Catia TVe es inaugurada luego de que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez se enterara del proyecto y presionara a los funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en función de que ese canal saliera al aire. Los funcionarios alegaba que no existía marco jurídico para reglamentar los medios comunitarios, sin embargo la ley de telecomunicaciones abría las compuertas para una medida especial, lo cual se hizo. Catia TVe es inaugurada, con la presencia del presidente, el 30 de marzo de 2001 y a la vez se inició el debate del Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abiertas Comunitarias.
Ya cuando se estaba redactando el Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitaria en el año 2001, la gente de los medios comunitarios y alternativos veníamos planteando algo totalmente revolucionario con respecto a la propiedad. El planteamiento consistía en establecer la propiedad social sobre los medios de comunicación, sin embargo, no estaba claro cómo instrumentarla y por eso se optó por lo más cercano que permitiera la ley.
Fue así como, entre ser una institución del Estado, una cooperativa, una asociación civil o una fundación sin fines de lucro, se decidió por la figura de la fundación, con la particularidad del derecho a la participación por parte de la comunidad en ella, esto es, que dependiendo del funcionamiento y de la participación de la comunidad en la fundación, se aprobarían o no las habilitaciones y las concesiones para el uso del espectro radioeléctrico.
La figura de la fundación garantiza que en caso de disolución los activos, los recursos o propiedades pasen a manos del Estado y no de los socios, como sucedería en el caso de una cooperativa o asociación civil. Así mismo, el reglamento permitió autonomía del Estado para los medios y también la posibilidad de vender publicidad a pequeños y medianos empresarios para su financiamiento. La participación de la comunidad se expresa en el mensaje transmitido, donde el 70% de la programación pertenece a los productores comunitarios independientes con la posibilidad de que ellos pasen a ser miembros de la Asamblea, órgano al que le corresponde elegir a la junta directiva del medio.
Existen algunos casos donde los estatutos de un medio permiten que cualquier miembro de la comunidad que manifieste su intención de ser parte de la Asamblea, lo sea de inmediato sin necesidad de trabajar o colaborar en el medio. Esto ha dado lugar al caos, a peleas internas y externas, donde un concejal o alcalde podía llevar gente que no estaba relacionada con el medio y destituir su directiva. Otros medios en cambio, sencillamente exigen un período de formación y de participación para demostrar la verdadera intención que tenga la persona de colaborar en el proceso comunicacional, antes de participar en la toma de decisiones.
Entonces bien, con el modelo que queda expresado en el Reglamento, se conquistaron ciertas cosas, pero quedaron otras cosas por resolver:
1. Se resolvió el problema del lucro al reinvertir los excedentes en el propio medio de comunicación. El problema aquí está en el crecimiento desigual de los medios dependiendo de su ubicación. Por ejemplo, en Caracas será más fácil conseguir publicidad que en la frontera con Colombia, aunque en la frontera sea quizás más necesario el medio. Las instituciones del Estado y los pequeños y medianos empresarios calcularán el precio de la publicidad en función de la posible audiencia, por su radio de acción, cosa que hace que los precios de la publicidad sean mayores en la capital que en el interior.
2. Se resolvió sólo a medias la independencia del estado burgués, ya que el Estado puede intervenir una fundación, puede revocar una habilitación o una concesión y la publicidad que transmiten los medios comunitarios sigue proviniendo mayoritariamente del estado. Estos son amarres que todavía hacen que el Estado pudiera ejercer algún tipo de control sobre el medio. Con el gobierno nacional nunca ha sucedido algún tipo de presión, sin embargo, desde algunas alcaldías y gobernaciones se ha querido influenciar a los medios comunitarios.
3. El reglamento garantiza la participación de productores independientes comunitarios, sin embargo, la realidad es que la mayoría de esos productores no están bajo el control de una comunidad en específico sino que más bien son grupos de iniciativa privada, organizados en forma de cooperativas, asociaciones civiles o sencillamente individualidades. De esta manera, el beneficio económico proveniente de la publicidad caería en manos privadas, así como todos los activos (los equipos para la producción radial o audiovisual) . Así pues, existe una democratizació n del capital pero no una verdadera socialización.
