Estado colombiano demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, presentaron el pasado 26 de enero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, demanda contra el Estado colombiano por su responsabilidad en la detención, tortura, desaparición y asesinato de aproximadamente 49 personas, ocurridas entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta.
Como se recordara, el 15 de julio de 1997, luego de una macabra planificación realizada entre miembros del Ejército Nacional y paramilitares de Córdoba, Urabá, Meta y Guaviare, más de 200 hombres rodearon el municipio de Mapiripán. Durante cinco días la población fue secuestrada e incomunicada. Varios de sus habitantes fueron detenidos y desaparecidos luego de ser torturados. Algunos de ellos les fueron desmembrados sus cuerpos para posteriormente ser arrojados al río Guaviare. Todo esto con la aquiescencia de las Fuerzas Militares y de Policía en el área, quienes no hicieron nada para salvar la vida de los habitantes del mencionado municipio.
Pese a la gravedad y la magnitud de los hechos, el Estado colombiano no sólo no garantizó la vida, la libertad, ni la integridad personal de los habitantes de Mapiripán, sino que además no ha respetado los derechos a la justicia y al debido proceso de sus deudos y familiares, e incluso ha intentado que dicha investigación se adelante bajo los postulados de la Justicia Penal Militar. Además sus funcionarios aparecen como responsables tanto por omisión, como por acción y colaboración en el accionar de grupos paramilitares, en estos hechos entre quienes se cuentan miembros activos de la Fuerza Pública, tales como el brigadier general Humberto Uscátegui Ramírez, el teniente coronel Hernán Orozco Castro, el sargento segundo José Millar Ureña Díaz, el sargento segundo Juan Carlos Gamarra Polo, el cabo Lino Sánchez Prado y el cabo Leonardo Montoya.
Así mismo, uno de los pocos autores condenados por los hechos, Carlos Castaño Gil, sigue en libertad y el jefe del grupo paramilitar de San José del Guaviare, Luis Hernando Méndez Bedoya, partícipe directo del crimen, se encuentra huyendo de la justicia, luego de haberse "fugado" de la cárcel de Villavicencio donde se encontraba detenido.
La demanda plantea que Colombia no ha realizado las gestiones necesarias para investigar los sucesos, determinar el número y la identidad de las víctimas (en el proceso sólo se han identificado ocho), ni para ejecutar las órdenes de captura emitidas en el proceso. Más aún, esa misma demanda sostiene que el gobierno colombiano adelanta un proceso de desmovilización de los paramilitares sin tener en cuenta el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación integral.

29 de enero de 2004