ENERO 1°- 31 DE DICIEMBRE
2004
Área
Derechos Humanos y Laborales
Total de violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad
Trabajadores y trabajadoras sindicalizados Colombianos
Enero 1 a diciembre 31
2004
VIOLACIONES |
NUMERO DE CASOS |
PORCENTAJES |
Allanamiento Ilegal |
3 |
0.44 |
Amenazas |
445 |
64.68 |
Atentado con o sin lesiones |
6 |
0.87 |
Desaparición |
7 |
1.02 |
Desplazamiento Forzado |
33 |
4.80 |
Detención Arbitraria |
77 |
11.19 |
Homicidios |
94 |
13.66 |
Hostigamiento |
17 |
2.47 |
Secuestro |
5 |
0.73 |
Tortura |
1 |
0.15 |
TOTAL |
688 |
100 % |
Fuente: Base de Datos de DDHH
de la Escuela Nacional Sindical
Contrario a lo divulgado por el gobierno nacional,
el 2004 se ha constituido como el año de mayores violaciones en el quinquenio
para los sindicatos en Colombia, la
reiteración y gravedad de estos hechos corrobora
que la
crisis del sindicalismo colombiano no remite a la existencia de una violencia
difusa e indiscriminada, como se pretende mostrar para ocultar la real dimensión
del problema. Se trata, por el contrario, de una crisis marcada por las
violaciones sistemáticas, permanentes y selectivas de los Derechos Humanos de
los trabajadores colombianos, en un contexto general de impunidad que reafirma la fragilidad de nuestra democracia y la
distancia que existe entre ese país formal, que consagra el derecho fundamental
a la asociación sindical, y ese país real donde se violan permanentemente los
derechos de los sindicalistas.
Esta afirmación se soporta en los registros de violaciones
que pasaron de 626 en el 2003 a 688 en el 2004, significando un incremento en la
violencia antisindical del 9.9 %. Además, comparando los registros en estos últimos
cinco años, es decir, desde el 1º de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de
2004, se puede establecer que las violaciones
presentan un incremento total del 21.6%
Este
preocupante panorama de crecimiento de violaciones de los Derechos Humanos
reafirma y pone de relieve que la violencia contra los trabajadores sindicalizados
se inscribe en un contexto de violencia sistemática, selectiva y extendida en
el tiempo, que va dejando un prolongado rastro de impunidad que pareciera
diluirse y ocultarse con el transcurso de los años y la superposición y
sucesión de violaciones, relegando la
obligación del estado a situaciones contingentes cuya densidad y multiplicidad
se convierten en escudos
difuminadores de pasados
recientes, donde la historia pierde vigencia y la impunidad gana terreno.
El año 2004 se inscribe en las lógicas de 15 años
de violencia sistemática cuya aparición
se produce principalmente en los contextos
de conflictos laborales:
protestas por incumplimientos de acuerdos o negociaciones de los nuevos
contratos colectivos laborales.
Violaciones a la vida, a la
libertad y a la integridad de los sindicalistas colombianos
Enero 1° a diciembre 31
2002, 2003 y 2004
Tipo de violación |
2002 |
2003 |
2004 |
Amenazas de Muerte |
190 |
296 |
445 |
Homicidios |
184 |
91 |
94 |
Atentado
con o sin lesiones |
17 |
20 |
6 |
Desaparición |
9 |
6 |
7 |
Allanamiento |
- |
12 |
3 |
Detención |
11 |
49 |
77 |
Hostigamiento |
19 |
54 |
17 |
Secuestro |
27 |
7 |
5 |
Desplazamiento |
2[1] |
91 |
33 |
Tortura |
1 |
- |
1 |
Total |
460 |
626 |
688 |
Fuente: Banco de
Datos de Derechos Humanos, Escuela Nacional Sindical
2.1 La dinámica de las
violaciones 2003 - 2004
·
Crecimiento
del 9.9 % en el total de violaciones
contra trabajadores sindicalizados en el país con respecto al año 2003, pasando
de 626 violaciones a 688 en el 2004
·
Un
Incremento del 3.29 % en los homicidios
contra sindicalistas con respecto al 2003, lo que equivale a 3 casos mas
registrados durante el 2004
·
Un incremento del 50.33 % en las amenazas contra sindicalistas, es decir 149 registros
más que en el 2003
·
Un
incremento del 16.6 % en las desapariciones
forzadas; esto es 6 registros mas
que en el 2003.
·
Un
aumento del 57.14 % en las detenciones arbitrarias, pasando de 49 registros
durante el 2003 a 77 en el 2004.
·
Un
aumento del 21.42% de las
violaciones por parte de la fuerza pública, 85 casos son señalados
como responsabilidad de los organismos estatales ( Ejercito, Policía, DAS), en
el mismo periodo del 2003 se registraron 70 violaciones con presunta
responsabilidad de organismos del estado
·
Un
aumento del 20.6 % en la violencia contra mujeres
sindicalizadas. Pasando de 194 casos de
violaciones en el 2003 a 234 casos en
el 2004
·
Un
incremento del 15.6 % de la violencia
contra los trabajadores sindicalizados
del sector educativo, situación que ubica a los trabajadores de este
sector como los más afectados por la violencia antisindical al punto que el
61.1% del total de violaciones se realiza contra ellos.
·
Un
aumento de la violencia antisindical y la violación a los derechos humanos
contra trabajadores sindicalizados
en los departamentos de:
Antioquia, pasando de 57 violaciones en el 2003 a 153 en el 2004, Valle del
Cauca pasa de 40 casos registrados a 89
, Atlántico pasa de 17 registros a 78 , Tolima de 13
registros a 43 , Bolívar de 9 registros a 43 , sucre de 9 a 78 y Norte
de Santander pasa de 9 registros en el
2003 a 12 en el 2004
·
Un
incremento del 155.5% de las violaciones contra las organizaciones sindicales
del sector agrario confederadas en
Fensuagro, pasando de 18 registros de violaciones en el 2003 a 46
violaciones registradas en el 2004
·
Un decrecimiento de los atentados contra trabajadores sindicalizados de un 70%,
pasando de 20 casos en el 2003 a 6 en el 2004
·
Un
decrecimiento del 75% en los allanamientos ilegales , pasando de 12 registros
en el 2003 a 3 registros durante el 2004
·
un
decrecimiento del 28.57 % en los secuestros ocurridos durante el 2004, pasando
de 7 registros en el 2003 a 5 en el 2004.
·
Un
decrecimiento del 18.4 % en las violaciones contra dirigentes sindicales en el país.
2.2 Amenazas contra
organizaciones sindicales, y líderes sindicales
Fuente- Banco de datos de
DDHH – Escuela Nacional Sindical
Sin lugar a dudas la situación mas crítica en el
panorama de violaciones a la vida, la libertad y la integridad durante 2004, la
constituye el acelerado crecimiento de las amenazas de muerte contra los trabajadores sindicalizados en el
país, pasando de 296 casos registrados durante el 2003 a 445 en el 2004, lo que
representa un incremento en el 50.8%, revelado en 149 registros mas que el año
anterior.
Es necesario
resaltar que este registro corresponde a 445 amenazas realizadas contra
trabajadores sindicalizados de forma individual y selectiva y en el no se encuentra registrados las
innumerables amenazas colectivas proferidas contra las organizaciones
sindicales en general o las dirigidas
contra los integrantes de las juntas
directivas de diversas organizaciones sindicales en todo el país.
2.3 Persecución contra los trabajadores agrarios
Según información de la base de datos de DDHH de la ENS, el 47 %
de las detenciones arbitrarias están
dirigidas contra los trabajadores del
sector agrícola. La situación
más grave la viven los sindicalistas
agrícolas de los departamentos de Sucre, Tolima y el Arauca quienes son cotidianamente víctimas de detenciones masivas , de montajes judiciales y de
asesinatos de sus principales líderes. La
creciente persecución contra los trabajadores sindicalizados del sector
agrario, en especial los afiliados a la Federación Nacional Sindical Unitaria
Agropecuaria- FENSUAGRO- se corrobora
en el hecho de que dichos trabajadores
han sido víctimas constantes de amenazas, asesinatos, hostigamientos y
detenciones arbitrarias.
Como lo hemos señalado en
informes anteriores desde el inicio del gobierno del presidente Uribe y como
efecto de su política de seguridad
democrática, la vulneración de Derechos Humanos de los trabajadores y trabajadoras
sindicalizados del sector agrario constituye sin lugar a dudas una de las
situaciones más dramáticas y a la vez invisibilizadas en el panorama de violaciones al derecho a la vida,
la libertad y la integridad de los
trabajadores colombianos.
Detenciones
arbitrarias contra trabajadores
sindicalizados del sector agrícola
1991-2004
Fuente- Banco de datos de DDHH- Escuela Nacional
Sindical
2.4 La situación de los docentes en Colombia.
Como se ha señalado en nuestros informes
anteriores el sector sindical más afectado por las violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad es el
magisterio colombiano. Durante el año 2004 los maestros y trabajadores de
instituciones universitarias han sido víctimas del 61.1% del total de violaciones contra los trabajadores
sindicalizados, en este contexto de violaciones es necesario resaltar que 48 han sido asesinados, lo que representa un
51 % del total de los homicidios, 320
han recibido amenazas de muerte, 30 han tenido que desplazarse forzadamente, 14
han sido victimas de detención arbitraria y 5 han sido desaparecidos.
Total de violaciones contra el sector educativo
Enero 1 a diciembre 31
2004
Tipo de violación |
Numero de casos |
porcentajes |
amenazas |
320 |
76.01 |
Atentados con o sin lesiones |
1 |
0.24 |
desaparición |
5 |
1.19 |
Desplazamiento |
30 |
7.13 |
Detención arbitraria |
14 |
3.33 |
homicidios |
48 |
11.40 |
hostigamiento |
2 |
0.48 |
secuestro |
1 |
0.24 |
TOTAL |
421 |
100 |
Fuente: Bando de datos de DDHH de la ENS
De este
preocupante panorama es importante señalar aquí los siguientes casos:
Fuente: Banco de Datos Escuela Nacional Sindical, Medellín-Colombia
2.5 Continúa la estrategia de terror contra las mujeres sindicalizadas en el país
Como
lo hemos afirmado en recientes informes, la situación de DDHH de las mujeres
sindicalizadas se ha tornado dramática. En nuestro informe del año 2003
registrábamos con preocupación un
incremento del 600% de las violaciones a la vida, a la libertad y a la
integridad con respecto al año 2002, para el 2004 se registra
un aumento del 20.6%. La información registrada en el Banco de datos de DDHH de la ENS nos muestra
que durante el 2004 las mujeres han sido víctimas de 16 homicidios, 187 amenazas de muerte, 8 detenciones
arbitrarias, 2 allanamientos ilegales y 2 hostigamientos.
Fuente: Banco de datos de
DDHH de la ENS
2.6 Responsabilidad estatal en las violaciones
En el año 2004 la
tendencia histórica de desconocimiento de los autores de los hechos violentos
se matiene. Precisamente, y en razón de esta tendencia histórica, en el 69.4% de
los casos registrados, es decir, en 475 casos no se tiene conocimiento
de los autores materiales ni intelectuales de los crímenes. En 30.6% de las violaciones restantes (213
casos) en los que se posee información sobre los posibles autores la
información suministrada muestra que:
105 casos son atribuidos a las
Autodefensas y/o paramilitares, 85 casos se atribuyen a los agentes estatales,
que 13 casos se atribuyen a la violencia social y delincuencial y que 6 casos
son atribuidos a grupos insurgentes. Debemos destacar que la responsabilidad
estatal se concentra en las detenciones
arbitrarias, allanamientos y en las ejecuciones extrajudiciales cometidas
contra dirigentes sindicales en el departamento de Arauca.
