COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS
DE ESPAÑA ANTE LA ADOPCIÓN POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE MEDIDAS
DESTINADAS A ILEGALIZAR A BATASUNA
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La APDHE considera que la única vía que respeta las garantías
constitucionales es la del recurso al Código Penal, y entiende que, por
mucho que repugne moralmente el silencio de un partido político tras
atentados cometidos por una banda terrorista, esto no constituye por sí
solo una base suficiente para impulsar su ilegalización. La necesidad de
adoptar una ley de partidos políticos con la clara intención de
ilegalizar a Batasuna supone que se admiten serias dudas de que dicho
partido incurra en los supuestos del Código Penal: ser una organización
paramilitar o terrorista, emplear medios violentos, promover la
discriminación, el odio o la violencia o tener como objetivo la comisión
de delitos. En el caso de que incurriera en alguno de estos supuestos
deberían ser los tribunales de justicia los encargados de tomar las
medidas necesarias, teniendo en cuenta en todo caso que los delitos los
cometen personas concretas, y que las organizaciones, una vez inscritas
en el Registro de Asociaciones Políticas, gozan de la protección
constitucional y legal.
El camino tomado puede abrir peligrosamente la puerta a futuras iniciativas encaminadas a criminalizar la disidencia expresada por otras organizaciones políticas y movimientos sociales que ejercen legítimamente el derecho a las libertades de expresión y manifestación. En este sentido, la APDHE quiere recalcar que el articulado de la reciente Ley de Partidos Políticos es ambiguo e inconcreto, pudiendo dar lugar a interpretaciones abusivas y por tanto atentatorias contra los derechos y libertades democráticos. Por todo lo anterior, la Asociación Pro Derechos Humanos de España quiere manifestar su preocupación y su desacuerdo por la utilización de las vías legislativa y parlamentaria para obtener la ilegalización de Batasuna, que en su caso debería perseguirse solamente por la vía penal. Madrid, 28 de agosto de 2002 |