Por J. A. Ferrero Blanco
 

A lo largo del último siglo se han ensayado diversas ideas que dan cuenta del concepto explicativo de lo que es corporativo. Inicialmente se trató de articular, desde una autoridad de legitimidad tradicional, el orden social quebrado por la disolución de las formas estamentales en las primeras décadas de expansión capitalista. Prácticamente en paralelo se desarrolló la doctrina social católica de la iglesia romana que por medio de la encíclica Rerum Novarum, promulgada por León XIII, pretendía la armonización del conflicto clasista bajo la capacidad justicialista del Estado. Y para definir aun más la voluntad ordenadora de los intereses , en la periferia de los países denominados democracias liberales, el estado pretendió, bajo un manto autocrático, la convivencia de capital y trabajo en un único proyecto arbitrado desde el núcleo político gubernamental (1).

Mientras tanto, en los países desarrollados se evolucionaba desde supuestos de competencia casi perfecta entre oferentes y demandantes, con unidades atomizadas de producción y sujetos altamente autónomos, a una sociedad organizada en complejas empresas y grupos de interés que pugnan por los recursos en el mercado y reciben un trato desigual por el antaño pasivo y vigilante Estado.

Siguiendo la clásica definición de Schmitter al respecto, por corporativismo se entiende aquel sistema de representación de intereses cuyas unidades se hallan dispuestas en categorías limitadas y unicas, ordenadas jerárquicamente , obligatorias y no competitivas, funcionalmente diferenciadas, incentivadas o directamente creadas por el Estado a cambio de ciertas contraprestaciones (de control básicamente sobre los miembros)y que poseen una vocación monopolista en su ámbito de actuación. Por su parte la flexibilidad de las condiciones de este modelo permitirian su ajuste a diferentes sistemas políticos; desde las rigideces máximas de la forma de Estado corporativa y autocrática a concepciones neopluralistas en las que la concertación social entre estado y grupos de interés convendrían a orillas de un parlamentarismo multipartidista pero sin conseguir eludirlo. En resumen, el enfoque pluralista explicaría la formación de los sistemas de representación de intereses desde la espontaneidad y el corporativismo gracias a la intervención o diseño desde el Estado(2).

Contemporáneamente se  aprecia en el corporativismo, compatible con las democracias liberales, una doble perspectiva bien como una consecuencia de la reestructuración en sistema de representación de intereses y de la revolución organizativa, o también como es surtimiento  de un tipo de colaboración cuyo máximo exponente se localiza en los pactos sociales arriba indicados (3).

Sin embargo inmediatamente se debe apuntar que, revisando la literatura al respecto, los acuerdos de tipo corporatista (4) se centran en el área de la producción y son escasos en la esfera del consumo, a cuyo campo pertenecerían los programas del socorrido Estado del bienestar. La O.N.C.E., fundada en plena guerra civil por un estado vocacionalmente totalitario y que sobrevive a la ordenación social, económica y política que aquel lleva a cabo, es un ejemplo de corporatismo promovido por consumidores de bienestar y no por grupos profesionales que operarían, aun dentro del sector, desde el lado de la oferta participando directamente o influyendo en la toma de decisiones y en la implementación de las políticas propias de este terreno(5).
 

Los ciegos españoles tantearon sus capacidades organizativas y sobre todo ocupacionales-productivas a través del monopolio que ofrecían los gremios, hasta su disolución legal por el liberalismo decimonónico, el cual intentó contrarrestar el incremento y la misma mendicidad estricta y unida a la supervivencia, recluyendo a los contrahechos y estropeados en asilos de caridad, si adultos eran, o dando protección a la infancia ciega y desvalida en escuelas especiales. Por otro lado y a tal tiempo, algunos gobiernos locales patrocinaban rifas (6) que les liberasen con sus recaudaciones de los gravosos costos de una beneficencia cada vez más requerida. Innecesario es, al llegar a este punto, hacer hincapié en la azarosa relación producida, que una vez experimentada, controlada y desarrollada por los invidentes alcanza con éxito el fin de milenio.

