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Amnistía
Internacional
Colombia
Un laboratorio
de guerra: Represión y violencia en Arauca
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Resumen
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Índice AI: AMR
23/004/2004
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http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230042004
A causa de su importancia estratégica en materia económica, militar y
geográfica, el control sobre el departamento de Arauca ha sido un factor
fundamental para todos los agentes armados de Colombia –las fuerzas de
seguridad, los paramilitares respaldados por el ejército y los grupos
armados de oposición–, todos los cuales mantienen una fuerte presencia en
el departamento. Arauca ha atraído también la atención de Estados Unidos,
que ayuda a financiar la protección militar del oleoducto de Caño Limón, un
conducto que atraviesa el departamento y es en parte propiedad de la
empresa petrolera estadounidense Occidental Petroleum.
A lo largo del último año, el gobierno del Presidente Álvaro Uribe ha
utilizado el departamento de Arauca, rico en petróleo y que hace frontera
con Venezuela, como campo de pruebas para muchas de sus políticas clave de
seguridad, especialmente las relativas a las zonas especiales de seguridad,
conocidas como Zonas de Rehabilitación y Consolidación, establecidas por el
gobierno en 2002.
Aunque la Zona de Rehabilitación y Consolidación del departamento de Arauca
ya no está legalmente en funcionamiento, las fuerzas de seguridad han
seguido atacando a la población civil, especialmente a los defensores de
los derechos humanos, a los activistas sociales y a los dirigentes
campesinos, sectores a los que el ejército acusa con frecuencia de
actividades relacionadas con la guerrilla. Mientras tanto, durante los
últimos años los grupos paramilitares han reforzado su control sobre Arauca
en un intento de defender los intereses de poderosos agentes económicos
nacionales e internacionales y de actuar junto con las fuerzas de seguridad
para conseguir este objetivo. La oposición armada ha respondido a las
medidas de seguridad recientemente introducidas por el gobierno y a la
presencia reforzada de los paramilitares intensificando sus intimidaciones
y amenazas contra sectores de la población civil, especialmente contra las
autoridades y funcionarios locales.
Las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno no han servido para
restaurar el orden en Arauca, sino sólo para arrastrar aún más a los
civiles al conflicto y para garantizar la impunidad de quienes violan los
derechos humanos e infringen el derecho internacional humanitario. La Zona
de Rehabilitación y Consolidación de Arauca no redujo la violencia y la
inseguridad en los municipios que abarcaba: Arauca, Saravena y Arauquita.
De hecho, en algunos municipios las violaciones del derecho a la vida
aumentaron, al igual que las actividades de la guerrilla contra las fuerzas
de seguridad, lo que dio lugar invariablemente a un aumento de las bajas
civiles. Durante el tiempo en que la Zona de Rehabilitación y Consolidación
estuvo en funcionamiento también hubo un fuerte incremento del número de
detenciones arbitrarias y en masa, que afectó principalmente a los
defensores de los derechos humanos, los dirigentes campesinos y los
sindicalistas, muchos de los cuales habían sacado anteriormente a la luz
violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de
seguridad. Los ataques contra estos grupos, a través de las detenciones
arbitrarias y en masa, continúan imparables a pesar de que la Zona de
Rehabilitación y Consolidación ya no está en funcionamiento.
Existe información fidedigna que indica que las fuerzas armadas del
departamento están directamente implicadas en homicidios, torturas y
"desapariciones". El ejército sigue además siendo instigado y
secundado por los grupos paramilitares, que han reforzado su presencia en
Arauca durante los últimos años. Uno de sus principales objetivos ha sido
"limpiar" el departamento de toda presunta amenaza contra el
oleoducto y otros intereses económicos tanto generales como relacionados
con el petróleo. Esto ha dado lugar a una campaña sistemática de amenazas y
homicidios contra defensores de los derechos humanos, activistas en favor
de la paz, periodistas y sindicalistas, así como contra civiles a quienes
los paramilitares acusan de ser miembros o simpatizantes de la guerrilla.
Los paramilitares también han tratado de mantener a la población civil bajo
control creando un clima de temor mediante matanzas,
"desapariciones" y tortura.
La comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos de América –el
principal donante de ayuda militar a Colombia–, y las empresas extranjeras
que actúan en el departamento tienen el deber de garantizar que sus fondos
y sus actividades no contribuyen a que se cometan violaciones de derechos
humanos en Arauca. Sin embargo, unidades del ejército implicadas en
violaciones de derechos humanos siguen recibiendo ayuda económica y
logística de gobiernos de segundos países y de empresas extranjeras.
Este texto resume el documento titulado Colombia – Un laboratorio de
guerra: Represión y violencia en Arauca (Índice AI: AMR 23/004/2004),
publicado por Amnistía Internacional el 20 de abril de 2004. Si desean más
información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento
principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales sobre éste y
otros temas en http://www.amnesty.org,
y nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo electrónico: http://web.amnesty.org/ai.nsf/news.
Para los documentos traducidos al español consulten: http://web.amnesty.org/library/eslindex.
SECRETARIADO
INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO
TRADUCCIÓN DE
EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA
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[No publicar antes
de: 20 abril de 2004]
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Público
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Amnistía
Internacional
Colombia
Un laboratorio de guerra: Represión y
violencia en Arauca
© Reuters
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN 1
2. LA POLÍTICA INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO 6
Ayuda militar: proteger los intereses
estadounidenses en la región 8
La lucha por el dominio: guerrillas y
paramilitares 10
3. LA RESPUESTA OFICIAL: ESTADO DE
EMERGENCIA 11
La zona de rehabilitación y consolidación de
Arauca 11
Un soldado en cada esquina: la
militarización de Arauca 12
El coste en derechos humanos: la
intensificación del conflicto armado 12
4. ARRASTRAR A LOS CIVILES AL CONFLICTO 14
El ejército de soldados campesinos 14
La red de un millón de informantes civiles 16
Soldado por un día 18
5. ESTRATEGIA PARA ESTIGMATIZAR A LA
SOCIEDAD CIVIL 19
Defensores de los derechos humanos,
activistas sociales y dirigentes campesinos 19
Fortalecimiento de la autonomía del ejército
en Arauca 23
Estrategia nacional para consolidar la
impunidad 25
6. LA CONSTANTE CONNIVENCIA CON EL
PARAMILITARISMO 27
La consolidación del paramilitarismo en
Arauca 28
Ataques a la población civil 32
Continúan los homicidios pese al alto el fuego 32
7. LA GUERRILLA: VIOLACIONES DEL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO 33
Autoridades locales en el punto de mira 33
Bombas y morteros: las víctimas civiles 35
Extorsión y secuestro como fuente de
ingresos 35
8. PERSEGUIDOS POR LOS DOS BANDOS DEL CONFLICTO 36
Periodistas: un golpe a la libertad de
expresión 36
Maestros: minando el derecho a enseñar 37
Mujeres: atacadas como táctica de terror 37
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 39
Colombia
Un laboratorio de
guerra:
Represión y
violencia en Arauca
1. INTRODUCCIÓN
En noviembre de 2002, los vecinos de Saravena, en el departamento de
Arauca, se disponían a celebrar su fiesta tradicional. Para que pudieran
disfrutar de su festividad, el ejército accedió a levantar algunas de las
restricciones de circulación impuestas a los habitantes de Saravena y otros
municipios de Arauca por el gobierno del Presidente Uribe en septiembre de
2002. Sin embargo, la tarde del 12 de noviembre, unos 700 soldados rodearon
la localidad para que el ejército, la policía y miembros de la Fiscalía
General(1) y la Procuraduría General(2) registraran casas, lugares de
trabajo y comercios. Al concluir la noche se había detenido a punta de arma
a más de 2.000 personas y se las había conducido al estadio de Saravena,
donde las fotografiaron, las grabaron en vídeo, las interrogaron,
comprobaron sus antecedentes y les marcaron los brazos con tinta indeleble.
Esta detención en masa de civiles, conocida como Operación Heroica y
teóricamente destinada a detener a presuntos miembros de la guerrilla, ha
sido la operación más grande de este tipo llevada a cabo por las fuerzas de
seguridad colombianas en los últimos años. Entre los 2.000 aprehendidos
aquella noche se encontraban la mayoría de los miembros de la comunidad de
derechos humanos de Saravena, así como conocidos sindicalistas y otros
dirigentes sociales. Sin embargo, sólo 85 fueron detenidos oficialmente. De
ellos, 35 fueron puestos en libertad más tarde por falta de pruebas. De los
50 restantes, unos 40 eran sindicalistas. En el momento de redactar este
informe, se creía que apenas 30 de los 2.000 aprehendidos aquella noche
seguían sometidos a investigación.
La realidad de la guerra en Colombia es terriblemente cruda, pero el
departamento de Arauca se ha visto especialmente afectado por el conflicto
armado, que ha asolado el país durante cuatro décadas. Además, en lo que se
ha convertido en una trágica norma en los conflictos modernos de todo el
mundo, es la población civil la que soporta invariablemente la carga de la
represión y la violencia que le infligen las partes del conflicto: las
fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares, por un lado, y los grupos
armados de oposición, por el otro. Así sucede en el departamento
nororiental de Arauca, rico en petróleo, donde los intereses económicos,
especialmente los asociados al control de los importantes recursos
petrolíferos del departamento, y los intentos de la guerrilla de sabotear
estos recursos y obtener fondos mediante extorsiones a la industria
petrolera han avivado el conflicto durante más de 20 años. La cifra de
civiles muertos en el departamento es escalofriante. Aunque las cifras
varían según las fuentes consultadas, se calcula que, únicamente en el
municipio de Tame, que cuenta con una población de tan sólo unos 55.000
habitantes,(3) al menos 175 personas fueron asesinadas en 2003, frente a
las 144 de 2002 y las 86 de 2001.
En lugar de proteger a los civiles frente a las hostilidades, las medidas
recientemente adoptadas por el gobierno como parte de su estrategia de "seguridad
democrática" han agravado la crisis de derechos humanos de Arauca.(4)
La creación de una red de informantes civiles, algunos de ellos pagados, y
de un ejército de "soldados campesinos" obligados a colaborar con
las fuerzas de seguridad ha puesto a los civiles en peligro de ser atacados
por la guerrilla, mientras que la aprobación por el Congreso de una ley que
otorga poderes de policía judicial a las fuerzas armadas probablemente
facilitará la práctica ya existente de iniciar investigaciones judiciales,
muchas veces infundadas, contra defensores de los derechos humanos y otros
civiles. Estas tácticas tienen como finalidad empañar la imagen de los
defensores y los activistas sociales al acusarlos de actividad guerrillera,
y los expone a un mayor peligro de ser víctimas de ataques violentos de los
paramilitares, independientemente de que las investigaciones descubran o no
indicios de actividades delictivas. Si el ejército actúa de
"policía" con sus propios miembros, lo más probable es que muy
pocos de ellos sean investigados por violaciones de derechos humanos, si es
que se investiga a alguno.
El uso de la legislación de emergencia por parte del gobierno también ha
sido motivo de preocupación. Colombia ha pasado la mayor parte de los
últimos 50 años bajo diversos estados de emergencia, en los que se han
dejado de lado las garantías constitucionales, los gobiernos han gobernado
por decreto y al ejército se le han concedido amplios poderes para
encargarse de cuestiones de orden público. Esto ha dado lugar a violaciones
flagrantes y generalizadas de derechos humanos. El Presidente Uribe declaró
el Estado de Conmoción Interior el 11 de agosto de 2002, tan sólo tres
días después de ocupar su cargo, y el 9 de septiembre de 2002 emitió el
decreto 2002, que le permitiría establecer el 21 de septiembre dos zonas de
seguridad, las llamadas Zonas de Rehabilitación y Consolidación, una de las
cuales abarcaba tres municipios de Arauca: Arauca, Saravena y Arauquita. El
29 de abril de 2003, la Corte Constitucional se pronunció contra la
renovación del estado de emergencia y todos los decretos relacionados con
él, incluido el decreto 2002. Sin embargo, en la práctica, el ejército
sigue utilizando muchas de las medidas anuladas por la Corte. Aunque las
Zonas de Rehabilitación y Consolidación se establecieron para reducir la
violencia, al final se caracterizaron por un aumento de la inseguridad y de
las violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho
internacional humanitario.(5)
Durante el gobierno del Presidente Uribe, los activistas sociales y de
derechos humanos siguen siendo víctimas de homicidio,
"desaparición", detenciones arbitrarias, amenazas y acoso.
Además, pese a haber expresado interés en mantener un diálogo con las ONG,
en la práctica el gobierno, las fuerzas de seguridad y otras autoridades
han tratado a menudo y de forma cada vez más frecuente a los defensores de
los derechos humanos y a los activistas sociales como subversivos,
calificándolos así en declaraciones públicas y haciéndolos blanco de ataques
durante operaciones de inteligencia y de contrainsurgencia. Esta forma de
actuar ha expuesto a muchos de ellos, también en Arauca, a amenazas y
ataques de paramilitares respaldados por el ejército. El 8 de septiembre de
2003, el Presidente Álvaro Uribe atacó a las organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos describiendo a algunas de ellas (sin
especificar cuáles) como "politiqueros que finalmente le sirven al
terrorismo y que se escudan cobardemente en la bandera de los derechos humanos".(6)
El departamento nororiental de Arauca está situado cerca de la cordillera
oriental de los Andes. Tiene unos 265.000 habitantes(7) y abarca 23.000
kilómetros cuadrados. Se compone de siete municipios: Arauca, Arauquita, y
Saravena, en el norte del departamento, y Cravo Norte, Fortul, Puerto
Rondón y Tame, en el sur. Este departamento, que hace frontera con
Venezuela, consta de tres subregiones geográficas: la cordillera de los
Andes, el piedemonte y la sabana. Sus recursos petrolíferos están situados
sobre todo en el límite entre el piedemonte y la sabana.
Arauca cuenta con una reducida población indígena que se compone, entre
otros, de U'was y guahibos. La región fue colonizada por primera vez por
inmigrantes en la década de 1950, cuando llegaron hasta allí familias que
buscaban refugio frente a "La Violencia" de otras zonas de
Colombia.(8) La segunda oleada colonizadora significativa se produjo tras
el descubrimiento de petróleo a principios de la década de 1980, cuando más
familias se trasladaron al departamento en busca de trabajo y de mejores
condiciones de vida.
Aunque la mayoría de los cultivos de coca se concentran en el sur del país,
Arauca ha presenciado recientemente un aumento de las plantaciones
ilegales. Según la Defensoría del Pueblo, y citando fuentes militares, el
cultivo de coca aumentó de 978 a 12.000 hectáreas en el periodo 2000-2001,
aunque, según la policía, el aumento ha sido mucho más modesto, de las 978
hectáreas del año 2000 a 2.749 en el 2001.(9)
Décadas de
homicidios: los grupos armados de oposición y los paramilitares
Los grupos de guerrilla surgieron en la década de 1950, durante "La
Violencia". En ese periodo, grupos armados vinculados a los partidos
Liberal y Comunista se vieron obligados a replegarse a zonas remotas e
inaccesibles del país. Esos grupos armados formaron el núcleo del principal
movimiento de oposición armada durante los últimos 50 años, que en 1966 se
consolidó como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
surgidas de grupos campesinos creados para defender las comunidades
favorables al Partido Liberal. Las FARC son el grupo de guerrilla más
grande del país, con unos 20.000 combatientes. El otro grupo importante que
todavía existe es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con unos 4.000
combatientes.
Gracias al frágil control estatal, las guerrillas establecieron amplios
bastiones en muchas zonas del país, en las que, en la práctica,
determinaban la política de gobierno local y ejercían un notable control
sobre la población. Estas organizaciones guerrilleras atacaban con
frecuencia las fincas rurales de los terratenientes adinerados: la
extorsión y los secuestros se convirtieron en prácticas habituales en las
zonas rurales. Desde la década de 1990, las FARC han tratado de aumentar
significativamente los ataques en zonas urbanas, cuya población civil ha
sufrido cada vez más el peso de esos ataques.
Los paramilitares respaldados por el ejército –que cuentan con entre 10.000
y 20.000 miembros, dependiendo de la fuente citada– tienen su origen en los
grupos civiles de "autodefensa" legalmente constituidos que el
ejército creó para que le sirvieran de auxiliares durante las operaciones
de contrainsurgencia. Aunque su base legal se eliminó en 1989, apenas se
han hecho esfuerzos por disolverlos. Amnistía Internacional ha documentado
ampliamente su colaboración con las fuerzas de seguridad. También las
Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han
documentado en sus informes fuertes vínculos entre los paramilitares y las
fuerzas de seguridad, y las investigaciones judiciales y disciplinarias
siguen implicando a oficiales de alta graduación en violaciones de derechos
humanos cometidas por unidades paramilitares. Durante las últimas décadas
se ha hecho a los paramilitares responsables de la mayoría de los
homicidios y "desapariciones" de civiles perpetrados.
Las fuerzas armadas, a medida que se han ido enfrentando a una creciente
condena internacional por las violaciones de derechos humanos cometidas,
han ido recurriendo cada vez con más frecuencia al uso de auxiliares
paramilitares para poner en marcha las tácticas de "guerra sucia"
empleadas por el ejército en su estrategia de contrainsurgencia. En los
últimos años, la atención nacional e internacional se ha centrado cada vez
más en la necesidad de desmantelar los mecanismos de impunidad que han
garantizado que, salvo en casos excepcionales, los miembros de las fuerzas
armadas puedan eludir las investigaciones o los castigos pertinentes. Para
evitar estas presiones, los responsables de diseñar y poner en práctica la
"guerra sucia" han delegado muchas tareas en las fuerzas
paramilitares, y ello les ha permitido continuar con su estrategia sin
temor a ser procesados.
Las políticas del actual gobierno están dando marcha atrás a los limitados
intentos de los gobiernos anteriores de desmantelar los mecanismos de
impunidad, garantizando que los miembros de las fuerzas de seguridad y sus
aliados paramilitares pueden seguir perpetrando violaciones de derechos
humanos sin apenas posibilidad de ser procesados. La introducción de estas
políticas coincidió con la declaración de una "tregua", el 1 de
diciembre de 2002, por parte de la principal agrupación paramilitar del
país, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
A causa de su importancia estratégica en materia económica, militar y
geográfica (principalmente debido a su riqueza petrolífera y al hecho de
que hace frontera con Venezuela), todos los agentes armados han considerado
que el control sobre Arauca es esencial y, a consecuencia de ello, la zona
se ha visto fuertemente militarizada. En particular, durante los últimos 18
meses el gobierno ha utilizado el departamento como campo de pruebas para
muchas de sus políticas clave de seguridad, especialmente en lo que se
refiere a las Zonas de Rehabilitación y Consolidación. El hecho de que
estas zonas ya no estén legalmente en funcionamiento apenas ha aliviado los
ataques constantes e indiscriminados de las fuerzas de seguridad contra la
población civil, especialmente contra los defensores de los derechos
humanos y los activistas sociales. Mientras tanto, en los últimos años, los
grupos paramilitares han reforzado su control sobre el departamento de
Arauca en un aparente intento de defender los intereses de poderosos
agentes económicos nacionales e internacionales; para ello, han actuado en
colaboración con las fuerzas de seguridad colombianas. Los grupos de
guerrilla, especialmente las FARC, han respondido a las medidas de
seguridad del gobierno y a la presencia cada vez mayor de los grupos paramilitares
en Arauca aumentando su actividad para intimidar y atacar a sectores de la
población civil, especialmente a los funcionarios del Estado locales.
No puede pasarse por alto la dimensión internacional del conflicto de
Arauca. A causa de los intereses de empresas petroleras estadounidenses y,
en menor medida, de otras empresas petroleras extranjeras en el
departamento, el gobierno de Estados Unidos ha prestado especial atención a
la región y ha destinado a ella importantes recursos militares, incluidos
"asesores militares". El gobierno de Estados Unidos ayuda a
financiar la brigada del ejército de Colombia que actúa en el departamento
de Arauca, la XVIII Brigada. Según los informes, la empresa petrolera
estadounidense Occidental Petroleum también ha ayudado a financiar la
brigada, aunque no ha confirmado si sigue haciéndolo(10). Esta brigada ha
sido acusada de cometer violaciones de derechos humanos y de colaborar con
las fuerzas paramilitares, y eso ha arrastrado invariablemente al gobierno
estadounidense a una serie de controversias en materia de derechos humanos,
como los homicidios de Santo Domingo de 1998, en la que 17 civiles, entre
ellos 6 niños, murieron cuando un helicóptero financiado por Estados Unidos
y pilotado por la
fuerza aérea colombiana bombardeó el pueblo de Santo Domingo utilizando
munición estadounidense.
Los homicidios de
Santo Domingo
Existen datos creíbles que indican que, en 1998, miembros de la Fuerza
Aérea Colombiana que pilotaban un helicóptero de combate financiado por
Estados Unidos cometieron una grave violación del derecho internacional
humanitario en el pueblo de Santo Domingo, municipio de Tame, al arrojar
una bomba de racimo que mató a varios civiles. El helicóptero estaba
asignado al Comando Aéreo de Combate núm. 1, que durante casi una década
había recibido ayuda estadounidense en materia de seguridad. Según los
informes, el ejército reaccionó a los indicios de abuso engañando a los
investigadores civiles. El comandante de la Fuerza Aérea, el general Héctor
Velasco, criticó a los grupos de derechos humanos que pedían justicia en el
caso de Santo Domingo, equiparándolos públicamente con guerrilleros y
narcotraficantes.
