El precio de mi voto

El precio de mi voto

No sólo no soy adepto de la ideología occidentalista sino que, además, no siento la menor adhesión al sistema político-económico bajo el que vivimos: el occidentalismo. Tampoco lo considero un infierno. Digamos que es un purgatorio, con sus cosas buenas y sus cosas malas.

Para Churchill (que le endilga el embellecedor membrete de «la democracia») es el peor sistema posible excepto todos los demás. Yo diría que es el mejor y el peor de los posibles en las actuales circunstancias.

Habida cuenta de todo, fue un sistema mejor el de las democracias populares --el socialismo real--, sin por ello carecer de defectos; fue mejor, desde luego, para los pueblos en los que, más o menos, se realizó (o sea: mejor de lo que ha resultado para esos pueblos la restauración del occidentalismo); y, sobre todo, mucho mejor todavía para los demás pueblos, que, sin padecer sus inconvenientes, nos beneficiamos decisivamente de su existencia, gracias a la cual fue posible la parcial emancipación de las naciones oprimidas por el yugo colonial y la consecución del estado del bienestar, otorgado a regañadientes por los potentados del sistema occidentalista.

El futuro traerá nuevas alternativas. La humanidad no estará sometida para siempre a la tiranía del automóvil, al absurdo de la economía de mercado, a la farsa de la pseudodemocracia partitocrática, a la brutal desigualdad social, al desempleo masivo, a la ausencia de una redistribución global de la riqueza, al adocenamiento de la mediocracia mendaz e ignorante, a la fragmentación del planeta en bloques atrincherados, a la falta de libertad de circulación, a las guerras imperialistas, a la carrera de los armamentos, a la existencia de ejércitos y fronteras.

Que hoy por hoy no haya alternativas viables no implica que sea menester apoyar lo que existe. Si se puede ir mejorando es, en buena medida, gracias a la crítica de quienes no nos sumamos al coro consensual de sus enaltecedores, que monopolizan la opinión pública (salvo unos pocos huecos en el espacio internet).

El régimen occidentalista conserva muchos elementos de capitalismo, aunque felizmente no es (ni fue nunca) tan capitalista como lo pintan sus adeptos y algunos de sus detractores. El capitalismo puro, la economía de mercado estricta, es absolutamente imposible, un sueño (o más bien una pesadilla), una ficción de las mentes de los ensayistas libertarios.

Que el régimen imperante no es estrictamente capitalista lo prueban hechos como el de que aproximadamente la mitad de la renta producida es administrada por los poderes públicos (lo cual no quiere decir que sea distribuida de manera justa ni racional) y el de que --con todas sus limitaciones-- resisten a la embestida eliminadora del empresariado voraz las instituciones del estado del bienestar: jubilaciones, asistencia sanitaria, algunas pinceladas de vivienda social, educación pública, servicios públicos de enseñanza, cultura e investigación, salvamento, organización vial, abastos y suministros, regulación de mercados, transporte público, ayudas a discapacitados, subsidios de desempleo y otras limosnas; todo lo cual es incompatible con un capitalismo puro.

Pero, aunque el occidentalismo no es capitalismo, sí contiene bastante capitalismo, desgraciadamente. En esencia es un régimen oligárquico, en el cual una casta de privilegiados de la finanza, del dinero, de la mediocracia, de la sociedad influyente, de los círculos del poder, acapara los resortes de la decisión pública, a través de la partitocracia, con una tramoya en la cual:

las elecciones son manipuladas y preparadas de manera que se eviten las malas sorpresas (salvo raras excepciones);
los partidos son férreamente controlados por los aparatos y las camarillas de intrigantes entre bastidores, instrumentalizadas por los grupos oligárquicos de presión (salvo, en cierta medida, algunos partidillos marginales, con vocación de testimonio simbólico --y aun eso sólo provisionalmente, porque el sistema dispone de utensilios para banalizarlos o echarlos a la cuneta); la democracia interna de los partidos es totalmente ficticia;
los partidos principales abusan de su posición dominante, con lo cual ejercen colectivamente un rígido oligopolio sobre la vida política;
los órganos de opinión disidentes son arrojados de la esfera visible en la vía pública y relegados al internet (sólo accesible en la intimidad de la vida privada de cada uno);
las voces discrepantes del sistema son sometidas a una combinación de ninguneo y ostracismo con un eventual acoso (siendo, en caso necesario, eliminadas, aunque ese último recurso se dosifica prudentemente);
es estigmatizada cualquier apología de sistemas alternativos (como el del socialismo real);
los debates dejan de lado montones de temas tabú, imponiéndose un pacto de silencio tácito que arrincona a quienes intenten abordar esas cuestiones;
el chantaje anti-terrorista cercena cada vez más la libertad de ir y venir y la de entrar y salir de los edificios públicos, multiplicando los controles de identidad discriminatorios y ofensivos;
vienen severamente recortadas, con diversos pretextos, las libertades de asociación, de expresión y de pensamiento;
la disciplina de partido arruina lo poco de democrático que pudieran tener las asambleas legislativas, en las cuales incluso sus miembros se ven privados del derecho de hablar libremente.

En ese contexto las elecciones no son ni libres ni justas. El elector carece de la posibilidad de motivar su voto; se le prohíbe votar salvo por una de las candidaturas que hayan superado los criterios vigentes.

A la abrumadora mayoría de los electores sólo les resulta prácticamente posible votar a uno u otro de los candidatos del sistema. (En algún caso extremo, como el de los estados unidos de América, hay de hecho un partido único, aunque dividido en dos alas casi iguales.)