Dada la ineficacia de las acciones estatales por medio de patronatos (7), colegios y amenazadores asilos, la mayoría de las organizaciones de ciegos aceptaron la idea de vender boletos como manera de eludir la mendicidad, contando sin embargo con la firme oposición de un reducido número de líderes ilustrados que abogaba por una integración directa en la sociedad sin mediaciones o subempleos; la inserción laboral en el mundo de los videntes manifestaban era la solución digna y excluyente.

La sólida tradición asociativa de los no videntes, su sencilla distinción social entre otros colectivos de deficientes, su consistente entrenamiento para abordar los conflictos y el caos burocrático-administrativo que en el orden civil estaba ocasionando la guerra  facilitaron básicamente la aparición de la O. N. C. E. según decreto dado en Burgos el 13 de diciembre de 1938, autogestionada por los ciegos conforme a los principios de jerarquía y disciplina, y bajo la tutela y control paternalista del naciente Estado. Esta norma se desarrollaba por un reglamento promulgado al año siguiente y en el que se establecían objetivos, estructura, filosofía y modo de autofinanciación por medio del cupón, entendiéndose éste como "...forma excepcional y exclusiva de ingresos para los no videntes imposibilitados de desempeñar una profesión u oficio especial" (8).

Se produjo así la cesión de un privilegio y responsabilidades estatales en favor de un grupo de interés monopolista, y que de acuerdo con el pensamiento político franquista, suponía la aceptación legal de una corporación natural de los ciegos para la superación de sus afanes y la plena lealtad a los principios del régimen.
 

Hasta la denominada transición democrática española distinguiremos en la evolución de los fines declarados y practicados por la O. N. C. E. una serie de hitos cuya incidencia posterior nos obliga a reseñarlos aunque sea sucintamente.

Así, inicialmente, se piensa en una integración laboral, y en consecuencia social, del ciego plenas únicamente si se realiza en el tejido artesanal o industrial, mientras que la venta de boletos, de aspecto incluso inmoral para algunos pues supone una carga para los grupos sociales más débiles que han de sobrevivir a jornal, es una forma de mendicidad encubierta sólo aceptable en aquellos individuos que están imposibilitados física o intelectualmente para producir (9). Los líderes fundadores, además de los textos legales ya aludidos, manifiestan incansablemente que el cupón es un instrumento transitorio y financiador que hará posible una gradual pero inexorable inserción de los no videntes en el mercado laboral convencional y la sociedad mediante su adecuada educación y formación profesional. En un plano más prosaico se afrontó con eficacia inesperada, en estos primeros pasos, la lucha contra otras rifas de minusválidos y centros de beneficencia que perduraban, si bien hubo que admitir cierto número de aquéllos y también de ancianos pero con derechos muy menguados en relación con sus anfitriones (10).
 

Entre abril de 1942 y el mismo mes de 1944 se produce el primer conflicto entre la Administración y la Organización de Ciegos. Éstos demandan más autonomía sobre todo de tipo financiero y la burocracia franquista responde a los intentos no convocando en el periodo antes señalado reunión alguna del Consejo Superior de Ciegos (11) con lo que se bloqueaba económicamente la O. N. C. E. Sobre todo su estructura territorial que no dispondría de un fondo de compensación en tanto el Consejo no lo distribuyera en cada sesión.

Ante la amenaza de estancamiento y posible regresión, la Jefatura Nacional de los no videntes ordena por circular interna (12) difundida en octubre de 1.943 la creación de un tope complementario de cupones para que sean expendidos por los vendedores a una comisión de, en la mayoría de los casos, la mitad de lo que se venía obteniendo por el trabajador. Con ello se conseguía eludir al referido Consejo y conseguir los ingresos precisos para la dotación de un fondo de compensación y la puesta en marcha de un sistema de previsión social (13).