El suceso tuvo lugar el 13 de diciembre de 1998, después de más de un día
de combates en torno al pueblo entre el ejército y el Frente 10 de las
FARC. Hacia las diez menos cuarto de la mañana, una explosión en Santo
Domingo mató a seis niños. También mató a 11 adultos. Veintiocho testigos
presenciales afirmaron que la explosión había sido causada por un cohete
disparado por un helicóptero militar colombiano. Los testigos también
declararon que el ejército había arrojado al menos otros dos explosivos
contra Santo Domingo.
Aunque la fuerza aérea archivó su investigación preliminar, la Unidad de
Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación reunió pruebas
periciales que fueron examinadas por expertos colombianos y por la Oficina
Federal de Investigación (FBI) estadounidense. Todos ellos estuvieron de
acuerdo en que entre las muestras había restos de un cohete de fabricación
estadounidense. A consecuencia de ello, la Unidad recomendó que la Fuerza
Aérea Colombiana reabriera su investigación. Sin embargo, la fuerza aérea
declaró nulo ese resultado. El caso fue transferido finalmente al sistema
de justicia civil a principios de 2003, después de que, en octubre de 2002,
la Corte Constitucional resolvió que los homicidios constituían una
violación de derechos humanos y una infracción del derecho internacional
humanitario. En enero de 2003, Estados Unidos retiró la certificación(11) a
la base aérea de Palanquero, donde está estacionado el Comando Aéreo de
Combate núm. 1, por la falta de "transparencia" en la
investigación sobre los homicidios. El 25 de agosto el general Velasco
dimitió como jefe de la Fuerza Aérea. Los tribunales no han condenado
todavía a nadie por los homicidios.
Según los documentos presentados en la causa de Luis Alberto Galvis Mujica
contra Occidental Petroleum y Airscan en virtud de la Ley sobre Delitos
Cometidos contra Extranjeros,(12)(Alien Tort Claims Act), la Fuerza Aérea
recibió las coordinadas para el bombardeo de Airscan Inc, empresa
estadounidense que, hasta hace poco tiempo, estuvo trabajando como
contratista en materia de seguridad para Occidental Petroleum.(13) Según
las pruebas presentadas por el demandante, el bombardeo fue planeado por la
Fuerza Aérea y Occidental Petroleum en el complejo de la empresa en Caño
Limón, y Occidental Petroleum y Airscan brindaron apoyo y asesoramiento
para el ataque.
Según la demanda, Airscan proporcionó servicios de vigilancia aérea para
esta misión durante el bombardeo, y ayudó a que la Fuerza Aérea Colombiana
identificara el blanco del bombardeo y a que las tropas del ejército
desembarcaran durante la misión. Al parecer, la empresa lo hizo mediante
tres empleados que, en el momento del ataque, volaban en un avión Skymaster
suministrado por Occidental Petroleum. A los tres pilotos de Airscan los
acompañaba, al parecer, un militar colombiano que, en aquel entonces,
actuaba como oficial de enlace de la Fuerza Aérea Colombiana con Occidental
Petroleum. El 25 de enero de 2002, Angel Trífilo Chaparro, testigo de los
homicidios, fue asesinado en Tame, según los informes por paramilitares.
La información incluida en este informe fue reunida por los delegados de
Amnistía Internacional que visitaron Arauca en septiembre de 2002 y marzo
de 2003. Durante su visita, los delegados se entrevistaron con sectores
representativos de la comunidad civil, política y militar de Arauca, así
como con representantes de la Iglesia Católica. Los nombres de algunos
testigos se han ocultado, para su protección. Amnistía Internacional pidió
a Occidental Petroleum que respondiera a algunas de las denuncias indicadas
en este informe, pero la empresa no respondió a las preguntas concretas que
se le plantearon.
2. LA POLÍTICA
INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO
La empresa petrolera estadounidense Occidental Petroleum descubrió el
yacimiento petrolífero de Caño Limón en 1983, y empezó a extraer petróleo
en 1985.(14) El petróleo se transporta hasta la costa del Caribe por el
oleoducto Caño Limón-Coveñas, de 773 kilómetros de longitud, que ha sido
atacado con explosivos en repetidas ocasiones por los grupos de guerrilla
en Arauca (donde cruza los municipios septentrionales de Arauca, Arauquita
y Saravena).(15) Las repercusiones de este yacimiento en Colombia han sido
fundamentales: ha transformado el país, convirtiéndolo de importador a
exportador neto de petróleo crudo. De él se han extraído 910 millones de
barriles, de la reserva de 1.300 millones de barriles que se le calcula.
Está empezando a agotarse pero, según Occidental Petroleum, aún sigue
aportando casi el 30 por ciento de la producción total de petróleo de
Colombia. A menos que se descubran o se exploten nuevas reservas, Colombia
volverá a convertirse en explotador neto de petróleo a lo largo de este
año.(16)
Occidental Petroleum actúa mediante un "contrato de asociación"
con la empresa petrolera estatal Ecopetrol, que posee el 50 por ciento del
oleoducto. El otro 50 por ciento es propiedad de Occidental Petroleum y de
la empresa española Repsol-YPF, que tiene una pequeña participación en el
negocio. Repsol- YPF también tiene importantes intereses en el
departamento, como el yacimiento petrolífero de Capachos I, en el municipio
de Tame.
Occidental Petroleum es el segundo productor de petróleo de Colombia.
También es importante destacar que, con la inseguridad de los mercados de
petróleo de Oriente Medio y Próximo y las amenazas previstas a la
exportación de petróleo de Venezuela a Estados Unidos, el gobierno
estadounidense está ansioso por estabilizar el sector petrolero colombiano.
Los cambios de los contratos de asociación, que aumentan el margen de
beneficios de las empresas que participen, también han despertado el
interés por la explotación de los recursos petrolíferos de Colombia.
Por lo tanto, el control de los recursos petroleros de Arauca no sólo es
fundamental para la economía colombiana, sino que también es importante
para los intereses estadounidenses. Por ello, el gobierno de Estados Unidos
ha dedicado recursos considerables a proteger el oleoducto. Desde 2002 ha
entregado a Colombia más de 1.900 millones de dólares en concepto de ayuda,
incluidos fondos para actividades de contrainsurgencia y antinarcóticos, lo
que ha convertido a Colombia en el tercer receptor de ayuda militar
estadounidense del mundo, detrás de Israel y Egipto. En la cifra total se
incluyen 99 millones de dólares aprobados en 2003 para financiar la
protección del oleoducto, principalmente mediante la compra de
helicópteros, servicios de formación e inteligencia y material para la
XVIII Brigada, así como la creación de una nueva Brigada Móvil núm. 5
(inicialmente asignada a la protección del oleoducto) y unidades
adicionales fluviales y de policía, todas ellas equipadas con material
pagado con fondos estadounidenses.(17) En enero de 2003, 60 miembros de las
Fuerzas Especiales estadounidenses llegaron a Arauca, uniéndose a los 10
que ya estaban allí, para formar a unidades de la XVIII Brigada. Occidental
Petroleum también ha proporcionado a la Brigada, según los informes,
recursos económicos y apoyo logístico, incluidos helicópteros de
transporte, para ayudar a proteger el oleoducto.(18)
La industria petrolera ha proporcionado a las fuerzas de seguridad más de una
década de ingresos sustanciales. El "impuesto de guerra"
establecido por el gobierno colombiano en 1992 obligaba a las empresas
petroleras a pagar aproximadamente un dólar por barril.(19) Según un
artículo publicado en 2002 en Los Angeles Times, Occidental
Petroleum pagaba 750.000 dólares a las fuerzas de seguridad colombianas en
concepto de apoyo logístico.(20) El 12 de septiembre de 1996, la Asociación
Cravo Norte –que actúa en el yacimiento de Caño Limón y es propiedad de
Ecopetrol y Occidental Petroleum– había firmado un "acuerdo de
colaboración" mediante el cual se comprometía a proporcionar ayuda
económica a las unidades de la XVIII Brigada que actuaran en las cercanías
del yacimiento.(21) El acuerdo de colaboración incluía unos dos millones de
dólares en forma de un desembolso anual a las fuerzas de seguridad
colombianas.(22)
Muchas de las violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho
internacional humanitario perpetradas por los dos bandos del conflicto
tienen lugar en comunidades y zonas cercanas al oleoducto de Caño Limón:
· el 22 de diciembre de 2002, las FARC, según parece, volaron un autobús
que llevaba a trabajadores de Occidental en la carretera que va de Arauca a
Caño Limón. Dos trabajadores murieron y 12 resultaron heridos;
· el 16 de diciembre de 2002, dos hombres armados y encapuchados, con
chaquetas negras y pantalones de camuflaje, dieron el alto a un campesino
que viajaba en su camión, junto con su mujer y sus hijos, en Playas de
Bojaba, hacia la carretera de Saravena, según los informes. Obligaron a
todos los miembros de la familia a apearse del vehículo, los registraron y
dieron patadas al esposo. Luego los obligaron a todos a tumbarse en el
suelo. Se llevaron a la esposa a los matorrales y, al parecer, la violaron
tras amenazarla con matar a sus hijos. Luego se marcharon, llevándose
muchas de las pertenencias de las víctimas. Esa zona está fuertemente
militarizada, ya que queda cerca del oleoducto;
· el 10 de agosto de 2002, la Cooperativa de Coagrosarare, en la vereda de
Alto Satoka, Saravena, fue saqueada, al parecer por soldados del batallón
núm. 27 del ejército, cuya responsabilidad es proteger el oleoducto de Caño
Limón. Los soldados se marcharon, no sin antes pintar, según parece, lemas
paramilitares en las paredes.
Las comunidades que viven a lo largo del oleoducto están bajo la estrecha
vigilancia de las fuerzas de seguridad, que muchas veces las intimidan
advirtiéndoles de que los paramilitares vienen detrás o utilizando
representantes paramilitares para amenazarlas y acosarlas. Las guerrillas
también han amenazado a quienes denuncian los ataques de grupos de
oposición armados contra el oleoducto.
Amnistía Internacional no pone en duda el deber de las empresas de
garantizar la seguridad de su personal. Sin embargo, la organización cree
que las empresas que actúan en zonas de conflicto deben asegurarse de que
sus operaciones no contribuyen, deliberada o involuntariamente, a
violaciones de derechos humanos.
Tal como muestra este informe, Amnistía Internacional ha documentado una
serie de casos de soldados de la XVIII Brigada de Arauca –que recibe
financiación de Estados Unidos y, según los informes, de Occidental
Petroleum para proteger el oleoducto– que han estado implicados en
violaciones graves de derechos humanos, ya sea directamente o en
connivencia con las fuerzas paramilitares.
Ayuda militar:
proteger los intereses estadounidenses en la región
En 1994 se suspendió la ayuda militar directa de Estados Unidos al ejército
de Colombia a causa de la terrible situación de los derechos humanos en el
país y de la connivencia de las autoridades con los grupos paramilitares
ilegales responsables de atrocidades generalizadas contra los derechos
humanos. Sin embargo, en el año 2000, a pesar de los abrumadores indicios de
que continuaban los vínculos del ejército con los paramilitares, el
gobierno estadounidense aprobó un programa masivo de ayuda militar a
Colombia, destinada en su mayoría al ejército. Los controles y
salvaguardias establecidos respecto a esta ayuda no son suficientes para
garantizar que no se utilizará –ya sea directamente o indirectamente, a
través de los grupos paramilitares– para cometer violaciones graves de
derechos humanos.
El 13 de julio de 2000, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill
Clinton, firmó la ley pública 106-246, que incluía una partida de 1.300
millones de dólares estadounidenses de ayuda, principalmente militar, para
Colombia. Al aprobar esta ayuda, el Congreso estadounidense votó a favor de
imponer estrictas condiciones en materia de derechos humanos (lo que se
conoce como la "certificación"), que posteriormente el presidente
Clinton decidió no aplicar por motivos de seguridad nacional
estadounidense. La ayuda de Estados Unidos se canaliza a través de un
controvertido paquete conocido como Plan Colombia, descrito por el gobierno
estadounidense como un plan de ayuda destinado a combatir el narcotráfico y
a contribuir a alcanzar la paz. El Plan propone una estrategia
principalmente militar para hacer frente al cultivo y el tráfico ilegal de
drogas mediante una ayuda militar sustancial a las fuerzas armadas y la
policía colombianas, y mediante la creación de tres batallones
antinarcóticos en el ejército.
Varias empresas petroleras desempeñaron un importante papel en la captación
de apoyos ante el Congreso estadounidense para que se aprobara la ayuda
militar a Colombia a pesar del pésimo historial de derechos humanos del
ejército colombiano. En 1996, BP Amoco y Occidental Petroleum, entre otras,
crearon la Colombia Business Partnership para captar apoyos en favor de
dicha ayuda militar. El 15 de febrero de 2000, Lawrence Meriage,
vicepresidente para servicios ejecutivos y asuntos públicos de Occidental
Oil and Gas Corporation, se dirigió al Subcomité de Justicia Penal,
Política de Drogas y Recursos Humanos del Congreso estadounidense diciendo:
"la batalla contra el narcotráfico no puede ganarse sin una fuerza
militar más potente, mejor equipada y altamente disciplinada", e instó
a los congresistas "a asegurarse de que el paquete de ayuda que de
aquí surja garantiza un cuidadoso equilibrio entre el apoyo a la Policía
Nacional de Colombia y al ejército". También instó al Congreso "a
considerar el apoyo a las operaciones contra el narcotráfico tanto en las
regiones del norte como en el sur. Esto ayudará a aumentar la seguridad
para los proyectos de desarrollo petrolífero".(23)
En julio de 2002, el Congreso estadounidense aprobó un proyecto de ley de
emergencia sobre gasto suplementario que eliminó una disposición anterior
que limitaba la ayuda estadounidense a esfuerzos contra el narcotráfico.
Según la nueva normativa, la ayuda estadounidense en materia de seguridad
puede utilizarse contra "organizaciones designadas como organizaciones
terroristas [...]". La nueva estrategia de Estados Unidos permite por
primera vez la ayuda estadounidense a Colombia para actividades de
contrainsurgencia, incluida la acción directa contra grupos armados.
Estados Unidos proporciona ahora ayuda militar para uso directo en
operaciones de contrainsurgencia específicamente para proteger
instalaciones petroleras explotadas por empresas estadounidenses, como Caño
Limón. En agosto de 2002, el gobierno estadounidense decidió una vez más no
aplicar los requisitos sobre derechos humanos necesarios para obtener la
certificación.
En febrero de 2003, el Congreso aprobó otros 439 millones de dólares para
Colombia de la Iniciativa Andina Antinarcóticos: 284 millones para ayuda
policial y militar y el resto para ayuda económica y social. En abril, el
Congreso aprobó también otros 105 millones de ayuda de emergencia, la
mayoría consistente en transferencias adicionales de material militar. El
presidente Bush ha pedido otros 574 millones de dólares para Colombia para
el año fiscal 2004, que comenzó el 1 de octubre de 2003.
A pesar de que ni el gobierno ni el ejército colombianos han cumplido las
condiciones en materia de derechos humanos establecidas por el Congreso,
tanto el gobierno de Clinton como el de Bush han aprobado repetidamente la
ayuda militar a Colombia. Pese a los serios recelos de algunos miembros del
Senado, que hicieron que la ayuda estadounidense se retuviera
temporalmente, la ayuda económica del año fiscal 2003 se aprobó finalmente
y se hizo llegar a Colombia. Según los nuevos criterios negociados en el
presupuesto de 2003, el proceso de certificación ahora se aplica sólo al 25
por ciento de la ayuda estadounidense para seguridad, mientras que
anteriormente se aplicaba al 100 por ciento. Se cree que en 2004 la
certificación se aplicará al 50 por ciento de la ayuda.
La lucha por el
dominio: guerrillas y paramilitares
La violencia política en Arauca aumentó significativamente tras el
descubrimiento de petróleo en la región a mediados de la década de 1980.
Aunque tanto las FARC como el ELN estaban presentes en el departamento
desde principios de esa misma década, sus esfuerzos por controlar Arauca no
cobraron intensidad hasta después de que se descubriera petróleo en la
zona. Se cree que las FARC cuentan con unos 1.000 guerrilleros en Arauca,
agrupados en torno a los frentes 10 (Guadalupe Salcedo) y 45 (Atanasio
Girardot) y a las columnas Alfonso Castellanos y Usías Cuéllar. Respecto al
ELN, se cree que cuenta con 500 combatientes organizados en torno al frente
Domingo Laín y a las compañías Capitán Pomares y Simacota.
Los paramilitares respaldados por el ejército se afianzaron militarmente en
el departamento de Arauca en 2001, tras una serie de operaciones en gran
escala llevadas a cabo por el ejército colombiano –la más destacada, la
Operación Arawac– contra las fuerzas de guerrilla en la región.(24) La
mayoría llegaron desde el departamento de Casanare, al sur de Arauca, y han
ido avanzando hacia el norte del departamento, a través de Cravo Norte,
Tame y Puerto Rondón. Ahora tienen una presencia significativa en el municipio
de Arauca, aunque donde siguen siendo más fuertes es en los tres municipios
del sur. El aumento de la actividad paramilitar en el departamento
coincidió con el final de la exploración y producción petrolífera en
Casanare y con el anuncio del hallazgo de nuevos yacimientos en el
departamento de Arauca. Los paramilitares ya no sólo dedican sus esfuerzos
a proteger los recursos petroleros de Arauca frente a los ataques de la
guerrilla, como hicieron en Casanare, sino que intentan además hacerse con el
control del negocio de coca de la región, cada vez más importante, y de las
rutas de entrada y salida nacionales e internacionales del departamento de
Arauca a través del piedemonte y la sabana. Los paramilitares del
departamento de Arauca pretenden además impedir que los grupos guerrilleros
apliquen "impuestos de protección" a las empresas petroleras que
actúan en la zona.
Los paramilitares se esfuerzan también por minar el presunto apoyo de la
población civil a las guerrillas mediante tácticas de terror tales como
matanzas, homicidios selectivos y amenazas, principalmente contra
defensores de los derechos humanos, activistas sociales y sindicales,
periodistas, maestros y trabajadores de la salud. Estos sectores son
atacados para silenciar las denuncias de las violaciones de derechos
humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares
en la región, para romper cualquier vínculo –presunto o imaginado– entre la
población civil y la guerrilla, para silenciar la oposición a la explotación
petrolera y a otros intereses económicos, así como a la privatización de
los servicios de salud y educación, y para obligar a las comunidades
campesinas o indígenas que viven cerca de instalaciones petroleras o zonas
que van a ser explotadas a desplazarse. Las principales unidades
paramilitares que actúan en la región son los bloques Centauro y Casanare,
que forman parte de las AUC.
3. LA RESPUESTA
OFICIAL: ESTADO DE EMERGENCIA
El gobierno del Presidente Uribe declaró un Estado de Conmoción Interior el
11 de agosto de 2002, tres días después de ocupar su cargo, y el 9 de
septiembre de ese mismo año emitió el decreto 2002, por el que se
establecía el mecanismo de Zonas de Rehabilitación y Consolidación, se
otorgaban al ejército poderes de policía judicial y se permitía a los
militares mantener un registro de la población.(25) Un Estado de Conmoción
Interior, menos drástico que el decreto 2002, otorga poderes notables al
ejército, como el derecho a limitar la libertad de circulación y
residencia, impedir que la radio y la televisión transmitan información
"delicada", restringir reuniones y manifestaciones, interceptar
comunicaciones sujetas a autorización judicial y realizar detenciones
preventivas sin orden judicial.
El 25 de noviembre de 2002, la Corte Constitucional declaró que algunas
partes del decreto 2002 eran inconstitucionales, especialmente aquellas que
otorgaban al ejército poderes de policía judicial y el derecho a mantener
un registro de la población civil. El 29 de abril de 2003, la Corte se pronunció
contra la renovación del estado de emergencia y del decreto 2002, y ello
llevó al gobierno a introducir un proyecto de ley de reforma constitucional
que otorgaría poderes de policía judicial a las fuerzas armadas. Esos
poderes permitirían al ejército realizar detenciones, registrar domicilios
e interceptar comunicaciones sin autorización judicial. El Congreso aprobó
el proyecto de ley el 10 de diciembre de 2003. El proyecto entrará en vigor
una vez que el Congreso apruebe una ley de habilitación, lo que
probablemente hará a mediados de 2004.(26)
La zona de
rehabilitación y consolidación de Arauca
El decreto 2002 también otorgaba al ejército poderes adicionales a los
contenidos en el Estado de Conmoción Interior, y restringía ciertos
derechos en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, definidas como
zonas geográficas "afectada[s] por acciones de grupos criminales en
donde, con el fin de garantizar la estabilidad institucional, restablecer
el orden constitucional, la integridad del territorio nacional y la
protección de la población civil, resulte necesaria la aplicación de una o
más de las medidas excepcionales de que tratan los siguientes artículos,
sin perjuicio de la aplicación de las demás dictadas con base en la
conmoción interior".(27)
El 21 de septiembre de 2002 se establecieron dos Zonas de Rehabilitación y
Consolidación: en los departamentos de Sucre y Bolívar y en el departamento
de Arauca. Entre las dos abarcaban 29 municipios (16 en Sucre, 10 en
Bolívar y 3 en Arauca).(28) Dentro de ellas, un mando militar tenía el
control de todas las fuerzas de seguridad, incluida la policía. Además, en
las Zonas de Rehabilitación y Consolidación:
· determinadas personas que quisieran abandonar la zona tenían que informar
a las autoridades con dos días de antelación. Quien infringiera este
requisito podía ser detenido hasta 24 horas;
· los individuos que no
llevaran consigo sus documentos de identidad podían ser detenidos hasta 24
horas.