Presuntos Responsables
Total de violaciones contra trabajadores sindicalizados en Colombia
1 de enero – 31 de Diciembre de 2004
Presuntos responsables |
Numero de casos |
Porcentaje |
Autodefensas
y/o paramilitares |
105 |
15.26 |
Organismo
estatales
|
85 |
12.35 |
Empleador |
4 |
0.58 |
Guerrilla
|
6 |
0.87 |
Delincuencia
común |
13 |
1.89 |
No
identificado |
337 |
48.98 |
Sin dato |
138 |
20.5 |
Total |
688 |
100 |
Fuente: Banco de Datos de DDHH de la ENS
Fuente: Banco de Datos de DDHH de la ENS
La
gráfica anterior nos permite visualizar
el incremento de la responsabilidad del Estado
frente a las violaciones a la
vida, a la libertad y a la integridad de los trabajadores sindicalizados en el
quinquenio, responsabilidades que se encuentran vinculadas principalmente
en las detenciones arbitrarias[3]
realizadas sin orden judicial o
como consecuencia de montajes
y persecuciones a causa de la
actividad sindical como es el caso del
profesor Andreis Correa, quien fuera posteriormente asesinado luego de ser
exonerado del cargo de rebelión que se le
imputaba, los tres dirigentes
sindicales del Arauca ajusticiados por
el Ejército Nacional y posteriormente
presentados como guerrilleros dados de baja, situación en la cual fueron
detenidos Samuel Morales y Raquel Castro , a esto se le suman los trabajadores
afiliados en Fensuagro detenidos por su presunta cooperación con grupos
armados y dejados luego en libertad
tras la inexistencia de las pruebas, es ejemplificante la situación
vivida por el presidente de Sindagricultores; Luis Miguel Gómez quien
inicialmente fue retenido por la policía
nacional el 11 de Julio de 2004 a las 10:45 am., permanecio detenido por dos
horas en las cuales lo indagaron y
reseñaron y luego dejado en
libertad ; posteriormente fue nuevamente detenido a las 8 pm del mismo dia, donde
le hostigaron y presionaron para que
hiciera parte de la red de informantes,
a lo que se negó rotundamente. En esta ocasión
tambien le requisaron la billetera y los documentos personales, en estos
objetos le encontraron unos documentos
y direcicones de organizaciones de DDHH
ante lo cual el comandante de la policia le manifesto “ que si quiere vaya y
coloque la denuncia ante esa hijueputas
ONGs de DDHH, aliadas de la guerrilla
para que lo liberen” posteriormente dejado en libertad.
2.7. La actividad sindical sigue siendo
penalizada por el Estado.
Analizando
la situación vivida por los sindicalistas colombianos en el año 2003, la
Escuela Nacional Sindical vio, con preocupación y rechazo, que el gobierno del presidente Uribe acompañara su
política de seguridad y de guerra con una actitud de persecución y penalización
hacia los actores del conflicto económico y social ubicados por fuera de la acción armada. El año de 2003
tuvo como sello de las políticas de seguridad –o de guerra un aumento escandaloso de la represión al derecho de
asociación sindical, y un aumento acelerado
de las detenciones arbitrarias por
parte de la fuerza pública en el contexto de conflictos laborales. La política antisindical del gobierno de
Uribe no solo no ha cambiado, sino que
se ha agravado este año, ya que hemos registrado 77 casos de detenciones
arbitrarias de sindicalistas.
El montaje, persecución e inconsistencia de los hechos presentados
por el Estado en la detención y juicio
de Hernando Hernández que prueba que se mantiene una postura antisindical que ha sido reafirmada y confrontada por la sentencia del 26
de marzo de 2004, del juzgado 28 Penal
del Circuito de Bogotá, por la cual fue absuelto el dirigente sindical de la USO.
La decisión de la juez mostró la
falta y la adulteración de las pruebas,
que los testigos fueron inducidos y pagados, que se había manipulado la
información y que se habían presentado pruebas falsas para inculpar a Hernando
Hernández del delito de rebelión[4]. Similar situación enfrentan cotidianamente
los trabajadores del sector agrícola y
educativo, como en los casos del
profesor Andreis o Luz Perly anteriormente reseñados.
Como
se mostró en el Cuaderno de Derechos Humanos No. 14 el año 2003 fue uno de
los peores años para los derechos de
libertad sindical en el país. Además de la precarización de los derechos
laborales, los trabajadores y sus organizaciones vieron como el Ministerio de Protección Social, cuya función pública era estimular políticas de empleo y regular
y vigilar las normas laborales, se dedicó a
impedir y restringir la actividad sindical. Una
evidencia dramática de ello fue la
aprobación, en ese año, de 26 solicitudes de ilegalidad de paros y huelgas de
las 30 que fueron presentadas por los
empleadores.
La
situación en el 2004 no es diferente, la declaratoria de ilegalidad de la
Huelga de la Unión Sindical Obrera decretada por los trabajadores
sindicalizados de ECOPETROL el 22 de abril,
el despido de 253 trabajadores
afiliados, de los cuales 7 de ellos pertenecían a la junta directiva y, la
advertencia de suspensión de la
personería jurídica del sindicato, anunciada por el Ministro de Protección
Social, evidencian una vez más la
legititimación gubernamental de una cultura antisindical que desconoce a los
trabajadores como interlocutores válidos para la acción política y que aplica
medidas legales que restringen la posibilidad de ejercer los derechos laborales
y sindicales en el país. Además de evidenciar la política antisindical del
gobierno del Presidente Uribe, pone de manifiesto una política de gobierno despreocupada en ir en contravía a la
normatividad internacional. En este
tema como en otros, al gobierno colombiano poco le ha importado desconocer la normatividad internacional que protege
los derechos derivados del trabajo y las recomendaciones y mandatos de la
Organización Internacional del Trabajo
OIT.[5]
2.8 Judicialización de los homicidios
contra trabajadores y
trabajadoras sindicalizados en Colombia en el año 2003.
La impunidad en la que
permanecen las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas es
motivo de preocupación no sólo de parte
de la OIT, sino también de las organizaciones sindicales colombianas. Por ello
en el mes de mayo de 2004 la Escuela Nacional Sindical solicitó información a la Fiscalía General de la Nación sobre el estado de las investigaciones
sobre los 90 casos de homicidios registrados en el año 2003. La dirección nacional de fiscalías entregó una
respuesta el 6 de agosto de 2004 en la
cual sólo señala conocimiento de 33
casos. De la información suministrada por la dirección de fiscalias
se observa lo siguiente:
En información
suministrada por el observatorio
de Derechos Humanos de la Vicepresidencia
de la Republica[6] sobre las investigaciones contra víctimas sindicales se señala que
desde 1992 se encuentran en etapa de
juicio 40 casos de los cuales en 19 casos los acusados han recibido condena, 6 absoluciones, una absolución en apelación, 11 permanecen activos, 1 no posee
información, 1 revocatoria de
acusación y 1 se extinguió la acción
penal. En estos 40 juicios se han condenado 31 personas, sin embargo, es importante resaltar que según
registros del Banco de Datos de la Escuela Nacional Sindical desde 1992 hasta
la fecha se han registrado 1981 homicidios contra trabajadores sindicalizados
en el país.
2.9 la paradoja de los datos estadísticos.
En el informe ejecutivo sobre el balance anual de los Derechos Humanos
preparado por la Vicepresidencia de la República con motivo de la visita de la
mesa de donantes …se señala “En el marco
del desarrollo de la política de seguridad Democrática, también se destacan
otros logros importantes durante el 2004.
Gracias
a los programas de protección impulsados por el gobierno durante el 2004
el homicidio de sindicalistas
registro una disminución de 27%...”y mas adelante continua ..” causa especial preocupación en el gobierno
el incremento del homicidio de docentes en 2004, superior en un 54% en
relación con 2003, aunque vale la
pena resaltar la disminución del secuestro sobre este sector poblacional en un 37% y el hecho de que el 84% fue
liberado y un 6% rescatado por la fuerza publica. En este tema de secuestro de docentes, 55% de los
casos, fueron realizados por las FARC, 26% por el ELN, y 7.5% por autodefensas
o desconocidos “ [7]
Señala además el informe en su cuadro comparativo del 2003 y 2004, sobre cifras de
derechos humanos y resultados operacionales de la fuerza pública que en el 2003
se produjeron 55 homicidios contra
trabajadores sindicalizados y 40 en el 2004, presentando un descenso del
27% y que en este mismo periodo se paso
de 41 homicidios contra maestros en el 2003 a 63 en el 2004, presentando un
incremento del 54% .
Para la Escuela Nacional Sindical dicho informe
constituye un motivo de preocupación en
cuanto el Gobierno Nacional ha
divulgado con entusiasmo un descenso de los homicidios contra trabajadores
sindicalizados como consecuencia de la implementación de su
política de seguridad democrática desconociendo intencional o manipuladamente
del rango de trabajadores sindicalizados a los maestros, de quienes argumenta
han sido víctimas durante el 2004 de un
incremento del 54% en los homicidios. Como lo señalábamos anteriormente en el punto 3.5, de los trabajadores del
sector educativo asesinados durante el año, 38 de ellos eran maestros
sindicalistas confederados en la federación colombiana de educadores FECODE, ahora bien si a los 55 sindicalistas asesinados referidos por el gobierno nacional le sumamos los 38
educadores sindicalistas registrados por FECODE, constataríamos que no existe tal disminución y que contrario a los triunfalismos estadísticos la situación
de los sindicalistas en Colombia atraviesa por una crisis mas grave que el año en comparación , además
deja mucho que desear que se presenten los
datos estadísticos por separados en cuanto a maestros y sindicalistas como si dichas categorías
fueran excluyentes, intentando presentar un avance en materia de derechos
humanos, cuya afirmación es imposible de sostener con argumentaciones
estadísticas aun cuando estas estén
sigilosamente tratadas.
3. Una reseña de los
hechos más representativos en el año 2004
3.1. Ejecución extrajudicial de sindicalistas en
Arauca
La ejecución extrajudicial por parte del
Ejército Colombiano de tres reconocidos dirigentes sindicales del departamento
del Arauca el día 5 de agosto, Leonel Goyeneche,
tesorero de la Subdirectiva de la CUT en ese departamento, Jorge Eduardo Prieto Chamucero, presidente seccional de ANTHOC y Alirio Martínez, presidente del sindicato de trabajadores
agrícolas. En esa misma acción fueron detenidos el presidente de la CUT en Arauca Samuel Morales Flores y Raquel Castro miembro de la
Asociación de educadores del Arauca –ASEDAR-.
Es preocupante señalar que a la gravedad
de los hechos, se suma la manipulación y desviación de la información por parte
del Ejército Nacional[8],
quien asegura que los tres líderes
sindicales atacaron a una unidad
militar que intentaba rescatar un secuestrado y supuestamente a ello obedeció
la respuesta militar, a si mismo aseguraron haber incautado armas y municiones.
Posteriormente, según versiones de los
diarios del 7 de septiembre del “El Espectador”, “El Tiempo” y de la Associated
Press, el vice-fiscal general Luís
Alberto Santana, señaló que al
parecer, los sindicalistas no murieron
en combate como lo informó el Ejército sino que fueron asesinados. Es
importante resaltar que los dirigentes
sindicales anteriormente mencionados tenían medidas cautelares al momento de su
ejecución dictadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-.
Preocupa igualmente la manipulación de los hechos y la utilización de coautores materiales
como testigos. En lo referido a este
último asunto, la Mesa de Derechos Humanos de Arauca denunció la vinculación del testigo Daniel Caballero Rozo, alias “patilla”, quien figuró como desmovilizado, como testigo y
como coautor material del homicidio. Según esta organización de derechos
humanos, la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento con
detención preventiva en contra del señor Daniel caballero Rozo e inexplicablemente en los meses de agosto y noviembre, el mismo
sujeto, que se encontraba detenido en la penitenciaria de alta seguridad de Combita reaparece, ante la fiscalía, no en calidad de acusado
sino como testigo en el proceso adelantado contra otros dos líderes del
Arauca. Ver anexo.