La reorganización del mencionado Consejo Superior se produjo el 25 de enero de 1944 recogiendo parte de las inquietudes de los ciegos afiliados que doblaron su representación en él. Comienza aquí un repliegue defensivo de la obra o gran familia, como se la da en llamar, destinándose la mayoría de sus recursos a garantizar la vida de sus  integrantes desde la cuna al deceso mediante la construcción de una compleja mutualidad que obliga a postergar los objetivos de inserción sociolaboral de los invidentes. La orden ministerial fechada en Trabajo el 20 de junio de 1.959 por la que se acepta la exclusión de la Entidad como cotizante y por ende como empresa, se entiende como un logro a pesar de que el citado departamento la concibe como benéfica y asistencial.

Cuando en la década de los años 80 las prioridades sean otras, esta victoria ante la Administración obstaculizará significativamente la reasignación de recursos, no lográndose la integración de todos los trabajadores de la denominada Caja de Previsión Social en el régimen general de la Seguridad Social hasta el 1 de abril de 1991, habiéndose previsto el pago definitivo de la operación para el año 2015, anticipado al 2002 por acuerdo ratificado en Consejo de Ministros el 5 de marzo de 1.999.
 

A raíz de la inclusión del general Alonso Vega en el gobierno de tecnócratas formado en 1.957, accede por su deseo un dinámico empresario a la Jefatura de la O. N. C. E.. un emprendedor que consigue reflotar los fines de integración plena sin repudiar el cupón y aplicando para ello más la ciencia que la monda voluntad. El proyecto del innovador líder podría denominarse como la pretensión de entrar desde la base firme del cupón en un mundo de todos. Para ello se recaba información respecto a las ocupaciones que los ciegos desarrollan en otros países similares, y así se abren los centros para la formación de fisioterapeutas, telefonistas, obreros industriales y artesanos. Se construye una granja modelo y un centro para la rehabilitación de ciegos adultos y, tras comprobar el declive de la fuerza laboral constituida por afiliados, se afronta la revisión de los baremos de acceso como ciegos al Organismo, ampliándose el campo y la agudeza visuales permitidos (14).
 

La O.N.C.E. se vio en la obligación de expandir la base de su fuerza de trabajo como consecuencia de la modificación que se había obrado en las prioridades de sus objetivos originales. El análisis de las condiciones externas y de la Entidad así como las relaciones con sus miembros habían indicado unos fines que sometidos a políticas selectivas produjeron unos resultados que al ser evaluados apuntaban otras valoraciones de las condiciones, etc..
 

Por su parte, en 1958 el Ministerio de la Gobernación promueve la creación de la Asociación Nacional de Inválidos Civiles con una estructura muy similar a la O. N. C. E. pero financiada mediante ayudas económicas públicas y directas. Si sus fines consistían básicamente en la promoción de empleos también se esperaba de ella que sofocase las rifas ilegales surgidas alrededor de 1955, e impidiese el nacimiento de otras o su venta por personas bajo su influencia. El Organismo de los no videntes se encontró con la obligación de subvencionarla sin poder tutelarla directamente, facultándola para seleccionar a los inválidos que serian admitidos como vendedores del cupón, mientras el Estado ampliaba la oferta de servicios sociales pagados por aquél.
 

Las medidas dispuestas, a comienzos de los 70, para captar más ciegos trabajadores que vendiesen el cupón no surtieron los efectos deseados, de ahí que se contratase a personal minusválido, si bien en numero insuficiente para cubrir las necesidades económicas creadas. Esta ultima medida puede interpretarse en el marco estratégico de los invidentes respecto a sus competidores: en ocasiones se contrataba a una parte de los minusválidos agrupados, en tanto que en otras situaciones se inducía su propia asociación.
 