El decreto 2002 también incluía restricciones específicas para los
extranjeros que quisieran visitar las Zonas de Rehabilitación y
Consolidación. La intención del gobierno con esta medida quedaba clara en
el párrafo preambular ocho del decreto, que establecía que "es
necesario evitar la presencia de criminales extranjeros que entren, den
instrucción o se unan a las acciones de las organizaciones criminales que
existen en el país, circunstancia que justifica la comparecencia de los
extranjeros ante las autoridades". Los extranjeros que desearan entrar
en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación debían pedir autorización al
gobernador ocho días laborables antes de la visita, y si la zona que
deseaban visitar abarcaba más de un departamento necesitaban autorización
del Ministerio del Interior. Quienes no cumplieran este requisito podían
ser expulsados. Además, los extranjeros debían presentarse ante las
autoridades si se les pedía que lo hicieran. Si no lo hacían, también
podían ser expulsados. Estas medidas se utilizaron para restringir el
acceso a las Zonas de Rehabilitación y Consolidación de los observadores
humanitarios y de derechos humanos. Las Zonas de Rehabilitación y
Consolidación dieron lugar a un aumento de las violaciones de derechos
humanos, y al mismo tiempo facilitaron a las autoridades el silenciar las
denuncias de dichas violaciones. Además, en la práctica, muchas de las
restricciones impuestas en virtud del Estado de Conmoción Interior y del
decreto 2002 siguieron aplicándose a pesar de la resolución de la Corte
Constitucional contra esas medidas.
Un soldado en
cada esquina: la militarización de Arauca
Arauca es uno de los departamentos más militarizados del país, y se
militarizó aún más tras la creación en septiembre de 2002 de la zona de
rehabilitación y consolidación en sus tres municipios septentrionales. La
brigada del ejército destinada en él es la XVIII Brigada, que hasta finales
de 2003 estuvo dirigida por el general Carlos Lemus Pedraza (designado
también comandante de la zona de rehabilitación y consolidación) y ahora
está al mando del brigadier general Gustavo Matamoros Camacho. La XVIII
Brigada tiene su base en la capital, Arauca. Se compone de varios
batallones y unidades, entre los que se encuentran el Batallón de
Contraguerrillas Núm. 46 "Héroes de Saraguro" en Arauquita,(29)
el Batallón de Ingenieros Núm. 18 "Navas Pardo" en Tame, el
Batallón de Contraguerrillas Núm. 49 "Héroes de Tarazá" en
Fortul, y el Grupo de Caballería Mecanizado Núm. 18 "General Rebeíz
Pizarro" en Saravena.
La presencia militar se vio reforzada tras la creación de la zona de
rehabilitación y consolidación, con nuevas unidades del ejército, policía
adicional, escuadrones antimotines y nuevo material para las unidades
fluviales adscritas a la Brigada de Infantería de Marina. La Fuerza de
Despliegue Rápido (FUDRA) también ha tenido una presencia permanente
desde noviembre de 2002, y además hay varias unidades móviles, como la
Brigada Móvil 5.
El coste en
derechos humanos: la intensificación del conflicto armado
Aunque la situación en lo que se refiere a la seguridad y los derechos
humanos ha sido crítica en todo el departamento de Arauca durante años, el
gobierno prefirió limitar la zona de rehabilitación y consolidación a los
tres municipios del norte. Precisamente por ellos pasa el oleoducto de Caño
Limón. Los cuatro municipios del sur, dominados por los paramilitares,
fueron excluidos de las medidas especiales de seguridad. La sección
noroccidental del oleoducto atraviesa también la segunda zona de
rehabilitación y consolidación, establecida en Sucre y Bolívar. Al preguntársele
por qué sólo se habían incluido en las Zonas de Rehabilitación y
Consolidación las áreas con una fuerte presencia de la guerrilla, el
gobernador de Arauca respondió que "el Gobierno así lo decidió. Ellos
hicieron un análisis minucioso de la situación y hablaron con mucha gente,
y se llenaron de motivos. Con seguridad, lo que concluyeron es lo
mejor".(30)
Los ocho meses durante los cuales estuvo vigente la zona de rehabilitación
y consolidación se caracterizaron por un aumento de las violaciones de
derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario
por parte de los bandos en conflicto. Durante ese periodo, el ejército
llevó a cabo varias redadas y detenciones masivas, muchas de las cuales
afectaron a defensores de los derechos humanos y activistas sociales y
sindicales, como la detención de 2.000 personas en Saravena el 12 de
noviembre de 2002. También hubo un notable incremento del uso, por parte de
grupos de oposición armada, de coches y bicicletas bomba, muchos de los cuales
mataron a civiles, incluidos niños. Continuaron imparables los homicidios
de defensores de los derechos humanos, sindicalistas, periodistas,
políticos y funcionarios públicos, y en algunos municipios incluso
aumentaron. Durante este periodo también se realizaron amenazas masivas de
muerte de guerrilleros y paramilitares contra numerosos sectores de la
sociedad.
En el centro urbano de Saravena, 18 personas murieron en un periodo de tan
sólo dos semanas en la segunda mitad de febrero de 2003, a pesar de que esa
localidad es una de las más militarizadas de Colombia, con una notable
presencia de personal del ejército y la policía. Entre los muertos había
dos niños: Josué Quiroga Granados, de 15 años, y Miguel Ángel Mantilla
Muñoz, de 17.
Un informe de la Procuraduría General sobre Arauca dice: "Las medidas
adoptadas y la ejecución de las mismas no han arrojado los resultados
esperados, como se demuestra a lo largo del presente informe relativo
específicamente a la zona de rehabilitación en el departamento de Arauca.
La amenaza a los mandatarios locales continúa y ahora se extiende a los
funcionarios públicos municipales […] y la vigencia de los derechos
–especialmente el derecho a la vida– no muestra en dicha zona, ninguna
recuperación. Esas y otras razones permiten afirmar, que la experiencia de
la zona de rehabilitación y consolidación en Arauca es un experimento
fallido en términos cuantitativos y cualitativos, máxime si es puesto en
perspectiva de derechos humanos. Ni el aumento del pie de fuerza, ni la
estrategia de los informantes, ni la de soldados campesinos, han dado los
resultados previstos y en cambio sí han generado otras dificultades [tal
como] la exposición de la población civil a un mayor al riesgo del que ha
venido padeciendo".(31)
El informe de 2002 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia,
publicado el 24 de febrero de 2003, también criticaba la conducta del
ejército en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación: "En muchos de
los operativos, la fuerza pública recurrió a las facultades a ella
atribuidas por el decreto [2002] [...] de practicar capturas, allanamientos
y registros sin mandamiento judicial, con un alto número de personas
retenidas, de las cuales sólo una minoría fue puesta a disposición
judicial. En varios casos, la utilización de informantes encapuchados
estigmatizó a las personas señaladas".(32)
Aunque las Zonas de Rehabilitación y Consolidación y el estado de
emergencia ya no están legalmente vigentes, la conducta del ejército no ha
variado: sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias y manteniendo
registros de la población. Además, los esfuerzos por criminalizar a los
defensores de los derechos humanos y a los activistas sociales van en aumento.
Amnistía Internacional sigue asimismo documentando casos de tortura,
homicidio y "desaparición" perpetrados por el ejército, ya sea
directamente o en connivencia con los paramilitares.
4. ARRASTRAR A LOS
CIVILES AL CONFLICTO
Un principio fundamental del derecho internacional humanitario es que las
partes implicadas en un conflicto, incluidos los conflictos clasificados
como no internacionales, como es el caso de Colombia, deben distinguir en
todo momento entre civiles y combatientes, y entre objetivos civiles y
objetivos militares. No está permitido atacar a civiles, es decir, a
personas que no pertenecen a las fuerzas armadas de cualquiera de los
bandos. Este principio, conocido como el principio de distinción, está
codificado en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en sus dos
Protocolos Adicionales de 1977. El principio de distinción es una norma
fundamental del derecho internacional humanitario consuetudinario,
vinculante para todas las partes de los conflictos armados, ya sean
internacionales o no internacionales.
En lugar de proteger a los civiles frente a las hostilidades, las medidas
adoptadas por el gobierno parecen estar destinadas a arrastrarlos aún más
al conflicto. Esto se ha visto agravado por la actitud del Presidente Uribe
de no respetar el principio de distinción. En una carta a Amnistía
Internacional, fechada el 16 de octubre de 2002, el Presidente Uribe
escribió: "Nadie puede ser neutral en la lucha del Estado contra
cualquier modalidad criminal". Aunque un Estado puede instar a sus
ciudadanos a colaborar con sus instituciones judiciales y denunciar
violaciones de derechos humanos, en situaciones de conflicto el Estado no
debe promover prácticas que expongan a los civiles como blancos directos
del conflicto. Algunas de las medidas gubernamentales que se han aplicado
en Arauca han arrastrado a los civiles aún más al conflicto.
Las medidas gubernamentales que amenazan con difuminar la distinción entre
civiles y combatientes son contrarias al artículo 13.1 del Protocolo II de
los Convenios de Ginebra, que se aplica a conflictos armados no
internacionales y que establece: "La población civil y las personas
civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de
operaciones militares". Colombia se adhirió al Protocolo II de los
Convenios de Ginebra el 14 de agosto de 1995.
El ejército de
soldados campesinos
Al ocupar su cargo en agosto de 2002, el gobierno anunció que crearía
inmediatamente una fuerza de al menos 15.000 "soldados
campesinos" (o "soldados de mi pueblo", como también se los
conoce), que llegaría a los 100.000 antes de que terminara su mandato en
2006. Según el gobierno, estos soldados serían soldados voluntarios que, a
diferencia de los soldados regulares, actuarían en áreas de su comunidad
local o cerca de ellas. Se creía que al finalizar 2003 había algo más de
17.000 de estos soldados campesinos. Según el gobierno, los había en todos
los municipios de Arauca. Además, la entonces ministra de Defensa, Marta
Lucía Ramírez de Rincón, declaró que el número de soldados campesinos en el
departamento aumentaría en 2004, a causa de la grave situación de
seguridad.(33)
Como soldados, estos soldados campesinos no gozan de la protección otorgada
a los civiles por el derecho internacional humanitario. Sin embargo, esta
iniciativa suscita preocupación ya que, como la mayoría de ellos actúa en
su comunidad, sus familias podrían ser más vulnerables a los ataques de la
guerrilla al ser más conocida su relación con los soldados campesinos que
actúan en la zona. Por ello, existe el peligro de que los soldados
campesinos puedan ser absorbidos en la estrategia paramilitar, como medio
para protegerse a ellos mismos y a sus familias de los ataques de la
guerrilla. Estas mismas familias pueden asimismo sentirse obligadas a unirse
a las redes de informantes civiles para garantizar su propia protección.
Toda esta situación ha colocado a las familias de los soldados campesinos
en un mayor peligro de ser blanco de los ataques de las guerrillas. De
hecho, el 4 de marzo de 2003 el ELN emitió una amenaza de muerte contra los
soldados campesinos de Arauca. Al mismo tiempo, existe el peligro de que
los paramilitares que actúan en Arauca se hayan podido incorporar a las
unidades de soldados campesinos. Entre las primeras unidades de este tipo
que se crearon se encontraban las de Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte,
precisamente los municipios en los que los paramilitares consolidaron su
posición tras la Operación Arawac.
Dada la precaria situación económica de numerosas comunidades rurales, muchos
individuos pueden sentirse tentados a unirse al "ejército
campesino" simplemente como forma de escapar de la más absoluta
pobreza. Además, están muy poco claros el grado y la calidad de la
formación que recibirán estos soldados, y hay pocos indicios de que se
hayan puesto en marcha procedimientos para investigar los antecedentes de
los candidatos, así como poca información sobre si estos soldados
campesinos estarán sometidos a los controles y procedimientos
disciplinarios normales.
Tampoco está claro cuál es el propósito real de este ejército campesino. La
iniciativa se creó inicialmente para que las comunidades sin presencia
militar estuvieran protegidas por miembros de su propia comunidad, en forma
de soldados campesinos. Sin embargo, en marzo de 2003 el comandante de la
XVIII Brigada dijo a Amnistía Internacional que se estaba estacionando a
soldados campesinos en localidades que ya contaban con una presencia
militar regular.(34) También hay indicios de que se ha enviado a soldados
campesinos a patrullar en zonas alejadas de sus comunidades.
Hay datos que indican que en Arauca se ha reclutado forzosamente a soldados
campesinos. Durante su visita al departamento en marzo de 2003, los
delegados de Amnistía Internacional recibieron información que indicaba que
39 soldados campesinos habían sido reclutados en unidades del ejército
campesino en el municipio de Saravena, según los informes como parte del
servicio militar obligatorio, y no de forma voluntaria. Sus familias
recibieron posteriormente amenazas de las FARC.
El peligro consiste en que en Arauca se están militarizando la vida
familiar y comunitaria. Al crear los soldados campesinos (así como la red
de informantes civiles que se examina a continuación), el gobierno no sólo
está incorporando a la estrategia de contrainsurgencia del ejército a estos
individuos, sino también a sus familiares y amigos. Todos ellos corren
peligro de ser atacados por grupos de guerrilla. Comunidades enteras
podrían verse en peligro al ser obligadas a colaborar activamente con el
ejército para neutralizar las posibles amenazas de la guerrilla. Tal como
dijo un oficial del ejército, si multiplicas el número de soldados
campesinos por el número de familiares y amigos de éstos, puedes crear
fácilmente una red de informantes que abarque todo el municipio.(35)
La red de un
millón de informantes civiles
La red de informantes creada por el ejército exige que los civiles reúnan y
transmitan a las fuerzas de seguridad información secreta sobre grupos
armados ilegales. En su documento de política sobre los informantes (o
"cooperantes", como el gobierno prefiere llamarlos ahora), el
gobierno expuso quién formaría parte de esta red. La red estaría compuesta
de redes basadas en las Juntas de Acción Comunal y los Frentes
Locales de Seguridad, y también formarían parte de ella la Red Empresarial
de Seguridad Ciudadana (compuesta por empresas de seguridad privadas), la
Red Ciudadana de Informantes en las Carreteras y de Conductores (en la que
habría conductores de taxi y autobús), la Red Ciudadana de Policías
Cívicos, la Red Ciudadana de Miembros de la Defensa Civil Colombiana y la
Red "Servicios Especiales y Comunitarios de Seguridad", que actúa
en zonas de alto riesgo. Según el gobierno, a principios de 2004 había más
de 1,8 millones de personas en la red, dirigida por el ejército y la
policía.
Para promover la red de informantes, el ejército introdujo el "lunes
del informante": una ceremonia televisada en la que informantes
anónimos encapuchados recibían recompensas en metálico de un mando militar.
Las autoridades abandonaron este espectáculo tras convertirse en blanco de
críticas generalizadas tanto nacionales como internacionales.
Un
informante recibe una recompensa en metálico del general Mario Montoya en
Medellín en una ceremonia televisada a la que asistieron altos cargos del
gobierno, incluido el Presidente Uribe (al fondo, a la derecha). © Reuters
El Presidente Uribe y varios ministros del gobierno han comparado
frecuentemente la red de informantes civiles con los planes de vigilancia
vecinales de algunos lugares de Europa. Se trata de una comparación
errónea. Londres y París, por ejemplo, no son ciudades asoladas por la
violencia armada y las graves violaciones de derechos humanos e
infracciones del derecho internacional humanitario. No existe ningún
conflicto armado en Estocolmo, Lisboa o Viena. Los habitantes de estas
ciudades pueden participar en esos planes para combatir la delincuencia
común sin temor a recibir un balazo en la cabeza o a que se ponga una bomba
en la escuela de sus hijos. No van a ser atacados por guerrillas o por
paramilitares respaldados por el ejército que por participar en ese plan
los acusen de aliarse con sus enemigos.
La red fue criticada por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Defensoría del
Pueblo.(36) Las críticas, compartidas por grupos nacionales e
internacionales de derechos humanos, se basan en tres cuestiones. En primer
lugar, al asignar a los civiles un papel directo en el conflicto, la
distinción entre civiles y combatientes se difumina peligrosamente. Ni
siquiera el gobierno parece tener clara esa distinción. En agosto de 2002,
la entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, declaró que estos
informantes no eran civiles, ya que tenían una relación directa con las
fuerzas de seguridad y recibían un pago.(37)
En segundo lugar, los miembros de la red están expuestos a los ataques de
la guerrilla. De hecho, ya están siendo blanco de esos ataques. Esto puede
avivar los argumentos en favor de equipar a estas redes con armas, lo que
facilitaría la aparición de un nuevo tipo de grupos paramilitares. Esta
posibilidad se ha hecho muy real con la legislación propuesta en el
Congreso que otorgaría a los civiles acceso a armas semiautomáticas, y con
el decreto 1612, firmado por el presidente Pastrana el 31 de julio de 2002,
que contiene disposiciones que permiten a los civiles portar armas y
establecer sus propias cooperativas de seguridad para defenderse de los
subversivos.(38) En marzo de 2003, los delegados de Amnistía Internacional
fueron informados de que, entre los fallecidos por ataques de la guerrilla
en varios lugares de Colombia, había miembros de las redes de informantes
civiles.
En tercer lugar, los testimonios de informantes pagados y anónimos son poco
fiables, ya que se permite que un informante decida según sus propios
criterios quién es "sospechoso"; muchos informantes pueden
sentirse motivados por las recompensas económicas ofrecidas por el Estado o
las fuerzas de seguridad, y otros pueden verse influidos por rencillas o
intereses personales. El uso de redes de informantes es especialmente poco
fiable cuando esas redes se utilizan como sustitutos de investigaciones y
procesamientos legítimos.
Muchos defensores de los derechos humanos y activistas sociales de Arauca y
otros lugares de Colombia han sido detenidos sobre la base de información
falsa ofrecida por informantes. Aunque las redes de informantes actúan en
Arauca, las autoridades regionales temen que no se presenten suficientes
voluntarios a causa del temor, bien fundado, a ser atacados por grupos de
guerrilla. Esto, unido a los crecientes ataques de la guerrilla contra las
fuerzas de seguridad, ha llevado al gobierno a pedir a la policía y el
ejército que aumenten las recompensas ofrecidas a cambio de información. Es
probable que esta medida dé lugar a más injusticias en el departamento.
Las familias de los informantes también han sido blanco de ataques. Según
el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, publicado
el 24 de febrero de 2003, al menos cinco familiares de informantes han sido
asesinados en Saravena.(39)
Amnistía Internacional también ha recibido información que indica que, tras
la captura de presuntos guerrilleros en Saravena, se han retransmitido por
radio mensajes de felicitación a los lugares del municipio cuyos habitantes
facilitaron la información que hizo posible la captura. Esas
retransmisiones sugieren que las autoridades han adoptado una estrategia
encaminada a conseguir que los civiles desempeñen un papel activo en el
conflicto.
Soldado por un
día
El Grupo de Operaciones Sicológicas (GEOS) del ejército introdujo el
programa "soldado por un día" en el Batallón Rebeíz Pizarro en
Saravena en noviembre de 2002, aunque, según los informes, quedó
desmantelado a mediados de 2003 a raíz de la presión ejercida por la
Procuraduría General. El programa iba dirigido a las escuelas y centros de
enseñanza. En él se animaba a los niños de las escuelas públicas y privadas
de Saravena a acudir a la base del batallón, donde jugaban con los soldados
vestidos de payasos, utilizaban la piscina, participaban en rifas, recibían
pasteles y refrescos y jugaban con los tanques mientras los soldados les
enseñaban a manejar armas.
Según los informes, antes de regresar a sus casas los niños eran
recompensados con una reproducción de un billete de 20.000 pesos en el que
aparecía escrito: "El gobierno lo recompensa. Usted y su familia merecen
otra oportunidad. ¡Vuélese ya!" (esto último referido a la guerrilla).