3.2. Obstáculos a la
labor del sindicalismo internacional en Colombia
La situación del sindicalismo Colombiano
ha sido siempre materia de preocupación de organismos internacionales de
carácter gubernamental y no Gubernamental. Las Confederaciones Internacionales,
los Secretariados Sindicales Internacionales y la Organización Internacional
del Trabajo han señalado en repetidas
ocasiones que Colombia es el lugar más peligroso del mundo para la actividad
sindical. Este hecho lo confirman los altos índices de violaciones a la vida y
a la integridad y la persistencia de una cultura antisindical en el país. Desde
1987 el gobierno colombiano ha sido llamado ante la Comisión de Normas de la
Conferencia anual de la OIT para responder por las reiteradas violaciones a los
derechos fundamentales de los trabajadores colombianos y por no observar las
recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos en aplicación de normas
frente a la adecuación de la legislación interna a los compromisos adquiridos
con la ratificación de convenios, en especial los convenios 87 y 98
referidos a los derechos de asociación
sindical y negociación colectiva.
El continuo incumplimiento de los compromisos asumidos ante los órganos de
control de normas de la OIT, las múltiples quejas de los sindicalistas
colombianos de no respeto a los derechos de asociación, sindicación,
negociación colectiva y huelga, y en especial el sistemático aniquilamiento de
la dirigencia sindical y de los sindicalistas ha motivado la fuerte
presión ante el gobierno
colombiano para que adecue la
normatividad del país a los convenios
firmados en el marco de OIT.
El sindicalismo internacional ha
reconocido como sumamente grave la situación de violencia padecida por los
sindicalistas colombianos y los niveles de impunidad en el que permanecen los
crímenes. Por ello además del trabajo de cabildeo y del seguimiento sistemático
y atento de la situación, la comunidad
sindical internacional ha realizado un protectorado directo que consiste
en frecuentes visitas de delegaciones sindicales internacionales a Colombia.
Esta actividad de solidaridad y
fraternidad, que por lo demás es histórica y necesaria fue limitada
en el presente año con la negación del ingreso al país y posterior deportación por parte del gobierno
colombiano de Víctor Báez Mosqueira,
Secretario general de la CIOSL/ORIT, Rodolfo Benítez, Secretario Regional de la
Unión Network Internacional (UNI);
Antonio Rodríguez Fritz, Secretario regional de la internacional de
trabajadores del transporte (ITF) y Cameron Duncan, Secretario de la
internacional para las americas de Servidores Públicos (ISP), todos ellos
viajaron al país para asistir a la reunión anual de coordinación de la cooperación con el movimiento sindical colombiano, organizada por la CIOSL y los secretariados
internacionales profesionales y habían
participado en la misión de solidaridad internacional que visitó
Colombia en septiembre de este año.
3.3 Reseña de principales
Amenazas contra organizaciones sindicales, y líderes
sindicales
·
las amenazas contra los
miembros de la junta directiva de
Sinaltrainal en el Valle del cauca
posterior a la huelga de hambre
adelantada a principios del 2004
·
las repetidas amenazas
contra los integrantes de la subdirectiva CUT Santander por parte de las
autodefensas unidas de Colombia, quienes los declaro objetivo militar por su abierta
oposición al gobierno del presidente
Uribe, al gobernador y al alcalde de la ciudad de Bucaramanga , amenazas que tomaron mayor fuerza
posterior al asesinato de la dirigente sindical Carmen Elisa Nova en Junio de 2004 y reaparecieron nuevamente en Noviembre.
·
Las amenazas en el mes de Julio
a los trabajadores sindicalizados
de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá ,
Putumayo y Huila por paramilitares que
se autodenominan muerte a sindicalistas en la cual manifiestan que cuentan
con grupos clandestinos en el norte, centro y sur del país, cuyo
centro de operación es la ciudad de Bogotá que tienen como objetivos militares
las sedes y lideres sindicales en Colombia.
·
Las amenazas contra los trabajadores sindicalizados en el
departamento del Arauca. el 22 de
octubre de 2004 fue divulgado en el municipio de saravena, un
volante firmado por los paramilitares del bloque
vencedores de Arauca, a través
del cual acusan a los dirigentes sindicales , sociales y gremiales de ser” un
obstáculo para la sociedad” y los conminan a abandonar el departamento manifestando” no permitimos oposición a las políticas de Estado por considerarlas apropiadas para el pueblo
y por tanto rechazamos a todo aquel que se oponga” en el volante se señala de manera directa, a los
trabajadores agremiados en ANTHOC,
ASEDAR, CUT subdirectiva Arauca, sindicato de la Alcaldía Municipal, SINTRENAL Y SINTRAELECOL.
·
Las amenazas contra el comité ejecutivo de la CUT subdirectiva
Atlántico, declarado objetivo militar junto con mas de 70 sindicalistas de la región por paramilitares que hicieron circular varias listas en el mes de agosto en el departamento del Atlántico.
·
Las amenazas efectuadas por paramilitares contra los
trabajadores sindicalizados de Anthoc en los municipios de Montelibano y
Valencia, departamento de Córdoba en el
mes de agosto.
·
La oleada de amenazas
contra los trabajadores y directivos a
nivel nacional del sindicato de trabajadores universitarios sintraunicol,
amenazas que se han presentado durante todo el año en los departamentos del Atlántico,
Cauca, Tolima, Santander y Cundinamarca ,
en este hecho es necesario resaltar la amenaza realizada el 30 de
octubre del 2004 por paramilitares
autodenominados Comandos Nacionales Universitarios de las AUC, en la cual
a través de un panfleto enviado a la sede del sindicato nacional -
SINTRAUNICOL manifiestan su deseo de
erradicar de las instalaciones educativas
la amenaza comunista que
representan los trabajadores sindicalizados en las universidades [9]
·
En este panorama de violaciones contra organizaciones
sindicales es necesario señalar la denominada
operación Dragón revelada el día
23 de agosto a Alexander López Maya, representante a la cámara y ex dirigente sindical, quien fue
alertado de un plan que se estaría fraguando para asesinar a varios líderes sindicales y de Derechos
Humanos (Luís Hernández Monroy, Presidente de Sintraemcali, Berenice Celeyta
Alayon, Secretaria de DDHH Sintraemcali, entre otros) preparado por militares activos y en retiro, los cuales operan
desde las ciudades de Cali, Medellín, Barranquilla, Ibagué y Bogota. El 25 de
Agosto, los representantes a la cámara
Alexander López y Wilson Borja expresidente de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado
FENALTRASE, presentaron una denuncia
formal por estas amenazas. Ese mismo día , la Fiscalía y el cuerpo
técnico de investigaciones ( CTI)
realizaron dos allanamientos en
las ciudades de Cali y Medellín dejando al descubierto que el Ejército Nacional suministró información clasificada
a una empresa consultora internacional experta en
investigaciones a través del Teniente Coronel Julio Villate, identificado con cédula militar 7217167 con el
propósito de intercambiar información que les permitiera identificar con
precisión las posiciones políticas, costumbres y sobre todo, la
vulnerabilidad de los desplazamientos cotidianos de lideres políticos de
oposición, dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos amenazados de muerte. Según estas investigaciones
ese mismo día, se
encontraron en la ciudad de Cali una carpeta, integrada por 21 folios con la inscripción “secreto” el escrito había sido remitido el 24 de mayo de 2003, desde
Santiago de Cali, por la Central de
Inteligencia Militar del Ejercito
Regional de inteligencia Militar
No 3, al señor coronel, director Central de inteligencia, en Bogotá. El
documento fue enumerado internamente
bajo la referencia: 093 CIME_ INT4- 252.
Posterior a estas revelaciones Alexander
López Maya ha recibido constantes amenazas y
diferentes miembros de Sintraemcali han sido hostigados y amenazados,
como es el caso de la sindicalista
Tania Valencia quien el 21 de octubre
fue interceptada por una persona desconocida, luego de raptarla y
amenazarla con una arma, fue golpeada e interrogada acerca de las actividades de Alexander López, Carlos Marmolejo y Carlos Ocampo.
Posteriormente le dijeron “te vamos a
dejar viva pero solo para que le lleve una razón a Alexander López.” Ver anexo.
3.4
casos de persecución contra los trabajadores agrarios
En
palabras de la Fensuagro[10] la organización ha sido afectada
particularmente por la situación de la
violencia social y política que atraviesa el país. En muchos campos
donde la organización hace presencia
histórica, ha sido víctima de la persecución
militar y paramilitar, expresada en asesinatos, desapariciones,
torturas, desplazamientos y encarcelamiento de sus dirigentes y afiliados, en
esta historia de violencia sobresalen
los asesinatos de VICTOR JULIO GARZON,
secretario general del comité ejecutivo , MANUEL ROMERO BALLESTEROS, de la junta nacional en carmen de Bolívar y JOSE LUIS GUETTE,
LUIS BORNACHERO y CESAR HERRERA, miembros de la misma junta en Cienaga
Magdalena; la desaparición de RAMON OSORIO secretario de Educación Nacional; el
exilio forzado de NOLASCO PRESIGA,
presidente Nacional de la Federación
y de GERARDO GONZALES, secretario de la organización. Según la
federación en total, la persecución
contra FENSUAGRO ha dejado más de 300
afiliados asesinados desde 1994 al 2004.
Señala
además la Federación que en los años 2003 y 2004 , fuera de los hechos
anteriormente reseñados se han presentado diversos hechos violentos en todos los departamentos donde
ellos tiene presencia, como: la detención de Juan de Jesús Gutierrez, tesorero de la ACA , Policarpo
Camacho, presidente de Sintragricolas
del Quindío (dejado en Libertad), la captura de TELBERTO GONZALES, RUDI ROBLES,
NEI MEDRANO y 156 personas mas del
sindicato de SINDAGRICULTORES de Sucre (algunos puestos en libertad) la
captura masiva de 59 personas en Quipile Cundinamarca (
liberados posteriormente); desapariciones, torturas, masacres y detenciones en
el municipio de Viota, de este mismo departamento y la detención de 14 personas en Cabrera, órdenes de captura contra un sin numero de afiliados
que les tocó abandonar la región.
En
el departamento del Tolima se reporta
la desaparición de 18 campesinos y el asesinato de 4 de ellos, entre los
cuales se encuentra RICARDO ESPEJO,
fiscal de SINTRAGRITOL en Cajamarca, los cuales hicieron la recuperación de la finca la
Manigua en este municipio del Tolima, de propiedad del embajador de Colombia en
el Líbano, Señor Tulio Marulanda. En otros municipios de esta región han sido ilegalmente
encarcelados otros 19 campesinos del mismo sindicato. En el departamento del
Meta al sindicato campesino SINTRAGRIM
le han asesinado a mas de 16 afiliados, le han desplazado a
casi toda su base social y a su junta directiva se encuentra en el exilio,
sobresale en estos hechos el asesinato de
LUCERO HENAO, el 6 de febrero de
2004, quien se desempeñaba como
secretaria de SINTRAGRIM a pesar de que
la delegada de la organización de
naciones unidas ONU, orientara el otorgamiento de protección
en la visita de verificación realizada en 26 de mayo de 2003
Algunos casos graves son:
·
El asesinato el 7 de
noviembre en el municipio de Fortul departamento del Arauca caso
de Joaquín Cubides, dirigente sindical de Sintragricolas.
Joaquin Cubides quien fue asesinado en
presencia de su esposa y sus tres hijos,
había sido víctima de tres allanamientos a su residencia por parte del
DAS y la Fiscalia.
