FONDO

La polmtica de los zltimos gobiernos ha llevado a la educacisn superior a un estado de crisis que tocs fondo con el cierre de la Universidad Tecnolsgica del Magdalena y la Universidad del Valle. Mientras que para el resto de univer-sidades, el futuro inmediato es incierto por cuanto no se vislumbran recursos estatales para su funcionamiento. Esto muestra ademas, la incoherencia del gobierno de Pastrana: por un lado habla de paz y por otro atenta contra los mas elementales derechos del pueblo y en especial el derecho a la educacisn de la juventud colombiana.

El presupuesto total para las universidades pzblicas en 1.998, fuede $ 750 mil 714 millones y para 1.999 sera segzn lo proyectado, de $819 mil 356 millones, en consecuencia, el dificit presupuestal de las universidades pzblicas en Colombia asciende en 1.998 a $160.000
millones y proyectado para 1.999 estara en $ 195.000 millones. Por otro lado, hay universidades con situaciones radicalmente graves como la Universidad del Valle, con un dificit de $ 90.000 millones; la del Magdalena, con un dificit de $40.000 millones; la Universidad de Antioquia, con dificit de $17.000 millones y en menor grado, la Tecnolsgica de Pereira y la del Tolima. Este es el resultado concreto de una polmtica fracasada de +autogestisn; que pusieron en marcha estas
universidades, en funcisn de la auto financiacisn por la vma de venta de servicios, creyendo que la universidad es una empresa que puede producir capital, y aumento de matrmculas, orientada por el gobierno de Samper y continuada hoy por Pastrana. Aunque en las universidades persisten situaciones de corrupcisn, desorden administrativo, nsminas paralelas e inversiones innecesarias sin atender las reales necesidades acadimicas, la ramz del problema esta
fundamentalmente en el no cumplimiento de las obligaciones presupuestales y la polmtica de reduccisn de responsabilidad social del Estado con la educacisn. La aplicacisn del modelo neoliberal y la estrategia privatizadora, de los gobiernos de Gaviria, Samper y ahora Pastrana, son las causas esenciales de la actual crisis universitaria.

La Asociacisn Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU): un balance de construccisn y retos.

Ante esta crisis, es la hora de organizarse, de levantarse, actuar, proponer y defender junto al pueblo, la universidad pzblica estatal.

Dos grandes marchas, de Tunja a Bogota y de Barranquilla a Santa Marta, Foros regionales, acciones de defensa de la universidad en ciudades, escuela de formacisn para dirigentes estudiantiles, la constitucisn en Cartagena, de la Asociacisn Colombiana de Estudiantes Universitarios, el 22 de mayo pasado con la participacisn de mas de 2500 delegados, mesas
universitarias por la paz y la participacisn beligerante en el pasado paro nacional estatal, son seqales claras de que el movimiento estudiantil colombiano, realmente renace y deja de lado la inactividad que lo mantuvo alejado de la vida nacional por mas de dicada y media. El movimiento estudiantil logrs un gran avance, al constituir la Asociacisn Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), que se propuso avanzar en un proceso organi-zativo que aportara de manera cohesionada acciones e iniciativas tendientes a un cambio positivo en la educacisn superior, que hoy se refleja en la vinculacisn a la Asociacisn de mas de 10 consejos superiores estudiantiles en todo el pams, coordinadoras de grupos de trabajo de mas de 20 universidades, quince representantes estudiantiles ante los consejos superiores de universidades, el representante estudiantil ante el CESU y en general dinamicas diversas de aproximadamente 70 universidades pzblicas y privadas del pams. Gabriel Becerra, miembro de la Secretarma de Relaciones Institu-cionales de la ACEU anota lo siguiente: +El balance, de un proceso como el de
la ACEU, no puede medirse por parametros exclusivamente numiricos, hay que decir que ella, ha puesto el problema de la crisis universitaria a la luz pzblica, ha hecho con sus acciones en la calle, que la sociedad colombiana se preocupe por la universidad; esto a la par del desarrollo de un proceso de elaboracisn a travis de foros, seminarios y espacios de reflexisn que le ha permitido ir configurando elementos de argumentacisn en torno a la defensa de la educacisn pzblica, e ir perfilando una propuesta de construccisn de una universidad de este mismo caracter, al mismo tiempo que detener y echar atras el proceso de privatizacisn. +El otro elemento positivo de esta etapa - continza Gabriel - +es el de haber sido copartmcipes junto con los profesores y trabajadores de un proceso triestamentario y de unidad de accisn que ha tenido sus
dificultades y tropiezos, pero que ademas no es un proceso homogineo, que depende de las particularidades de cada universidad. En este sentido la ACEU, no renuncia a la posibilidad de la construccisn de una real comunidad universitaria representada en sus estamentos es decir,
profesores, trabajadores y estudiantes. La participacisn de los estudiantes en el paro nacional estatal pasado fue muestra de ello, fue muestra de que sm es posible que el estudiantado defienda sus derechos y los del pueblo al lado de la clase trabajadora. +El reto que ahora se nos plantea para el prsximo aqo, es poder generar iniciativas que involucren al mayor nzmero de estudiantes
universitarios colombianos, para detener el proceso de privatizacisn. La Asociacisn
Colombiana de Estudiantes Universitarios, tiene que estar en primera lmnea en la defensa de la educacisn pzblica estatal, por un lado y en la defensa de los derechos de los estudiantes en la universidades privadas por otro, asm como en los principales acontecimientos de lucha social
y polmtica que se ven venir en el prsximo aqo en el panorama del acontecer nacional;.

