Lo tiene fácil. Hace ya años, muchos dijimos que tanto ANV como EHAK (o PCTV, en castellano) estaban en la legalidad porque al Gobierno le convenía. Con la Ley de Partidos en la mano, Zapatero habría podido instar el proceso de ilegalización de ambas formaciones políticas nada más hacerse visibles en el primer plano electoral. Le habría bastado con invocar el artículo 9 de la citada ley, que es tan genérico y abarca tantas posibilidades, incluida la penalización de las opiniones, que habría servido para amparar su ilegalización per se, sin necesidad de demostrar que tuviera vínculos orgánicos con Batasuna.

Zapatero no ha querido recurrir hasta ahora a esa ley multiusos por dos géneros de razones. Hace cuatro o dos años, porque estaba explorando si Batasuna, o como quiera llamársele, podía ayudarle a conseguir la disolución de ETA. Una vez comprobado que desgraciadamente eso no iba a suceder, decidió reservarse la baza para estas vísperas electorales, como modo de protegerse de los dicterios patrióticos del PP. Marrullerías.

El Gobierno central ha dejado claro que, en todo caso, hará lo necesario para que no pueda expresarse en las urnas una parte de la población vasca. ¿Qué parte? Se habla de unas 200.000 personas, pero cualquiera sabe: como no les dejan votar lo que quieren, no hay modo de establecer una cifra fiable.

A partir de lo cual, dos reflexiones tal vez pertinentes.

La primera afecta a asuntos tácticos: ¿tiene sentido dejar sin salidas políticas legales a un sector tan considerable de la comunidad vasca?

La segunda es más honda, porque apela a los principios: ¿es democrático privar del derecho de representación a una parte de la sociedad, opine lo que opine, guste más o menos?

En puridad democrática, no. Pero no es fácil discutir sobre principios con gente que carece de ellos.