·
La tortura y posterior
asesinato, el 6 de octubre de 2004 de Pedro Mosquera, vicepresidente de la Asociación Campesina del Arauca –ACA- organización filial de Fensuagro.
·
La detención de Luz Perly Córdoba,
Responsable de Derechos Humanos de
Fensuagro, quien fue victima el 18 de febrero del 2004 de un
allanamiento en su residencia y posteriormente
detenida y acusada de rebelión y un año
después continúa detenida.
·
La detención el 8 de marzo de Gilma Culman Sánchez,
sindicalista Afiliada al
Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima, quien además fue presentada
ante los medios de comunicación como miembro de una organización insurgente.
·
Las detenciones
de Fanime Reyes Reyes el 3 de Julio de 2004,
responsable de la comisión de reclamos de la junta departamental del sindicato, Eliécer Florez detenido , el 11 de Junio de 2004 en la ciudad de Sincelejo
departamento de Sucre; tesorero de la Junta directiva del sindicato y Luís
Miguel Gómez detenido el 11 de Junio de 2004, presidente del sindicato, todos
ellos perteneciente al sindicato de
pequeños y medianos agricultores del departamento de Sucre- SINDAGRICULTORES
3.5 Continúa la
estrategia de terror contra las mujeres
sindicalizadas en el país
Es
importante resaltar algunos hechos
violentos que marcaron el panorama
general de violaciones:
Ø
El asesinato
de Carmen Elisa Nova
el 15 de julio de 2004 en la ciudad de Bucaramanga, la dirigente
sindical llevaba 28 años de compromiso con el movimiento sindical y había ocupado diferentes cargos en la junta
directiva, al momento de su asesinato había sido elegida como Fiscal del Sindicato de trabajadores de
hospitales y clínicas de Santander, Sintraclinicas, dejando huérfana a una niña
de cinco años. es importante señalar que posterior al asesinato de Carmen Elisa
se ha desatado un permanente hostigamiento contra los
dirigentes sindicales en la ciudad de Bucaramanga y en especial contra la presidenta de la organización
Teresa Báez quien ha recibido múltiples amenazas de muerte este año.
Ø
Los
asesinatos de las docentes del departamento de Antioquia afiliadas a la
Asociación de Institutores de Antioquia – ADIDA- Esther Durango en el municipio de Anzá el 7
de Agosto, Aída García en el Carmen de Viboral el 15 de Enero, Mildret Mazo en
San Andrés de Cuerquia el 26 de Mayo, Beatriz Pineda en el municipio de Cisneros el 9 de Mayo, Yaneth Vélez en el
municipio de Remedios el 15 de
Febrero y las docentes Rosa Mary Daza
afiliada a la Asociación de
institutores del Cauca- ASOINCA, en el municipio de Bolivar el 16 de Marzo, Nohora Martinez Palomino afiliada a la Asociación de educadores
del Cesar, ADUCESAR en la ciudad de Valledupar el 19 de Abril, Isabel Toro, afiliada a la Asociación de educadores
del Putumayo , ASEP, en el municipio de Yopal el 1 de Junio y de Adiela
Torres afiliada a ASEP en el municipio de Puerto Leguizamo el 5 de Agosto.
4. Una mirada al
quinquenio 2000 - 2004
Violaciones a la vida, a la
libertad y a la integridad de los sindicalistas colombianos
Enero 1° y Diciembre 31
2000, 2001, 2002, 2003 y 2004
Tipo de violación |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Amenazas de Muerte |
180 |
234 |
190 |
296 |
445 |
Homicidios |
135 |
198 |
184 |
91 |
94 |
Atentado
con o sin lesiones |
13 |
24 |
17 |
20 |
6 |
Desaparición |
17 |
12 |
9 |
6 |
7 |
Allanamiento |
1 |
1 |
- |
12 |
3 |
Detención |
37 |
8 |
11 |
49 |
77 |
Hostigamiento |
2 |
13 |
19 |
54 |
17 |
Secuestro |
24 |
41 |
27 |
7 |
5 |
Desplazamiento |
155 |
70 |
2 |
91 |
33 |
Tortura |
2 |
1 |
1 |
- |
1 |
Total |
566 |
602 |
460[11] |
626 |
688 |
Fuente: Banco de
Datos de Derechos Humanos, Escuela Nacional Sindical
Una mirada comparativa de
estas cifras pone en evidencia que la violencia contra los sindicalistas colombianos mas allá de
visualizar salidas esperanzadoras para la crisis humanitaria del
movimiento sindical, las violaciones en contra de la vida, la libertad y la
integridad se han ido agudizando en los últimos años paradójicamente mientras
el gobierno nacional hace gala de sus
logros en materia de Derechos Humanos y de la efectividad de su política
de seguridad democrática. Un análisis cualitativo centrado en las modalidades y formas de las violencias
infringidas contra el movimiento sindical nos permite constatar que los
cambios presentados en estos dos
últimos años, en especial los referidos a la disminución de homicidios y
desapariciones obedece a un giro en las estrategias de los victimarios que
han replegado su accionar hacia la restricción de las libertades, violaciones en apariencias menos escandalosas
y susceptibles de menor publicidad, pero cuyos intereses continúan situados en
la anulación de la capacidad de
movilización y presión de los trabajadores sindicalizados, es decir un giro
estratégico con igual efecto.
La voluntad del gobierno en sus políticas de
protección de los DDHH se desdibuja en
las cifras registradas por el banco de
datos de la ENS que muestran un
incremento del 21 % en el total de violaciones en los últimos cinco años, dicho incremento
a su vez presenta un crecimiento anual del
7 % , ubicando su punto mas elevado en el 2003 y 2004 , años
que coinciden con el gobierno
Uribe .
Podríamos afirmar que la violencia y la violación de
los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personal de los
sindicalistas colombianos solo cambian en cuanto a las modalidades. En el periodo de gobierno del Presidente Uribe han disminuido los asesinatos y desapariciones, las mas
usadas por los grupos armados en especial los paramilitares, pero han aumentado
las modalidades de violencia o violación a los derechos humanos originadas en
acciones de limitaciones a la libertad de parte del Estado como : las
detenciones , los allanamientos y el hostigamiento, también podríamos decir,
que en medio de la negociación se usan
estrategias de intimidación,
como las amenazas a trabajadores
o familiares, modalidad esta que
permite aparentar una situación de
cese de hostilidades de parte de las
autodefensas.
El cambio de
modalidad señala una disminución relativa
de los homicidios, que para el 2004 retoma nuevamente su rumbo creciente, los secuestros y las
desapariciones forzadas, que se encuentra relacionada en primer lugar, con los
cambios en las estrategias y lógicas de la guerra implementadas por los actores
extrainstitucionales del conflicto
armado (organizaciones paramilitares y guerrilleras), en segundo lugar, con
el aumento de la violencia de origen
estatal y, finalmente, con la
formulación de una política de seguridad a través de la cual se usan formas
y fórmulas legales para
restringir e impedir los derechos de libertad sindical.
5 . Anexos estadísticos 2004.
Total de violaciones
por tipo de sindicalistas
Enero 1 a 31 de Diciembre
2004.
Clase de Sindicalista |
Numero de Casos |
Porcentajes |
Asesor Sindical |
3 |
0.44 |
Dirigente sindical |
216 |
31.40 |
Trabajador de Base |
469 |
68.17 |
Total |
688 |
100 |
Fuente . Banco de Datos de DDHH de la Escuela
Nacional Sindical
Homicidios por tipo de sindicalistas
Enero 1 a 31 de
Diciembre
2004.
Clase de Sindicalista |
Numero de Casos |
Porcentajes |
Asesor Sindical |
2 |
2.13 |
Dirigente sindical |
26 |
27.66 |
Trabajador de Base |
66 |
70.21 |
Total |
94 |
100 |
Fuente . Banco de Datos de DDHH de la Escuela
Nacional Sindical
Causas de las violaciones a los derechos humanos de los
trabajadores y trabajadoras sindicalizados
Enero 1º -
Diciembre 31
2004
Causas |
2004 |
% |
Conflicto armado |
20 |
2.91 |
Actividad sindical |
439 |
63.81 |
Violencia social |
23 |
3.34 |
Sin identificar |
206 |
29.94 |
Total |
688 |
100% |
Fuente: Base de datos de DDHH-Escuela
Nacional Sindical
Mujeres sindicalizadas en
Colombia
Total de violaciones
Enero 1 - Diciembre 31
Años 2001, 2002 ,2003 y 2004.
Tipo de violación |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Amenazas de Muerte |
14 |
6 |
104 |
187 |
Homicidios |
25 |
20 |
27 |
16 |
Atentado
con o sin lesiones |
5 |
- |
1 |
- |
Desaparición |
- |
1 |
- |
- |
Allanamiento |
- |
- |
2 |
2 |
Detención |
- |
- |
8 |
8 |
Hostigamiento |
1 |
- |
8 |
2 |
Secuestro |
2 |
3 |
2 |
- |
Desplazamiento |
6 |
1 |
42 |
19 |
Total |
53 |
31 |
194 |
234 |
Fuente: Banco de datos
de DDHH de la Escuela Nacional Sindical.
Departamentos más peligrosos para la actividad sindical
Enero 1° y diciembre 31
2004
Departamentos |
No. Casos Homicidios |
No. Casos Amenazas |
No Casos Detención |
Antioquia |
11 |
135 |
3 |
Atlántico |
8 |
35 |
1 |
Arauca |
10 |
14 |
7 |
Valle |
14 |
65 |
2 |
Norte de Santander |
7 |
2 |
- |
Bolívar |
7 |
28 |
- |
Santander |
4 |
20 |
18 |
Putumayo |
4 |
3 |
- |
Tolima |
4 |
9 |
3 |
Cesar |
3 |
9 |
- |
Cauca |
3 |
- |
1 |
Meta |
3 |
1 |
- |
Risaralda |
3 |
2 |
- |
Bogota |
2 |
17 |
1 |
Sucre |
2 |
46 |
30 |
Boyacá |
2 |
1 |
- |
Córdoba |
2 |
|
|
Caldas |
1 |
23 |
- |
Guajira |
1 |
- |
- |
Magdalena |
- |
13 |
- |
Caquetá |
- |
4 |
- |
Casanare |
1 |
4 |
- |
Choco |
1 |
|
|
Amazonas |
1 |
|
|
Huila |
- |
7 |
|
Nariño |
- |
- |
9 |
Quindío |
- |
- |
1 |
Fuente:
Base de Datos de DDHH de la Escuela
Nacional Sindical
Centrales
Sindicales
Total de violaciones
Enero1-
Diciembre 31
2004
Central |
# de casos |
% |
CUT |
636 |
92.44 |
CGT |
43 |
6.25 |
CTC |
- |
- |
No
Confederado |
9 |
1.3 |
Total |
688 |
100 |
Fuente: Banco de Datos de DDHH-
Escuela Nacional Sindical
Sectores económicos
Total de violaciones por
Enero 1°- Diciembre 31
2004
Sector |
No. de casos |
Sector
servicios |
529 |
Minas
y canteras |
38 |
Industria
Manufacturera |
30 |
Electricidad |
15 |
Comercio |
- |
Agricultura |
51 |
Construcción |
4 |
Transporte |
11 |
Financiero |
- |
No
especificada |
10 |
Total |
688 |
Fuente: Banco de Datos de DDHH- Escuela Nacional Sindical
Sector servicios
Total de violaciones
Enero 1°- Diciembre 31
2004
Sub. Sector |
No. casos |
% |
Educación |
421 |
79.58 |
Salud |
42 |
7.94 |
Trabajadores
municipales |
25 |
4.73 |
Judicial |
5 |
0.95 |
Otros |
36 |
6.81 |
Total |
529 |
100 |
Fuente: Banco de Datos de DDHH- Escuela Nacional Sindical
Presuntos responsables de
1 de Enero-31 de Diciembre
2004
Presuntos responsables |
Numero
de casos
|
Porcentaje
%
|
Autodefensas
y/o paramilitares |
7 |
7.45 |
Organismo
estatales |
3 |
3.19 |
No
identificado |
66 |
70.21 |
Sin dato |
18 |
19.15 |
Total |
94 |
100 |
Fuente: Banco de Datos de DDHH- Escuela Nacional Sindical
Anexos 1
Ejecución extrajudicial de
líderes sindicales en Arauca.