El ejército asegura que el programa estaba ideado para "inculcar en
los niños el amor por su patria" y para "fortalecer el amor y
respeto por los símbolos patrios". Sin embargo, su propósito real no
era exactamente ése. Tal como declaró el comandante del Batallón Rebeíz
Pizarro, la intención del programa era "hacer que el hijo del
guerrillero cuestione a su papá".(40)
Los testigos que han hablado con Amnistía Internacional también han dicho
que los niños que acudían a estos actos eran utilizados para obtener
información sobre la presunta actividad guerrillera de sus padres y otros
familiares. Aunque, al parecer, el programa "soldado por un día"
ha quedado desmantelado, a Amnistía Internacional le sigue preocupando que
el ejército esté utilizando a niños para incriminar a sus padres, y
considera que los efectos psicológicos que esta práctica puede tener en los
niños son, en el mejor de los casos, inciertos. A la organización le preocupaba
asimismo que se estuviera poniendo a niños en peligro al llevarlos a los
cuarteles, un blanco militar para la guerrilla.
El ejército presionó a las escuelas de Saravena para que participaran en
este programa y en actos similares, a pesar de la preocupación manifestada
por maestros y padres. Tal como dijo un maestro: "El día viernes 25 de
octubre de 2002 se estacionó una camioneta de la fuerza pública frente a la
puerta del [colegio]. En ese momento un niño se acercó y me dijo que habían
mandado decir que abriera la puerta que ellos necesitaban entrar.
Inmediatamente conseguí las llaves y abrí la puerta. Inicialmente entraron
dos miembros de la fuerza pública, luego entró otro. Nos saludamos muy
cordial y en seguida me manifestaron que estábamos en el mes de los niños y
que el Ejército Nacional tenía programado un evento para ellos con
participación de payasos. Me invitaron para que llevara los niños en ese
momento hasta el parque […]. Yo respondí que no era posible llevarlos por
que ésta es una zona peligrosa y además no tenía autorización de los padres
de familia y constantemente se están presentando […] balaceras contra la
fuerza pública lo cual pone en riesgo la integridad de los niños y que en
ese momento toda la responsabilidad recaía en la escuela. El hecho de no
haber aceptado la invitación que me hacían los señores militares les
molestó muchísimo, pues uno de ellos me dijo que los estaba tratando de
delincuentes. Inmediatamente uno de ellos que portaba una cámara filmadora
me la colocó de frente y me filma, otro militar todo enojado me pregunta mi
nombre, el número de cédula y el nombre de la institución y estos datos los
llevaron escritos".
Este maestro fue, posteriormente, uno de los 2.000 residentes de la zona
detenidos en Saravena la noche del 12 de noviembre de 2002, aunque quedó en
libertad sin cargos la misma noche de su detención tras ser interrogado y
después de que le marcaran el brazo con tinta indeleble.
La organización por parte de las fuerzas armadas de actividades similares
con niños, como el reparto de caramelos en el Día Universal del Niño o el
montaje de circos, como parte de su programa de operaciones sicológicas es
una práctica generalizada en todo el país. Varias unidades militares, entre
ellas la XVIII Brigada, han organizado circos en distintas partes del país.
5. ESTRATEGIA PARA
ESTIGMATIZAR A LA SOCIEDAD CIVIL
Los defensores de los derechos humanos y los activistas sociales están en
primera línea de la lucha por los derechos políticos, sociales y económicos
en Colombia. Esto se ve claramente en el departamento de Arauca, que cuenta
con un movimiento sindical y de derechos humanos muy desarrollado y bien
asentado desde hace mucho tiempo. Este movimiento denuncia activamente las
violaciones de derechos humanos y las infracciones del derecho
internacional humanitario por todas las partes del conflicto. A
consecuencia de ello, las organizaciones que lo componen se han convertido
en blanco de los ataques de quienes, en Colombia, desean silenciar sus
denuncias. Esto hace temer que estén siendo blanco, cada vez con más
frecuencia, de una estrategia coordinada del ejército y los paramilitares
para empañar su imagen y minar su trabajo, tanto el de las organizaciones
como el de los individuos que las forman, mediante detenciones arbitrarias
y procedimientos judiciales, y que todo ello prepare el camino para que
estos defensores y activistas se conviertan en blanco de ataques violentos
de los paramilitares. Esta estrategia se ha visto complementada con una
serie de medidas gubernamentales, introducidas unas de ellas en Arauca y
otras en todo el país, destinadas a reforzar aún más la impunidad en
Colombia.
En el conflicto colombiano, las fuerzas de guerrilla también han atacado a
activistas sociales y defensores de los derechos humanos que han criticado
las actividades de la guerrilla o han presentado alternativas
socioeconómicas que no se ajustan a la ideología guerrillera.
Defensores de
los derechos humanos, activistas sociales y dirigentes campesinos
Amnistía Internacional dispone de información que indica que las fuerzas de
seguridad siguen deteniendo arbitrariamente a defensores de los derechos
humanos, activistas sociales y dirigentes campesinos en Arauca. Muchas de
esas detenciones tienen lugar durante operaciones en las que se detiene al
mismo tiempo a decenas, incluso centenares o, en el caso de las detenciones
de masa de Saravena de noviembre de 2002, millares de personas. Estas
detenciones reciben el nombre de "pescas milagrosas", porque en
ellas el ejército detiene a centenares de civiles con la esperanza de
encontrar a presuntos "guerrilleros". Estas operaciones sirven
para tachar de subversivos a sectores o comunidades enteros, y no sólo
violan el derecho de las personas a no ser detenidas arbitrariamente, sino
que además las exponen a los ataques de los paramilitares.
En muchos casos no se han llevado a cabo investigaciones judiciales previas
sobre los individuos detenidos, por lo que las detenciones se realizan sin
orden judicial o, como mucho, con una orden firmada en el mismo momento de
la detención o después de ella. En otros casos, la investigación judicial
se inicia después de la detención, normalmente por delitos relacionados con
la rebelión o el terrorismo. Es habitual que las fuerzas de seguridad hagan
declaraciones a los medios de comunicación, incluida la televisión, sobre
estas detenciones, con frecuencia anunciando la captura de miembros
importantes de la guerrilla e identificando a los detenidos. Lo más
frecuente es que luego estos sospechosos sean puestos en libertad por falta
de pruebas, aunque no sin antes ser identificados públicamente o ser
obligados a desfilar ante las cámaras. El ejército ha asaltado las casas de
un número cada vez más elevado de defensores de los derechos humanos y
dirigentes sociales de Arauca a los que ha detenido arbitrariamente, y
muchos de los cuales habían denunciado anteriormente violaciones de
derechos humanos en las que estaban implicados paramilitares que actúan con
la aquiescencia del ejército.
El 21 de agosto de 2003, 42 activistas sociales y defensores de los
derechos humanos de Saravena fueron detenidos por miembros de la XVIII
Brigada y agentes de la Fiscalía General. Entre los detenidos se
encontraban José Murillo Tobo, presidente del Comité Regional de Derechos
Humanos "Joel Sierra", y Alonso Campiño Bedoya, dirigente de una
sección regional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y miembro del
Comité Regional de Derechos Humanos. Según los informes, todos los
defensores de los derechos humanos y activistas sociales detenidos ese día
permanecen privados de libertad, y se enfrentan a cargos relacionados con
las guerrillas. También las casas de Samuel Morales, presidente de la CUT
regional, Alberto Páez, otro dirigente sindical, e Ismael Pabón Mora, del
Comité Regional de Derechos Humanos, fueron registradas en aquellas
redadas, pero estos defensores no fueron detenidos porque no se encontraban
allí.
La detención de José Murillo y Alonso Campiño tuvo lugar después de que el
Comité Regional denunciara la presencia de paramilitares que actuaban en
connivencia con las fuerzas de seguridad de Saravena y denunciara también
una oleada de violaciones de derechos humanos cometidas en el departamento
tanto por paramilitares que actuaban junto con las fuerzas de seguridad
como por miembros del propio ejército, que con frecuencia se presentaban
como paramilitares. Las detenciones habían venido precedidas también de una
oleada de acusaciones realizadas en los últimos meses contra el Comité
Regional por las fuerzas de seguridad (que tachaban a sus miembros de
colaboradores de los subversivos), y de una serie de ataques y amenazas de
paramilitares contra el Comité. El Comité Regional de Derechos Humanos es
una de las organizaciones regionales que han denunciado estas violaciones
de derechos humanos en el ámbito internacional. Según la información
recibida, dos informantes encapuchados participaron en las detenciones, lo
que suscita preocupación por la posibilidad de que éstas se basaran en
pruebas y testimonios obtenidos mediante la inteligencia militar y en
información proporcionada por informantes pagados.
El 21 de octubre de 2003, en Arauca fueron detenidas 31 personas, la
mayoría dirigentes políticos de partidos y movimientos de oposición. Las
detenciones se llevaron a cabo tan sólo cinco días antes de las elecciones
locales del 26 de octubre, y algunos de los aprehendidos iban en cabeza en
las encuestas. Entre los detenidos se encontraban el padre José Helmer
Muñoz, candidato a gobernador y favorito en las encuestas, Orlando Barahona,
candidato al concejo municipal de Arauca, y Luis Alberto Peroza, Antonio
Ortiga y Zoila Espósito, candidatos a las alcaldías de Arauca, Cravo Norte
y Saravena; también estaban tres ex gobernadores –Gustavo Castellanos,
Vicente Lozano y Héctor Gallardo–, dos ex alcaldesas –Iliana Baroni y María
Elena Molina–, dos diputados –Elionor Ávila y Ramón del Carmen Garcés–, la
contralora del departamento –Emma del Carmen Benítez–, el alcalde de Arauca
–Jorge Cedeño–, un miembro de la Comisión de Paz y Derechos Humanos -
Movimiento Comunal y Comunitario de Colombia –Enrique Soriano– y cuatro
dirigentes políticos –Herman Rico, Pedro Orjuela, Esperanza Sandoval y
Gloria Suárez. A todos ellos los acusaban de tener relación con el ELN. Al
parecer, habían sido identificados por tres informantes (supuestamente ex
guerrilleros que ahora se encontraban en el programa de protección de
testigos del gobierno), y no mediante investigaciones independientes
judiciales o policiales.
Además, los paramilitares del departamento de Arauca han seguido atacando a
defensores de los derechos humanos y activistas sociales. En septiembre de
2002, según la información recibida, las AUC emitieron una amenaza de
muerte por escrito contra sindicalistas de Arauca. En ella los acusaban de
tener vínculos con grupos subversivos y los declaraban objetivos militares
de sus unidades, diciendo: "Existen algunas personas, sindicalistas,
directores, comprometidos con grupos subversivos, estos líderes son
declarados objetivo militar de nuestras unidades".
Esta amenaza de muerte la recibieron el 11 de septiembre de 2002 unos
trabajadores del sector de la electricidad, de la Empresa de Energía de
Arauca (ENELAR ESP), y había venido precedida de dos amenazas de muerte
anteriores. En la primera, fechada el 6 de julio de 2002, las AUC decían
que "están plenamente identificados más de 150 trabajadores de Arauca
y cabeceras Municipales de Tame, Fortul, Arauquita, Cravo y Rondón, y sus
áreas rurales". El 7 de julio de 2002, en una amenaza de muerte
enviada por correo electrónico a la empresa, las AUC amenazaban a los
empleados y miembros del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de
Colombia (SINTRAELECOL) de la siguiente manera: "Jefes, sindicalistas
y algunos trabajadores [...] se les advierte que tienen que renunciar de
manera inmediata, de lo contrario deberán atenerse a las
consecuencias".
Entre el 1 de enero y el 14 de noviembre de 2003, el departamento de Arauca
fue escenario de más del 47 por ciento de los homicidios y las detenciones
y privaciones de libertad arbitrarias ocurridos contra sindicalistas en
todo Colombia. Al menos seis sindicalistas fueron asesinados en el
departamento durante este periodo, la segunda cifra más elevada del país,
detrás de Antioquia (un departamento mucho más grande y poblado que
Arauca). La mayoría de los sindicalistas asesinados en Arauca eran
trabajadores de la salud o maestros, dos de los sectores sindicales que más
ataques sufren en Colombia.
Las organizaciones campesinas y quienes trabajan sobre cuestiones de
reforma agraria también han sido atacados y tachados de subversivos por las
fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares. Al igual que otras zonas
del país, Arauca se ha visto afectada por conflictos de tierras. Un informe
elaborado en 1995 por una Comisión Interinstitucional que incluía a
representantes de órganos estatales, del gobierno y de organizaciones no
gubernamentales concluyó que la concentración de tierras en la región había
conducido a invasiones de tierras y a otras estrategias para reclamar
tierras. También manifestó que las tierras que reclamaba la población
indígena eran ocupadas por familias campesinas, y que la cantidad de tierra
cuya propiedad se había concedido a las comunidades indígenas era inferior
a la que realmente ocupaban. El informe concluía también que el conflicto
de tierras era más intenso en las zonas en las que había poderosos
intereses económicos.(41) Es en este contexto en el que las comunidades
indígenas y campesinas que reclaman su derecho a la tierra han sido
víctimas de repetidas violaciones de derechos humanos.
El 16 de mayo de 2003, cuatro miembros de la Asociación Campesina de Arauca
(ACA) fueron detenidos, según los informes, por miembros de la XVIII
Brigada y de la policía en Tame. Entre ellos se encontraban Pedro Mosquera,
Eduardo Peña Chacón y Ronald Peña Chacón, a quienes la policía acusó de ser
miembros de milicias guerrilleras que actúan en Arauca. Según los informes,
los policías golpearon a los detenidos, les cubrieron la cabeza con bolsas
de plástico y los sumergieron en agua por la fuerza. Más tarde los dejaron
en libertad sin cargos.
En julio de 2003, dos miembros de la ACA fueron detenidos, según los
informes, junto con otras 30 personas durante una operación militar en la
que tropas de la XVIII Brigada estuvieron acompañadas por miembros de la
Fiscalía General en Aguachica, municipio de Arauquita. Uno de ellos fue
puesto en libertad, pero el otro, Apolinar Herrera, según la información
más reciente, ha sido acusado de rebelión. Al parecer, en su casa se
hallaron varios cilindros de gas como los que la guerrilla utiliza para
hacer bombas de mortero de fabricación casera; según los informes, Apolinar
Herrera trabaja como distribuidor de gas.
Denys Alberto Monsalve Garzón, dirigente de la ACA, se encuentra en paradero
desconocido desde el 7 de enero de 2003, cuando se disponía a tomar un taxi
que lo conduciría del municipio de Saravena a la comunidad de Pueblo Nuevo,
en el municipio de Tame. Según los informes, no subió al taxi. Antes de su
posible "desaparición", Denys Alberto, conforme indican los
informes, había sido detenido arbitrariamente en varias ocasiones en
Saravena por la policía, que lo acusaba de ser un colaborador de la
guerrilla. En una de esas ocasiones, al dejarlo en libertad, la policía le
había dicho: "cuídese".
También ha habido una preocupación cada vez mayor por la seguridad de los
miembros de la Asociación de Usuarios Campesinos (ADUC). El secretario
general de esta organización, Evangelista Rocha, fue uno de los activistas
aprehendidos el 12 de noviembre de 2002, durante las detenciones en masa de
Saravena. El 30 de agosto de 2003, apareció en la pared del edificio que la
ADUC comparte en Saravena con el Comité Regional de Derechos Humanos
"Joel Sierra" y con otras organizaciones sociales una pintada de
los paramilitares que decía: "Llegamos, muerte a milicianos y a
colaboradores… ACC-AUC".
Quienes trabajan en defensa de los derechos humanos también han sido blanco
de los ataques de los paramilitares. El 8 de noviembre de 2002, José Rusbel
Lara, miembro del Comité Regional de Derechos Humanos "Joel
Sierra", fue abatido a tiros por dos presuntos paramilitares que
viajaban en una motocicleta. José Lara había sido objeto de amenazas
paramilitares en los meses previos a su muerte, y se beneficiaba de las
medidas cautelares dictadas para él por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. A su homicidio le siguió, en los meses posteriores, la
detención arbitraria de varios miembros del Comité Regional de Derechos
Humanos. Casos como éste ilustran cómo las detenciones arbitrarias
coinciden con frecuencia con amenazas paramilitares y con la
"desaparición" y el homicidio de activistas sociales, dirigentes
campesinos y defensores de los derechos humanos.
El caso de los trabajadores de la salud: Los trabajadores de la
salud también han sido blanco en repetidas ocasiones de ataques de las
fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares. Puesto que los
profesionales de la medicina tienen que trabajar con frecuencia en zonas de
conflicto, es muy habitual que las fuerzas de seguridad los acusen de
aliarse con la guerrilla, especialmente cuando tratan a combatientes
heridos. Durante los dos últimos años, los médicos y enfermeras de Arauca
han sido acusados con frecuencia de ser subversivos, y han sido detenidos,
en muchas ocasiones acusados de rebelión y por prestar asistencia médica a
guerrilleros heridos.
· El 12, 17 y 19 de noviembre de 2002, la casa de Jorge Prieto, presidente
de la sección de Arauca de la Asociación Nacional de Trabajadores
Hospitalarios y de Clínicas (ANTHOC), fue objeto de un registro
llevado a cabo por miembros del ejército acompañados de representantes de
la Fiscalía General, según los informes sin orden judicial. Unos días antes
Jorge Prieto había denunciado un presunto asalto de las fuerzas de
seguridad al centro comunitario de José Vicente I Etapa, un barrio de
Saravena. El 13 de noviembre de ese mismo año, las fuerzas de seguridad
registraron también, según los informes, sin orden judicial, las oficinas
centrales de ANTHOC-Arauca.
· Entre los aprehendidos durante las detenciones en masa del 12 de
noviembre de 2002 en Saravena se encontraban varios miembros de ANTHOC,
entre ellos Nelson Prieto, William Higuera, Dora Lizcano y Abimelec Gómez
Becerra, dirigente departamental de ANTHOC. En noviembre fueron detenidos
también Miriam Carrillo y Orlando Sánchez Bautista.
· El 12 de enero de 2003, el doctor Ciro Alejandro Peña López fue detenido
mientras asistía a una cita con la XVIII Brigada. Fue acusado de
"concierto para delinquir". Este médico había practicado
autopsias a los cadáveres de las víctimas de la matanza de Santo Domingo de
1998 y, según los informes, su detención coincidió con la decisión tomada
por Estados Unidos de retirar la ayuda a la unidad de la fuerza aérea que
había participado en aquel bombardeo. Según la información recibida, el
doctor Peña fue puesto más tarde en libertad, aunque, al parecer, siguen
abiertas las investigaciones judiciales iniciadas contra él.
Muchos trabajadores de la salud han sido también víctimas de homicidio,
principalmente a manos de paramilitares.
· El 16 de junio de 2003, Morelly Guillén, trabajadora de la salud y
miembro de ANTHOC, fue asesinada en su casa de Tame, al parecer por
paramilitares.
· El 22 de marzo de 2003, el doctor Alejandro Torres fue secuestrado, según
los informes, por paramilitares en Arauquita, y más tarde fue asesinado.
· El 19 de junio de 2002, Luis Enrique Coirán Acosta, auxiliar de
enfermería y dirigente de ANTHOC en Arauca, murió, según los informes a
manos de paramilitares, en Tame, a poca distancia de la comisaría. Según
los informes, sus asesinos huyeron del lugar del crimen en dirección a la
base militar de Naranjitos.
· El 25 de julio de 2002, Roberto Rojas Pinzón, miembro de ANTHOC y
conductor de ambulancias del municipio de Cravo Norte, fue asesinado, según
los informes por paramilitares.
· El 29 de agosto de 2002, Sergio José Velasco Pinto, dirigente del
Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social (SINDES), fue asesinado,
según los informes por paramilitares, cuando entraba en el Hospital de San
Antonio, en Tame.
El homicidio y la detención de trabajadores de la salud en Arauca ha
coincidido con la publicación de una serie de "listas negras"
paramilitares, como una que circuló en abril de 2002 y otra de cuya
existencia se informó en 2003, que contenían los nombres de miembros de
ANTHOC.
Estos ataques resultan aún más fáciles gracias a las recientes medidas que
agravan el problema de la impunidad, un problema que yace en el corazón
mismo de la crisis de derechos humanos. El gobierno no ha tomado medidas
enérgicas para desmantelar los mecanismos de impunidad en los casos de
violaciones de derechos humanos, y eso ha permitido a las fuerzas armadas
seguir poniendo en práctica una estrategia de contrainsurgencia
caracterizada por las violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos
humanos. Los tribunales militares siguen reclamando la jurisdicción de las
investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en las que están
implicados militares de alta graduación. Estos tribunales han eludido
sistemáticamente el procesamiento de los responsables de violaciones de
derechos humanos. Aunque el sistema de justicia civil ha iniciado algunas
investigaciones sobre casos de violaciones de derechos humanos en las que
está implicado personal militar, esas investigaciones se han visto
seriamente obstaculizadas por las amenazas contra investigadores
judiciales, defensores de los derechos humanos y testigos, y por la
decisión de la Fiscalía General de retirar de sus puestos a los
investigadores judiciales en momentos clave de la investigación.