Federacisn Nacional de Profesores Universitarios

Los profesores universitarios en su consejo directivo plantean el siguiente balance despuis del paro nacional estatal: A pesar de la crisis y la intransigencia gubernamental, la universidad pzblica tambiin registra avances que deberan ser consolidados y profun-dizados con
nuestra atencisn permanente:
- La garantma del cumplimiento del artmculo 86 de la ley 30/92, al
margen de la interpretacisn amaqada que presenta el Ministerio de Hacienda, constituye un freno parcial a la polmtica de autofinan-ciamiento que se quiere agenciar desde las esferas del gobierno.
- El saneamiento de las finanzas, asociado con el actual dificit de $160.800 millones y la reestructuracisn de las obligaciones con el sector financiero, son compromisos del gobierno.
- Se buscara el acuerdo con los profesores universitarios acerca del temas tales como el Sistema de Universidades Estatales, la interpretacisn de la real autonomma universitaria.
- Se respeta el rigimen prestacional de los docentes.
- Se retoman los acuerdos anteriores sobre inversisn en universidades pzblicas, la capacitacisn de profesores, el capmtulo de derechos humanos para las universidades, la bonificacisn por bienestar universitario y la revisisn del rigimen salarial y prestacional de los profesores.
- Se definis un preacuerdo, que azn debe refinarse, por medio del cual el punto se reajustara en una tasa comprendida entre el 14 y el 15%.

En discusiones posteriores con la Direccisn Nacional de Presupuesto debera concretarse el valor definitivo. En medio de la lucha se destaca tambiin el fortalecimiento de las asociaciones profesorales, comitis triestamentarios y de la misma Federacisn Nacional de Profesores. Este acercamiento general de los trabajadores estatales, es condicisn necesaria para avanzar en un
frente amplio por la defensa de una vida digna de los colombianos. Hemos superado la etapa de la confrontacisn civilista. Azn estan por venir las que reviertan definitivamente el actual proceso en el camino de la nueva sociedad colombiana.

Social y laboral.

SALDO ROJO EN MISERIA, POSITIVO EN MOVILIZACIONES

El aqo 1998 pasara a la historia como el del relevo del gobierno de Samper y la llegada de Pastrana con su talante impositivo y demagsgico. Tambiin como el aqo en que los trabajadores estatales hicieron sentir con mayor fuerza -21 dmas de paralisis-, su defensa de los sectores
menos favorecidos de la poblacisn, proyectando al movimiento sindical como una alternativa para el pams.

Desde el punto de vista de oportunidades de desarrollo social y satisfaccisn de las mas elementales necesidades de la gente, el balance que arroja 1998 para los trabajadores del campo y la ciudad no puede ser mas rojo. En la practica, estan prohibiendo hasta el derecho de respirar
a los sectores menos favorecidos de la poblacisn. Desde el punto de vista de su capacidad de respuesta y movilizacisn, por fortuna, el resultado es abiertamente positivo: los trabajadores
clausuran aqo con renovados brmos en su lucha por el derecho al empleo y a la vida. Una esperanza que equilibra la balanza. Luz verde para superar obstaculos y entender que znicamente la unidad permitira el mejorestar, humo blanco para desplegar acciones cada vez mas interesantes y fructmferas a la hora de discutir el devenir del pams, mucho mas alla de intereses economicistas o inmediatistas. Las cabalas para 1999, en consecuencia, son de enormes movilizaciones en la defensa de los mas sentidos intereses de los trabajadores y la comunidad. De impredecibles resultados. Pero, en todo caso, alentadoras para los crecientes sectores desprotegidos y marginales.