Tomado
de Noche y Niebla. Banco de datos de Derechos Humanos y violencia política.
Agosto
2004. Versión preliminar. Pág. 10,11 y
12.
Tropas
del Grupo Mecanizado Revéis Pirro, de la Brigada 18 del Ejército Nacional ejecutaron de varios impactos de bala en
horas de la madrugada en la vereda Caño Seco, a los líderes sindicales Jorge
Prieto y Leonel Goyeneche y al líder campesino Héctor Alirio Martínez. Jorge y
Alirio, tenían medidas cautelares para proteger sus vidas por parte de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA desde el año 2002. En el
mismo hecho fueron detenidos los también líderes sindicales Samuel Morales,
presidente de la CUT, seccional Arauca y María Raquel Castro, dirigente de la
Asociación de Educadores de Arauca, Asedar. Héctor Alirio, fue por más de ocho
años el presidente de la Asociación de Usuarios Campesinos de Arauca, ADUC, y
su aporte fue fundamental en la materialización de importantes proyectos tales
como: Agrosarare, el bachillerato agrario, la Fundación Intercultural,
Ecoviapa, Salud Sarare, la ESE del Sarare, el Centro de Enfermedades
Tropicales, CET;Jorge Eduardo, quien era Administrador Financiero y Comercial,
era el presidente de Anthoc, seccional Arauca, fue secretario general de la CUT
Arauca, Tesorero de la Asociación de Padres de Familia de la Concentración de
Desarrollo Rural de Saravena e integrante del Comité de Derechos Humanos de la
Asociación de Juntas de Acción Comunal; Leonel, quien era licenciado en
Educación Infantil y era profesor del colegio de la vereda Puerto Nidia, fue
miembro del Comité Araucano de Soluciones Educativas, CASE, e integrante de la
Asociación de Educadores de Arauca, Asedar. El hecho sucedió luego que los
militares irrumpieran en la vivienda de Jorge, lugar en el cual se encontraban
las demás víctimas, excepto Samuel. El hecho fue presentado por parte de los
militares ante los medios de comunicación, como un operativo contra de miembros
del ELN que tenían órdenes de captura y que cuando iban a ser detenidos
dispararon a la tropa. Como prueba de ello, habrían decomisado dos pistolas y
elementos explosivos. Según la denuncia: «El cuatro de agosto, en horas de la
tarde, Jorge Prieto, conduciendo su motocicleta, llega a su casa en compañía de
Raquel Castro. A su vez, llegan también de visita Héctor Alirio y Leonel. Luego
de cenar, se recogen para dormir en el salón. Los dos últimos se acostaron en
hamacas, Jorge y su compañera en el cuarto principal y en el segundo cuarto lo
hizo Raquel Castro. El 5 de agosto, hacia las 5:30 AM, una
patrulla
militar conformada por alrededor de 35 hombres pertenecientes al Grupo Mecanizado
Revéis Pizarro, con sede en Saravena, al mando del subteniente Juan Pablo
Ordoñez y conducidos por el informante civil Daniel Caballero Rozo, alias Patilla,
hicieron presencia en Caño Seco, dirigiéndose por lo menos cuatro de ellos a la
casa de Jorge Prieto. Una vez allí, golpearon a la puerta. Al abrirla, los tres
hombres fueron llamados por sus nombres por el informante civil, sacados de la
casa y conducidos al lote contiguo, a escasos tres metros de ésta, donde fueron
inmediatamente fusilados. Luego de esto, los militares procedieron a entrar en
la casa, intimidando a las dos mujeres que se encontraban allí, requisaron por
completo la vivienda. Les preguntaron donde se encontraban las armas pero su
búsqueda no tuvo resultados, pues no fueron halladas armas en la casa.
Los
militares, usando bolsas plásticas para envolver los cuerpos de Jorge y Héctor,
los trasladaron a varios metros de distancia dentro del mismo lote, luego de
lavarlos con abundante agua. Después, taparon con arena los restos de sangre
del lugar de la ejecución, lo cual pudo ser comprobado (...) removiendo una
arena que, según numerosos testigos, nunca antes había estado allí. Los
militares permanecieron en la casa manteniendo encerradas allí a las mujeres, a
quienes se les impidió hablar entre ellas, y solo se les permitió salir al baño
en algunas ocasiones. Hacia las 10:00 a.m., las dos mujeres fueron sacadas de
la vivienda y conducidas a un lugar desde el cual no podían observar la casa. Mientras
las llevaban hacia allí, los militares hicieron disparos a un objetivo incierto
sin recibir respuesta. En ese momento, una de las mujeres recibió amenazas muy
graves si denunciaba lo que había visto.
Dos de los cuerpos de los tres líderes –el de Jorge Prieto y el de
Alirio Martínez- fueron recogidos por los soldados en bolsas negras y llevados
a la cancha de fútbol de la escuela. El cadáver de Leonel Goyeneche, según
varios testigos, fue arrastrado por el piso boca-abajo, entre cuatro soldados que
lo cogían de sus cuatro extremidades, sin ninguna bolsa o similar que lo protegiera,
a lo largo de los aproximadamente 300 metros que hay entre la casa y la cancha
de fútbol. Alrededor de las 11:00 AM aterrizó en ese lugar un helicóptero de
las fuerzas militares en el que las dos mujeres y Samuel Morales, quien fuera privado
de la libertad en la escuela de Caño Seco esa misma mañana, fueron conducidas
junto a los cuerpos sin vida de los líderes sociales hacia las instalaciones
del Grupo Mecanizado Revéiz Pizarro. Samuel Morales denunció en un programa
televisivo, posteriormente, que mientras estuvo en las instalaciones del Grupo
Mecanizado Revéiz Pizarro y luego en las de la Brigada XVIII, algunos militares
decían en su presencia a los que participaron en el operativo: ¿Por qué no los
dieron de baja? ¿Por qué traen basura? El comandante de la División II del
Ejército Nacional, general Luis Fabio García, manifestó que «Indudablemente
murieron en un combate con los soldados cuando fueron sorprendidos reunidos en
una vivienda con varios guerrilleros del ELN, se les incautaron armas,
municiones y explosivos que portaban». Por su parte el Ministro de Defensa,
Jorge Alberto Uribe dijo: «Que los tres dirigentes eran delincuentes, que
perdieron la vida en un combate. Además, portaban armas y tenían órdenes de
captura por el delito de rebelión». El Vicepresidente Francisco Santos expresó
que:«Eran dirigentes sindicales, pero también estaban metidos en cosas que no
estaban relacionadas con su trabajo sindical» y el director de la Justicia
Penal Militar, general Jairo Duván Pineda Niño afirmó que: «Los personajes
muertos son muy importantes dentro de la política del ELN». Una comisión
conformada por miembros de varias ONG de derechos humanos que estuvieron varios
días en el lugar de los hechos, verificando lo sucedido manifestaron que:
«Héctor Alirio, Jorge Prieto y Leonel Goyeneche, fueron víctimas de un Crimen
de Lesa Humanidad: ejecución sumaria perpetrada por el Ejército Nacional de
Colombia». Y agregaron que: «las víctimas habían sido previamente señaladas
como objetivo militar. Las víctimas desarrollaban desde hace varios años
legítimas actividades como líderes sociales, por lo que eran ampliamente
conocidos incluso a nivel nacional e internacional. En numerosas ocasiones
celebraron reuniones con delegados del Alto Gobierno denunciando la situación
de derechos humanos de Arauca. Estas actividades significaron para ellos su
estigmatización y acarrearon amenazas concretas contra sus vidas (...) Dentro
del contexto araucano, tanto las amenazas contra sus vidas como estos
señalamientos convirtieron a las víctimas en objetivos militares con mucha
anterioridad a los hechos. De acuerdo con las observaciones realizadas por la
comisión, la casa de madera y con techo de zinc, vivienda de Jorge Prieto, en
donde ocurrieron los hechos, no presenta impactos de bala ni en las paredes ni
en el techo y de los testimonios recogidos entre los pobladores se desprende
que hacia las 5:30 AM solo se escuchó una ráfaga de disparos de arma larga durante
unos pocos minutos. De acuerdo con las mismas versiones, durante los días
previos y el mismo día de los hechos no hubo presencia en este caserío de
grupos armados diferentes al Ejército. Las dos mujeres que se encontraban en la
casa coinciden en afirmar que los hombres no portaban armas y que durante la
requisa hecha por los militares no encontró ninguna (...) De otro lado, a la
comisión le parece poco creíble que de haber habido disparos por parte de las
víctimas, presuntamente a tan corta distancia, no resultara herido ningún
militar. De acuerdo con las versiones recogidas por la comisión, los autores de
este crimen de lesa humanidad desplegaron todos los mecanismos a su alcance
para encubrir su responsabilidad e incriminar a las propias víctimas. Adicional
a las versiones de los testigos que claramente señalan estos actos de
encubrimiento, se debe tomar en cuenta que los militares contaron con la
oportunidad de cometer estos asesinatos pues estuvieron en la casa desde el
momento del crimen, las 5:30 AM, hasta las 11:00 AM, es decir cinco horas y
media, tiempo durante el cual estuvieron acompañados solo de las dos mujeres a
las que mantuvieron encerradas dentro de la casa, impidiéndoles observar lo que
hacían con los cuerpos. A pesar de esto, ellas sí pudieron observar cómo los
militares trasladaban el agua para lavar el lugar del asesinato y cómo primero
estaban en un lugar y luego en otro». Posteriormente tras recogerse varios
testimonios y recopilar varias pruebas técnicas por parte de un equipo especial
que fue a la zona: fiscales de Derechos Humanos, criminalistas del CTI y
forenses de Medicina Legal, llevaron a la Fiscalía a determinar que: « los tres
sindicalistas no murieron en combate, como lo aseguró públicamente el Ejército,
sino que se habría tratado de un asesinato. Por ello el ente acusador
responsabilizó de homicidio agravado al teniente Juan Carlos Ordóñez, y a los
soldados profesionales Jhon Jairo Hernández y Oscar Saúl Cuta. La decisión
también recayó contra Daniel Caballero, «Patilla», reinsertado del ELN, que
sirvió de guía a los militares». Caballero, según la denuncia: «viene
trabajando con el Ejército como informante, y está integrado al programa de
reinserción del Gobierno, favorecido con prebendas económicas y judiciales».
Según la Fiscalía: «los dictámenes de los peritos en balística revelaron que de
los tres sindicalistas, el único que apareció con residuos de disparos en su
mano fue Héctor Alirio Martínez. Para tratar de clarificar el significado de
estos resultados, la Fiscalía le pidió al Ejército el material fotográfico y de
video que en su momento los uniformados hicieron sobre la escena de los hechos.