Fortalecimiento
de la autonomía del ejército en Arauca
En los últimos años se han puesto a prueba en Arauca varias innovaciones en
materia de seguridad, con el fin de luego aplicarlas a otras zonas de
conflicto de Colombia. Estas innovaciones se han centrado en las medidas
destinadas a impulsar la autonomía de las fuerzas armadas y en responder a
la reiterada imposibilidad del gobierno de lograr la aprobación de la Corte
Constitucional para medidas controvertidas como la concesión de poderes de
policía judicial al ejército. Puesto que esos poderes han sido ya aprobados
por el Congreso (y sólo necesitan la aprobación, este mismo año, de una ley
habilitadora para que la legislación entre en vigor), es probable que
muchos de los mecanismos introducidos de forma pionera en Arauca, como la
"Estructura de Apoyo" o los "registros voluntarios",
resulten innecesarios.
La Estructura de Apoyo: El hecho de que, por el momento, las fuerzas
de seguridad no puedan practicar detenciones sin orden judicial no ha dado
lugar a una reducción del número de detenciones arbitrarias. Mientras
esperan a que se les concedan poderes judiciales, las fuerzas de seguridad
han recurrido a la participación de la Estructura de Apoyo, compuesta por
funcionarios de la Fiscalía General, para "legalizar" detenciones
llevadas a cabo en operaciones coordinadas por las fuerzas armadas. La
Estructura de Apoyo fue establecida por la Fiscalía General en Arauca en
noviembre de 2001 con el fin de llevar a cabo "las investigaciones
penales por los atentados contra la infraestructura del oleoducto Caño
Limón".(42) Su propósito oficial es reducir el peligro de ataques de
la guerrilla contra los investigadores judiciales que actúan en Arauca,
pero con frecuencia se utiliza para atacar a defensores de los derechos
humanos y activistas sociales.
La unidad tiene su base en el cuartel de la XVIII Brigada en la ciudad de
Arauca, y se compone de investigadores judiciales de la Fiscalía General y
la Procuraduría General. Los investigadores judiciales también viven en el
cuartel, y están bajo la protección específica de la XVIII Brigada. Según
los informes, la Estructura de Apoyo ha estado financiada en parte por
Occidental Petroleum.(43)
El hecho de que la unidad tenga su base en la XVIII Brigada socava
seriamente su independencia y su imparcialidad, ya que sus miembros pueden
verse obligados con frecuencia a investigar a las mismas personas de las
que depende su protección. Amnistía Internacional ha documentado casos de
investigadores judiciales de la unidad que han acompañado a personal
militar en las redadas y han emitido en ese mismo momento órdenes de
detención o de registro. En muchos casos, esas redadas se han basado en
datos facilitados por informantes civiles, no en investigaciones judiciales
previas, independientes e imparciales.
El 2 de septiembre de 2002, tropas de la XVIII Brigada entraron, según los
informes, en El Triunfo, en la zona de La Esmeralda, municipio de Arauquita,
y detuvieron al menos a 60 personas. Los informes indican que a los
detenidos los recluyeron hacinados en una sola habitación. Los soldados
iban acompañados de miembros de la Estructura de Apoyo y, según los
informes, de un informante encapuchado. Entre los detenidos había ocho
testigos de la matanza de La Esmeralda, perpetrada por los paramilitares el
21 de julio de 2001 y en la que murieron cinco personas. Al parecer, se
enfrentan a cargos de subversión en relación con supuestos ataques contra
el oleoducto. Según la información recibida, los ocho testigos fueron
identificados por el informante encapuchado, quien, según afirman algunos
testigos, era un miembro del grupo paramilitar implicado en la matanza.(44)
De los ocho testigos de la matanza detenidos, algunos habían implicado al
informante en esa misma matanza en sus declaraciones a las autoridades
judiciales.
En su reciente informe sobre la zona de rehabilitación y consolidación, la
Procuraduría General criticó también el hecho de que la Estructura de Apoyo
tenga su base en la Brigada. Según manifestaba el informe, "el
funcionamiento de la Estructura de Apoyo de la Fiscalía General de la
Nación en las instalaciones de la Brigada XVIII con sede en la ciudad de
Arauca, dada la dinámica que en la práctica ha adquirido, pone en
entredicho la realización plena de principios constitucionales y legales
relativos a la autonomía, imparcialidad e independencia judiciales".
(45)
Registros voluntarios: Desde que la Corte Constitucional anuló las
disposiciones del decreto 2002 que facultaban al ejército para realizar
registros domiciliarios sin orden judicial, el ejército ha empezado a
utilizar "registros voluntarios" para realizar registros en casas
sin orden judicial. Los soldados llegan a una casa y piden "permiso"
para registrarla. Si su inquilino se niega, a menudo lo amenazan con
regresar con una orden judicial. La mayoría tienen demasiado miedo como
para negarse, ante el temor a ser tachados de miembros o simpatizantes de
la guerrilla. Tras los registros, los soldados obligan al inquilino a
firmar dos declaraciones, una en la que afirma que el registro domiciliario
fue voluntario y otra en la que manifiesta que los soldados lo han tratado
bien.
El 25 de febrero de 2003, a las 7:50 de la mañana, unos soldados llegaron a
la casa de la señora X(46) en Saravena y le dijeron que querían llevar a
cabo un registro voluntario. Cuando ella les preguntó si tenían orden
judicial, ellos le dijeron que no era un registro normal, sino un registro
voluntario. Ella les dio su permiso, y los soldados registraron la casa. Le
preguntaron en qué trabajaba, a qué se dedicaba su esposo, de dónde
procedían, cuándo habían llegado al municipio, quién era el propietario de
la casa y dónde vivía el propietario. Cuando terminó el registro le
hicieron firmar un documento.
Los soldados regresaron el 27 de febrero y pidieron permiso para registrar
el patio. La mujer respondió que se había asesorado y que había leído una
resolución de la Corte Constitucional que decía que el ejército no estaba
autorizado para entrar en una casa o registrarla sin permiso. El capitán le
dijo que no era un registro, que sólo querían ver el patio de la casa, cuyo
propietario, dijo, era un terrorista. La señora X les dejó entrar de nuevo.
Otra vez, le hicieron firmar un documento que decía que había sido un
registro voluntario. El capitán le preguntó quién le había dado la copia de
la resolución de la Corte Constitucional, y ella le respondió que había
sido el joven que trabajaba en derechos humanos. El capitán entonces le
preguntó si el joven en cuestión pertenecía al Comité Regional de Derechos
Humanos "Joel Sierra", y ella dijo que sí. El capitán entonces
dijo que "Joel Sierra había sido un bandolero y que la guerrilla lo
había disfrazado de campesino".
El ejército afirma que los registros voluntarios están respaldados por la
Fiscalía General. Sin embargo, según un informe de la Procuraduría General
sobre Arauca, esta afirmación ha sido negada por fuentes de la Fiscalía
General.(47) El ejército también afirma que la legislación existente le
permite llevar a cabo registros voluntarios, pero la legalidad de esta
medida no está nada clara.
Según un informe enviado a la Procuraduría General por el comandante de la
XVIII Brigada el 16 de marzo de 2003, durante el periodo de la zona de
rehabilitación y consolidación se llevaron a cabo 294 registros normales y
1.078 "registros voluntarios". El ejército asegura que, gracias a
esos registros voluntarios, ahora tiene a 49.000 personas en su
"registro" del departamento de Arauca. El 12 de diciembre de
2003, la policía llevó a cabo un registro "voluntario" en las
oficinas del Comité Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra".
El registro, sin orden judicial, se llevó a cabo tras la votación realizada
en el Congreso que otorgó poderes de policía judicial al ejército, aunque
esta medida aún no ha entrado en vigor como ley.
Estrategia
nacional para consolidar la impunidad
El gobierno ha introducido, o está buscando la aprobación del Congreso para
hacerlo, una serie de medidas legislativas que se aplicarán a nivel
nacional y están destinadas a consolidar la impunidad que ha asolado
Colombia durante tantas décadas. No cabe duda de que estas medidas tendrán
una notable repercusión sobre las vidas de quienes residen en el departamento
de Arauca, especialmente los defensores de los derechos humanos, los
sindicalistas y los dirigentes campesinos.
Poderes de policía judicial para el ejército: En diciembre de 2003,
el Congreso aprobó un proyecto de reforma constitucional que permitirá al
ejército registrar casas, detener a individuos e interceptar comunicaciones
sin orden judicial. Antes de aplicar esta nueva legislación, el Congreso
debe aprobar una ley habilitadora, que probablemente el gobierno presentará
este año. Los sucesivos gobiernos, incluido el actual, han tratado de
introducir medidas similares, pero todas ellas han sido rechazadas por la
Corte Constitucional.
Existe preocupación por la posibilidad de que estos nuevos poderes permitan
a las fuerzas de seguridad detener a individuos, registrar casas e
interceptar comunicaciones basándose meramente en sus sospechas, no en
pruebas obtenidas en el transcurso de investigaciones judiciales
independientes e imparciales. Por lo tanto, la atribución de esos poderes
tiene serias repercusiones para los derechos políticos y civiles de la
población civil. Amnistía Internacional teme que faciliten la vigilancia de
los defensores de los derechos humanos, los testigos de violaciones de
dichos derechos y otros sectores civiles de la sociedad, a los que el
ejército tacha de subversivos. Estos sectores se enfrentan a la posibilidad
de ser objeto de investigaciones judiciales arbitrarias que amenazan con
tacharlos de subversivos y, por lo tanto, exponerlos al peligro de ataques
violentos o detenciones arbitrarias.
La concesión de poderes de policía judicial a las fuerzas de seguridad
puede fortalecer los mecanismos de impunidad al permitir a las fuerzas de
seguridad reprimir las investigaciones exhaustivas e imparciales sobre
violaciones de derechos humanos. Al ejército también puede resultarle más
fácil iniciar investigaciones basadas en pruebas escasas o inexistentes
contra organizaciones de derechos humanos y de otro tipo que denuncien
violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército, en un intento de
intimidar, silenciar y desacreditar a estas organizaciones y, posiblemente,
preparar el camino a ataques violentos contra ellas.
Reforma de la Fiscalía General: La Fiscalía General fue establecida
por la Constitución de 1991 para investigar y procesar todos los delitos
cometidos en Colombia, incluidas las violaciones de derechos humanos. Sin
embargo, las reformas introducidas recientemente han debilitado la
independencia de los investigadores judiciales individuales, muchos de los
cuales están en primera línea de las investigaciones para llevar ante la
justicia a los implicados en violaciones de derechos humanos e infracciones
del derecho internacional humanitario. Las nuevas medidas permiten a la
Fiscalía General decidir qué casos deben ser investigados y retirar a los
fiscales que investiguen ciertos casos. Esto ha minado la independencia e
imparcialidad de las investigaciones relacionadas con los derechos humanos.
Desde julio de 2001, cuando el fiscal general Luis Camilo Osorio ocupó su
cargo, la actitud habitual de la Fiscalía ha sido una marcada hostilidad
hacia las investigaciones sobre derechos humanos y un esfuerzo constante
por purgar la institución de funcionarios dispuestos a llevar a cabo dichas
investigaciones. Según los informes, poco después de su llegada, el fiscal
general Osorio forzó la dimisión de varios altos funcionarios que
investigaban casos de violaciones de derechos humanos en los que estaba
implicado un ex general. En diciembre de 2001, el fiscal general Osorio
destituyó a cuatro directores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI),
todos ellos descritos como excelentes profesionales por otros fiscales y ex
funcionarios de la Fiscalía General y por dirigentes del CTI.
El general Ismael Trujillo, director del CTI, dimitió más tarde, alegando
que sin esos profesionales de confianza no podía hacer su trabajo. En abril
de 2002, siete fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía
General y un miembro del CTI recibieron amenazas graves y creíbles
relacionadas con su trabajo en investigaciones sobre casos destacados de
violaciones de derechos humanos. Osorio no tomó ninguna medida para
protegerlos. Posteriormente, los amenazados pidieron medidas cautelares a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Decenas de fiscales e
investigadores han dimitido o han huido de Colombia desde que el fiscal
general Osorio ocupó su cargo. Por otro lado, muchos fiscales se han visto
sometidos a presiones, según los informes, para que presenten cargos de
subversión guerrillera contra individuos pese a no existir ninguna prueba
contra ellos. La Fiscalía General se ha integrado más plenamente en la
estrategia de contrainsurgencia y coordina las operaciones y la estrategia
contra el terrorismo junto con las fuerzas armadas, en la recién creada
estructura de coordinación antiterrorista.
Indulto o libertad "condicional" a autores de violaciones de
derechos humanos: En enero de 2003, el gobierno emitió el decreto 128,
que concede indultos a miembros de grupos armados ilegales que se entreguen
a las autoridades, siempre que no estén siendo objeto de investigaciones
penales por violaciones o abusos contra los derechos humanos o que no estén
encarcelados por esos mismos delitos. Pero lo cierto es que la mayoría de
los paramilitares y guerrilleros responsables de abusos contra los derechos
humanos no han sido identificados, y por lo tanto no están sometidos a
investigación. Eso significa que, en la práctica, el decreto concederá la
amnistía a autores de abusos y violaciones.
El gobierno también ha presentado al Congreso un proyecto de ley que va más
allá del decreto 128 al conceder la "suspensión condicional de la
ejecución de la pena" a los combatientes encarcelados que renuncien a
su pertenencia a un grupo armado ilegal y a los relacionados con grupos
armados que participen en un proceso de paz con el Estado y que se
entreguen a las autoridades, incluso aunque hayan sido hallados
responsables de abusos o violaciones graves de derechos humanos. El
proyecto de ley extenderá estos beneficios a los miembros individuales de
grupos armados que admitan sus delitos y ofrezcan resarcimientos, como
indemnizaciones económicas a las víctimas. Los principales beneficiarios de
esta legislación serían los grupos paramilitares que están negociando su
supuesta desmovilización con el gobierno. A Amnistía Internacional le
preocupa la posibilidad de que, si se aprueba este proyecto de ley, los
responsables de violaciones de derechos humanos, incluidos los autores de
crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, no serán adecuadamente
investigados ni comparecerán ante la justicia para responder de sus
presuntos delitos. Estas medidas, y las negociaciones con los
paramilitares, ignoran también los estrechos vínculos de estos últimos con
las fuerzas de seguridad, y con ello transmiten a los tribunales el
peligroso mensaje de que desistan de permitir que avancen los
procedimientos judiciales sobre dichos vínculos.
6. LA CONSTANTE
CONNIVENCIA CON EL PARAMILITARISMO
El gobierno no ha tomado medidas enérgicas para hacer frente a los
paramilitares, que son responsables de la mayoría de los homicidios no
relacionados con los combates. La principal razón de que los grupos
paramilitares hayan podido continuar con su ofensiva militar, caracterizada
por violaciones generalizadas de derechos humanos, es que estos grupos se
benefician del apoyo y la aquiescencia de sectores de las fuerzas de
seguridad y, con frecuencia, actúan en coordinación con ellos. Los
sucesivos gobiernos colombianos han alegado, y continúan haciéndolo, que
los vínculos entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares son
incidentes aislados. Sin embargo, los indicios que señalan una coordinación
constante son abrumadores.
La connivencia entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares ha
adoptado diferentes formas en Colombia. Ha habido operaciones militares
conjuntas, soldados en servicio activo que actúan con unidades
paramilitares, unidades del ejército que se identifican como paramilitares
durante operaciones, comunicaciones telefónicas y radiofónicas entre
unidades del ejército y paramilitares, intercambio de información secreta,
paramilitares que viven en bases del ejército o la policía, coordinación en
los cortes de rutas, repetidas faltas de actuación por parte de las fuerzas
de seguridad respecto a informes de incursiones paramilitares o respecto a
bases y controles paramilitares cuya ubicación se conoce, operaciones
militares para apoyar a fuerzas paramilitares que estaban siendo atacadas,
ausencia de medidas para impedir la fuga de paramilitares detenidos, y
falta de progresos en las investigaciones sobre altos mandos de las fuerzas
de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos cometidas junto
con grupos paramilitares.
La consolidación
del paramilitarismo en Arauca
Aunque en los últimos años se ha encarcelado a numerosos paramilitares,
Amnistía Internacional sigue recibiendo una cantidad considerable de
información creíble que señala la constante consolidación de las fuerzas
paramilitares en zonas fuertemente militarizadas, como el departamento de
Arauca, e indica una fuerte connivencia entre los paramilitares y las
fuerzas de seguridad. A lo largo de la última década, los paramilitares,
con el respaldo de las fuerzas armadas, han hecho varios intentos de
establecer una presencia paramilitar permanente en el departamento.(48)
Estas operaciones, que, por ejemplo, han utilizado como cobertura la
cooperativa de seguridad de El Corral o la operación militar Arawac, han
venido acompañadas con frecuencia de graves violaciones de derechos
humanos.
El Corral: En noviembre de 1997 empezó a actuar en Arauca una
cooperativa de seguridad(49) que se autodenominaba Asociación de Servicios
Comunitarios "El Corral Ltda. Departamento de Arauca". El Corral
mantuvo una presencia en el municipio de Arauca entre noviembre de 1997 y
febrero de 1998, fecha en que dejó de actuar abiertamente, después de que
las autoridades colombianas declararon que carecía de licencia. El entonces
comandante de la XVIII Brigada, el general Arcesio Barrero Aguirre, hizo una
declaración a tal efecto el 22 de enero de 1998. El Corral fue considerado
responsable de unos 19 homicidios en Arauca entre noviembre de 1997 y enero
de 1998. Durante este periodo llevó a cabo patrullas regulares en la ciudad
de Arauca. El Corral también fue considerado responsable de la
"desaparición" de Libardo Duarte y Rodolfo Osorio, ocurrida el 15
de diciembre de 1997. Estos dos hombres eran miembros del partido de
izquierdas Unión Patriótica (UP). Desde la creación de este partido
en 1985, más de 3.000 de sus miembros han sido asesinados, la inmensa
mayoría por paramilitares respaldados por el ejército.
Efraín Varela entrevistó al representante legal de la cooperativa en la
emisora de radio Meridiano 70 el 9 de enero de 1998. Durante la entrevista,
el representante dijo que la cooperativa contaba con 70 miembros, e
insistió en que sí tenía licencia para actuar en el departamento de Arauca,
que las fuerzas armadas tenían pleno conocimiento de la actuación de El
Corral en el departamento y que su sede estaba situada cerca de la base de
la XVIII Brigada en Arauca. También confirmó que El Corral llevaba a cabo
operaciones en distintas partes del municipio. Asimismo, refiriéndose al
parecer a los homicidios atribuidos a la cooperativa, alegó que los asesinos
utilizaban vehículos idénticos a los que utilizaba El Corral, y añadió: "están
haciendo las cosas supuestamente a nombre de la guerrilla". Al
preguntarle por qué, casualmente, los vehículos de El Corral llevaban
placas de matrícula del municipio de San Vicente del Chucurí, departamento
de Santander, donde actuaban cooperativas de seguridad vinculadas a
comandantes de las AUC, el representante legal respondió que los vehículos
habían sido matriculados en ese municipio por razones de seguridad.
El 2 de febrero de 1998 se dictó una orden de detención contra el
representante legal por cargos de falsificación de documentos. Fue
detenido, pero Amnistía Internacional no dispone de información que indique
si fue juzgado o condenado por esos cargos o por otros relativos a los
homicidios cometidos por El Corral. Otros dos miembros de El Corral fueron
acusados de portar armas sin permiso. Un agente del Servicio de
Investigaciones Judiciales e Inteligencia (SIJIN) de la policía colombiana
también fue acusado por cuestiones relacionadas con El Corral. Amnistía
Internacional no dispone de información sobre si se iniciaron
procesamientos contra estos tres hombres. Efraín Varela fue asesinado por
paramilitares en 2002 (véase capítulo 8).
El 23 de febrero de 1998 se celebró una manifestación contra el
paramilitarismo en el departamento de Arauca, organizada por sindicatos,
grupos de campesinos y de indígenas y otros grupos de la sociedad civil.
Según los informes, el entonces comandante de la XVIII Brigada declaró que
la manifestación había sido organizada por fuerzas de guerrilla. A
consecuencia de la manifestación, el 26 de febrero el gobierno colombiano
se comprometió a llevar a cabo investigaciones judiciales sobre la
actuación de la cooperativa de El Corral y a investigar los abusos y
violaciones de derechos humanos cometidos en el departamento. Varios de los
responsables de organizar la manifestación y negociar con el gobierno se
encontraban entre quienes, en 2002 y 2003, fueron detenidos y amenazados
por paramilitares.
En mayo de 1998, las AUC hicieron públicos dos comunicados. En uno de ellos
anunciaban que "nuestra presencia armada en el Departamento ya es una
realidad". En el otro decían que estaban llevando a cabo la primera
fase de un "Plan General que hay diseñado para este departamento y que
consiste en la ubicación y clasificación de objetivos".
