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Si la Corte Constitucional falla en derecho, el proceso de llenado de la
presa de la hidroeléctrica de Urrá tendrá que esperar hasta tanto las
directivas del complejo no implementen obras que amortigüen su impacto
en la comunidad, particularmente los indígenas Embera.

Si no fuera por la Corte Constitucional , las aguas imponentes de los
ríos Verde, Esmeralda y el propio Sinú, habrían dejado de irrigar el
Medio y Bajo Sinú desde hace poco más de un mes, dejando al garete
alrededor de seis mil familias que viven de la pesca y la agricultura.
El llenado de la presa habría causado tantos estragos en la comunidad
como la propia construcción de la hidroeléctrica de Urrá que en marzo de
1999 debería estar generando 340 megavatios de energía, con utilidades
mensuales del orden de los US$40 millones.
Según algunos estimativos hechos por los propios nativos, las 14
comunidades del resguardo karagabía sufrirán perjuicios económicos del
orden de los 50.000 millones de pesos por las especies ícticas que serán
desplazadas por las obras o, simplemente, desaparecerán. Difícilmente
podrán arrancar garantías a manera de contraprestación similares
siquiera a las especies arrancadas de su hábitat ancestral.
Después que la Organización Nacional Indígena consiguió congelar las
actividades de llenado de la presa, gracias a una acción de tutela
proferida el 29 de julio anterior por la Corte Constitucional que busca
proteger a los aborígenes de los resguardos Karagabía e Iwagadó, varias
gestiones han adelantado mediadores en la propia zona.
La Comisión Quinta del Senado intervino ante las autoridades
tradicionales de los Embera y el propio Urrá. También lo han hecho los
ministerios de Justicia y del Medio Ambiente. La idea es que las partes
en conflicto encuentren fórmulas de entendimiento que permitan salir del
atolladero, previa autorización de la Corte Constitucional.
Desde un comienzo los Embera hicieron hasta lo imposible para que sus
posiciones fueran escuchadas por los impulsores del Proyecto de Urrá,
sobre el cual se fincaron esperanzas de tipo económico. Para ellos, el
consorcio Multipropósito Urrá S.A., la parálisis representa sobrecostos
por US$15.000 millones al año.
Lo que sí no evalúan los inver-sionistas son las proyecciones de lo que
costará el impacto. Según Alfredo Solano, presidente de Urrá, desde hace
15 años han invertido US$1.5 millones en programas especiales de
piscicultura, salud y obras sociales para los indígenas. El problema es
que los indígenas, en cambio, sostienen que jamás fueron considerados
interlocutores y partícipes del dramático golpe que recibiría su río
padre y madre.
Están convencidos, eso sí, que todo cambiará a lo largo del río Sinú,
sobre el cual se tejieron maravillosas fábulas e historias, incluso
sobre el origen del hombre y la tierra. Desde las bocas del río Verde,
cerca del nudo de Paramillo —infestado de parami-litares—, hasta la
ciudad de Lorica, donde hace cuatro años un millar de nativos celebraron
el ritual del Do Wabura que en dialecto zenú significa .
La represa significa la sepultura del imponente Sinú y buena parte de
las ciénagas que no han sido arrancadas por los terratenientes, pese a
ser colchones naturales que protegen la región. Hoy ya no luchan por
paralizar el proyecto, a punto de culminar. De lo que se trata es de
mitigar el impacto ambiental producido por la obra.
Los indígenas solicitan ayudas para encontrar nuevos medios de
subsistencia para reemplazar la pesca. Una vez llenada la presa, la
flora y la fauna variará de manera radical, por aquello del disparo de
los índices de humedad. La refores-tación y reubicación de los colonos
constituyen dos de las exigencias indígenas, víctimas de todo tipo de
imposiciones y engaños: contrario a las 40 hectáreas que supuestamente
serían inundadas, según los promotores del complejo, la obra inundará
realmente no menos de 7.400 hectáreas.
La desviación del cauce del Sinú provocó cambios significativos en la
región: las tilapias y los boca-chicos ya no viajan río arriba a fin de
desovar en la zona. El pescado se consigue es en Montería, porque los
estanques instalados no han surtido mayores efectos. Una vein-tena de
consecuemcias nocivos para la comunidad encontraron peritos indígenas.
Por lo pronto, la decisión final corre por cuenta de la Corte. Tendrá
que decidir si ordena a Urrá S.A. cumplir los acuerdos con los
indígenas, y cuál sería la protección que les brindaría durante los
próximos 50 años, estimativo de vida útil de la obra.