A la par que la transición española va realizándose, en el seno de la O. N. C. E. se produce un debate cuyas dos posiciones más relevantes, de manera simplificada presentadas, se concretarían en: un grupo mayoritario y de talante conservador-moderado, que aun reconociendo en el cupón la incapacidad para saciar el idealismo integrador de los ciegos, se aceptaba su función instrumental y social, toda vez que desde el exterior no se permitía ninguna otra salida. Los progresistas coincidían en parte del análisis anterior pero centraban las responsabilidades de la entropía padecida por la Organización en las políticas practicadas por su dirección; si bien el cupón sirvió inicialmente, luego impedía con su dinámica cualquier esfuerzo innovador. Debía considerarse una actividad residual.

Aunque los progresistas se esforzaban en mostrar por entonces que los vendedores rechazaban su posición ocupacional, estos años fueron aprovechados únicamente para mejorar su situación laboral internamente.

El 19 de enero de 1982  se celebraron las primeras elecciones democráticas en la Entidad con una participación de un 46%, con los vendedores como subgrupo más movilizado (15). Este hecho tendrá gran trascendencia sobre todo a partir de la expansión de las ventas ocurrida en 1.984: si esta categoría laboral se hacía cada vez más numerosa en los cargos políticos y de gestión, sus intereses acabarían imponiéndose a los demás y, en consecuencia, si la significación del vendedor como profesional era lógica, también el cupón lo sería, por lo tanto, el medio se había convertido en un fin en sí mismo. Pasando el tiempo los vendedores pudieron comprobar que la fuerza incontenible de aquel milagro comercial también los arrastraba a ellos y determinaba sus objetivos.
 

En otro orden de asuntos se debe señalar que, el Real Decreto Ley de 25 de febrero de 1.977 liberalizó el juego y el cupón de los no videntes comenzó a perder cuota de mercado hasta la reforma aludida de 1.984. La primacía del Estado en el subsector de loterías se estaba viendo amenazada por otros juegos y el cupón reestructurado acentuaba la caída de aquél, a la vez que se preveía una fuerte competencia de los juegos autonómicos, por lo tanto se tomaron las primeras medidas entre las que destacó la creación del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado el 20 de junio de 1985, que implantó la llamada lotería primitiva el 17 de octubre de ese mismo año. Las condiciones para una guerra interminable por el control de parcelas en el mercado del juego estaban claramente definidas; la legislación posterior no conseguirá más que mitigar los comportamientos irreconciliables con este sistema de cosas (16).
 

Entendido el problema desde otros condicionantes externos, preciso es argumentar que el cambio de régimen político sorprendió a los minusválidos con débiles agrupaciones de interés. A finales de 1977 se constituye la Coordinadora Estatal de Minusvalidos Físicos, de cuya ineficacia es clara muestra la aparición en 1985 de la empresa Prodiecu que, aun careciendo de autorización administrativa para su actividad, facilitaba empleo, como vendedores de boletos muy similares a los del cupón de la O.N.CE. y aprovechando su sorteo, a minusválidos captados por una asociación bajo su control y a la que revertía supuestamente parte de sus beneficios en servicios sociales.

A lo anterior contribuyeron la crisis económica que atravesaba el país, el subsiguiente paro, la escasa incidencia de la Ley para la Integración Social de los Minusvalidos (17) en la creación de empleo para este colectivo, la pasividad de las autoridades en regular la situación  y cierta demanda en el mercado del juego generada con ocasión de las reformas realizadas en el cupón de la O.N.C.E. el 2 de enero de 1984 y la correspondiente a sorteos de viernes el 4 de octubre de 1985 y que no había sido totalmente satisfecha.

Por su parte, la referida Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos rechazó las formas de juego fraudulentas y la explotación por medio de ellas de los discapacitados y asumió, respecto a los ciegos organizados, una posición similar a la extinta en 1978 Asociación Nacional de Inválidos Civiles.

Conviene situar en este punto de la sucesión de hechos la promulgación el 27 de diciembre del R. D. 2385/85 por el que el Ministerio de Trabajo perdía parte de sus prerrogativas en favor de interior, presidencia y, sobre todo Economía y Hacienda a la que se dotaba de una capacidad de control efectiva sobre los ingresos de la Organización.