El 19 y 20 de noviembre de 1998, fuerzas de las AUC que actuaban en
coordinación con la XVI Brigada violaron a Alicia Ramírez Méndez,
embarazada de siete meses, y luego la degollaron, y también mataron a
Leonor Mercedes Carrillo Niño, Rito Antonio Díaz Duarte, Efraín Carvajal
Valbuena y Samuel Silva Ramírez en la comunidad de La Cabuya, municipio de
Tame. Las investigaciones disciplinarias llevadas a cabo por la Procuraduría
General concluyeron que un teniente del ejército del Batallón 25 Héroes de
Paya había ordenado a personal bajo su mando prestar apoyo a los
paramilitares durante la comisión de esos homicidios. La información
recibida por Amnistía Internacional indica que en la matanza participó
directamente personal militar adscrito al Batallón Núm. 25, y que los
paramilitares habían coordinado la operación con oficiales del batallón. La
información recibida indica que los oficiales también instruyeron a soldados
del batallón sobre cómo debían responder a las preguntas de las autoridades
investigadoras y los amenazaron recordándoles que, si implicaban al
batallón en la matanza, ellos (los oficiales) sabían dónde vivían sus
familias.
Operación Arawac: Las ofensivas militares lanzadas en Arauca en 2001
anunciaron la consolidación en gran escala de los paramilitares en el
departamento. En mayo, la XVI Brigada, con base en Casanare, y la XVIII
Brigada, junto con la Brigada Móvil Núm. 3 y la Fuerza de Despliegue Rápido
(FUDRA), lanzaron la Operación Arawac, una ofensiva militar en gran escala
que concluyó el 17 de septiembre de 2001. En su transcurso, según los
informes, las tropas amenazaron a comunidades civiles con incursiones
paramilitares, diciendo: "los que vienen atrás les van a mochar la
cabeza por guerrilleros". Los informes también indican que los
soldados amenazaron a las comunidades diciendo que iba a llegar un gran
número de paramilitares: "vendrá Castaño [el dirigente paramilitar]
con 600 hombres a cuadrar esta región".
El 21 de julio de 2001 murieron, según los informes, a manos de
paramilitares cinco miembros de la familia Hernández Páez: Wilson, Luz
Elida, Farley (de ocho años), Heyner (de seis) y Robinson (de dos). Los
homicidios tuvieron lugar en El Triunfo, en la zona de La Esmeralda,
municipio de Arauquita, aproximadamente a cuatro kilómetros de una base
militar y cerca del oleoducto de Caño Limón, que estaba bajo la vigilancia
constante de las fuerzas de seguridad. A pesar de que el comandante de los paramilitares
fue sometido a una investigación judicial en relación con estos homicidios,
algunos testigos han declarado ante los investigadores judiciales que este
hombre actuaba como informante del ejército y participó el 2 de septiembre
de 2002 en una operación militar con la Estructura de Apoyo en la
comunidad de El Triunfo, en la que fueron detenidos más de 60 campesinos.
Según los testigos, el comandante paramilitar identificó a ocho campesinos
para que fueran detenidos. Algunos de esos ocho, si no todos, habían
prestado ante los investigadores judiciales testimonio que incriminaba al
comandante paramilitar en la matanza de julio de 2001 o testimonios de
carácter general sobre dicha matanza. Según la información recibida, los
ocho fueron acusados de ataques contra el oleoducto.
Entre junio y septiembre de 2001 aparecieron pintadas paramilitares
coincidiendo con la presencia de patrullas del ejército en las comunidades
de Puerto Nariño, Betoyes y Pueblo Nuevo, municipio de Tame, en Saravena, y
en La Paz, municipio de Arauquita. En agosto de 2001, unos 1.000 miembros
de las AUC entraron en el departamento de Arauca después de la
concentración de tropas en el norte de Casanare.(50) Tras la Operación
Arawac se recibieron informes que indicaban que, desde el 18 de septiembre,
a pesar de la fuerte militarización de la zona, se habían montado en
carreteras de zonas rurales de los municipios de Puerto Rondón y Tame
controles ilegales gestionados por hombres armados que se identificaban a
sí mismos como paramilitares. En febrero de 2002 se hizo público que
Repsol-YPF había descubierto petróleo en el yacimiento de Capachos, en el
municipio de Tame.(51)
En febrero de 2002 se inició una huelga cívica convocada por organizaciones
sociales contra la presencia de paramilitares en el municipio de Tame, que
llevó al gobierno a firmar, el 4 de marzo, un acuerdo con estas
organizaciones. En virtud de ese acuerdo, el gobierno se comprometía a
garantizar la seguridad de la población civil y a tomar medidas para
combatir a los grupos armados ilegales que actuaban en el municipio. Sin
embargo, gracias a ese mismo acuerdo, los paramilitares pudieron consolidar
su presencia en otras partes del departamento de Arauca.
Según la información recibida, la XVIII Brigada ordenó que se llevaran
refuerzos militares desde el municipio de Cravo Norte hasta el de Tame.
Tras el traslado de tropas hacia mediados de marzo, los paramilitares,
según los informes, establecieron una presencia en el centro urbano de
Cravo Norte y compartieron la comisaría con agentes de policía. El 18 de
abril de 2002, la Procuraduría General emitió la directiva núm. 007, que
señalaba "que las AUC llegaron a Cravo Norte después de la salida del
ejército y a partir de entonces patrullan el casco urbano de la mencionada
localidad, a pesar de existir un contingente policial allí". La
información recibida por Amnistía Internacional indica que, el 22 de marzo,
un grupo de paramilitares con brazaletes de las AUC patrullaban la
carretera entre Cravo Norte y el aeropuerto. Las autoridades civiles y
militares habían advertido repetidamente de que los paramilitares tenían
puestas sus miras en Cravo Norte y que retirar tropas de la zona
facilitaría el proceso.
A pesar del despliegue de refuerzos militares en el municipio de Tame,
según los informes 200 paramilitares pudieron entrar en el poblado de
Betoyes, en ese mismo municipio, el 30 de marzo. Durante esa incursión los
paramilitares pudieron establecer un control en la carretera que conduce a
la capital del departamento y secuestraron a cuatro personas, entre las que
se encontraba Sigifredo Valderrama, cuyo paradero se desconoce. Entre el 28
y el 31 de abril, los paramilitares que combatían a las guerrillas en
Betoyes recibieron, según los informes, ayuda desde helicópteros del ejército.
Entre abril y mayo de 2002, los paramilitares hicieron
"desaparecer" a unas 13 personas en Cravo Norte. Varios meses
después, el ejército envió tropas de vuelta a Cravo Norte, tras insistir en
que las autoridades regionales debían contribuir al coste del transporte de
tropas en helicóptero entre Tame y Cravo Norte. Después del regreso de los
contingentes militares a Cravo Norte, unos 600 paramilitares viajaron de
Cravo Norte a la zona de El Rosario, en el municipio de Arauquita, el 14 de
junio de 2002. Pese al elevado número de paramilitares que se desplazaban,
el ejército no hizo ningún esfuerzo aparente por impedir su despliegue.
Aunque en el ámbito nacional hay indicios de una mayor acción contra
algunos grupos paramilitares, especialmente los que no mantienen un diálogo
con el gobierno, también hay indicios de que las estadísticas oficiales de
acción contra los paramilitares se están inflando artificialmente. En
varias ocasiones, Amnistía Internacional ha sido informada de que se ha
presentado a paramilitares muertos en combates con la guerrilla como
muertos a manos del ejército. Otras veces, las operaciones contra los
paramilitares han coincidido con el proceso de certificación de la ayuda
militar estadounidense a Colombia o con purgas internas en las estructuras
paramilitares. La organización también ha recibido información sobre
ataques simulados entre paramilitares y soldados. Los medios de
comunicación informan con frecuencia sobre asaltos a presuntas bases
paramilitares durante los que no se captura apenas a ningún paramilitar.
Los paramilitares capturados, con frecuencia, son puestos en libertad sin
cargos, son acusados de actividades no relacionadas con el paramilitarismo
o se fugan del lugar donde se encuentran bajo custodia.
El aumento de las capturas no ha impedido la expansión y la consolidación
constantes de las fuerzas paramilitares durante los últimos dos años, a
pesar de la fuerte presencia militar y de las reiteradas denuncias de las
organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, sobre
las bases y controles paramilitares que, pese a las denuncias, siguen
operativos.
Durante una visita a la región realizada por Amnistía Internacional en
septiembre de 2002, la organización fue informada de que un gran número de
paramilitares había entrado en la comunidad de El Rosario y sus
alrededores, en el municipio de Arauca, el 21 de junio de 2002, a pesar de
la estrecha proximidad de la XVIII Brigada. Según los informes, un mes
después de su llegada a la zona, los paramilitares mantenían controles en
La Antioqueña, El Rosario y Papayito, en la carretera que une Arauca y el
complejo petrolero de Caño Limón, a pesar de la fuerte militarización de la
región, y pudieron mantener esos controles sin obstáculos hasta el 14 de agosto
de 2002. Aunque se recibieron informes sobre operaciones del ejército
contra paramilitares, estas operaciones no fueron decisivas y, en agosto de
2002, los paramilitares se extendieron hasta El Caracol, municipio de
Arauca. Cuando los delegados de Amnistía Internacional visitaron Arauca en
marzo de 2003 fueron informados de que los paramilitares seguían
manteniendo una presencia en El Caracol. A pesar de que la zona está
fuertemente militarizada y que las autoridades conocen el paradero de los
paramilitares (Amnistía Internacional informó a la XVIII Brigada sobre su
presencia en septiembre de 2002 y marzo de 2003) no parece haberse tomado
ninguna medida enérgica para hacerles frente.
Al consolidar su presencia en el municipio de Arauca, los paramilitares
pudieron perpetrar matanzas y homicidios selectivos a pesar de la fuerte
militarización de la región y del hecho de que se había informado a las
fuerzas armadas de su presencia. El 26 de noviembre de 2002, según los
informes, los paramilitares torturaron y mataron al menos a cuatro personas
en la comunidad de El Matal, en la zona de Flor Amarillo, municipio de
Arauca. Al parecer, los paramilitares se identificaron como miembros del
Bloque Arauca y llevaban consigo una "lista negra" con varios nombres.
Mataron a Diego Javier Díaz Carvajal, padre de seis hijos, a José Vicente
Herrera, padre de cuatro hijos, a Pedro Herrera y a Jesús Vicente Moreno,
padre de nueve hijos. Según los informes, la Defensoría del Pueblo de
Arauca registró el desplazamiento de 76 familias de esa comunidad. Durante
la primera semana de marzo de 2003, los informes indican que los
paramilitares entraron en la comunidad de Isla del Vapor, en la zona de
Clarinetero, municipio de Arauca, y mataron a siete personas, entre las que
se encontraba Nayith Alfonso Altamar Villegas.
La preocupación por la negativa de las autoridades colombianas a reconocer
la presencia de paramilitares la comparte la Oficina en Colombia del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que, en su
informe de 2003 (relativo a 2002), manifestó que "[s]on motivos de
preocupación las declaraciones de autoridades civiles y militares negando
la existencia en sus regiones de grupos paramilitares, cuando ésta era de
conocimiento público. Ejemplos de estas situaciones se registraron en [...]
Tame [...]".(52) A Amnistía Internacional le preocupa también el hecho
de que los paramilitares parecen haber estacionado a miembros suyos en
zonas del departamento en donde las fuerzas de seguridad ya habían llevado a
cabo operaciones de contrainsurgencia, como Cravo Norte, Puerto Rondón y
Tame.
Ataques a la
población civil
Las tropas del ejército se identifican con frecuencia como paramilitares y
utilizan brazaletes paramilitares en un esfuerzo por disimular su identidad
y crear confusión. Entre el 30 de marzo y el 3 de abril de 2003, tropas del
Batallón Navas Pardo de la XVIII Brigada establecieron, según los informes,
un puesto en el resguardo indígena de Velasqueros, en Tame. Al parecer,
durante ese tiempo, hombres armados que se identificaron como paramilitares
amenazaron a miembros de la comunidad. El 30 de marzo, según indican los
informes, un grupo de soldados entró en la comunidad de Betoyes, en Tame.
Ese mismo día, Luis Eder Arévalo murió, al parecer a manos de
paramilitares, en la carretera que une Betoyes y el poblado de La Holanda.
El 27 y 28 de abril de 2003, los informes indican que hombres armados que
llevaban brazaletes paramilitares entraron en la comunidad de Flor
Amarillo, Tame. Según testigos, entre ellos había varios miembros del
Batallón Navas Pardo. Los asaltantes saquearon casas y comercios de la
comunidad. Después de estas operaciones, los testigos afirmaron haber
encontrado brazaletes reversibles, con la identificación de la XVIII
Brigada en un lado y la de las AUC en el otro. En mayo, soldados que, según
los informes, se identificaron como paramilitares violaron y mataron a una
adolescente embarazada y a tres niñas en esta zona (véase capítulo 8).
Amnistía Internacional ha documentado otros casos de soldados que al
parecer se identificaron ante la comunidad como paramilitares para cometer
violaciones de derechos humanos. El 20 de enero de 2003, en Alto Cauca,
Pueblo Seco y Alto Cusay, en Tame, miembros de la Fuerza de Despliegue
Rápido (FUDRA) estacionados cerca de la comunidad de Botalón y que se
identificaron, según los informes, como paramilitares patrullaron
encapuchados y retuvieron, interrogaron y golpearon a campesinos. Según los
informes, la FUDRA ha amenazado a la comunidad diciendo que entrará en ella
y cometerá una matanza: "vinimos con el ejército y nos dejaron aquí
con la misión de entrar a Botalón a matar a un poco de gente y hasta que no
cumplamos nuestro objetivo no nos podemos ir".
Continúan los
homicidios pese al alto el fuego
La mayoría de los grupos paramilitares que componen las AUC iniciaron un
"alto el fuego" el 1 de diciembre de 2002 como preludio al
comienzo de las negociaciones con el gobierno. El 15 de julio de 2003, el
gobierno y las AUC firmaron un acuerdo que podía conducir a la
desmovilización de los paramilitares para finales de 2005. Amnistía
Internacional recibiría con satisfacción cualquier esfuerzo para disolver
los grupos paramilitares, algo que debería haberse hecho hace ya mucho
tiempo. Sin embargo, a la organización le preocupa el hecho de que los
combatientes no serán apartados del conflicto, sino reintegrados en él al
ser reciclados como informantes civiles o soldados campesinos o al ser
contratados por empresas de seguridad privadas. A pesar del alto el fuego,
los paramilitares siguen siendo responsables de matanzas, homicidios
selectivos y "desapariciones". En todo el país, al menos 700
personas murieron presuntamente a manos de paramilitares en 2003.
Amnistía Internacional también ha recibido información sobre personas que
han muerto, al parecer a manos de paramilitares, tras ser amenazadas,
detenidas y acosadas por la policía:
· El 22 de julio de 2003, una patrulla de la policía entró en el bar
"Estadero El Caney", en Saravena, y registró a los allí presentes.
A Uriel Ortiz Coronado le preguntaron dónde trabajaba, y él respondió que
en la Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de Saravena (ECAAS).
Según los informes, durante la operación algunos testigos observaron que
había dos individuos no identificados dentro del vehículo policial.
Momentos después de que los policías se marcharan, dos hombres armados
entraron en el bar y mataron a Uriel Ortiz Coronado, Gerson Silva Delgado,
Henry Bautista González y Claudio Torres Reyes. Según los informes, Uriel
había sido detenido por la policía el 31 de mayo de 2003 y acusado de ser
un colaborador de la guerrilla. Los informes indican que también había sido
amenazado por la policía.
· El 25 de septiembre de 2003, Rito Hernández, trabajador de la ECAAS, fue
abatido a tiros por dos hombres no identificados en su casa de Saravena.
Según los informes, la policía lo había detenido en varias ocasiones y lo
había amenazado. Los informes indican que la policía declaró que los
trabajadores de la ECAAS eran colaboradores de la guerrilla. El 25 de julio
de 2003, dos individuos no identificados, a quienes se cree paramilitares,
se acercaron a Rito Hernández y lo amenazaron a él y a otros trabajadores
de la ECAAS. Le dijeron que les iban a "dar todo el plomo que se puedan
tragar". El 31 de agosto de 2003 aparecieron en las paredes del
edificio de la ECAAS en Saravena pintadas paramilitares que amenazaban con
matar a los trabajadores de la empresa. Las pintadas decían:
"sentencia final: muerte a ECAAS" y "muerte a milicianos de
ECAAS".
7. LA GUERRILLA:
VIOLACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
Como parte del conflicto, las guerrillas están obligadas a respetar los
principios del derecho internacional humanitario relativos a los conflictos
armados no internacionales. El artículo 3 común y el Protocolo Adicional II
de los Convenios de Ginebra, en los que Colombia es parte, se aplican a los
conflictos armados internos e imponen a todas las partes armadas el deber
de cumplir con las disposiciones mínimas, incluido el trato humano a todos
los que no están directamente implicados en las hostilidades. Amnistía
Internacional insiste en que estas normas internacionales deben ser
respetadas y considera que ésta es la única manera de empezar a proteger a
la población civil de los efectos del conflicto armado en Colombia.
Las FARC y el ELN han sido responsables de numerosas y persistentes
infracciones del derecho internacional humanitario. Las actividades de las
FARC en Arauca se han caracterizado por los ataques desproporcionados
–muchas veces con morteros y bombas de fabricación casera (que suelen matar
a civiles)– contra objetivos militares, y por los ataques contra el
oleoducto y las torres de alta tensión, las amenazas de muerte
generalizadas contra civiles, los homicidios selectivos de civiles y los
secuestros. La estrategia del ELN, que entró en la región con el objetivo
autoprofesado de oponerse a la explotación petrolera de Occidental
Petroleum, consiste en atentar con explosivos contra el oleoducto y las
torres de alta tensión, secuestrar a civiles y cometer homicidios
selectivos también de civiles. El ELN lleva atacando la infraestructura
petrolera desde 1984. Muchos sectores civiles de Arauca, como los
funcionarios públicos, han sido víctimas de amenazas y homicidios por parte
de fuerzas de guerrilla pertenecientes a las FARC.
Autoridades
locales en el punto de mira
Las FARC han estado intentando minar la autoridad del Estado en Arauca para
reafirmar su control sobre la zona. La parte más visible de esta estrategia
ha incluido amenazas de "dimite o muere" contra autoridades
locales, como alcaldes o concejales. La guerrilla confía en que el vacío
político causado por el abandono de estos cargos facilitará sus esfuerzos
por obtener o recuperar el control de grandes zonas del país. Una de las
principales justificaciones para implantar el estado de emergencia y crear
las Zonas de Rehabilitación y Consolidación fue, por lo tanto, la necesidad
de crear mecanismos que permitieran al ejército proteger a las autoridades
locales que hubieran sido declaradas objetivo militar por las FARC, y,
aparentemente, recuperar el control efectivo de los impuestos sobre el
petróleo pagados a las autoridades regionales.
Sin embargo, durante el periodo de la zona de rehabilitación y consolidación,
las guerrillas siguieron matando a funcionarios públicos y dirigentes
locales y comunitarios y obligaron a centenares más a dimitir. El 18 de
febrero de 2003, las FARC emitieron una amenaza de muerte general contra
los funcionarios del departamento de Arauca que decía: "Que como
vivimos en una guerra ya declarada, son objetivos militar por nuestra
organización todas las instituciones del estado, los funcionarios que
representan dichas instituciones, las multinacionales, las empresas de los
capitalistas que apoyan al paramilitarismo o al estado que fomenta la
guerra".
Hasta las elecciones locales del año pasado, el departamento de Arauca no
había tenido un gobernador designado por elección desde que Héctor Gallardo
fue apartado del cargo en 2002. Su sustituto, el coronel retirado José
Emiro Palencia Álvarez, designado por el gobierno, ocupó su cargo en
octubre de 2002, pero dimitió el 14 de enero de 2003 por razones
"personales y de orden público". Según los informes, Héctor
Gallardo fue secuestrado por el ELN en agosto de 2002 y retenido como rehén
durante dos meses antes de ser liberado. Pese a ello, el 21 de octubre de
2003 fue detenido, junto con otros dirigentes políticos de la oposición, y
acusado de mantener vínculos con grupos de guerrilla.(53)
En Arauquita, dos alcaldes han dimitido y los concejales están desempeñando
sus funciones desde Bogotá tras ser amenazados por la guerrilla. El 3 de
marzo de 2003, el Sindicato de Trabajadores y Empleados Públicos
(SINTROEPAR) de Arauquita denunció los ataques a los que las FARC sometían
a sus miembros, incluido el homicidio de tres de ellos desde que la zona de
rehabilitación y consolidación entró en funcionamiento.
En Saravena, el personal del municipio se ha visto obligado a trabajar en
edificaciones temporales después de que, al parecer, las guerrillas volaran
sus oficinas. El 7 de marzo de 2003, el propio alcalde, Hugo Manuel Benítez
Ordóñez, dimitió tras recibir amenazas de las FARC. Los alcaldes que
representan a los municipios de fuera de la zona de rehabilitación y
consolidación también han sido víctimas de amenazas u homicidios. El 3 de
enero de 2003, el alcalde de Fortul, Fernando Triviño, se vio obligado a
dimitir tras recibir amenazas de un grupo de guerrilla. El 25 de noviembre
de 2002, Héctor Gutiérrez, alcalde de Puerto Rondón, y Sixto Cortina, su
secretario de gobierno, fueron víctimas de homicidio, presuntamente a manos
de las FARC.
