PCE: de la transición al futuro

Paco Frutos 20 de Abril de 2008

 Hace 31 años, el Gobierno legalizó al PCE. Fue un acto jurídico-formal, por decisión de Suárez, quien no tuvo más remedio que admitir que no habría unas elecciones creíbles sin legalizarnos. Al partido del antifranquismo y la lucha por la libertad no se le podía mantener en la ilegalidad impunemente. La capacidad demostrada de movilización del PCE hacía muy complicado, además de ilegítimo, emprender una reforma política excluyendo a los comunistas. La impresionante demostración de fuerza y autocontrol del PCE en el entierro de los asesinados en Atocha hizo evidente que no sería posible convocar unas elecciones con mínimos visos de democracia sin dejar participar en ellas a los comunistas. Esa fuerza y esa capacidad de organización no eran casuales, eran el resultado de una trayectoria de lucha de los militantes del PCE, cuyo resumen político, social y cultural es francamente positivo, por no decir algo que pudiera sonar a triunfalismo patriótico. El papel del Partido en la reconstrucción del movimiento obrero, en la elaboración y difusión de plataformas reivindicativas, y en la conquista de derechos económicos, sociales. La militancia comunista fue el alma y el cuerpo de la lucha antifranquista, social y por la libertad. No es extraño, por tanto, que las personas que se movilizaban en España por todo tipo de reivindicaciones tomaran al PCE como referente y éste se convirtió, así, en partido del antifranquismo y la lucha por la libertad.

El Partido afrontó la transición defendiendo la ruptura democrática y la apertura de un proceso constituyente, pero la correlación de fuerzas no lo permitió y hubo una transición pactada, en la cual se pusieron en marcha las libertades fundamentales de un sistema parlamentario representativo. El PCE, que actuó con inteligencia evitando su aislamiento, sin embargo aceptó algunas cuestiones que no era necesario aceptar y que representaron en la práctica, a 30 años vista, una dejación de ciertos valores y principios que produjeron las primeras disensiones fuertes. Hoy, con la perspectiva de 31 años, podemos ver las dificultades de encontrar el equilibrio entre asumir los cambios sociales ocurridos en España en treinta o cuarenta años, algo que fue clave para el éxito de la política de unidad antifranquista del PCE, y mantener la lealtad a las referencias del pasado. Por eso, reconociendo las dificultades del momento, podemos hoy decir que el principal error del PCE fue haber sustituido la lucha social y popular desde abajo por la acción desde las instituciones que, a pesar de haber cambiado en la superficie, no dejaban de tener detrás el mismo aparato del Estado del franquismo. El error fue abandonar la guerra de posiciones en la sociedad para limitarla sólo a la lucha institucional. La estrategia debía haber consistido básicamente en mantener una línea de lucha molecular por la democracia; por democratizar bastión a bastión cada institución, creando «parcelas de libertad»; en seguir, en mejores condiciones y con los cambios tácticos necesarios, la estrategia de hecho que el PCE desarrolló en la fase final del franquismo. Por el contrario, se quiso hacer aparecer la política seguida como la lógica continuación de la política anterior. De todo el programa para la ruptura sólo quedó la consigna del Gobierno de concentración. Hasta los pactos de la Moncloa se presentaron como un paso en esa dirección. Y lo más terrible: en condiciones de más libertad, se extremó el autoritarismo interno y el dirigismo en la relación con las masas, buscando un lugar al sol en el proceso de cooptación y pacto de élites en que se convirtió la transición. Las concesiones aparentemente conseguidas, en particular en materia social y laboral, eran, como luego se pudo verificar, mucho menores que la literalidad del texto constitucional. Pero no cabía esperar otro resultado si se había desactivado la movilización popular, en particular la sindical. El error continuó y se remató con la subordinación del movimiento vecinal a los nuevos ayuntamientos democráticos tras 1979. La consecuencia inmediata de todo esto fue la desmovilización; he ahí la raíz del «desencanto». A continuación se fue gestando la crisis, que desembocó en expulsiones a diestro y siniestro y en los resultados electorales de octubre de 1982 (4 por ciento de los votos) y la pérdida de la mayoría de diputados/as. La historia posterior se sabe. Ruptura y creación del PT-Unidad Comunista por parte de Carrillo y posterior entrada en el PSOE. Y, paralelamente, creación del PCPE. En uno de sus momentos más bajos, el PCE recuperó su capacidad para buscar en las necesidades reales, en el movimiento de la sociedad, las bases y los fundamentos para relanzar su papel como partido útil para la gente, para el avance. Lanzó la política de convergencia. La oportunidad se presentó en 1986, el año de la movilización por la paz y contra la guerra. La gran movilización contra la OTAN exigía una respuesta unitaria ante la convocatoria de elecciones adelantadas. Esta respuesta fue IU. IU fue progresando política y electoralmente. Su discurso y su propuesta fue capaz de reagrupar a amplios sectores sociales críticos con las políticas social-liberales de Felipe González. Su declarada voluntad de reformar los mecanismos de participación política atrajeron a miles de personas que habían rechazado los métodos autoritarios y dirigistas tradicionales y buscaban una nueva forma de hacer política. Pero en su interior se gestaron contradicciones y enfrentamientos producidos por dirigentes del Partido y por otros que no eran del Partido. El clima anticomunista producido por el derrumbe de la URSS planteaba la liquidación del PCE y la conversión de IU en partido, superando la fase de coalición y la de movimiento político y social. Durante años hubo, a pesar de las contradicciones internas, una aceptable dialéctica PCE-IU. En 1997 se produce la salida de Nueva Izquierda del seno de IU, con el argumento de que era necesaria una profunda renovación de la izquierda. Los resultados de ésta, y otras renovaciones, a la vista están. En el año 2000, Julio Anguita deja la coordinación general de IU, que pasa a ser ocupada por Gaspar Llamazares, en una nueva fase política marcada primero por los gobiernos del PP, luego por las movilizaciones del «Prestige», contra la guerra, de la Universidad, al final por el Gobierno de Zapatero. Una fase caracterizada por el endurecimiento de la explotación laboral y por un modelo de crecimiento basado en la precariedad, la desigualdad y la especulación; por una política de gestos progresistas y contenidos profundamente conservadores. En ella, IU va perdiendo progresivamente su funcionamiento democrático y su perfil soberano de izquierdas.

