¿Republicanos violentos?
Jaume
d'Urgell *
UCR
25 de Febrero de 2008
En defensa
de
Unidad Cívica por la República,
frente a la campaña de difamaciones
A propósito
de la campaña de difamación orquestada por la derecha, en contra de
los manifestantes republicanos que protestaron ante los neoliberales
ultraconservadores Granados y Güemes, durante una de las
inauguraciones institucionales que coinciden con la campaña
electoral.
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Estamos en el primer fin de semana de
campaña electoral, y una de las noticias más destacadas que podemos
encontrar en los principales medios de prensa, es la que nos habla del
supuesto intento de agresión que habría protagonizado un grupo de
manifestantes descontrolados, contra Francisco Granados y Juan José
Güemes, miembros del gobierno autonómico de Madrid y dirigentes ambos
del Partido Privatizador (PP).
Los responsables de comunicación del
partido del bando nacional, habrían difundido sendas notas de prensa, en
las que primero habrían 'informado' de "violentos disturbios orquestados
por el dirigente socialista Tomás Gómez, alcalde de Parla", para
–posteriormente–, abordar de lleno la versión anti-republicana, según la
cual "un grupúsculo de republicanos habría intentado agredir a dos
consejeros de Madrid".
La realidad es bien distinta: no hubo agresión ni
intento de agresión; en toda su historia, ni
Unidad Cívica por la República
(UCR), ni ningún otro colectivo o asociación integrante de lo que
podríamos llamar el Movimiento Republicano, han alentado u organizado ni
un solo acto violento; por su parte, UCR, en tanto que asociación
cultural independiente, nunca se ha sometido al mandato del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE), ni tampoco al de Izquierda Unida (IU);
además, ni el PSOE ni IU cedieron infraestructuras para preparar el
material de propaganda, como afirman los difamadores de la calle Génova.
Entonces… ¿qué pasó? Muy sencillo: los
responsables de construir hospitales privados con dinero público
–privatizándolos de facto, en
origen–, pensaron que era un buen momento para introducir algo de
'tensión' en la agenda electoral, presentándose como víctimas y de paso,
denostando a sus adversarios políticos, a saber: el partido socialista,
Izquierda Unida y en general, cualquiera que defienda la justicia
social, o apueste por la democracia plena como forma de gobierno.
Dicho de otro modo: los responsables de
gabinete de Güemes y Granados sabían dónde se metían, y optaron
deliberadamente por prescindir de un despliegue policial adecuado,
concentrando toda el peso de la seguridad en un reforzado –pero aún así
minúsculo– cuerpo de escoltas: suficiente para que los gobernantes no
corrieran ningún riesgo, pero claramente deficitario para contener la
más que previsible presencia de protestantes.
Toda la puesta en escena resultaba
previsible, y por tanto, cabe suponer que su ejecución responde a un
plan preconcebido: todo fue un montaje milimétricamente planificado por
el equipo del PP, para provocar lo que más tarde ha salido a la luz en
algunos libelos de tirada estatal: "el supuesto compadreo de los
socialistas con los violentos republicanos". De ahí a decir que "los
comunistas comen niños" o que "los rojos quemaron Gernika", un paso.
Huelga decir que absolutamente todos los
manifestantes que acudieron a protestar ante las vergonzosas
inauguraciones en campaña –aunque muy enérgicos en sus
reivindicaciones–, aborbrecen la violencia; y que los escasos forcejeos
registrados durante la infausta visita, partieron única y exclusivamente
de los gorilas encargados de
proteger a los comisarios políticos del Capital, acostumbrados a la
desproporción de fuerza y medios que todos conocemos y que muchos
recordamos en carne propia.
¿Por qué provocar algo así? Por
desconsideración a todo lo que no sean votos –y para aprovechar el
rédito del posterior impacto mediático–. ¿Por qué imputar falsamente la
maquinación del supuesto altercado al socialista Tomás Gómez? Porque es
'el otro' –y no uno cualquiera, sino el secretario general de 'los
otros' en la Comunidad de Madrid–. Puede dar gracias… de haber ocurrido
algo parecido en el País Vasco, ahora estaría gritando en algún sótano
oficial, lejos de cualquiera que pudiera socorrerle. ¿Por qué imputar la
autoría de los supuestos actos violentos a los republicanos? Porque es
un adorno útil y muy fácil de 'adaptar a la realidad' –habida cuenta de
la nutrida presencia de banderas republicanas entre los manifestantes–.
Lo que la prensa no dijo es que entre el
público no había únicamente republicanos: había también sindicalistas,
incluso eran mayoría. Es cierto, unos y otros comparten sus respectivos
idearios: el deseo de mayor Justicia Social y la vergüenza ajena ante la
existencia de gobernantes dinásticos, todavía en pleno 2008. Pero claro,
pocos periódicos permiten que la verdad estropee alguno de sus 'bonitos
titulares'… y ya en campaña, mejor no hablemos.
Seguramente todas estas explicaciones no
harán mella en la razón de aquellos que, por así decirlo, no necesitan
pensar. Pero de todos modos, no pierdo ocasión para dejar claras algunas
ideas importantes: 1.º República y violencia son antónimos; 2.º La
República tiene que ver con todos los problemas cotidianos derivados de
una forma de gobierno que no es plenamente representativa. Por tanto, la
presencia de banderas republicanas en reivindicaciones contra la
opresión, contra la precariedad, contra la discriminación, la denegación
de derechos o el coste de la vida… además de pertinente, es necesaria; y
3.º Para cualquier persona con dos dedos de frente, acusar sin pruebas
como lo hacen los voceros del Partido Privatizador, solo debería dejar
en mal lugar a los propios difamadores.
Espero haber expuesto una opinión
alternativa a la que se nos presenta como si fuera 'la única', y en el
mejor de los casos, haber contribuido a dinamizar el debate político,
con ideas y argumentos.
Ardo en deseos de ver qué perlas
informativas seleccionará Pascual Serrano, en su compromiso mensual para
evidenciar lo evidente.
¡Salud Pública, universal, gratuita y
calidad… y República!
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Nota al pie: en adelante recomiendo que
alguien grabe siempre cualquier actividad de protesta, para tener
pruebas firmes de nuestra convicción por la no-violencia. Ya sé que en
teoría, la carga de la prueba recae en el que acusa, pero hoy y aquí,
'detallitos' como la obligación de contrastar las fuentes, no parecen
importar demasiado a la prensa de masas.
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*Jaume
d'Urgell es afiliado a Unidad Cívica por la República