Alfredo Molano Bravo EL ESPECTADOR MARZO 20-2.005

Las declaraciones del gobierno a raíz de la masacre de San José de Apartadó no dejan duda: las Comunidades de Paz –hay una docena en el país– serán liquidadas a la fuerza, porque –agregan los gobernantes– no hay lugar en el territorio donde no pueda estar el Ejercito Nacional. La frase es vieja, la utilizó el general Bedoya para entrar al Guayabero por aire, agua y tierra, y…volver a salir un año después con la cola entre las piernas. La utilizó también Álvaro Gómez Hurtado con el argumento de las Repúblicas Independientes, que en realidad eran comunidades campesinas compuestas de refugiados internos. Es paradójico que un Estado tan servil y arrodillado como el nuestro –y en particular el que preside hoy Uribe– apele al concepto de soberanía cuando aquí E.U. hace lo que quiere y cuando quiere.

La recuperación de la soberanía territorial tiene nombre propio. Es una estrategia dirigida contra las comunidades que se oponen a la guerra, o donde el capital no puede entrar a hacer y deshacer, como los resguardos, las comunidades negras ancestrales o las reservas campesinas. O dicho de otra manera, el Ejército va donde quiere, no hay duda, pero lo guían las inversiones privadas. Quizás en el caso de San José haya otro elemento. Es una de las pocas comunidades en la región que no se ha rendido a los paramilitares y que ha prohibido en su territorio las armas y se niega a convertirse en escudo de las fuerzas armadas, cualquiera sea su naturaleza. Los paramilitares son la punta de lanza del Ejército y el Ejército la punta de lanza del capital. Sanear una zona equivale a sembrar el terror, para que la gente desaloje y el capital puro o impuro entre a apropiarse de tierras, ganados, mejoras.

La cuestión va más allá. Detrás del desalojo hay un plan previsto: el cultivo a gran escala de palma africana. Las comunidades que después de San José están en la mira son las de los ríos Cacarica, Salaqui, Jiguamiandó y Cubaradó. En estas regiones hay un gran proyecto para sustituir los bosques naturales por plantaciones de palma, llamadas con razón desiertos verdes. El daño ambiental cultural y social es incalculable, pero las ganancias de las empresas palmeras serán enormes: los suelos, el clima son inmejorables y la gente, aterrorizada por la acción de paramilitares, militares y guerrillas, acepta cualquier salario. Y estas dos consideraciones son básicas para el futuro de la industria palmera en Colombia. Tiene que competir con Malasia, Indonesia, Nueva Guinea, Tailandia, Nigeria, donde en general los salarios son más bajos que en Colombia. Más aún, el precio del aceite de palma tiende a bajar en el mercado mundial. En 1950 la tonelada se pagaba a 1.800 dólares, hoy apenas a 300. Así, las ganancias dependen cada vez del bajo precio de la mano de obra. Los palmeros tienen proyectada la siembra de 200.000 hectáreas solamente en el Chocó, lo que implica inversiones gigantescas en el derribe del bosque, la siembra, las vías, las plantas extractoras y refinadoras. Muchos de estos gastos, es cierto, lo pagan las empresas con la comercialización de las maderas y otras muchas inversiones son cubiertas por el Estado. El proyecto prepara un marco legal llamado Ley Forestal, que es en realidad una ley que les da todas las garantías a los inversores privados para entrar a saco contra bosques, comunidades negras, indígenas y campesinas.

El gran proyecto necesita liquidar los obstáculos que se interpongan al libre juego del interés privado. Los paramilitares hacen su trabajo y los militares el propio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado el combo: “Desde el año 2001 la empresa Urapalma S.A. ha promovido la siembra de la palma aceitera en aproximadamente 1.500 has. de la zona del territorio colectivo de estas comunidades con ayuda de la protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejercito y de civiles armados en sus factorías y bancos de semillas”. Resolución CIDH, 6 marzo de 2003.

Punto aparte. Mas allá de la distinción entre narcos puros y narcos enrazados –propia de los ganaderos– que autoriza definir el narcotráfico como delito conexo con la “sedición” de los paracos, contra la cual se han levantado muchas voces, el Defensor del Pueblo ha hecho en el último debate observaciones juiciosas a los proyectos de alternatividad penal. Entre otras cosas –dijo en el Congreso–, que es indispensable definir a las víctimas de manera amplia y de acuerdo con los parámetros internacionales para que la reparación pueda ser efectiva y real. Tal como está redactado el proyecto del Gobierno, únicamente reconoce víctimas en primer grado de consanguinidad –normalmente asesinados– y deja por fuera al resto de la familia que no sólo tiene derecho a la reparación sino que es el depósito testimonial por excelencia para establecer la verdad. También insistió el Defensor en la necesidad de que las víctimas y sus familiares tengan representación como parte civil para que la justicia sea cumplida. La reparación debe hacerse antes de que a los victimarios se les haya impuesto la pena alternativa, y no después como busca el Gobierno. Si no hay reparación no habrá reconciliación; tampoco la habrá mientras no haya confesión de los victimarios.