Sólo se obtuvo un reducido grupo de fotografías en disquete en el que se
aprecian dos fotografías de cadáver en posición de cubito abdominal y con el
torso desnudo, empuñando arma de fuego. La sorpresa fue cuando los
investigadores descubrieron que ninguno de los dos cadáveres que aparecían en
las fotos empuñando armas era el de Héctor Alirio -el único que tenía rastros
de disparos en sus manos y que tenía puesta una camiseta y que, se supone, los
otros aparecieron con las únicas dos pistolas que se decomisaron. Estas pruebas
nos vienen a demostrar objetivamente que si conforme a la pericia de residuos
de disparos, la única víctima que pudo haber disparado fue Héctor Alirio,
existe una preocupante probabilidad de que los militares hubieran manipulado la
escena, para hacer ver en la fotografía de Prieto, y eventualmente la de
Goyeneche, que también habían accionado armas y que poseían en sus manos al ser
dados de baja. Es más, la Fiscalía estableció que una de las dos pistolas
decomisadas, calibre 7,65, estaba defectuosa y se trababa al ser disparada. En
relación con los disparos que apagaron la vida de los sindicalistas, los exámenes
de balística determinaron que por lo menos en el caso de Goyeneche se trató de
una especie de tiro de gracia, pues se constató una distancia de la boca de
fuego del arma a los orificios, menor a los 50 centímetros, lo cual indica que
los disparos los hicieron en la modalidad de corta distancia. Los
investigadores concluyeron que las tres víctimas murieron de disparos hechos
por la espalda. No son esa clase de heridas las que normalmente se presentan
cuando existe enfrentamiento. Además, no aparecieron rastros de los disparos
hechos por los militares en el costado izquierdo de la casa, por donde
supuestamente estaban escapando los sindicalistas. Y tampoco se encontraron las vainillas de los fusiles en el lugar
donde los militares dijeron haber disparado las armas ni en sus alrededores. En
criterio de los fiscales resulta a todas luces absurdo pensar que los
sindicalistas hubieran optado por resistirse mediante el uso de las armas, pues
siendo personas con mediana formación, debieron suponer que al momento de ser
requeridos, el inmueble estaba previamente rodeado y asegurado por la tropa. Se
valora como muy poca posibilidad que tres individuos ya mayores, obesos, dos de
los cuales apenas conocían la estancia, estando descalzos y a medio vestir
hubieran pretendido burlar el cerco militar. En las pesquisas los agentes del
Estado también encontraron que los sitios donde cayeron inicialmente los
cuerpos sin vida fueron cubiertos a propósito con arena de río y que los
cuerpos fueron cambiados de un lugar a otro. Muchas personas hablan de ires y
venires de los soldados desplazando pesadamente los cuerpos, y las palmarias
contradicciones en el dicho de los militares, puede al menos suponerse, que por
parte de los uniformados existió un evidente interés en acondicionar la escena
para hacer ver que las víctimas fueron muertos en combate y no ajusticiados».
El día 7 de septiembre en declaraciones dadas a una emisora el Vicepresidente
Francisco Santos manifestó: «Lo primero era que estas dos personas si tenían
orden de captura, no una orden de asesinato o de accionar como la Fiscalía
acaba de decir que actuaron. Entonces, primero, sí tenían una orden de captura:
segundo, el procedimiento en el cual fueron a capturarlos fue totalmente
equivocado tal y como lo dice la Fiscalía y, tercero, sí, nos equivocamos». El
diario El Tiempo, en su editorial del ocho de septiembre titulado Grave lo de
Arauca, expresó que: «Organizaciones sindicales y de derechos humanos
cuestionaron la versión oficial y denunciaron que dos de los sindicalistas
tenían medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se
abrió investigación y ahora resulta que todo, al parecer, fue un montaje para
justificar algo que, según la Fiscalía, habría sido una ejecución extrajudicial
(...) Las consecuencias son serias. Se hace un daño obvio a la imagen del
Ejército y a su invocado compromiso con los derechos humanos. Se tiende una
sombra sobre las promesas de que al amparo de la seguridad democrática no se
cometerán abusos. Se levantan dudas sobre cómo estarán procediendo los
militares en otros remotos lugares de Colombia donde adelantan operaciones,
lejos de la mirada vigilante de los organismos de control y los medios de
comunicación. Y se generan inquietantes preguntas. ¿Son un subteniente y dos
soldados los únicos responsables, o hay otro más arriba en la cadena de mando?
¿Cómo puede ser que sus superiores avalen su versión y la difundan? ¿No
configura esto un tipo de encubrimiento?».
Anexo 2.
Operación Dragón.
Tomado de Noche y Niebla. Agosto 23 de 2004.
versión preliminar, Pág. 35-36
Militares
en ejercicio y en retiro con el conocimiento del Gobierno Nacional, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el DAS, adelantan un proceso de
investigación de diferentes líderes sociales,
de derechos humanos, políticos y sindicales de todo el país y en especial del
Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico y Tolima con el fin de adelantar una
operación encubierta de exterminio contra estos lideres de oposición que han
denominado Operación Dragón. Muchos de ellos y ellas, ya han sido víctimas de
señalamientos, amenazas, seguimientos, atentados y ejecuciones. Según una
denuncia: «...la investigación determina lugares de residencia, trabajo y demás
sitios que frecuentan los lideres de oposición (...) señalan a más de 80
personas y un número no determinado de organizaciones nacionales e
internacionales...». Señala una fuente:
«...Días después de la posesión del presidente de
Colombia Álvaro Uribe Vélez, éste ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), intervenir a Emcali (...)
El 27 de febrero del presente año mediante escritura pública No. 234, de la
notaria sexta del circulo de Medellín, se constituyó la empresa Consultoría
Integral Latinoamericana LTDA (CIL) y el 3 de marzo es inscrita en Cámara de
Comercio de esa misma ciudad, bajo el número 2102 del libro IX, con matricula
mercantil No. 21- 325177-03. El 15 de junio, Luz Esperanza Rojas Jiménez
representante legal de la Financiera Eléctrica Nacional contrata a CIL cuyo representante
legal es Huber de Jesús Botello Duarte, para que en el término de cuatro meses a partir de la fecha, adelantara una «Asesoría integral en
gestión de riesgos e ingeniería de mantenimiento de la infraestructura de
Emcali EICE ESP», (...) El 12 de junio el teniente coronel
Julián Villate Leal, identificado con cédula militar 7217167 es contactado por
la empresa CIL y el 19 de julio es contratado. Al día siguiente, alquila el
apartamento 301 del edificio El Castillo, ubicado en la Av. 4 norte No. 8N - 37
. Según el teniente coronel Villate, la empresa CIL adelanta consultorías
semejantes en la Empresa de Teléfonos de Barranquilla y en la Empresa Eléctrica
del Tolima, ambas al igual que Emcali intervenidas por la SSPD y con encargo
fiduciario de liquidación de la FEN.(...) El 15 de agosto se adelanta
diligencia de allanamiento del inmueble en donde habita el teniente coronel
Villate y en la sede de la empresa CIL, ubicada en la avenida Nutibara No. 39 -
163, oficina 703. En el momento del Allanamiento el Teniente Coronel Villate se
identifica como tal, no obstante al finalizar el operativo, deja constancia que
trabaja para la empresa CIL. En este inmueble se encuentra adicionalmente Rocío
Salgar López que
se
identifica como periodista y un señor de nombre Julián Guillermo Gómez
Rodríguez, que según pasaje aéreo de
Airways que aseguró ser de su propiedad, aparecía con el nombre de Juan y no de
Julián como su identificación lo acreditaba (...) En la diligencia se decomisó
un computador y entre otros una carpeta con 21 folios que en su título inicia
con la inscripción «SECRETO» (en color rojo) CENTRAL DE INTELIGENCIA MILITAR
DEL EJÉRCITO / REGIONAL DE INTELIGENCIA MILITAR No. 3 /, tres folios bajo el
título «Operación Dragón», una carpeta que contiene 21 folios dirigida al
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Humberto Caicedo, cinco
folios dirigidos a la dirección del Gaula del Ejército, dos folios dirigidos a
la Central de Inteligencia Militar del Ejército
Regional
de Inteligencia Militar No. 3 y la resolución No, 0782 expedida por el
Ministerio de Defensa Nacional, fechada
el 9 de agosto, la cual es devuelta al implicado. De igual forma se decomisa
una agenda con el código UPJOHM, la que contiene nombres de personas, números
telefónicos, números de cédulas y tres documentos: uno titulado «Despidos
masivos de militantes de SINTRAEMCALI», «Árbol de intereses » y «Sede de la
campaña de Alexander López». Al respecto el teniente coronel Villate, informó
que los documentos eran de carácter reservado de Emcali y que habían sido
entregados por el Coronel Huertas, jefe del departamento de seguridad de
Emcali, como parte del contrato que la empresa CIL estaba realizando. De igual
forma, reconoció la existencia de otros documentos de inteligencia, elaborados
por Inteligencia Militar y afirmó que el trabajo era de pleno conocimiento y apoyo de las directivas de Emcali, SSPD, la
FEN, el DAS, el General Gutiérrez comandante de la Policía Cali y el Ministerio
del Interior (...) En el documento de
la Central de Inteligencia Militar del Ejército - Regional de Inteligencia
Militar No. 3, remitido a solicitud del Director de la Central de Inteligencia
del Ejército con sede Bogotá y con fecha del 24 de mayo de 2003, señala: los
grupos subversivos han encontrado en este sindicato el caldo de cultivo
propicio para generar inconformismo y confrontación con el Gobierno Nacional.
Es así como el trabajo del Sindicato encaminado a ganar simpatía de la
comunidad, se incrementó en un 70%, se han conformado las delegaciones para
conformar las llamadas «mingas» los fines de semana en las comunas más pobres de la ciudad, principalmente el Distrito de Aguablanca (foco
de milicias), cuenta con una fuerte comisión dedicada a los derechos humanos a
cargo de la señora BERENICE CELEYTA ALAYON,
abogada de trayectoria que dirige la organización NOMADESC, y se encarga de
realizar todas las denuncias de presuntos atropellos y violaciones contra los trabajadores de Emcali, logrando así
desvincular jurídicamente a los dirigentes sindicales que
se han visto envueltos en acusaciones de rebelión y terrorismo. La presidencia
del señor ALEXANDER LÓPEZ MAYA, actual Representante a la Cámara, durante
aproximadamente 8 años en el Sindicato, ha dejado marcada la misión de la
organización, ya que aún desde su nueva curul ha venido trabajando por la
Empresa y el Sindicato, encaminado a buscar su aspiración como un candidato
opcionado a la Alcaldía de Cali. La
participación de estas personalidades (haciendo referencia entre otros a
Angelino Garzón) en la problemática de EMCALI, deja entrever el manejo político
que viene dando el denominado «Polo Democrático» del excandidato a la
Presidencia LUIS EDUARDO GARZÓN, con su Frente Social y Político, la bandera
sindical del Valle, de donde se viene realizando un acertado trabajo político
(cogobierno) y de manejo de masas en el ámbito obrero popular, en el
cumplimiento a los objetivos trazados por las FARC con el Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia. Pero la crítica
situación de la Empresa no es el único interés del Sindicato, pues como ha sido
de público conocimiento, la central obrera del Valle CUT y sus filiales, como
también otras organizaciones sociales y no gubernamentales sobre las cuales la
Subversión ejerce completo dominio, han venido siendo parte activa de la lucha
que se viene generando por el «acuerdo humanitario», el Referendo y por la
concesión de una nueva zona de despeje para dialogar con las FARC, motivos estos, que hacen más recia la posición de estos sectores de
izquierda ante el papel del Gobierno Nacional.