Titrica radiografma

Contrario a lo que muchos imaginaron, el cambio de tercio registrado en el pams tras el relevo de gobierno no significs mejorma alguna para la situacisn particular de cada quien. Por el contrario, apertrechado en las secuelas de la administracisn Samper que concluys el pasado 7 de agosto, Andris Pastrana Arango ha invertido los cuatro meses de gestiones en cobrarle a cada uno de sus gobernados el proceso 8.000 y la crisis econsmica interna, incluso la mundial, con el propssito de afianzar el modelo neoliberal impulsado por Cisar Gaviria. Basta asomar la cabeza para que el observador mas desprevenido se forme una idea de meridiana claridad frente a la realidad nacional. El Dma del Alumbrado, lunes 7 de diciembre, por ejemplo, encontramos un
centenar de pensionados de Colcurtidos protestando frente a Fiduanglo por considerar que les estan haciendo conejo. Despuis de laborar por espacio hasta de 47 aqos como es el caso de Don
Abraham Camelo, la compaqma fiduciaria que desde hace varios aqos le echs mano a todos los activos de Colcurtidos, con el visto bueno del Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Sociedades, bajo el compromiso de responder por todos los pasivos laborales, desde hace 13
meses no cancela las mesadas pensionales a 225 hombres y mujeres, casi todos ellos de edad avanzada. Diciembre cogis en idinticas condiciones a miles de ahorradores que entregaron los cintimos de todas sus vidas a una veintena de entidades cooperativas, en bancarrota como consecuencia de una serie de factores, entre los cuales ejercen enorme peso las cambiantes polmticas financieras y monetarias de los zltimos dos gobiernos. Se trata de un contingente de alguna forma afortunado. Al menos tiene a quiin reclamar. ?Qui pueden esperar los miles de trabajadores que a lo largo del aqo perdieron el empleo por cuenta de la desindustrializacisn
del pams y las polmticas gubernamentales que descargan el mayor peso de la crisis sobre los hombros de los asalariados, para beneficio de inversionistas y empleadores?

Triste Navidad

Si a diciembre del aqo pasado 13 de cada cien trabajadores estaba cesante, a diciembre de 1998 el ejircito de los desempleados en regiones como el Valle del Cauca practicamente se duplics. En el resto del pams, 20 de cada cien trabajadores clausura aqo en el asfalto, segzn los indicadores del banco de datos oficial, Dane, una entidad a la que algunos cmrculos de la investigacisn poca confiabilidad le otorgan por su lineabilidad con los intereses del Ejecutivo. Y eso sin contar el millsn y pico de desplazados que arroja el conflicto interno. Tampoco que 47 de cada cien trabajadores se gana la vida en el rebusque, la informalidad y el subempleo, sin que sean clasificados como lo que realmente son: desempleados puros, asm reciban al mes 30, 40 s 50
mil pesos por realizar de manera esporadica un oficio cualquiera, incluida la mendicidad o la venta callejera, perseguida con saqa y alevosma por burgomaestres neoliberales como Enrique Peqalosa en Bogota.

Un cuadro de transito similar sufren por lo menos 100.000 trabajadores bancarios y estatales contra los cuales pende, como una espada, la amenaza de ser despedidos, ista Navidad y los meses venideros, en desarrollo del Plan de Ajuste Fiscal del gobierno y las tendencias reduccionistas del capital privado.

