Los problemas que envuelven la coyuntura económica oscurecen a veces la necesidad de prestar atención a otros rasgos que, por estructurales, se perciben como de menor interés porque tenemos menos capacidad de incidir sobre ellos. Así, apareció a finales de año la Encuesta financiera de las familias, realizada por el Banco de España. Se trata de una radiografía importantísima de la situación patrimonial de nuestros hogares, que desafortunadamente no permite hoy. un análisis específico para Catalunya.

La complejidad de su elaboración requiere un periodo de maduración suficiente para interpretar esta nueva hornada de datos, referida a los meses finales del 2005. Pero permite una comparativa válida de lo que fue la encuesta similar del 2002, por lo que cabe destacar algunas conclusiones importantes, con suficiente robustez estadística.

LA PRINCIPAL conclusión que puede sacar cualquier analista que estudie el avance de resultados, disponible en la web del Banco de España es que la desigualdad de renta y riqueza en España ha aumentado de una manera notabilísima en estos tres últimos años de boom económico.
En efecto, la encuesta comentada muestra como la mediana (y la media, por si quedaban dudas) de la renta de los hogares españoles entre el 2002 y el 2005, en términos constantes –esto es, bien contado– ha disminuido (de 25.200 a 23.100 euros), con un descenso más acusado en el segmento del 20% de hogares de renta inferior (de 8.700 a 6.900). Con ello, el rango de la desigualdad entre el 10% de familias con mayor renta respecto del 20% de familias con menos renta ha aumentado desde un ratio de casi 1 a 10 en el 2002 a casi de 1 a 13 en el 2005.

EN SOLO TRES años, el 25% de hogares más pobres ha visto reducir su riqueza en un 60%, pasando de representar en mediana 8.500 euros en el 2002, a 5.500, todo ello en euros constantes con base en el 2005. A su vez, la ratio que mide la dispersión entre el percentil de riqueza neta del 25% de hogares con menor renta respecto del que se situaba entre el 90 y 100 (el 10% de las familias más ricas) se ha más que doblado en el breve intervalo de tres años. Por edades, los cabezas de familia con edad inferior a los 35 años han mejorado menos de la mitad que el resto de hogares, y se ha reducido el porcentaje de nuestras familias más jóvenes que son propietarios de su vivienda principal.

En general, el incremento de la deuda ha superado el aumento de los activos, de modo que el porcentaje que representa la deuda sobre el valor total del patrimonio ha aumentado; y ello en especial para los colectivos de menor renta. El 20% de hogares con renta inferior que tenían deudas pendientes, en sólo tres años se ha incrementado un 50%, duplicándose, siempre en términos constantes (euros del 2005) la media del valor de su deuda. De nuevo, para estos hogares más pobres endeudados el peso de la deuda ha pasado de representar el 104% de su renta en el 2002 al 143% en el 2005. Y para mayor alarma: con ratios de deuda que triplican los ingresos del hogar, en el 2002 se computaba el 34,5% de las familias más pobres en renta y en el 2005 la cifra era del 42,6%.

Esto es, de la mitad de los hogares más pobres en renta que estaban endeudados (casi dos terceras partes del total), los pagos por sus deudas vivas suponían más del 40% de sus ingresos anuales. Por edades del cabeza de familia, de nuevo los más jóvenes se han llevado la peor parte: la mediana de su deuda ha aumentado en casi un 80% en términos reales.

EN RESUMEN: tamaño crecimiento de la desigualdad, tanto en renta, como en riqueza, como en capacidades de financiar las deudas pendientes, que se ha producido en España en tan breve espacio de tiempo, no nos debiera de dejar indiferentes. Su tratamiento exige responsabilidad en un momento como el actual de rebajas fiscales electorales y de abrazo indiscriminado de nuestros sistemas impositivos al denominado dualismo fiscal por el que se renuncia a la progresividad tributaria.

Y en la actuación necesaria para su corrección, la situación descrita reclama políticas públicas con menos universalismo populista (cheques por nacimiento y leyes de dependencia universales) y más orientación de cualesquiera sean los recursos públicos disponibles a un gasto más selectivo, ligado al test de medios y a la prueba de necesidad, para mejorar su efectividad redistributiva.