CLARA GUILLÓ

Posturas ante la prostitución
Por otro lado, ante la prostitución se han desarrollado en la sociedad varias posiciones: el prohibicionismo (o moral tradicional), el abolicionismo, el reglamentarismo estatal y del capital, y el reglamentarismo autónomo. Dos centran el debate feminista, el abolicionismo en un extremo y el reglamentarismo autónomo en otro. Por su parte, tanto el prohibicionismo –la ilegalización y penalización del ejercicio de la prostitución– como el reglamentarismo estatal y del capital propugnan legalizar el negocio del alterne y la industria sexual, y abordan la cuestión como un tema de salud pública, y sobre todo de orden público.
Las abolicionistas se basan en la teoría del patriarcado, influenciada por las críticas marxistas a la comercialización de las personas y/o sus capacidades.

Para ellas la sexualidad masculina que predomina es la del “cazador” y denuncian la explotación sexual de la mujer tanto comercial como en el modo de producción doméstico (la sexualidad marital). Establecen que la sexualidad nunca puede ser objeto de comercio, sino libre y gratuita. La prostitución sería una manifestación pública del control de la sexualidad, control patriarcal que promueve, controla y estigmatiza el uso del cuerpo femenino. Por ello, la prostitución sería una expresión de violencia de género. No consideran que exista diferencia entre prostitución forzada y libre ya que ante la vulnerabilidad el consentimiento no es válido. Consideran que el cliente es corresponsable junto con los empresarios y proxenetas de la situación opresiva de la mujer, actividades estas que deberían penalizarse. A la prostituta, víctima del sistema cuya situación deriva de la opresión, deberían dársele alternativas para su inserción en la sociedad a través de opciones laborales dignas y en igualdad de oportunidades.

Las posturas de defensa de las trabajadoras del sexo critican el moralismo conservadurista que sigue sacralizando la sexualidad. La estigmatización social de las putas sería un elemento fundamental de la ideología patriarcal ya que todo el mundo en un trabajo puede prostituir su mente y sus conocimientos, pero a ellas se las critica porque prostituyen su sexo. Diferencian entre prostitución forzada y libre. Ejercer la prostitución es una opción dentro de las posibilidades que la sociedad ofrece. No consideran a las prostitutas unas explotadas sexuales, sino mujeres capaces de alcanzar una libertad sexual que las otras no son capaces de concebir y que no necesitan la tutela de las feministas tradicionales. Lo que defienden es el derecho a la autodeterminación sexual, que incluye el derecho a practicar el sexo comercial, y a tener los mismos beneficios que el resto de trabajadores. El reconocimiento social de su actividad (como trabajo/ empleo) significa la salida automática de la marginación y, por tanto, la mejora de la calidad de vida y de su salud tanto psicológica como física. No son favorables a las políticas reglamentaristas del capital cuyo objetivo fundamental es controlar y ordenar la prostitución según los intereses estatales. Al cliente lo ven como cualquier hombre que, por sus prácticas, debe tener también un control sanitario. Abogan por la reglamentación autónoma de la prostitución.

Libertad de elección y libertad sexual
Estas posturas centran su debate en la libertad de elección y la libertad sexual.
La libertad de elección debe entenderse en base a dos elementos: la toma de decisión, y la igualdad de oportunidades. El primer elemento es obvio en el caso de la prostitución no forzada, pero el segundo es más complejo. Dado que la prostitución es atravesada por la división en clases –como cualquier fenómeno social– aquellas mujeres en situación de precariedad no tienen las mismas oportunidades que las que tienen una posición social protegida, especialmente en un contexto de discriminación laboral y social de la mujer frente al hombre. Además la prostitución se caracteriza por la diversidad y siempre habrá mujeres que opten por ella porque es una manera difícil pero rápida de ganar dinero.

Para la mayoría de las mujeres inmigradas, la prostitución es una salida económica ante trayectorias migratorias en desigualdad que han fracasado. Una mujer no tiene los mismos recursos para emigrar que un hombre (por ejemplo la ley de extranjería está sesgada desde la perspectiva de género ya que no ve a la mujer como sujeto de emigración, sino como esposa reagrupable) y se enfrenta a un mercado de trabajo excluyente y discriminatorio que le ofrece dos salidas fundamentales: el trabajo doméstico o la prostitución. En este contexto, algunas ven en la prostitución legal una manera de conseguir papeles mientras esperan a que salga algo. Otras tratan de conseguirlos por otras vías y buscan un trabajo donde las rechazan sistemáticamente por no tenerlos. Dar papeles a tod@s es una cuestión de justicia social, ya que las mujeres prostitutas inmigrantes podrán, al menos, elegir otras opciones si es lo que quieren.