Las guerrillas también siguen perpetrando homicidios selectivos de civiles:
· el 7 de marzo de 2003, tres personas, entre ellas el geólogo Martín
López, murieron, presuntamente a manos de las FARC, cuando viajaban en un
vehículo en Betoyes, Tame;
· el 3 de enero de 2003, cinco personas, una de ellas un menor, murieron,
según los informes, a manos del ELN en los poblados de El Botalón y El
Pesebre, en Betoyes, municipio de Tame.
Bombas y
morteros: las víctimas civiles
Las FARC han intensificado su uso de bombas y morteros en el departamento
de Arauca. No sólo han atacado el oleoducto, sino que, al parecer, han
perpetrado ataques contra objetivos militares y policiales en zonas muy
pobladas, lo que con frecuencia ha dado lugar a bajas civiles. Las FARC no
han dudado en utilizar en sus ataques armas de baja precisión, como bombas
de cilindro de gas, y han mostrado poco interés por la seguridad de los
civiles, lo que viola claramente los principios clave de distinción y
proporcionalidad establecidos en el derecho internacional humanitario, y la
obligación de tomar medidas para evitar o reducir al mínimo la perdida
fortuita de vidas civiles, las lesiones a civiles y los daños a bienes
civiles. Se han atribuido a las FARC varios ataques que han causado la
muerte y lesiones a civiles:
· el 17 de junio de 2003, Edwin Orlando Ropero, de 11 años, murió y cuatro
adultos resultaron heridos cuando se detonó una bicicleta cargada con
explosivos en Fortul;
· el 23 de junio de 2003, un dispositivo similar causó la muerte de Bryan
Alexander Balmaseda, de tres años, en Arauquita. Al parecer, la explosión
también mató al guerrillero que montaba la bicicleta;
· el 13 de septiembre de 2002, parece ser que las FARC hicieron estallar
varias bombas de cilindro de gas en Saravena. Aunque su objetivo parecía
ser la comisaría, los artefactos fallaron el blanco y alcanzaron los
edificios circundantes. Cuatro civiles murieron y 23 resultaron heridos.
Extorsión y
secuestro como fuente de ingresos
En los noventa, se calculaba que las fuerzas de guerrilla obtenían en torno
a 140 millones de dólares estadounidenses al año(54) mediante la extorsión
al sector petrolero y el secuestro de trabajadores de dicho sector.(55)
Tanto las FARC como el ELN han sometido a "impuestos de guerra" a
los contratistas nacionales que trabajan para empresas extranjeras. En su
declaración del 15 de febrero de 2000 ante el Congreso estadounidense,
Lawrence Meriage, haciendo referencia a "elementos subversivos",
manifestó: "Nuestros contratistas se ven obligados a pagar un
'impuesto de guerra' o enfrentarse a la amenaza bien real de que su
equipamiento sea destruido y su personal atacado. Los trabajadores locales
deben pagar dinero de 'protección' o poner en peligro su seguridad personal
y la de sus familias".
En Arauca, las guerrillas han obligado a los contratistas de obras públicas
a pagarles un porcentaje. Con frecuencia, estos contratistas se han visto
obligados a pagar tanto al ELN como a las FARC para poder llevar a cabo su
trabajo sin obstáculos. De esta manera, la guerrilla se ha hecho con parte
de los impuestos por petróleo que benefician a Arauca. Esta es una de las
razones que motivaron la decisión tomada por el gobierno colombiano en
enero de 2003 de que los pagos de los impuestos se administraran desde
Bogotá.(56)
Los trabajadores del petróleo han sido amenazados repetidamente por las
fuerzas de guerrilla. El 16 de abril de 2001, el ELN secuestró a más de 107
trabajadores de Occidental Petroleum en el municipio de Arauca. A 73 de
ellos los puso en libertad al cabo de unas horas, y a los demás los dejó
libres el 19 de abril. Los comandantes del ELN dijeron que el secuestro
había tenido como finalidad alertar a Colombia y a la comunidad
internacional de la creciente presencia de paramilitares en el departamento
y de los vínculos de éstos con las fuerzas armadas y el sector económico.
Algunos trabajadores del petróleo también han sido víctimas de
homicidio.(57)
8. PERSEGUIDOS POR
LOS DOS BANDOS DEL CONFLICTO
Además de las comunidades indígenas y campesinas y de los sindicalistas,
también los miembros de determinadas profesiones y otros sectores civiles
de Arauca han sido víctimas de amenazas y homicidios por parte de la
guerrilla y los paramilitares respaldados por el ejército. Esto ha sucedido
especialmente en el caso de maestros y periodistas, que han sido blanco de
ataques porque su trabajo los pone a menudo en contacto con los dos bandos
del conflicto. También se ha atacado a mujeres, en ocasiones por su trabajo
como maestras (una profesión con una gran representación femenina) y otras
veces por haber entablado relaciones con miembros de uno de los dos bandos
del conflicto.
Periodistas: un
golpe a la libertad de expresión
Colombia es uno de los lugares más peligrosos del mundo para que los
periodistas realicen su trabajo. Quienes informan desde el departamento de
Arauca han sido blanco especial de ataques durante los últimos años:
· en 1984 fue volada con explosivos la oficina de Radio Caribarare,
en Saravena;
· en 1991, Henry Rojas Monje, periodista de El Tiempo, fue
asesinado. En su homicidio estaba implicado personal del ejército;
· en 1995 tuvo lugar el homicidio de Iván Darío Pelayo, director de Radio
Llanorámica;
· en 2001, Zoraida Ariza, corresponsal de La Voz de Cinaruco, fue
víctima de un ataque con explosivos, al parecer obra de la guerrilla.
El 21 de enero de 2003, el ELN secuestró a la periodista británica Ruth
Morris y al fotógrafo estadounidense Scott Dalton, de Los Angeles Times.
Los puso en libertad después de 11 días de cautiverio. Un equipo de cinco
periodistas colombianos de RCN, enviados a cubrir la historia, fueron
también secuestrados en la carretera que conduce a Saravena el 25 de enero
de 2003, y liberados el 28 de ese mismo mes.
El 18 de marzo de 2003, el periodista Luis Eduardo Alfonso fue asesinado
cuando se dirigía a su trabajo en la emisora de radio Meridiano 70 en la
capital, Arauca. Luis Eduardo Alfonso había sido víctima de amenazas de
muerte y había recibido anteriormente protección del Programa de Protección
de Periodistas del Ministerio del Interior. Muchos otros periodistas de
Arauca están asimismo bajo la protección de este Programa. Otro periodista,
Efraín Varela, murió también, al parecer a manos de paramilitares, el 28 de
junio de 2002. Los dos se habían mostrado muy críticos con la guerrilla y
los paramilitares.
Desde 2003 han circulado por el departamento diversas listas negras, en las
que se nombra a un total de 24 periodistas y se les pide que abandonen
Arauca inmediatamente. Una de las listas tiene 16 nombres (14 de Arauca,
uno de Saravena y otro de Tame) y, al parecer, es de las FARC. Otra
pertenece presuntamente a los paramilitares y contiene 10 nombres, con los
de Efraín Varela y Luis Eduardo Alfonso marcados con una cruz a la derecha
del nombre.
A consecuencia de las amenazas de muerte, 16 periodistas del departamento
de Arauca viajaron a Bogotá el 31 de marzo de 2003 para pedir medidas al
gobierno. Sin embargo, las amenazas ya han tenido serias repercusiones en
la libertad de expresión en la región. Los periodistas con sede en el
departamento ahora sólo informan sobre noticias no controvertidas y
comunicados oficiales, no abandonan los núcleos urbanos para realizar
periodismo de investigación ante el temor a ser atacados, y tienen
dificultades para encontrar a personas dispuestas a hablar con ellos, ya
que los posibles informantes están demasiado asustados.
Según los informes, las autoridades militares también han tratado de
censurar directamente la información. El 13 de noviembre de 2002, la
emisora comunitaria Radio DIC, que cubre Saravena, Arauquita, Tame y
Fortul, tuvo que cerrar, al parecer a consecuencia de las presiones de un
oficial del ejército. El día antes había emitido un comunicado de una
organización social que denunciaba violaciones de derechos humanos
cometidas por las fuerzas de seguridad en la zona. Al parecer, dos
oficiales del ejército visitaron la oficina de la radio en Saravena para
prohibir a su director que transmitiera en Arauca.
Maestros:
minando el derecho a enseñar
Los maestros han sido blanco especial de ataques por parte de todos las
partes del conflicto. Han sido víctimas de homicidio, secuestro,
"desaparición", extorsión por grupos armados ilegales, amenazas
escritas y telefónicas, declaraciones públicas en las que los identifican
como objetivo militar, y órdenes de grupos armados que les prohíben
participar en actividades sindicales y les exigen que se den de baja en su
sindicato. En marzo de 2003, las FARC, y también los paramilitares, habían
amenazado, según los informes, a más de 90 maestros en Arauca. De ellos,
unos 60 han dejado la región. También había maestros entre los aprehendidos
en las detenciones en masa llevadas a cabo en Saravena en noviembre de
2002.
Los miembros de la Asociación de Educadores de Arauca (ASEDAR) han
sido víctimas de amenazas y homicidios. El 18 de marzo de 2003, Raquel
Galvis, miembro de ASEDAR que vive en Arauquita, recibió una amenaza de
muerte telefónica cuyo autor se identificó como miembro de las AUC y le
advirtió de que, si se encontraba con un control paramilitar, la matarían.
Al día siguiente, Jaime Ernesto Carrillo, presidente de ASEDAR, recibió una
amenaza de muerte por escrito que decía: "Cuide a sus hijos o no los
volverá a ver". Varios maestros fueron asesinados en 2003:
· el 7 de marzo, Luis Alfonso Grisales murió en Clarinetero, municipio de
Arauca, al parecer a manos de paramilitares. Había sido maestro rural
durante 26 años;
· el 13 de enero, paramilitares de las AUC mataron, según parece, al
maestro José Marcelino Díaz González en Tame. José Marcelino Díaz era
conocido por su trabajo sindical y comunitario y era uno de los fundadores
del Colegio Técnico Froilán Farías.
Mujeres:
atacadas como táctica de terror
Las mujeres en Colombia también son víctimas de ejecución extrajudicial,
homicidios deliberados y arbitrarios, tortura, "desapariciones" y
otras formas de violación de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario. Los ataques de que son víctima se deben en gran
parte, aunque no exclusivamente, al papel que las mujeres asumen en sus
comunidades como activistas y líderes en la campaña en favor de los
derechos políticos y económicos o porque son miembros de comunidades
situadas en zonas de conflicto en las que tiene puestas sus miras
cualquiera de los dos bandos. También se recurre a la violencia sexual
contra las mujeres, incluidas la violación y la mutilación genital, por
ejemplo en el contexto de matanzas o como forma de tortura, como arma de
guerra para generar temor.
Pese a ello, las mujeres siguen siendo las víctimas ocultas, ocultas a
consecuencia del nivel de impunidad y del silencio que rodea los actos de violencia,
especialmente la violencia sexual, y a consecuencia de que estas cuestiones
no se encuentran en la agenda ni del gobierno colombiano ni de la comunidad
internacional. Sin embargo, en los últimos años la violencia de género en
el contexto de los conflictos armados ha recibido atención, especialmente
en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que incluye una
lista de delitos de violencia de género bajo las definiciones de crímenes
contra la humanidad y crímenes de guerra, como la violación, la esclavitud
sexual, la prostitución forzada, la trata de mujeres, el embarazo forzado,
la persecución por motivos de género y la esterilización forzada.
· Entre el 1 y el 7 de mayo de 2003, soldados de la XVIII Brigada, con
brazaletes de las AUC, entraron, según los informes, en las comunidades
indígenas de Julieros, Velasqueros, Roqueros, Genareros y Parreros, en
Betoyes, Tame, Arauca. En Parreros, el 5 de mayo, Omaira Fernández, una
muchacha de 16 años embarazada, fue presuntamente violada y asesinada. Sus
atacantes le abrieron el vientre y sacaron el feto, y luego introdujeron el
cadáver de la joven en una bolsa que, según los informes, después arrojaron
al río Cravo. En Velasqueros, tres niñas indígenas de 11, 12 y 15 años
fueron también violadas, según indican los informes. Estos y otros ataques
del ejército y los paramilitares, así como los combates entre los
paramilitares y la guerrilla, obligaron a centenares de personas a huir a
localidades cercanas como Saravena. Los paramilitares, según los informes,
amenazaron a miembros de estas comunidades desplazadas diciendo que los
matarían si regresaban.
· El 28 de diciembre de 2003, unos hombres armados no identificados mataron
a dos mujeres, Rosa Adelina Parales Carrerro y Rosa Casa Parales, así como
una niña de 10 meses, en el municipio de Tame. Las víctimas eran,
respectivamente, la madre, la hermana y la hija del presidente del concejo
municipal de Tame, Ángel Demetrio Casas Parales, quien, según los informes,
era a quien buscaban los asesinos pero no se encontraba en casa en el
momento de los homicidios. Al parecer, Ángel Demetrio Casas había recibido
amenazas de muerte de las FARC.
· El 2 de octubre de 2002, un miembro del Batallón Héroes de Saraguro,
adscrito a la XVIII Brigada, entró por la fuerza en la casa de Inocencia
Pineda Pabón, en la comunidad de Las Blancas, municipio de Arauquita, y,
según los informes, disparó al esposo de ésta, Francisco Guerrero Guerrero,
y la violó a ella. Aunque se dijo que la Fiscalía General había iniciado investigaciones
judiciales sobre el caso, Amnistía Internacional fue informada en marzo de
2003 de que el soldado en cuestión había escapado dos veces mientras estaba
bajo custodia de la XVIII Brigada, lo que hacía temer que las autoridades
militares no estuvieran cooperando plenamente con el sistema de justicia.
9. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Las partes del conflicto armado interno de Colombia han explotado durante
décadas a los civiles del departamento de Arauca para conseguir sus propios
objetivos políticos, militares y económicos, basados principalmente en la
explotación y el control de los sustanciosos recursos petrolíferos del
departamento. La violencia en la región aumentó espectacularmente tras el
descubrimiento de petróleo en la década de 1980. La explotación de la
riqueza petrolífera de Arauca podría haber supuesto un gran beneficio
económico para los habitantes de la región. En cambio, lo que ha traído
consigo es una violencia cada vez mayor.
Los constantes esfuerzos de las guerrillas por destruir el oleoducto y la
infraestructura eléctrica del departamento han dado lugar a numerosas
muertes de civiles y a una importante degradación del medio ambiente. Sus
intentos de minar la autoridad del Estado se han saldado con centenares de
homicidios selectivos de civiles y funcionarios públicos a quienes acusan
de colaborar con sus enemigos. Las amenazas colectivas de muerte dirigidas
por la guerrilla a trabajadores del sector público y a otros grupos como
los periodistas han creado un clima de inseguridad y miedo.
El ejército ha respondido a esta amenaza, no enfrentándose directamente a
la guerrilla, sino atacando a los civiles. De esta manera, parece creer que
puede privar a las FARC y al ELN del oxígeno que, según afirma, estos
grupos reciben de la población. Para las fuerzas de seguridad, todos los
civiles del departamento deben ser tratados como posibles guerrilleros o
simpatizantes de la guerrilla. Esto se aplica especialmente a las zonas que
tienen una fuerte presencia guerrillera y que son de interés económico,
como Arauca. En estas zonas, el tachar de subversivos a los civiles
proporciona un pretexto para emprender operaciones militares o
paramilitares en las que se cometen violaciones de derechos humanos para
silenciar a quienes hacen campaña en favor de los derechos sociales y
económicos o para obligar a los civiles a abandonar zonas de importancia
económica. En particular, el ejército y la policía han atacado a
campesinos, comunidades indígenas, defensores de los derechos humanos y
sindicalistas. La estigmatización de estos grupos como colaboradores de la
guerrilla se ha visto exacerbada por la campaña emprendida por el gobierno
para minar la legitimidad de su trabajo.
Las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno no han servido para
restaurar el orden en Arauca, sino sólo para arrastrar aún más a los
civiles al conflicto y para garantizar la impunidad de quienes violan los
derechos humanos e infringen el derecho internacional humanitario. La zona
de rehabilitación y consolidación de Arauca no redujo la violencia y la
inseguridad en los municipios que abarcaba: Arauca, Saravena y Arauquita.
De hecho, según la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General, en
algunos municipios las violaciones del derecho a la vida aumentaron, al
igual que las actividades de la guerrilla contra las fuerzas de seguridad,
lo que dio lugar invariablemente a un aumento de las bajas civiles. Durante
el tiempo en que la zona de rehabilitación y consolidación estuvo en
funcionamiento también hubo un fuerte incremento del número de detenciones
arbitrarias y en masa, que afectó principalmente a los defensores de los
derechos humanos, los activistas en favor de la paz y los sindicalistas,
muchos de los cuales habían sacado anteriormente a la luz violaciones de
derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad. Los
ataques contra estos grupos, a través de las detenciones arbitrarias y en
masa, continúan imparables a pesar de que la zona de rehabilitación y
consolidación ya no está en funcionamiento.
Vistas desde esta perspectiva, la zona de rehabilitación y consolidación,
la Estructura de Apoyo y la práctica constante de detenciones arbitrarias
señalan una intensificación de la estrategia de contrainsurgencia de las
fuerzas armadas, destinada no sólo a combatir a la guerrilla sino también a
silenciar a quienes defienden los derechos socioeconómicos –incluidos los
sectores que "obstaculizan" las exploraciones petroleras–, y a
obligar a los civiles a abandonar las tierras que son importantes para la
industria petrolera y para otros intereses económicos, garantizando al
mismo tiempo que no se filtra información sobre lo que está sucediendo en
la región.
La presencia de investigadores judiciales en los cuarteles de la XVIII
Brigada y el uso de informantes pagados, encapuchados y anónimos conducen
inevitablemente a que se cometan injusticias en el departamento de Arauca.
Los sospechosos no son detenidos basándose en investigaciones judiciales
independientes e imparciales previas, sino en la información poco fiable
proporcionada por informante anónimos y con frecuencia pagados, y los
investigadores judiciales suelen tener demasiado miedo a ser destituidos si
se salen de la línea. La presencia de soldados campesinos y de redes de
informantes pone también a las comunidades en las que éstos viven en
peligro de sufrir ataques violentos de la guerrilla. Por su parte, el
programa "soldado por un día", y otros programas similares,
amenazaron con arrastrar incluso a los niños al conflicto armado.
Amnistía Internacional sigue recibiendo información fidedigna que indica
que las fuerzas armadas, incluida la XVIII Brigada, están directamente
implicadas en homicidios, torturas y "desapariciones". El
ejército sigue además siendo instigado y secundado por los grupos
paramilitares, que han reforzado su presencia en Arauca durante los últimos
años. Uno de sus principales objetivos ha sido "limpiar" el
departamento de toda presunta amenaza contra el oleoducto y otros intereses
económicos tanto generales como relacionados con el petróleo. Esto ha dado
lugar a una campaña sistemática de amenazas y homicidios contra campesinos,
miembros de comunidades indígenas, defensores de los derechos humanos,
periodistas y sindicalistas, así como contra civiles a quienes los
paramilitares acusan de ser miembros o simpatizantes de la guerrilla. Los
paramilitares también han tratado de mantener a la población civil bajo
control creando un clima de temor mediante matanzas,
"desapariciones" y tortura. Existen sólidos indicios de que
algunos sectores de las fuerzas de seguridad siguen estando en connivencia
con los grupos paramilitares, y la distinción entre ambos suele difuminarse
a propósito para intensificar el clima de temor e inseguridad entre los
civiles. De hecho, las operaciones de las fuerzas de seguridad prepararon
inicialmente el camino para la presencia de los paramilitares en el
departamento de Arauca. Si las fuerzas de seguridad están actuando en
abierta connivencia con las fuerzas paramilitares, ¿a quién pueden acudir
los civiles en busca de protección?
La comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos de América
–con mucho, el principal donante de ayuda militar a Colombia–, tiene el
deber de garantizar que sus fondos no se utilizan para cometer violaciones
de derechos humanos. Sin embargo, y esto resulta trágico, sigue financiando
unidades militares, incluida la XVIII Brigada de Arauca, pese a las
abrumadoras pruebas que indican que dichas unidades están violando los
derechos humanos, ya sea directamente o en connivencia con grupos
paramilitares. La reciente decisión del gobierno estadounidense de permitir
que su ayuda militar se utilice para actividades de contrainsurgencia en
Colombia tendrá un resultado evidente y trágico: un aumento de los ataques
contra la población civil. Mientras tanto, es probable que las guerrillas,
que deberían ser el centro de la atención del ejército, permanezcan
relativamente ilesas, como ha sido el caso habitualmente en este conflicto
que dura ya 40 años y del que el mayor coste humano ha tenido que pagarlo
la población civil del país.