El gobierno intentó resolver el problema de los minusválidos primero presionando a la institución de los ciegos para que ampliase sus plantillas sin aumentar la oferta comercial y luego pretendió disolver Prodiecu. En sendas acciones fracasó, con lo que la rifa ilegal continuo implantándose hasta alcanzar a comienzos de 1987 unos 6.000 trabajadores.

Los no videntes, por su parte, adoptaron una política de hechos consumados como dos años antes e iniciaron los preparativos para una reforma de su lotería que estaría en el mercado el 1 de octubre de 1987 aunque no existiese permiso alguno de la Administración; no en vano sólo en junio de 1986 se regularizó la modificación realizada en octubre del año precedente.

Pocos días antes de la fecha asignada para el primer sorteo, el Consejo de Ministros aprobó la reforma. El acuerdo que la justificaba contenía el desmantelamiento de Prodiecu por el Ministerio de Interior así como  la creación de un fondo social en favor de los minusválidos y su integración, hasta alcanzar los 7.000, por parte de la Organización. Igualmente parecía implícito el respeto de las partes a las cuotas de mercado resultantes, pero dado que el ministerio de economía y hacienda lanzó al mercado la denominada bonoloto en febrero de 1988, la O.N.C.E. aminoró la entrada de discapacitados acotándola en torno al 55% de lo pactado.

En febrero de 1988 se dio forma de fundación al fondo ya mencionado. La Fundación ONCE, como se registró, se dirigiría por un patronato en el que se hallarían representadas las distintas asociaciones de minusválidos con mayoría absoluta de ciegos afiliados, recibiría para su financiación el 3% de los ingresos obtenidos por la venta del cupón y tendría entre sus fines la supresión de barreras arquitectónicas y sobre todo la elaboración y ejecución de planes de empleo para personas con alguna discapacidad, si bien subsidiariamente a las actuaciones emprendidas por las administraciones públicas.
 

Ya en 1999, a nuestro juicio tres pueden ser las categorías en las que las incertidumbres acompañantes de la organización se agrupan:

En primer lugar, la liberalización y globalización de los mercados perjudica de manera evidente a monopolios que no tengan por base el triunfo "en franca y noble lucha", y aún así ciertas disposiciones supraestatales inventan trabas para su existencia y formación. Por otro lado la O.N.C.E. tendría insuperables dificultades para exportar su modelo, que entre otras cosas obedece a una cultura y evolución muy determinadas.

Así pues, las condiciones económicas, normativas, tecnológicas, etc., que acotan la libre competencia quedan cada vez más lejanas de la influencia del, aunque sea, "grupo O.N.C.E.".

En este mismo sentido, pero en ámbito nacional, el gobierno conservador del presidente Aznar no duda, al margen de cierta doctrina jurídica (18), en pactar con los invidentes medidas que hagan más flexible y competitivo su cupón (además de autorizarles bajo determinadas circunstancias la comercialización de "juegos activos" a partir del año 2002) a cambio de asumir importantes responsabilidades respecto a los minusválidos, en tanto que pocos meses después el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado anuncia la próxima aparición de una "lotería instantánea". La espiral formada en 1985 sigue su curso, pero esta vez los ciegos parecen tener más dificultades en la negociación al haber contrarrestado las rifas ilegales aceptablemente saturando el mercado, si bien cargando las dificultades económicas básicamente en los vendedores del cupón vía rentas y provocando en estas una polarización en su distribución.
 

Otra fuente de inseguridad para los no videntes ya se ha indicado en el párrafo precedente. Se trata de los discapacitados que prefieren vender boletos no autorizados administrativamente a otras ofertas entre las cuales no es la espera la peor situada. Su tenacidad sólo puede explicarse en parte al abrigo de acuerdos como los ya citados de fecha 15 de marzo de 1999, según los cuales el Gobierno, de forma coordinada con las comunidades autónomas realizará acciones enérgicas contra los juegos ilegales y "a corto plazo contra aquellas manifestaciones de juegos ilegales que estén experimentando una mayor implantación", (19) mientras que "paralelamente la O.N.C.E. colaborará con las acciones contempladas en el ordinal anterior, desarrollando programas de formación y empleo de las personas con discapacidad afectadas, de manera que se propicien dentro de lo posible oportunidades laborales alternativas sin perjuicio de aquellas otras medidas desarrolladas al efecto por las diferentes administraciones públicas (20). Queda, por tanto, a juicio del Ejecutivo la determinación de la oportunidad, por lo que sobran comentarios.

