VICENÇ
Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Uno de los indicadores más importantes de calidad de
vida de un país es su nivel educativo, el cual, además de permitir a la
ciudadanía desarrollar el gran potencial que cada ser humano tiene, facilita su
articulación con la sociedad, incluyendo el mercado de trabajo, elemento clave
en el desarrollo económico del país. Un análisis de nivel educativo en España
nos muestra que éste es preocupante y ello se debe en parte a nuestra historia,
y también a la distribución de poder en nuestra sociedad, que determina unas
prioridades en el gasto público que no siempre responde a las necesidades
humanas y económicas del país.
Resultado de los 40 años de una dictadura que además de ser enormemente
represiva tuvo una gran insensibilidad social, España tiene uno de los niveles
educativos más bajos de la UE; más del 64% de la población tiene un nivel
educativo equivalente o menor a la educación primaria. Cuando el dictador murió,
nada menos que el 82% de la población tenía una educación menor a seis cursos
escolares, dato que desmiente el argumento utilizado por las fuerzas
conservadoras de que la dictadura modernizó a España. En realidad, sólo
Grecia y Portugal tenían unos niveles de educación semejantes a la España del
final de la dictadura, y ello como resultado de haber sufrido regímenes
totalitarios semejantes.
DURANTE la democracia, los porcentajes de población con escasa educación
descendieron rápidamente pero todavía hoy la distancia existente entre España
(64%) y el promedio de la UE (38%) es muy notable, distancia que persiste en el
porcentaje de la población que tiene educación secundaria, el 20% en España,
un porcentaje muy por debajo del promedio de la UE, 45%. Ni que decir tiene que
tal nivel de educación ha ido mejorando durante los años democráticos. Ahora
bien, el retraso era tan grande a la muerte de Franco que todavía tenemos un
gasto público en educación como porcentaje del PIB por debajo del promedio de
la UE de 15 estados e incluso de la mayoría de los nuevos miembros de la UE,
los países del Este (España 4,3% del PIB, Polonia 5,3%, Letonia 6,3%, Estonia
7,4% y Lituania 6,2%).
Este bajo gasto público conlleva una polarización de la educación primaria y
secundaria en la que las escuelas privadas atienden, por lo general, a los niños
y jóvenes de las familias del 30-35% de renta superior del país y las escuelas
públicas sirven a las clases populares. Ningún otro país tiene un porcentaje
tan elevado de estudiantes en la privada, polarización que ha aumentado en España
(y en Catalunya) debido a las prioridades educativas de los gobiernos
conservadores, que promocionaron la escuela privada a costa de la pública. Tal
polarización no es buena ni para los hijos de las clases más confortables económicamente
ni para los hijos de las clases populares, pues la experiencia europea muestra
que el mejor sistema educativo es el que se basa en la escuela pública para
todas las clases sociales. Finlandia, por ejemplo, tiene una de las mejores
escuelas en Europa, siendo el porcentaje de estudiantes que asisten a la privada
sólo del 3%.
En España, el conocimiento académico en áreas tan importantes como ciencias,
matemáticas y lenguas (conocimientos claves en la competitividad económica),
tanto de los estudiantes de la pública como de la privada, está por debajo del
promedio de la UE-15 e incluso por debajo de algunos de los países del Este de
Europa, herederos de regímenes que dieron gran prioridad al sistema educativo.
De ahí que la descohesión social que existe en España, favorecida por las
posturas conservadoras y liberales, que han dado prioridad a la educación
privada, está también dificultando el desarrollo económico y equilibrado del
país. En contra de lo que asume el pensamiento liberal de que la equidad y la
eficiencia están en conflicto, la realidad muestra que la primera es condición
de la segunda.
ESTE déficit del gasto público se reproduce también en la educación
universitaria, y muy en especial en el tercer ciclo, que forma a los
especialistas e investigadores (másters y doctorados), la parte menos
desarrollada de la universidad española. La gran inversión que se ha realizado
en este nivel de educación ha sido para su expansión, habiendo alcanzado un
porcentaje de población estudiante universitaria (14%) incluso mayor que el
promedio de la UE-15 (10%), y ello se ha conseguido con un gasto público menor
que en la mayoría de países de la UE-15, con lo que el gasto público por
alumno universitario es de los más bajos de la UE-15.
Pero donde este déficit ha sido incluso mayor es en la educación vocacional y
profesional, que tiene una gran importancia económica y que no ha gozado de la
prioridad que se merece. Estos son los grandes retos de nuestra sociedad y de
nuestra economía.