Guerra y terror

Desafortunadamente, iste aqo como la zltima dicada larga, tambiin significs un nuevo desangre para el movimiento sindical y social. El vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Jorge Luis Ortega Garcma, representa la czspide de una guerra sucia que no repara en
mientes en su empeqo de csmo acabar fmsicamente con cualquier contradictor del sistema.
Se cuentan por cientos las vmctimas del movimiento sindical y social. El terror impera en el campo y la ciudad, desde Barrancabermeja hasta Puerto Valdivia, pasando por el recrudecimiento de las amenazas de muerte contra la dirigencia sindical y popular. Los presos de la Unisn Sindical Obrera organizacisn que se apresta a iniciar negociaciones convencionales con las directivas de Ecopetrol, continzan igual de presos. Cisar Carrillo, tal vez la znica excepcisn,
gans su libertad condicionada poco despuis del magnicidio de su apoderado, Eduardo Umaqa Mendoza. Pero hoy por hoy son muchos mas sus compaqeros de lides empapelados, amenazados y asesinados tambiin, por supuesto. O en el exilio, que a la postre termina siendo una especie de muerte en vida. Dos de los casos mas patiticos los encontramos en el Valle. A los trabajadores de Emcali les cobraron la osadma de hacer tambalear la venta de la empresa con el asesinato de uno de sus principales activistas, como quieriindoles decir que por allm no deben persistir. Y los trabajadores del municipio de Cartago terminaron atrincherados y encerrados, como cucarachas, en la sede del sindicato -en especial los tres lmderes que se crucificaron-, despuis que fuera masacrado uno de sus mas fervientes defensores, Gilbero Nieto, exconcejal y expresidente de la organizacisn. Triste decirlo, pero fue necesario que se produjera la muerte tantas veces anunciada de Jorge Ortega otro de los dirigentes sindicales y sociales empapelados hasta el tuitano por el establecimiento, para que la comunidad internacional fijara sus ojos sobre los trabajadores colombianos: la Organizacisn Internacional del Trabajo designs una Comisisn de Encuesta, considerada la mas dura sancisn contra una Nacisn, a fin de evaluar el real estado de los derechos de los asalariados en el pams.

EL TRANSPORTE ARDIENDO

Al balancear el aqo social resulta imprescindible hacer referencia al sector transporte, entendiendo como sus agentes tanto a propietarios y asalariados como a la comunidad misma, directa afectada por la aplicacisn de las polmticas gubernamentales en el sector. Los habitantes de regiones como Chin-china y los propietarios de buses, busetas y colectivos viejos establecieron a lo largo del aqo una maravillosa coincidencia. Fueron protagonistas ambos, de clausurar 1998
en las mismas condiciones que lo abrieron: peleando contra los desafueros del gobierno, tratarese iste de Samper o Pastrana. La misma cosa son a la hora de establecer peajes a la entrada y salida del municipio caldense de mayor vocacisn para la caficultura, tambiin al
amenazar con prohibir el trabajo a unas 25.000 familias que convirtieron los buses, busetas y colectivos con mas de 15 aqos en una pequeqa industria de familia. Una microempresa para movilizacisn de pasajeros en los extramuros de las ciudades, virtualmente paralizada a partir de
iste miircoles 9 de diciembre en Bogota. Con una coincidencia adicional igual de condenable: asm como en Chinchina el gobierno incumplis el compromiso de establecer tarifas diferenciales en los peajes para los lugareqos, tambiin dejs colgados de la brocha a los propietarios de los buses viejos al no crear el Fondo Especial de Reposicisn a travis del cual adquirirman criditos blandos
para renovar el parque automotor, segzn lo establecido de manera perentoria en la Ley 336 de 1996. La misma norma que a partir de 1999 pretende condenar a los habitantes de los cordones de miseria a movilizarse en vehmculos de transporte pzblico mas costoso, de imponerse polmticas para beneficio de los grandes.

GANANDO EN UNIDAD Y MOVILIZACIÓN

Las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Repzblica a Pastrana para hacer lo que le venga en gana con el sector central del Estado los prsximos seis meses no fue mas que una jugada sucia por partida doble. El mandato del "Cambio" results ser el mismo mandato que a comienzos de la dicada ejercis Cisar Gaviria Trujillo. No sslo pretende echar a la calle a otros 100.000 funcionarios pzblicos y oficiales para pagar con esos mismos puestos los favores recibidos en campaqa, sino completar la obra del actual secretario general de la OEA: reducir el Estado a su mmnima expresisn. Pastrana trata de terminar la nefasta obra de Gaviria. Y, de paso,
echar por la borda los acuerdos suscritos el pasado mes de octubre con el Comando Nacional Estatal, del cual hacen parte las tres centrales obreras y la confederacisn de pensionados: la mas importante demostracisn de unidad de las zltimas dicadas. Los 21 dmas de paro estatal contra el Plan de Ajuste y las polmticas impopulares del gobierno, constituyeron la mas firrea demostracisn de fuerza y unidad de los trabajadores colombianos, para orgullo del movimiento sindical latinoamericano y mundial. Asm como en febrero del aqo pasado, cuando los estatales
protagonizaron una primera paralisis nacional por espacio de una semana, ista vez practicamente todos los sectores de la sociedad sintieron representados sus propios intereses en el Comando Nacional de Unidad. Alla llegaron los sectores campesinos los cuales tambiin culminan aqo
estrenando espacios unitarios, indmgenas, transportadores, comerciantes, viviendistas, profesionales de todas las ramas y especializaciones, y hasta los militares en retiro. El mas preciado acumulado.