Un partido legal, una manifestación legal

El pasado 11 de noviembre las juventudes del partido ultra Democracia Nacional convocó una manifestación simultánea a otra que convocaba el Frente Nacional en mi barrio.  Ambas convocaban, incitando a la violencia (a la coz al inmigrante), a una manifestación racista. Una de ellas era en Chamberí, mi barrio; en la otra, la de Democracia Nacional, uno de los manifestantes asesinó a sangre fría a un chaval de dieciséis años y dejó malherido a otro. Para mañana, Democracia Nacional ha convocado otra manifestación en Chamberí, barrio por el que compiten las organizaciones ultras. En territorio español se prohiben manifestaciones con cierta frecuencia. Se prohibió, por ejemplo, la que se convocó en condena por el asesinato de Carlos Javier Palomino con el cuchillo de 23 cm del manifestante ultraderechista. Se prohiben decenas de manifestaciones en el País Vasco. Pero según la Constitución sólo existe una posibilidad de prohibir una manifestación: el artículo 21.2 afirma que la autoridad “sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.”

Es difícil imaginar una manifestación en la que haya razones fundadas más evidentes que en este caso de alteración del orden público con peligro para personas. Los canallas que convocan a la manifestación contra “escoria venida de lejanas tierras” son los amigos del asesino de Carlos Javier Palomino, los que compartieron manifestación con él el día del asesinato. Así que, aunque le costó, la Delegada del Gobierno prohibió esta manifestación. Sin embargo, ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió autorizar la concentración racista.

El gobierno pretende ilegalizar partidos políticos de forma inminente. No se me ocurre qué argumentos pueden llevar a nadie a pedir la ilegalización de ningún partido sin promover antes la de Democracia Nacional. En todo caso no es esa ilegalización la que parece urgente, sino la salvaguarda de la seguridad de los vecinos y vecinas que no queremos tener cerca los cuchillos de la escoria venida de cerca.

Ya con el asesinato de Palomino mostró la sociedad su doble moral que mira con tanta severidad unos asesinatos políticos y contextualiza tanto otros. Recuerdo con pavor la cantidad de comentarios (en este mismo blog) que trataban de señalar que el asesinado no era un angelito. Ahora la Justicia hace lo mismo: harta de ilegalizar partidos y manifestaciones es absolutamente permisiva con los asesinos de extrema derecha.

Supongo que mañana habrá un gran operativo policial y que impedirán que haya otro Carlos Javier asesinado: si es así, ese mismo operativo se podría utilizar en cualquier otra manifestación impidiendo que nunca más se prohíban las marchas cívicas de otros signos políticos.

En todo caso, reconozco que esta vez los jueces me han sorprendido: ni para disimular su doble vara de medir han acertado esta vez.

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