Según los informes, Occidental Petroleum, Ecopetrol y Repsol-YPF, que
poseen y gestionan el yacimiento petrolífero de Caño Limón, en Arauca, han
hecho llegar fondos a la XVIII Brigada a través de los acuerdos de seguridad
establecidos entre la Asociación Cravo Norte y el ejército. Occidental
Petroleum ha captado apoyos para que se proporcione ayuda militar a las
fuerzas de seguridad colombianas y, según los informes, ha proporcionado
financiación para la unidad especial de la Fiscalía General: la Estructura
de Apoyo. Por su parte, Ecopetrol también ha proporcionado importantes
sumas de dinero a las fuerzas armadas, según los informes. Este apoyo
refuerza la responsabilidad de estas empresas de garantizar que los agentes
estatales o los representantes de éstos que actúan para defender los
intereses económicos y estratégicos de sus empresas en Arauca no cometen
violaciones de derechos humanos.
Occidental Petroleum participa en el proceso de diálogo tripartito conocido
como Principios Voluntarios sobre Seguridad en el Sector de la Extracción,
que regulan la valoración de riesgos, la interacción con la seguridad
pública y la interacción con las fuerzas de seguridad privadas(58).
Occidental Petroleum ha preparado una política global del buen vecino y un
código de conducta empresarial al objeto de actuar de forma socialmente
responsable. También ha refrendado los Principios Globales Sullivan de
Responsabilidad Social. Además, Repsol-YPF participa en el Pacto
Mundial.(59)
Aunque las empresas hayan participado en estas iniciativas de carácter
voluntario, al operar en zonas en conflicto como Colombia, las violaciones
de derechos humanos se siguen sucediendo. Hay denuncias de violaciones de
derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad que, al parecer,
han recibido financiación de estas empresas.
Teniendo en cuenta lo anterior, Amnistía Internacional pide a estas
empresas que evalúen y establezcan la valoración de riesgos y las
relaciones contractuales con las empresas de seguridad, determinen las
debilidades e integren los derechos humanos en sus códigos de conducta,
utilizando como referencia las Normas sobre las Responsabilidades de las
Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los
Derechos Humanos, de las Naciones Unidas.
Amnistía Internacional pide al gobierno colombiano que:
· elabore una política global de derechos humanos que cumpla plenamente las
obligaciones internacionales de Colombia y las recomendaciones de la ONU y
otros órganos intergubernamentales respecto a los derechos humanos,
incluidas las relativas a actuar para poner fin a la impunidad, hacer
frente a los grupos paramilitares respaldados por el ejército y
disolverlos, y garantizar la seguridad de los sectores vulnerables;
· garantice que se llevan a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales
sobre las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional
humanitario, y garantice también que los responsables de esas violaciones
comparecen ante la justicia y que todos los miembros de las fuerzas de
seguridad de quienes las investigaciones judiciales o disciplinarias
concluyan que han estado implicados en casos de violaciones de derechos
humanos o connivencia con los paramilitares son apartados de sus puestos
hasta que se determine su culpabilidad o su inocencia;
· anule las propuestas que amenazan con arrastrar a la población civil aún
más al conflicto y con reinventar el paramilitarismo a través de medidas
como la red civil de un millón de informantes o el ejército de soldados
campesinos;
· derogue las medidas que amenazan con agravar el problema de la impunidad
en Colombia, como las que otorgan poderes de policía judicial al ejército o
las que conceden amnistías de facto a miembros de grupos armados
ilegales implicados en graves violaciones de derechos humanos;
· ponga fin a su peligrosa campaña para deslegitimar el trabajo llevado a
cabo por los defensores de los derechos humanos, los activistas en favor de
la paz y los sindicalistas, muchos de los cuales han sido víctimas de
detenciones en masa, detenciones arbitrarias y asaltos a domicilios y
oficinas;
· abandone el uso de "registros voluntarios" por parte del
ejército y elimine la Estructura de Apoyo de la Fiscalía General, ya que
amenazan con fortalecer la impunidad en el departamento de Arauca.
Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que:
· inste al gobierno colombiano a poner en práctica las recomendaciones
antes expuestas y vigile de cerca los esfuerzos del gobierno a este
respecto. Estas recomendaciones son conformes con las formuladas
repetidamente por las Naciones Unidas y otros órganos intergubernamentales,
lo que impone a los gobiernos de segundos países el deber de vigilar
estrechamente las acciones emprendidas por las autoridades colombianas para
ponerlas en práctica;
· pida a los grupos armados de oposición que se comprometan públicamente a
respetar las normas humanitarias internacionales y a impedir que sus
miembros cometan abusos que infrinjan el derecho internacional humanitario;
· utilice sus buenos oficios para instar al gobierno colombiano y a los
grupos armados de oposición a alcanzar un acuerdo humanitario para retirar
a los civiles del conflicto;
· aumente la vigilancia sobre el terreno de la situación de los derechos
humanos tanto en el departamento de Arauca como en las otras antiguas Zonas
de Rehabilitación y Consolidación.
Amnistía Internacional pide al gobierno de Estados Unidos que:
· aplique plenamente la ley Leahy, que prohíbe que Estados Unidos
proporcione formación a unidades militares de las que se crea que han
participado en violaciones de derechos humanos;
· interrumpa el desembolso de ayuda estadounidense en materia de seguridad
a Colombia hasta que el Departamento de Estado pueda certificar que las
fuerzas armadas de Colombia han cumplido los criterios sobre derechos
humanos establecidos en la sección 564 del proyecto de ley de Asignaciones
Generales del año fiscal 2003, incluidos el de cortar los lazos entre el
ejército y las fuerzas paramilitares y el de hacer rendir cuentas al
personal militar por las violaciones de derechos humanos;
· haga en Colombia declaraciones públicas en las que reconozca la
legitimidad del trabajo de los defensores de los derechos humanos y de las
organizaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional pide a los grupos armados de oposición que:
· ordenen a todos sus combatientes que respeten el derecho internacional
humanitario, que prohíbe específicamente a todas las partes de un conflicto
armado interno que ataquen a personas que no participan directamente en
hostilidades, y en especial que se abstengan de cometer actos de violencia
como el asesinato, la mutilación, el trato cruel, la tortura, los atentados
contra la dignidad de la persona y la toma de rehenes;
· pongan en práctica medidas específicas destinadas a garantizar el respeto
del derecho internacional humanitario, como asegurarse de que todas las
fuerzas bajo su control reciben formación y órdenes sobre el respeto
constante a los principios del derecho internacional humanitario,
investigar las denuncias de infracciones del derecho internacional
humanitario para determinar quiénes son sus responsables, y asegurarse de
que dichos responsables son apartados de todo puesto en el que puedan
cometer abusos contra civiles y contra personas que están fuera de combate;
· se aseguren de no utilizar armas ni prácticas militares que puedan dar
lugar a una amenaza desproporcionada e indiscriminada contra la seguridad
de los civiles;
· respeten el derecho de las autoridades locales y los funcionarios, como
los alcaldes, los concejales o los funcionarios judiciales, a cumplir con
su deber legal y legítimo sin temor a amenazas.
Amnistía Internacional pide a Occidental Petroleum y a Repsol-YPF que:
· presionen al gobierno colombiano para que aplique plenamente las
recomendaciones sobre derechos humanos de Naciones Unidas, tal como se
indica supra;
· insistan en que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e
imparciales sobre los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidos
por las fuerzas de seguridad, los paramilitares respaldados por el ejército
y los grupos armados de oposición en las zonas en que sus empresas operan;
· retiren cualquier
apoyo que puedan estar prestando a la Estructura de Apoyo de la Fiscalía
General e insistan en su desmantelamiento, y en que se revisen con urgencia
y de manera independiente los casos de personas detenidas o sometidas a una
investigación criminal por la Estructura de Apoyo.
Amnistía Internacional pide a las empresas petroleras que operan en Arauca
que cumplan con las Normas sobre las Responsabilidades de las Empresas
Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos
Humanos, de Naciones Unidas, y, concretamente, que:
· garanticen que las disposiciones sobre seguridad para las empresas
cumplen con las normas internacionales de derechos humanos;(60)
· pidan a las
autoridades colombianas que inicien una investigación sobre las denuncias
de violaciones de derechos humanos presentadas contra agentes de la seguridad
privada. Las empresas deben comunicar a las autoridades colombianas que los
funcionarios implicados en violaciones cometidas en el pasado no actuarán
en las zonas donde ellas operan;
· garanticen que, antes de contratar a guardas de seguridad u otros agentes
de seguridad en Arauca, se lleva a cabo una investigación sobre su conducta
en el pasado, y que se aplican políticas que prohíben tanto la contratación
de individuos como la colaboración con unidades de las fuerzas de seguridad
del Estado o la contratación de empresas de seguridad sobre las que se sepa
de su responsabilidad en violaciones de derechos humanos o del derecho
humanitario.(61) En este contexto se engloba la conducta de las fuerzas de
seguridad, no sólo en la zona del oleoducto, sino también su conducta en
otras zonas en el pasado. Las empresas han de insistir en que las firmas de
seguridad privada cuyos servicios contratan no estén integradas en redes de
inteligencia de civiles.
· se aseguren de que los contratos con una fuerza de seguridad del Estado o
con una empresa de seguridad privada incorporan las Normas de Naciones
Unidas o que, al menos, dichas normas están disponibles cuando sean
requeridas a fin de garantizar su cumplimiento.
Como empresa que participa en los Principios Voluntarios
sobre Seguridad y Derechos Humanos en el Sector de la Extracción,
Occidental Petroleum debe:
· aplicar las disposiciones específicas que regulan la valoración de
riesgos y la interacción entre empresas y fuerzas de seguridad públicas o
privadas;
· llevar a cabo consultas regulares con el gobierno de Colombia y, en su
caso, con las organizaciones no gubernamentales y las comunidades, en
relación con las repercusiones que las disposiciones sobre seguridad puedan
tener en las comunidades locales;
· presionar a las autoridades colombianas para que inicien una
investigación exhaustiva e imparcial sobre los abusos y actúen para
combatir y desmantelar a los grupos paramilitares respaldados por el
ejército;
· proporcionar una compensación adecuada, justa y equitativa cuando así se
requiera.
********
(1) La Fiscalía
General de la Nación se estableció en la Constitución de 1991 para
investigar y procesar todos los delitos cometidos en Colombia, incluidos
los abusos y violaciones de derechos humanos.
(2) La función de
la Procuraduría General de la Nación consiste en llevar a cabo
investigaciones disciplinarias sobre denuncias de conducta indebida,
incluidas violaciones de derechos humanos, por parte de funcionarios
públicos, como los miembros de las fuerzas de seguridad.
(3) La cifra de
población es una estimación del Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (DANE).
(4) Véase Amnistía
Internacional, Colombia: Seguridad, ¿a qué precio? La falta de voluntad del
gobierno para hacer frente a la crisis de derechos humanos, diciembre de
2002, AMR 23/132/2002.
(5) El derecho
internacional humanitario, que incluye los Convenios de Ginebra, es el
derecho de la guerra, y busca regular los métodos de hacer la guerra (como
el trato a los combatientes) y proteger a los civiles que no participan en
el conflicto.
(6) El Tiempo, 9 de
septiembre de 2003.
(7) La cifra de
población es una estimación del Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (DANE).
(8) "La
Violencia" fue, en la práctica, una guerra civil que estalló a partir
del largo conflicto entre los partidos Liberal y Conservador. Se cobró la
vida de unas 200.000 personas entre 1948 y 1957.
(9) Defensoría del
Pueblo, Proyecto Apoyo Defensorial en las Zonas de Rehabilitación y
Consolidación: Primer Informe de Actividades, marzo de 2003, Bogotá.
(10) En 1996, la
Asociación Cravo Norte, que actúa en el yacimiento de Caño Limón y es
propiedad de la empresa petrolera estatal colombiana Ecopetrol, Occidental
Petroleum y la española Repsol-YPF, había firmado un "acuerdo de
colaboración" mediante el cual se comprometía a proporcionar ayuda a
las unidades de la XVIII Brigada que actuaran en las cercanías del
yacimiento.
(11) Según la ley
estadounidense, las unidades militares financiadas por Estados Unidos deben
contar con una "certificación" que acredite que han cumplido una
serie de criterios en materia de derechos humanos; si no tienen dicha
certificación pueden perder la financiación.
(12) Esta ley
establece la jurisdicción de los tribunales estadounidenses en las
querellas presentadas contra autores de violaciones de derechos humanos que
se encuentran dentro de las fronteras de Estados Unidos pero que cometieron
el presunto delito fuera de territorio estadounidense.
(13) Occidental
Petroleum había traspasado el contrato con Airscan a la Fuerza Aérea
Colombiana, y ese contrato lo había pagado la empresa petrolera estatal
colombiana Ecopetrol.
(14) El yacimiento
petrolífero de Caño Limón lo explota la Asociación Cravo Norte, propiedad
de Ecopetrol (50 por ciento), Occidental Petroleumcol (25 por ciento) y
Occidental Petroleum Andina (25 por ciento). Occidental Petroleumcol es
propiedad de Occidental Petroleum (75 por ciento) y Repsol-YPF (25 por
ciento). Occidental Petroleum Andina era la parte de Shell en la Asociación
Cravo Norte hasta que fue vendida a Occidental Petroleum.
(15) Según los
informes, el oleoducto fue atacado con explosivos 152 veces en el año 2000,
178 veces en 2001 y 50 veces en 2002. Véase Protecting the Pipeline: the US
Military Mission Expands, Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA), mayo de 2003.
(16) Sitio web de
Occidental Petroleum: www.oogc.com
(17) Testimonio del
general Gary D. Speer, comandante en jefe en funciones, Comando Sur de los
Estados Unidos, Subcomité sobre Asuntos del Hemisferio Occidental del
Senado de Estados Unidos, 24 de abril de 2002.
(18) "A Colombian village caught in a
cross-fire. The bombing of Santo Domingo shows how messy US involvement in
the Latin American drug war can be", Los Angeles Times, 17 de marzo de
2002.
(19) Cifra citada en Thad Dunning y Leslie Wirpsa,
"Oil and the Political Economy of Conflict in Colombia and Beyond: A
Linkages Approach", 2002, artículo cuya publicación estaba prevista en
Geopolitics.
(20) "A Colombian village caught in a
cross-fire. The bombing of Santo Domingo shows how messy US involvement in
the Latin American drug war can be", Los Angeles Times, 17 de marzo de
2002.
(21) Véase el documento de Human Rights Watch:
Colombia: Human Rights Concerns Raised By The Security Arrangements Of
Transnational Oil Companies (abril de 1998).
(22) Véase el documento de Human Rights Watch:
Colombia: Human Rights Concerns Raised By The Security Arrangements Of
Transnational Oil Companies (abril de 1998).
(23) Declaración de
Lawrence P. Meriage, vicepresidente para servicios ejecutivos y asuntos
públicos de Occidental Oil and Gas Corporation, ante el Subcomité de
Justicia Penal, Política de Drogas y Recursos Humanos del Congreso, vista
sobre Colombia, 15 de febrero de 2000.
(24) En el capítulo
6 encontrarán un análisis más detallado de la Operación Arawac
(25) En Seguridad,
¿a qué precio? La falta de voluntad del gobierno para hacer frente a la
crisis de derechos humanos (Índice AI: AMR 23/132/2002) encontrarán un
análisis detallado del Estado de Conmoción Interior y del decreto 2002.
(26) En el capítulo
6 encontrarán un examen detallado de los poderes de policía judicial.
(27) Artículo 11,
decreto 2002 de 2002.
(28) El 24 de
noviembre de 2002 se incluyeron en la zona de rehabilitación y
consolidación dos nuevos municipios, uno en el departamento de Bolívar y
otro en el departamento de Sucre.
(29) El Batallón
"Héroes de Saraguro" había estado adscrito a la V Brigada y
actuaba en el departamento de Norte de Santander. Fue transferido a la
XVIII Brigada tras una serie de violaciones de derechos humanos cometidas
por paramilitares en 1999 y 2000 en zonas próximas a unidades de este
batallón.
(30) El Tiempo, 4
de octubre de 2002.
(31) Procuraduría
General de la Nación, La Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca:
Informe Especial, 2003, Bogotá.
(32) Informe del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia, 24 de febrero de 2003,
E/CN.4/2003/13.
(33) Declaración de
la ministra de Defensa durante una visita a Arauca en julio de 2003, de la
que informó el sitio web del gobierno el 15 de julio de 2003
(www.presidencia.gov.co).
(34) Entrevista con
el general Lemus, 20 de marzo de 2003.
(35) El Espectador,
24 de febrero de 2002.
(36) Informe del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia (E/CN.4/2003/13), 24 de
febrero de 2003, y Diario del Magdalena, 30 de marzo de 2003.
(37) El Tiempo, 9
de agosto de 2002.
(38) El decreto
1612 podría preparar el camino a la reaparición de grupos de
"autodefensa" similares a los CONVIVIR, creados por el presidente
Ernesto Samper en 1994. Aquellos grupos solían estar armados y se vieron
implicados en violaciones de derechos humanos tales como matanzas, muchas
veces en coordinación con los paramilitares y las fuerzas armadas. En
noviembre de 1997, la Corte Constitucional resolvió que no debía permitirse
que los CONVIVIR actuaran como "escuadrones de la muerte" y
ordenó que entregaran las armas reservadas para uso del ejército. Se teme
que algunas redes de informantes civiles puedan terminar convirtiéndose en
grupos del estilo de los CONVIVIR. Amnistía Internacional no ha recibido
información que indique que el decreto 1612 ha sido derogado por el
gobierno actual; de hecho, se aprobó tan sólo unos días antes de que el
gobierno del Presidente Uribe ocupara su cargo.
(39) Informe del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia, 24 de febrero de 2003,
E/CN.4/2003/13.
(40) Semana, 3 de
febrero de 2003.
(41) Informe
Comisión Interinstitucional sobre Situación de Derechos Humanos en los
Departamentos de Casanare y Arauca, julio de 1995.
(42) Artículo 1 de
la resolución 02033 de la Fiscalía General de la Nación, de 23 de noviembre
de 2001.
(43) Véase Huellas,
nº 39, febrero-marzo de 2002; también la entrevista con el mayor Aldana, de
la XVIII Brigada, y con Aldemar Rodríguez, de la Federación de Derechos
Humanos de Arauca, 22 de marzo de 2003, y con el procurador regional de
Arauca, José Reinel Orozco, 19 de marzo de 2003.
(44) En el capítulo
6 encontrarán más información sobre la matanza.
(45) Procuraduría
General de la Nación, La Zona de Rehabilitación y Consolidación: Informe
Especial, 2003, Bogotá.
(46) Amnistía
Internacional desea proteger la identidad de la testigo.
(47) Procuraduría
General de la Nación, La Zona de Rehabilitación y Consolidación: Informe
Especial, 2003, Bogotá.
(48) La Comisión
Interinstitucional de julio de 1995 hizo referencia a la actuación de dos
grupos paramilitares en el departamento de Arauca: las Autodefensas de
Sarare (ADS), establecidas en Saravena en 1993, y el Comando Dumar Aljure,
que actuaba en el municipio de Tame en 1995.
(49) En 1994, el
gobierno del entonces presidente Ernesto Samper autorizó la creación de
cooperativas privadas de seguridad, inicialmente llamadas grupos CONVIVIR,
que, entre otras actividades, proporcionarían a las fuerzas de seguridad
información militar secreta.
(50) Informe del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia al 58 periodo de sesiones de
la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2002/17, 28 de febrero de 2002.
(51) El yacimiento
de Capachos lo explotan Repsol-YPF y Ecopetrol. En 2001, mientras se
llevaba a cabo la perforación exploratoria, TotalFinaElf había adquirido
una participación, pero renunció a ella en 2002.
(52) Informe del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia, 24 de febrero de 2003,
E/CN.4/2003/13.
(53) En el capítulo
5 encontrarán más información sobre las detenciones en masa del 21 de
octubre de dirigentes políticos y candidatos electorales.
(54) Cifra citada
en Thad Dunning y Leslie Wirpsa, "Oil and the Political Economy of
Conflict in Colombia and Beyond: A Linkages Approach", 2002, trabajo
próximo a publicarse en Geopolitics, tomada de un artículo publicado en el
Pittsburgh Post-Gazette del 22 de julio de 1996, que a su vez citaba un
artículo publicado en El Tiempo el 21 de julio de 1996.
(55) Íbid.
(56) Íbid.
(57) Véase el
capítulo 2.
(58) La valoración
del riesgo engloba la identificación del riesgo, el potencial para la
violencia, el historial en materia de derechos humanos, el Estado de
derecho, la valoración de conflictos, y la transferencia de equipos. La
interacción con las fuerzas de seguridad se refiere a los principios que
gobiernan las disposiciones, el despliegue y la conducta en materia de
seguridad, y la consulta y el asesoramiento.
(59) El Pacto
Mundial es una iniciativa del secretario general de Naciones Unidas, Kofi
Annan, que insta a las empresas a actuar respetando los derechos humanos,
los derechos laborales y el medio ambiente. http://www.pactomundial.org/.
(60) Código de
conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y Principios
Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, ambos de las Naciones
Unidas.
(61) Principios
Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos, de los que Occidental
Petroleum es firmante.
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AI INDEX: AMR
23/004/2004 20 Abril 2004
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