No obstante lo anterior, la fuerza de la Organización como monopolista en la prestación de servicios a ciegos e invalidos no se socava, pues en el peor de los casos cabe una reducción de la oferta sin grandes costes y por otra parte al Estado le supondría un gran esfuerzo realizar directamente la provisión de los mismos en una época marcada por la privatización.
 

La tercera categoría de incertidumbres no es otra que la supervivencia de la democracia interna en su acepción de participativa. Sabido es que son tres los estamentos integrantes de la Institución: empleados videntes, minusválidos vendedores, y ciegos afiliados (sean o no trabajadores). Sólo estos últimos poseen derechos políticos respecto al autogobierno, por lo que la lealtad de los otros dos grupos dependerá esencialmente de la diferencia entre condiciones externas y de la organización.

En cuanto a los invidentes, una gran parte de ellos accedió a la O.N.C.E. como consecuencia del éxito alcanzado por el cupón desde la reforma de 1984, al tiempo que profesionales ya afiliados eran atraídos hacia el mercado laboral interno y fundamentalmente cerrado.

Estas circunstancias deben ponderarse bajo los efectos de la crisis personal que supone el reconocimiento de la ceguera y la problemática social que conlleva, por lo que en contacto con la O.N.C.E. los deficientes visuales perciben que su autoestima se refuerza, la vida laboral se prolonga y los ingresos son suficientes.

Si a todo ello añadimos la evidente acción patrimonialista que desde la dirección se puede ejercer, obtendremos un electorado desmovilizado internamente y atento a cualquier recomendación de los superiores. La posibilidad de confundir entonces votación con legitimidad, en lugar de asimilarla a consentimiento, es más que una tentación. Y para mayor precariedad el sector empresarial de la O.N.C.E. ha de competir en mercados donde la toma de decisiones no se realiza desde presupuestos democráticos.

Concluyendo ligeramente, en poco más de un siglo los ciegos habían trascendido su mezcla de mendigos, diletantes y diplomáticos de afición, sobreviviendo en sociedades de socorros mutuos casi secretas durante el liberalismo decimonónico, y tras alcanzar un privilegio estatal para la prestación monopolista de servicios por su organización, avasallados por su propio éxito se vieron abocados a dirigir el sistema de representación de intereses de todos los minusválidos.

