Coincidiendo con el anuncio de nuevas desmovilizaciones colectivas de los contingentes de las Auc, por estos días se conmemora un luctuoso aniversario. El 11 de noviembre se cumple un año más de la masacre de Segovia, Antioquia, perpetrada en 1988. A las 7 de la noche de esa fecha, grupos paramilitares irrumpieron en la población minera. Congregaron un centenar de habitantes en el parque principal y, delante de la estupefacta ciudadanía, dispararon indiscriminadamente. Luego entraron en algunas casas y acabaron con quienes estaban allí: niños, ancianos, mujeres y hombres.

El saldo de esa noche de horror fue de 43 personas asesinadas y otras 50 gravemente heridas. Durante las dos horas que duró el tiroteo no se advirtió ningún movimiento en la guarnición del Ejército ni en el puesto de Policía de la localidad. Los sicarios abandonaron sin prisa el lugar y al día siguiente las autoridades militares aseguraron estar llevando a cabo “intensos operativos para dar con el paradero de la guerrilla”, a la que adjudicaron el hecho.

Las masacres no son sólo homicidios colectivos que buscan la eliminación o el desplazamiento de grupos de civiles, también son espectáculos de terror para imponer a la población la “pedagogía” del escarmiento y del miedo. La violencia que se ejerce en público, utilizando a los habitantes de una zona como espectadores de hechos crueles, no es un acontecimiento fortuito ni caótico. En esos actos atroces existe la disposición de cierto número de procedimientos que cumplen una función ejemplarizante. Tales actos entrañan un ritual de los tormentos que incluye concentrar a la población en determinados sitios, doblegar a las víctimas mediante tratamientos degradantes, torturar y violar en público, obligar a que los cadáveres permanezcan desenterrados y expuestos durante días, etc.

Las circunstancias humillantes en las que se desarrollan estos sucesos macabros (por ejemplo, cuando los familiares de la víctima hacen parte del público, o cuando se ordena a los condenados pedir perdón a sus agresores antes de ser masacrados) tienen como efecto que el público espectador de las matanzas quede marcado de por vida por el recuerdo indeleble de las escenas siniestras. Después de salir de infiernos como estos, nadie quiere compartir el destino de las víctimas fatales. Así ocurrió en 1997 en Mapiripán, Meta, donde los paramilitares ultimaron a 49 personas luego de uno de estos ceremoniales del suplicio.

Las masacres suponen, además, la experiencia del desequilibrio total entre la posición de los autores de los vejámenes y la posición de sus víctimas. Los primeros están respaldados no sólo por sus armas, sino a la vez por la aquiescencia –cuando no la participación conjunta en sus acciones– de las autoridades estatales. Las víctimas constatan, impotentes, que se enfrentan solitarias a un aparato criminal en el que los asesinos actúan apoyados por las instituciones que deberían salvaguardar sus vidas.

¿Qué programas o disposiciones concretas de reparación se llevan a cabo para intentar recomponer, hasta donde ello es posible, la existencia de los sobrevivientes de esos rituales del suplicio? Tal parece que este asunto tiene sin cuidado al Gobierno, al Alto Comisionado para la Paz y a la Misión de la OEA en Colombia.

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