UTLAI PUNTO DOC
EDITORIAL
El
pasado 13 de marzo, pudimos constatar que a través de los teléfonos celulares y
de internet, se convocaba a una “concentración” frente a la sede del partido popular
en Madrid, que inmediatamente se extendió a varias ciudades del estado español.
Se trataba, nos pareció, de poner en evidencia una supuestamente nefasta
política informativa practicada desde el Gobierno, pero, eso sí, el día de
reflexión (Jornada que precede a unas elecciones, en este caso, a cortes
generales); cosa que nuestros políticos enfatizan mucho, invitándonos
probablemente a que pensemos sólo durante esas horas y les dejemos a su libre
albedrío el resto del mandato electoral.
Varios
centenares, e incluso miles de personas según los casos, confluyeron en el
tiempo y lugar señalados al reclamo de un mensaje simple y emotivo que, a
fuerza de reenviarse a los amigos llegó, según proclama entusiasmado uno de los
que se dicen principal instigador, a Jutlandia, península con la que nunca
pudimos sospechar que tuviésemos alguna relación.
Y es
que he aquí una de las cuestiones más relevantes: si se puede verificar o
refutar empíricamente un principio básico de la denominada como teoría de la
interdependencia.
Sosiéguese
de inmediato el sufrido lector de esta sección y disculpe el tono escéptico del
presente, pues se trata de examinar, como en tantas ocasiones, si la
consecuencia alimenta la causa y además, en este supuesto, si hay alguna
variable que de modo querido, o no, encubre la relación lógica o aparente de
las cuestiones, haciéndonos percibir la realidad distorsionada, como en el
clásico ejemplo estadístico que sostenía, sin rubor, la existencia de una
fuerte correlación entre el número de fallecidos y los hospitales, de tal modo
que éstos parecían explicar la cantidad de aquellos: a más Centros sanitarios,
más bajas en el registro civil.
Por
tanto, y tras intuir que las llamadas pomposamente “nuevas tecnologías”es la
primera disonancia que pasamos por alto para poder continuar, entendemos que de
los sucesos arriba reseñados no se puede inferir fácilmente ningún claro
ejemplo de movilización o acción colectiva como consecuencia del uso de
aquéllas.
Y ello,
porque hay una inmensidad de acontecimientos similares que se han
producido sin ninguna parafernalia de
útiles como los actuales, sobre todo en situaciones de tensión emocional
proclibes a desplazar la razón en beneficio de sentimientos excelentes para el
equilibrio del individuo, pero asfixiantes para el de la comunidad.
Todo lo
cual, no desmiente en absoluto que los hechos fuesen los que se citan, pero sí
que la red o los “móviles” hayan sido determinantes.
Dejamos
también a un lado los roces de esas “concentraciones” con el derecho, principalmente con el ejercicio
de reunión y manifestación, y la influencia de los medios de comunicación,
siempre sublimada por los que de ellos viven, y centrémonos en lo que pudiera
ser el quid de lo que se pretende tratar.: la información pública y el intento
de pribatizarla y/o acotarla.
Conocer
lo que ocurre nos sirve, fundamentalmente, para orientarnos y reducir una
incertidumbre, que de otro modo, nos
sojuzgaría como cuerpo social. Sin embargo, conceder a otros o depositar en
ellos parte de nuestra capacidad para tomar
decisiones, e incluso la elaboración de las mismas, exige no sólo abulia
o absentismo políticos puros, sino el reconocimiento de una necesidad en delegarla ante la ingente
masa de datos a procesar y valorar.
Los
titulares de poder público, cuando son elegidos, deben administrar entre otras
trascendencias, la información y, según la tendencia política, construir un
capitalismo monopolista del estado o desarrollar unas estructuras para
redistribuirla e invertirla directamente en la sociedad que disgregadamente la
genera.
A
nuestro juicio, la mentira de estado, para algunos un pleonasmo, para otros
base de la consabida Razón, puede tener una percepción aceptable en el
ciudadano con dos límites: de una parte porque consiga un bien común mayor que
el alcanzable de otro modo; en segundo lugar que no sea beneficiario ningún
gobierno en particular, entendiendo éste como una emanación de partido o
coaliciones de los mismos.
Si
alguien ha resistido hasta esta línea, podrá aventurar, sin error, la
conclusión: el gobierno de España consiguió un colapso de información respecto
a la ciudadanía precisamente cuando la demanda, insatisfecha desde tiempo
atrás, iba en aumento.
Nótese
que de ninguna manera calificamos la calidad de la mencionada información, pero
sí de su contraste y distribución. En definitiva, de una tendencia coyuntural a
un libre acceso a la misma facilitada, que no creada ni tan siquiera motivada,
por los medios tecnológicos.
Así pues, la información, al igual que el
dinero, como se dice vulgarmente, no da la libertad pero ayuda a conseguirla.
Y ahora
que releemos lo escrito, no se nos hacen términos distantes, resultan
sospechosamente cercanos ¿No le parece, lector?
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