Sancibrián, 1 de octubre de 1999
 

Notas

1. El mandato de Don Miguel Primo de Rivera, la experiencia casi totalitaria del General Franco, el Salazarismo portugués o la proliferación de ciertas dictaduras en Latinoamérica son ejemplos que hacen al caso.
2. Garbía Soto, en su tesis doctoral titulada "La Organización Nacional de Ciegos: un estudio institucional." (algunos de cuyos contenidos seguimos básicamente en este artículo) trata la aparición de estos sistemas conforme "... a los deseos y preferencias de una organización de interés con poder relativo suficiente como para hacer que el estado sancione el sistema de representación de intereses que a la organización le resulta más conveniente".
La mencionada tesis fue defendida en la Universidad Autónoma de Madrid el 9 de octubre de 1992.
3. Pérez Yruela, Manuel y Salvador Giner. 1985. Corporativismo: el estado de la cuestión. Revista española de investigaciones sociológicas, número 31.
4. Se deriva de la acepción inglesa corporate frente a la francesa corporative ya que esta última posee un marcado significado político e  ideológico, en contraste con el uso sajón centrado en la relevancia de las corporaciones y enpretensiones más neutras. Aquí utilizaremos corporatismo como próximo a neocorporativismo por diferenciarlo del viejo o estatal.
5. Garbía Soto, Roberto. (1994). Corporativismo en el área del bienestar: la Organización Nacional de Ciegos. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, número 66 (abril-junio).
6. Nos referimos aquí a loterías locales y particulares autorizadas por el estado, pues centralizada y con los mismos fines se explotaba ya una amparada en el Real Decreto de 30 de septiembre de 1763.
7. En enero de 1910 se crea el patronato nacional de ciegos sordomudos y anormales como órgano consultivo vinculado al entonces Ministerio de Instrucción Pública, y cuyas atribuciones eran de carácter sanitario y principalmente pedagógicas. A éste le siguen otros con diferentes criterios hasta su última reorganización en 1934.
8. Reglamento de fecha 28 de octubre de 1939 en su artículo 14, apartado A.
9. La precaria situación del tejido productivo en aquel tiempo hacía impensable que la venta de cupones fuese una actividad comercial perteneciente al sector terciario de una economía autárquica.
10. El número de inválidos pertenecientes a la Organización creció conforme las circunstancias políticas y económicas lo aconsejaban, así como la equiparación de derechos.
11. Se trataba de un órgano colegiado de la administración al que pertenecía como vocal el Jefe Nacional de la O. N. C. E. Que era un simple ejecutor de sus acuerdos.
12. Circular número 133 cuyos efectos llegarán a modificar los objetivos declarados de la Organización.
13. Todas las mutuas locales habían sido suprimidas por circular interna número 111 y las acciones sustitutivas de las mismas habían fracasado.
14. Con fecha 26 de noviembre de 1945, el Consejo Superior de Ciegos definió la ceguera a efectos de afiliación como la imposibilidad de contar los dedos de una mano a una distancia de un metro, una vez puestos los cristales correctores y siendo la ceguera incurable.
Esta definición se situaría entre 1/50 y 1/40 de la escala Wecker.
En 1970 se permitió provisionalmente 1/30.
Tras sucesivas reducciones se llegó a la actual cuantificada en una agudeza igual o inferior a 1/10 o una disminución del campo visual a 10 grados o menos.
15. Hasta la fecha se han realizado cinco elecciones, alcanzando representación en el máximo Órgano de gobierno compuesto por 15 miembros, el siguiente número de grupos y/o coaliciones: 1.982 4, 1.986 2, 1.989 1, 1.992 2 (uno de ellos coalición) y 1.996 1.
La fórmula electoral utilizada es distributiva, de las denominadas de media mayor en su variable D.hondt. Se da un tamaño medio-bajo en las circunscripciones coincidentes con comunidades autónomas, salvo en las primeras cuyo número fue de 31, y el voto es de lista cerrada y bloqueada.
Apuntar igualmente que los dos primeros comicios citados fueron regulados por sendas Órdenes ministeriales.
16. Se trata del R. D. fechado el 3 de julio de 1987 sobre potestad sancionadora de la Administración en materia de juego, de la ley promulgada en diciembre del mismo año con un contenido igualmente represivo pero no ordenador y de una abundante normativa autonómica.
17. Fue promulgada el 7 de abril de 1982 y regulaba todos los aspectos sociales esenciales para estos ciudadanos, entre los que se destacaba la reserva de un 2% de plazas en todas las empresas y administraciones.
18. Nos referimos a la sentencia del Tribunal Constitucional 171/98 de 23 de julio sobre el conflicto positivo de competencias promovido por el consejo ejecutivo de la Generalitat en relación sobre modificación de la estructura orgánica de la O.N.C.E. con fallo desestimatorio.
19. Apartado 20, puntos 1 y 2, del acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros del día 5 de marzo de 1999.
20. Transcripción literal del apartado 21 contenido en los acuerdos entre ejecutivo y O.N.C.E. ratificados en el Consejo de Ministros celebrado el 5 de marzo de 1999.
 
 

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