Continúa la fuente: «Inquieta la semejanza entre el texto de
inteligencia militar y los documentos de los Bloques Pacífico y Calima de las
Autodefensas Unidas de Colombia, que circularon en el departamento del Valle
del Cauca en noviembre del año pasado y abril del presente en el que señala:
«Los susodichos artistas del camuflaje pertenecen a organizaciones
estudiantiles, sindicales, sociales y políticas, de las cuales se han servido
para utilizarlas como «manparas», desviando sus verdaderos intereses gremiales
y reivindicativos; estos «actorcitos» se escudan bajo nombres como: PARTIDO
COMUNISTA, PRESENTES POR EL SOCIALISMO, DIGNIDAD OBRERA, ME UNO, UNEB,
SINTRAUNICOL, SINTRAEMCALI, SINDESENA y otras organizaciones manejadas como
«ganchos ciegos» de la treta subversiva. Llamamos a declararles la guerra a
estos sujetos encubiertos, idiotas
útiles del flagelo terrorista FRENTE SOCIAL Y POLÍTICO; no más contubernio con los bienes insurgentes, la justicia
antisubversiva hará justicia (...)
Dieciséis integrantes del Sindicato de las Empresas
Municipales de Cali (Emcali),han sido asesinados como parte de la política de
terrorismo de Estado en los últimos cinco años. Por su parte, en lo que va
corrido del año dos artefactos explosivos han sido activados contra la sede del
Sindicato de Trabajadores de Cali y la ONG Nomadesc, la Junta Directiva de este
sindicato y trabajadores en general, al igual que integrantes de Nomadesc han
recibido amenazas escritas y telefónicas, dos de los integrantes de Sintraemcali
han sido detenidos arbitrariamente y diez más están en el exilio...»
Listado de trabajadores y trabajadoras
sindicalizados Asesinados durante el 2004.
Agapito Palacios afiliado a la Unión de
maestros del Choco, UNIMACH, fue asesinato el 4 de Enero de 2004 en el municipio de Unguía , departamento del
Choco.
Bernardo Rebolledo, afiliado al sindicato de
conductores y taxistas de Cartagena, SINCONTAXCAR,
fue asesinado el 4 de Enero de 2004, en la ciudad de Cartagena, departamento de
Bolívar.
Edgar Arturo Blanco Ibarra, afiliado a la
Asociación de institutores nortesantandereanos, ASINORT, fue asesinado el 7 de Enero de 2004, en la ciudad de
Cúcuta, departamento de Norte de Santander.
Luz Aída García Quintero, afiliada a la
Asociación de institutores de Antioquia, ADIDA,
fue asesinada el 15 de Enero de 2004, en el municipio de Carmen de Viboral,
departamento de Antioquia
Ricardo Ortega Barragán, dirigente del
sindicato de las empresas municipales de Cali, SINTRAEMCALI, fue asesinado el 17 de enero de 2004, en la ciudad de
Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca.
Jairo Gonzáles Oquendo, afiliado a la
Asociación de institutores de Antioquia, ADIDA, fue asesinado el 17 de Enero de 2004, en la ciudad de Medellín, departamento de
Antioquia
Daniel Vitola Pérez, afiliado al sindicato de conductores y taxistas de
Cartagena, SINCONTAXCAR, fue asesinado el 23 de Enero de 2004 en la
ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar.
Francisco Lotero Ríos, afiliado al sindicato de Educadores Unidos de Caldas,
EDUCAL, fue asesinado el 27 de Enero
de 2004 en la ciudad de Manizales, departamento de Caldas.
Calixto Gómez Rummer, afiliado al sindicato nacional de trabajadores de la industria del
carbón, SINTRACARBON, fue asesinado
el 31 de Enero de 2004, en la ciudad de Riohacha, departamento de la Guajira.
Lucero Henao, dirigente del sindicato
campesino del departamento de Meta, SINTRAGRIM,
fue asesinada el 6 de Febrero en el
municipio de Castillo departamento del Meta.
Álvaro Granados Rativa, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la
construcción, SUTIMAC, fue asesinado
el 6 de Febrero en la ciudad de Bogotá , departamento de Cundinamarca.
Yesid Chicangana, afiliado del Sindicato de
Maestros del Cauca, SIMANA, fue
asesinado el 9 de Febrero en el municipio de Santander de Quilichao,
departamento del Cauca
Yaneth del Socorro Vélez Galeano,
afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, fue asesinada el 15 de Febrero en el municipio de Remedios,
departamento de Antioquia.
Camilo Kike Azcarate, afiliado al Sindicato
Nacional de trabajadores de la Industria de las grasas de Colombia, SINTRAGRACO, fue asesinado el 24 de
Febrero en el Municipio de Biga, departamento del Valle del Cauca.
Carlos Raúl Ospina, dirigente del Sindicato de trabajadores y empleados de servicios públicos y entidades
descentralizadas- SINTRAEMSDES, fue
asesinado el 24 de Febrero en el
municipio de Tulúa, departamento del Valle del Cauca.
Ernesto Rincón Cárdenas, afiliado al Sindicato
de Maestros de Boyacá, SINDIMAESTROS, fue asesinado el 27 de Febrero en el municipio de Caldas departamento de Boyacá.
Pedro Alirio Silva, dirigente de la Asociación
de Educadores del Putumayo, ASEP, fue asesinado el 2 de Marzo en el
municipio de Orito, departamento del Putumayo.
Lina Marcela Amador Lesmer, afiliada a la
Asociación de educadores del Putumayo, ASEP, fue asesinada el 3 de marzo, en
el departamento del Putumayo.
Luís José Torres Pérez, dirigente de la asociación
nacional de trabajadores y empleados de hospitales, clínicas, consultorios y
entidades dedicadas a la protección de la salud, ANTHOC, fue asesinado
el 4 de Marzo en el municipio de
Barranquilla departamento de Atlántico.
Oscar Emilio Santiago, afiliado a la
asociación nacional de trabajadores y empleados de hospitales, clínicas, consultorios
y entidades dedicadas a la protección de la salud, ANTHOC, fue asesinado
el 5 de Marzo en el municipio de
Barranquilla departamento de Atlántico.
Ferreira Osorio, afiliado a la Unión Sindical
Obrera, USO, fue asesinado el 11 de Marzo en el
municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.
Julio Cesar García, dirigente de la Asociación nacional de empleados del
INPEC, ASEIMPEC, fue asesinado el 13 de Marzo en el
municipio de Cartago, departamento del Valle.
Rosa Mary Daza, afiliada a la Asociación de institutores del Cauca, ASOINCA, fue asesinada el 16 de
Marzo en el departamento del Cauca.
Alvis Hugo Palacios, afiliado al Sindicato empleados públicos del sena, SINDESENA, fue asesinado el 16 de
Marzo en el municipio de Since,
departamento de Sucre.
Ana Elizabeth Toledo Rubiano,
afiliada a la Asociación de educadores
de Arauca, ASEDAR, fue asesinada el 19 de Marzo en el
municipio de Tame, departamento del Arauca.
Rafael Segundo Vergara Correa,
afiliado al Sindicato trabajadores
conductores de taxis de Cartagena, SINCONTAXCAR, fue asesinado el 22 de Marzo en el
municipio de Cartagena, departamento de Bolívar.
Alexander Parra, afiliado al Sindicato de maestros de Boyacá, SINDIMAESTROS, fue asesinado el 28 de Marzo en el
municipio de Chiquinquirá, departamento de Boyacá.
Juan Javier Giraldo, afiliado a la Asociación de
Institutores de Antioquia, ADIDA,
fue asesinado el 1 de Abril en el municipio de Medellín, departamento de
Antioquia.
José Arcadio Sosa Soler, funcionario de la
Confederación General de Trabajadores, CGT,
fue asesinado el 4 de Abril en el Distrito de Bogota, departamento de
Cundinamarca.
Luís Francisco Gómez Verano,
dirigente de la Asociación para la construcción del acueducto, fue asesinado el
6 de Abril en el municipio de mesetas, departamento del Meta.
José García, afiliado a la Asociación de educadores de Arauca, ASEDAR, fue asesinado el 9 de
Abril en el municipio de Tame, departamento
del Arauca.
Jorge Mario Giraldo Cardona,
afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, fue asesinado el 14 de Abril en el municipio de Medellín,
departamento de Antioquia.
Chicaiza Carlos Alberto, afiliado al
Sindicato de trabajadores de la empresa
de servicios del Valle, SINTRAEMSIRVA,
fue asesinado el 15 de Abril en el municipio de Cali, departamento del Valle.
Nohora Martínez Palomino, afiliada a la Asociación de educadores del Cesar, ADUCESAR, fue asesinada el 19 de
Abril en el municipio de Valledupar,
departamento del Cesar.
Juan José Guevara, afiliado a la Asociación de Institutores
Nortesantandereanos, ASINORT, fue asesinado el 19 de Abril en el
municipio de Villa del rosario, departamento del Norte de Santander.
José Maria Ruiz Sara, afiliado a la Asociación de educadores del Atlántico,
ADEA, fue asesinado el 23 de
Abril en el municipio de Barranquilla,
departamento del Atlántico.
Gerson Agudelo, afiliado al Sindicato de trabajadores del ministerio
de educación nacional, SINTRENAL, fue asesinado el 24 de Abril en el
municipio de Villa del rosario, departamento del Norte de Santander.
Evelio Henao Marín, dirigente del Sindicato de
trabajadores del departamento de Antioquia, SINTRADEPARTAMENTO, fue
asesinado el 24 de Abril en el municipio de San Rafael, departamento
de Antioquia.
Ovidio Arturo Marín Cuevas, afiliado al Sindicato nacional de trabajadores de la
industria licorera, SINTRALIC, fue asesinado el 4 de Mayo en el
municipio de Cali, departamento del Valle.
Jesús Alberto Campos, afiliado a la Asociación de educadores de Arauca, ASEDAR, fue asesinado el 7 de
Mayo, en el departamento de Arauca.
Elías Duran Rico, dirigente del Sindicato de
trabajadores de transito de Barranquilla,
fue asesinado el 7 de Mayo en el municipio de Barranquilla,
departamento de Atlántico.
Beatriz Pineda Martínez, afiliada a la
Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA,
fue asesinada el 9 de Mayo en el municipio de Cisneros, departamento de
Antioquia.
Julio Vega, dirigente del Sindicato de
trabajadores de la industria agropecuaria, SINTRAINAGRO,
fue asesinado el 21 de mayo en el municipio de Arauca, departamento de Arauca.
Wilson Gómez Sierra, afiliado al Sindicato de
educadores de Santander, SES, fue
asesinado el 23 de mayo en el departamento de Santander.
Mildret Berteyd Mazo Jaramillo,
afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, fue asesinada el 26 de Mayo en el municipio de San Andrés de
Cuerquia, departamento de Antioquia.
Jesús Fabián Burbano Guerrero,
afiliado al la Unión Sindical Obrera, USO,
fue asesinado el 31 de mayo en el municipio de Orito, departamento de Putumayo.
Javier Montero Martínez, afiliado a la Asociación de educadores del Cesar, ADUCESAR, fue asesinado el 1 de
Junio en el municipio de Valledupar,
departamento del Cesar.
Fernando Ramírez Barrero, afiliado al Sindicato de educadores de Risaralda, SER,
fue asesinado el 1 de Junio en el municipio de Pereira, departamento del
Risaralda.
Isabel Toro Soler, afiliada a la Asociación de Educadores del Putumayo, ASEP,
fue asesinada el 1 de Junio en el municipio de Yopal, departamento del
Putumayo.
Luís Ovidio Machado Nisperuza,
afiliado a la asociación de Maestros de
Córdoba, ADEMACOR, fue asesinado el 1 de Junio en el
municipio de Montería, departamento de Córdoba.
Nelson Wellington Cotes López,
dirigente del Sindicato de trabajadores de la DIAN, SINTRADIAN, fue
asesinado el 4 de Junio en el municipio de Barranquilla,
departamento de Atlántico.
Carmen Elisa Nova Hernández,
dirigente del Sindicato de trabajadores de clínicas y hospitales de Santander, SINTRACLINICAS, fue asesinada el 15 de Junio en el
municipio de Bucaramanga, departamento de Santander.