El debate sobre la libertad sexual es todavía más complicado. El hombre cliente hace una distinción extremadamente conservadora entre las mujeres: las putas y el resto. Ahí está el mecanismo más represivo de toda la prostitución. La distinción la hacen los varones, no las mujeres. La clave está en que las abolicionistas ven la prostitución como un mercado que se organiza en torno a la sexualidad opresiva y tradicional del hombre (buenas/malas mujeres), mientras que las trabajadoras del sexo defienden su profesión más allá de su salida laboral, como una liberación. Es dudoso que el sexo comercial destinado fundamentalmente al hombre sea la liberación sexual femenina, más bien al contrario, refuerza estereotipos. Lo ideal es una saludable promiscuidad bien elegida, libre, sin culpas ni complejos donde el respeto a la sexualidad y el deseo de quien tenga en frente sea el elemento fundamental.

Acciones gubernamentales
Paralelamente a los debates, las autoridades han desarrollado tres modelos de actuación. Por un lado estaría el modelo sueco (1999) que penaliza al cliente y ofrece oportunidades laborales a las prostitutas. Por otro el italiano y el francés, que penaliza el proxenetismo y el ejercicio de calle; y, finalmente el holandés y alemán, que reglamenta el ejercicio de la prostitución a través de registros, delimitando áreas específicas. Ninguno ha obtenido resultados satisfactorios: ni en la reglamentación, ni en la disminución de la clandestinidad, ni en el menor peso del tráfico de mujeres, ni en eliminar el estigma social. La propuesta de penalizar al cliente actúa sobre la demanda, pero al ser éste la parte fuerte del binomio, las consecuencias de ocultamiento y estigmatización las acaba padeciendo la prostituta. La reglamentación tampoco funciona, porque ni elimina el estigma social ni las prostitutas están dispuestas a entrar en registros, ni la mayoría de los dueños dan de alta sus locales porque la clandestinidad sube los precios y es mucho más rentable (es lo que ha ocurrido en Alemania y Holanda). Pero tampoco se avanza dejando la situación tal cual, porque es la prostituta la que se enfrenta a vecinos, redadas policiales, y mafias que cobran para su protección, lo que precariza todavía más su situación y le hace perder autonomía.

Las contradicciones de cada postura
Ninguna de las dos posturas –abolición /trabajadoras del sexo– tiene completamente la razón, ninguna de las dos hace un análisis exhaustivo del fenómeno. Por su parte ninguna de las políticas públicas acabaría con la prostitución ni con el estigma social. Los prejuicios sexuales y la doble moral se eliminan con una educación sexual sana e igualitaria, que visibilice la sexualidad de la mujer. Acabar con la prostitución tal y como existe ahora sería ir en contra del Capital y tratar de eliminarlo, eso es hoy por hoy irreal. Igualmente sostener que dotando a una prostituta de estatus de trabajadora –algo poco claro si se está contra el trabajo asalariado– se elimina su clandestinidad y estigma, es exactamente igual de irreal. Lo que sí es cierto es que es imposible no reglamentar, especialmente cuando hay un grupo de personas que reivindican su derecho a tener esa opción.

Las razones teóricas del colectivo de mujeres prostitutas no son sólidas pero sí sus razones prácticas, y el apoyo a cualquier reivindicación de derechos, justa. A nivel teórico son más consistentes los planteamientos abolicionistas porque dan con la clave del por qué existe y se mantiene la prostitución. Sin embargo, se plantea una duda: hay que estar en contra de la ley de extranjería –de cualquiera– pero también hay que luchar para que todo el mundo sea documentad@ y tenga papeles. También hay que estar en contra de la comercialización del sexo, de la prostitución de la mujer para el hombre cliente, de los afectos, y de las relaciones sociales laborales conocidas como trabajo asalariado. Pero igualmente hay que pedir que se reglamente su situación.

Quizás haya una posibilidad de generar contrapoder desde dos ámbitos. Por un lado las feministas trabajando porque se elimine de una vez esa dicotomía puta/no puta, reivindicando nuestra sexualidad y la igualdad de derechos. Por otro lado las prostitutas reglamentadas eliminando el morbo de lo prohibido, normalizando, demandando el respeto a su persona y a su actividad. El primer paso en la deconstrucción social es conseguir derechos, pero eso no significa que se renuncie a la idea de transformar la sociedad en un sistema donde el mercado del capital no exista, y los hombres y mujeres seamos libres e iguales en derechos. .

* Socióloga y militante feminista, acaba de dirigir una investigación sobre el fenómeno de la prostitución en Andalucía. Resumen: Pepín