La historia se repite, esta vez como farsa: una formación política que va cayendo en la subalternidad y una dirección a la que cada vez le sobran más las bases. Los resultados electorales de IU constatan que no existía un problema personalista Frutos-Llamazares, o PCE-IU, sino un grave problema político. Los síntomas de catástrofe electoral venían acompañados de pérdida de apoyo social y de falta de credibilidad. El resultado ha sido una estrategia fracasada, una derrota electoral y una crisis difícil de superar. Las justificaciones sobre la derrota no tienen consistencia: contra el bipartidismo se lucha creando un espacio propio en ampliación y contra una ley electoral eternamente injusta se lleva a cabo una acción política institucional y social, movilizando a la ciudadanía de izquierdas contra ella, algo que debía haberse hecho los pasados cuatro años, en vez de la cantinela narcotizante de «somos exigentes e influyentes» y permitir que el Gobierno del PSOE y el PSOE eludieran su responsabilidad para cambiar la ley electoral, con la excusa de que el PP no quería. Estamos en el momento de reconstruir el discurso y, sobre todo, la práctica de lo que fuera la primitiva IU. Estamos en el momento de impulsar todas las tareas del Partido en una sociedad demasiado desmovilizada social y políticamente. El PCE tiene historia pero de nada le sirve si, aquí y ahora, no tiene organización, militancia, política y capacidad creciente para intervenir en todas las cuestiones que afectan a las gentes, sumando así, como supo hacer en otro momento, a miles de personas a la construcción de la alternativa. Este reto pasa por centrar los objetivos políticos y contribuir a articular las movilizaciones sociales que exige el momento, con una crisis económica que se pretende, una vez más, paguen los trabajadores, con escandalosos beneficios multimillonarios de las empresas y la banca, con continuas privatizaciones, con cierres y deslocalizaciones de empresas, en medio de una movilización de la derecha importante. Es el momento de plantear un progresivo avance en la conciencia cívico-republicana hacia la III República. Es el momento de ampliar la lucha contra la guerra y por la paz. Es el momento de construir otra Europa y de practicar con todo el mundo la solidaridad internacionalista.


Francisco Frutos Gras es Secretario General del PCE