4. La dirección política del medio la ejercen fundamentalmente los productores que se inserten en el medio, lo que lo convierte en un medio democrático. Sin embargo, el poder de la comunicación está democratizado en grupos que no necesariamente están comprometidos con su comunidad sino que responden a la iniciativa privada o colectiva. La ley no garantiza que los equipos estén bajo el control de la comunidad.
Con el impulso de los cinco motores constituyentes, convocados por el compañero presidente Hugo Chávez Frías, se hace necesario retomar el debate y dar saltos adelante en la socialización de la comunicación. Las leyes habilitantes pueden dar pasos importantes en la creación de la propiedad social como figura jurídica del nuevo estado socialista, así como también la reforma constitucional. El papel de los medios de comunicación en la transformació n de la educación, tercer motor constituyente, es fundamental, al igual que en el quinto motor, que plantea la explosión del poder comunal hacia la construcción del poder popular.
El medio de comunicación social deberá pasar por una revisión que permita avanzar en el modelo de organización y asegure que el control del medio esté absolutamente bajo las comunidades. Los consejos comunales son la estrategia perfecta para pasar los medios a control del poder popular.
Los consejos comunales tienen algo importante, participa toda la comunidad y su propiedad es de toda la sociedad. Si los productores comunitarios pasaran a ser los mismos consejos comunales o quienes estos designen, se garantizaría la propiedad social de los equipos, que son los bienes para la producción. Lo mismo ocurriría con los mensajes, que serían los que acuerde la comunidad en función de sus intereses. Resolveríamos junto a los consejos comunales la socialización de la producción audiovisual o radial, la socialización de los contenidos. Por supuesto que esta no es una tarea fácil, los intereses de un productor comunitario que no esté verdaderamente articulado con su comunidad pudieran verse afectados ante el planteamiento de que ahora debe subordinarse a la comunidad.
Actualmente los consejos comunales no se encuentran articulados a nivel parroquial y mucho menos municipal, regional o nacional, sin embargo, en su explosión podrán asumir la dirección de los medios de comunicación a medida que se vayan desarrollando en su articulación. Es más, el medio será un catalizador, una excusa para articular a los consejos comunales en materia comunicacional y de allí, a asumir decisiones de control en otras materias como la economía o la seguridad, será un paso corto que dar. Para la explosión comunal, los medios comunitarios pueden ser de gran utilidad.
Bajo la dirección del poder comunal, los medios perderían cualquier tipo de dependencia del Estado, pues podrían estar financiados desde abajo hacia arriba, es decir, incluidos entre los proyectos endógenos de los consejos comunales, como las obras civiles y otras. Ya ni siquiera sería necesaria la publicidad, pues los recursos que por ley pertenecen a los consejos comunales serían fuente suficiente de financiamiento y, como es el pueblo el que financia el medio, lograríamos lo que queremos: un medio del y para el pueblo, de propiedad social. Pasarían los medios a depender directamente del poder popular.
Si los recursos son asignados por la comunidad y son definidos según una planificación nacional para el desarrollo endógeno socialista, se pueden paliar las desigualdades entre medios causadas por la obtención de recursos de acuerdo al mercado. Pasando a control de la planificación socialista, los consejos comunales deberán redefinir sus prioridades, en sus distintos niveles de articulación.
No renovando las concesiones existentes para transmitir televisión abierta (caso RCTV), el gobierno bolivariano abre las puertas para construir medios de comunicación de propiedad social y para articular junto a él al poder popular en construcción. La comunicación en manos de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, será una comunicación socialista, esa que no se delega a terceros que puedan al final utilizarla para beneficio personal. Los medios y los consejos comunales podrán plantearse un proceso dialéctico, donde los medios promueven la construcción del poder popular y el poder popular van transformando la propiedad en propiedad social.
No existe la opinión pública -dijo Trotsky- existe la opinión de clase, y la propiedad es al final quien decide los contenidos y la opinión emitida. Un medio bajo el control del pueblo, sabiendo que es un aparato de reproducción ideológica, contribuirá a esa revolución de la moral y las luces, revolución cultural que junto a las transformaciones económicas, transformaciones de las relaciones de producción social, irán construyendo el hombre y la mujer nuevos.