Luís Alberto Toro Colorado, dirigente del
Sindicato Nacional de trabajadores de la industria de textiles, SINALTRADIHITEXCO, fue asesinado el 1 de Julio en el
municipio de Bello, departamento de Antioquia.
Miguel Espinosa Rangel, asesor de la Central
Unitaria de Trabajadores Subdirectiva Atlántico, CUT, fue asesinado el 1 de Julio en el municipio de Barranquilla, departamento del Atlántico.
Gerardo de Jesús Vélez, afiliado al Sindicato de Trabajadores del municipio
de San Carlos, SINTRASANCARLOS, fue asesinado el 9 de Julio en el
municipio de Tulúa, departamento del Valle.
Camilo Borja, afiliados a la Unión
Sindical Obrera, USO, fue asesinado
el 12 de Julio en el Municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.
Salomón Freite Muñoz, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y empleados de la
rama judicial, ASONALJUDICIAL, fue asesinado el 21 de Julio en la ciudad de Cúcuta departamento de Norte
de Santander.
Yanis Valencia Fajardo, afiliado a la asociación de Maestros de Cordoba, ADEMACOR, fue asesinado el 11 de
Agosto en el municipio de Tierralta,
departamento de Cordoba.
Alirio Martínez, dirigente del sindicato
Agrícola del Arauca, Sintragricolas,
fue asesinado el 5 de Agosto en la vereda del Fortul, departamento de Arauca.
Leonel Goyeneche, dirigente de la Asociación
de educadores de Arauca, ASEDAR, fue asesinado el 5 de agosto en la
vereda del Fortul, departamento del Arauca.
Jorge Prieto, dirigente de la asociación
nacional de trabajadores y empleados de hospitales, clínicas, consultorios y
entidades dedicadas a la protección de la salud, ANTHOC, fue asesinado el 5 de Agosto en la vereda del Fortul,
departamento de Arauca.
Adiela Torres, afiliada a la Asociación de Educadores del Putumayo, ASEP,
fue asesinada el 5 de
Agosto en el municipio de Puerto Legizamo,
departamento del Putumayo.
Esther Marleny Durango Congote,
afiliada a la Asociación de institutores de Antioquia, ADIDA, fue asesinada el 7 de agosto, en el municipio de Anza,
departamento de Antioquia.
Harold Antonio Trujillo, afiliado al sindicato
de las empresas municipales de Cali, SINTRAEMCALI,
fue asesinado 8 de Agosto, en la ciudad de Santiago de Cali, departamento del
Valle del Cauca.
Luís Galindo, dirigente del sindicato de
pequeños y medianos productores del agro, SINDEAGRO,
fue asesinado 10 de Agosto, en municipio de Líbano, departamento del Tolima.
Yanis Valencia Fajardo, afiliado a la asociación de Maestros de Córdoba, ADEMACOR, fue asesinado el 11 de
Agosto en el municipio de Tierralta,
departamento de Córdoba.
Jorge Eliécer Valencia Oviedo,
dirigente del Sindicato único de trabajadores de la educación del Valle, SUTEV,
fue asesinado el 23 de
Agosto en el municipio de Tulúa,
departamento del Valle.
Manuel Gómez Wólfram, afiliado al sindicato de
conductores y taxistas de Cartagena, SINCONTAXCAR,
fue asesinado el 24 de Agosto, en la ciudad de Cartagena, departamento de
Bolívar.
Bernardo Rebolledo, afiliado al sindicato de
conductores y taxistas de Cartagena, SINCONTAXCAR,
fue asesinado el 4 de Enero de 2004, en la ciudad de Cartagena, departamento de
Bolívar.
Miguel Córdoba, dirigente del sindicato de
conductores trabajadores de la caña del Valle del Cauca, SINTRACAÑAVALC, fue asesinado el 4 de Enero de 2004, en la ciudad
de Palmira, departamento de Bolívar.
Humberto Tovar Andrade, afiliado al sindicato
de maestros de Tolima, SIMATOL, fue
asesinado el 30 de agosto, en el municipio del Espinal, departamento de Tolima.
Exenen Hernández Barón, afiliado a la
Asociación de institutores nortesantandereanos, ASINORT, fue asesinado el 10 de Septiembre, en la ciudad de El
Carmen, departamento de Norte de Santander.
Luís José Torres Pérez, afiliado a la
asociación nacional de trabajadores y empleados de hospitales, clínicas,
consultorios y entidades dedicadas a la protección de la salud, ANTHOC, fue asesinado el 11 de
Septiembre en el municipio de Bordo departamento de Cauca.
Luís Eduardo Duque, afiliado al sindicato de
maestros de Tolima, SIMATOL, fue
asesinado el 11 de Septiembre, en el municipio del Líbano, departamento de
Tolima.
Oler Hernández Moreno, afiliado al Sindicato Único
de Trabajadores de la construcción, SUTIMAC,
fue asesinado el 11 de Septiembre en la ciudad de Sincelejo, departamento de
Sucre.
Iría Fenide Mesa Blanco, afiliada a la Asociación de educadores de Arauca, ASEDAR, fue asesinada el 11 de
Septiembre en el municipio de Arauca,
departamento del Arauca.
Jean Warrean Buitrago Millán,
dirigente del Sindicato de trabajadores de la DIAN, SINTRADIAN, fue
asesinado el 15 en el municipio de Tulúa, departamento del
Valle.
Alfredo Correa de Adréis, dirigente de la
Asociación Sindical de profesores Universitarios, ASPU, fue asesinado el 17 de Septiembre en el municipio de Barranquilla,
departamento de Atlántico.
Pedro Jaime Mosquera Cosme, dirigente de Federación Nacional sindical unitaria
agropecuaria, FENSUAGRO, fue asesinado el 6 de Octubre en el
municipio de Arauca, departamento de Arauca.
Ana de Jesús Duran Ortega, afiliada a la
Asociación de institutores nortesantandereanos, ASINORT, fue asesinado el 12 de Octubre, en la ciudad de Cúcuta,
departamento de Norte de Santander.
Ángel de la Hoz Castelar, afiliado a la Central Unitaria de Trabajadores
Subdirectiva Atlántico, CUT, fue asesinado el 19 de Octubre en el
municipio de Soledad, departamento del Atlántico.
Martha Lucia Gómez Osorio, afiliada al sindicato
de maestros de Tolima, SIMATOL, fue
asesinada el 23 de Octubre, en el departamento de Tolima.
José Joaquín Cubides, afiliado al sindicato de
trabajadores agrícolas de Arauca, SINTRAAGRICOLAS,
fue asesinado el 7 de Noviembre, en el municipio del Fortul, departamento de
Tolima.
Eli Machado Wolmar, afiliado a la Asociación de
institutores nortesantandereanos, ASINORT,
fue asesinado el 8 de noviembre, en la ciudad de San Calixto, departamento de
Norte de Santander.
Arnoldo Cantilla, afiliado al sindicato de
conductores y taxistas de Cartagena, SINCONTAXCAR,
fue asesinado el 24 de noviembre, en la ciudad de Cartagena, departamento de
Bolívar.
Juan Miranda Usula, afiliado al sindicato de
conductores y taxistas de Cartagena, SINCONTAXCAR,
fue asesinado el 24 de noviembre, en la ciudad de Cartagena, departamento de
Bolívar.
Senen Mendoza Molinares, afiliado a la Asociación de educadores del Cesar, ADUCESAR, fue asesinado el 24 de
Noviembre en el municipio de Codazzi,
departamento del Cesar.
Juan Bernardo Gil, afiliado a la asociación de Educadores del Meta, ADEM,
fue asesinado el 6 de
diciembre en el municipio de Mesetas,
departamento del Meta.
Héctor Téllez Alzate, afiliado al Sindicato único de trabajadores de la
educación del Valle, SUTEV, fue asesinado el 6 de Diciembre en el
municipio de Tulúa, departamento del Valle.
Carlos Eduardo Montoya Gutierrez,
afiliado al Sindicato de educadores de
Risaralda, SER, fue asesinado el 12 de diciembre en el
municipio de Pereira, departamento del Risaralda.
Nelson de Jesús Martínez, afiliado a la
Asociación de institutores de Antioquia, ADIDA,
fue asesinad el 18 de diciembre, en el municipio de Carmen de La Ceja,
departamento de Antioquia.
José Nevardo Osorio Valencia,
dirigente al Sindicato de educadores de
Risaralda, SER, fue asesinado el 27 de diciembre en el
municipio de Mistrato, departamento del Risaralda.
José Ortiz afiliado al Sindicato único de educadores del
Amazonas, fue asesinado el 29 de diciembre en el municipio de Puerto Santander, departamento del Amazonas.
Este informe se ha realizado con la asistencia financiera
de la Comunidad Europea. Los puntos de vista que en él se exponen reflejan
exclusivamente la opinión de la
Escuela Nacional Sindical y, por tanto, no representan en ningún caso el
punto de vista oficial de la Comisión Europea. |
· [1] En este año hubo un subregistro de información para esta variable.
[2] Resumen ejecutivo del informe anaul de Derechos Humanos, preparado por la vicepresidencia, publicado en www.presidencia.gov.co/sne/2005/febrero/01/INFORME
[3] El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de las Naciones Unidas, tiene en cuentra tres categorias juridicas par determinar si en una situación se presenta una detención arbitraria: a) cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que la justifique, b) cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertadades proclamadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y por el Pacto de Derchos Civiles y Politicos; c ) cuando la inobservanacia , total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de los DDHH y en los instrumentos internacionales pertinentes, es de gravedad tal que confiere a la privación un carácter arbitrario.
[4] Al respecto sentencia No. 50 , causa No.
0226-3 del Juzgado 28 penal del circuito
de Bogotá, Sentencia absolutoria de Hernando Hernandez Pardo, por el
delito de rebelión
[5] Al respecto la OIT ha recomendado que sea una autoridad independiente quien decrete la ilegalidad de la Huelga, para respetar el principio de imparcialidad.
[6]
Listado de investigaciones en etapa de Juicio- Victimas sindicalistas.
Datos del ministerio de protección Social
suministrados por el observatorio de derechos humanos de la Vicepresidencia de la Republica.
[7] Resumen
ejecutivo del informe anual de derechos Humanos 2005, preparado por la
vicepresidencia de la republica. Publicado el 1 de febrero de 2005 en .
www.goc.co/sne/2005/febrero
[8] Los sindicalistas fueron ejecutados
por tropas del grupo mecanizado Reveiz
Pizarro, según lo establecido por la unidad nacional de Derechos Humanos
de la Fiscalia General de la Nación.
[9] “El
momento histórico que atraviesa nuestra organización , en lo que tiene que
ver con las negociaciones conducentes a
lograr la desmovilización de algunos
bloques es un gran paso político que se sustenta en la buena voluntad y bondad de nuestro presidente, Dr. Álvaro Uribe, que permitirá
que muchos de nuestros combatientes,
puedan aportar a lograr la paz en los
sitios en los que el Estado
[10] Esta información es suministrada por la Federación en el marco de la campaña “ SOS NACIONAL E INTERNACIONAL POR LA LIBERTAD Y SOLIDARIDAD CON LOS DETENIDOS DE FENSUAGRO-CUT” es importante aclarar que algunos casos no aparecen registrados en la base de datos de la Escuela Nacional Sindical por lo inespecifico o fragmentario en la información sobre algunos hechos violentos.
·
[11] En mayo del 2002 fueron retenidos 128 trabajadores de Telecom en la
ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, durante el desarrollo de un
conflicto laboral y aproximadamente 30 sindicalistas mas fueron victimas de
amenazas y debieron exiliarse como consecuencia de ellas. Estas cifras no se
incluyen en este cuadro porque no hacen parte de las variables consideradas en
nuestro sistema de información. Fuente:
Banco de datos de derechos humanos de la ENS.