En el actual ordenamiento español no todo es malo. Una buena cosa es que los electores no estamos obligados a votar. A quienes desaprobamos a todos los partidos con posibilidades de ganar se nos permite no ir a votar, o votar blanco o nulo. Esa autorización legal es importantísima. Es un derecho sagrado que hay que ejercer. Es una de las palancas para ir consiguiendo, poco a poco, que alguno de los partidos en liza introduzca (con la esperanza de encandilarnos) tal o cual elemento positivo en sus programas y, ocasionalmente, que lo cumpla si llega a constituir una mayoría en las instituciones.

Al lado de esa ventaja, nuestro actual sistema político --la monarquía borbónica-- encierra un montón de particularidades que llevan a relativizar al extremo su credencial presuntamente democrática. El eje real del poder reside en el Palacio de la Zarzuela, al paso que la función de la jefatura del gobierno es poco más que decorativa (inversión de papeles).

No voy a comentar aquí tales particularidades. Lo que voy a plantear es si --a pesar de todos mis recelos con relación al sistema político en que vivimos y a los grupos con representación parlamentaria-- es razonable para mí ir a votar el domingo 9 de marzo de 2008 en las elecciones generales de España; y, si voy, qué opción tomar: el voto nulo, el blanco o bien alguna de las listas que encontraré en el colegio electoral.

Para adoptar una decisión racional, necesitaría dos elementos de juicio que me faltan:

1º) un conocimiento detallado de las vidas y trayectorias de todos y cada uno de los miembros de esas listas (no me basta saber que el cabeza de lista es una persona decente);
2º) una ponderación prolongada de los programas electorales (necesito haberlos conocido con al menos tres meses de antelación para estudiarlos y para recabar información que me sirva de criterio a la hora de calibrarlos: considerar su viabilidad y compararlos reflexivamente con mis propias estimaciones).

Que hace falta no sólo lo segundo sino también lo primero lo demuestro así: si se tratara de un plebiscito en el que se someten a consulta popular los programas de los partidos, la emisión de mi voto dependería exclusivamente de los contenidos; pero, tratándose de una elección, tan importante como esos contenidos es la fiabilidad de las personas que formulan esas promesas (hay que valorar el balance de quienes las enuncian en el cumplimiento o no de promesas previas y en general toda su vida, no sólo política sino todo su itinerario personal).

Todo eso es ya imposible. Propongo, pues, un trato alternativo: voy a enunciar mi propio programa mínimo de elector potencial, mis aspiraciones más urgentes, prometiendo mi voto al partido que me haga saber que las asume y que las incorporará a su actuación, si llega a formar gobierno.

A la objeción de que ningún partido va a tomarse la molestia de cambiar su programa para conseguir mi voto respondo que eso ya lo sé. Pero opongo resistencia a la tesis mercantilista de la soberanía del comprador (que los apologistas del occidentalismo extienden al mercado de las elecciones); según ella, en el sistema mercantil el comprador es soberano porque tiene la última palabra, siendo dueño de comprar o no comprar. En cuanto a las elecciones, el votante es dueño de votar o no votar.

Evidentemente que soy dueño de comprar o no comprar, pero, si no compro, me quedo sin lo que necesito; lo que ofertan los comerciantes distará de lo que yo deseo, pero ésas son lentejas: o las tomas o las dejas (y te quedas sin comer). Conque en muchos casos, a regañadientes, compro (aunque raras veces estoy satisfecho con la mercadería que me venden; ¡vamos! prácticamente nunca).

En las elecciones tengo al menos (en España) la posibilidad de no votar. Eso sí, me amenazan con que, si no voto a los unos, saldrán elegidos los otros. (Elster ha demostrado, sin embargo, que va contra la racionalidad de la teoría de juegos basar la motivación del elector en un cálculo individual de las expectativas y del efecto causal probable de su votación o su abstención.)

Rehúso someterme a esa amenaza. Claudicar, tragar con ese dictado, lleva a ratificar muchas inmoralidades e injusticias, porque a menudo la alternativa que se perfila es que se perpetren ésas u otras peores.

No niego el principio del mal menor, según el cual, cuando tenemos que optar, hemos de hacerlo --en la medida de lo posible-- de modo que el resultado causal de nuestra opción sea menos malo que las opciones alternativas.

Mas sostengo que a menudo no pronunciarse, no avalar ninguna propuesta, es la mejor opción; a saber: cuando cualquier otra opción hace de nosotros cómplices de una grave injusticia, lo cual es uno de los efectos causales de pronunciarnos. Al apoyar a unos, malos, muy malos, para que no salgan elegidos otros aún peores, cualquiera que sea la eficacia causal de ese apoyo en el resultado final (una eficacia de menos de un diezmillonésimo), lo que es seguro es que se produce ese otro efecto sobre uno mismo.

Habrá ocasiones en las cuales, no obstante, haya que votar por los malos, muy malos, por el peligro de los peores. Sin embargo, tiene que haber un umbral mínimo de diferencia entre las opciones, por debajo del cual no se aplica esa regla de apoyar a la candidatura menos mala. ¿Se da tal umbral en nuestro caso? Habría que demostrarlo.

Sea como fuere, voy a presentar 47 demandas. Son el precio de mi voto. Y no voy a pedir la Luna, ni la República ideal.

I - Democratización de España y política internacional

1ª.-- Convocatoria de una asamblea nacional constituyente para preparar una nueva constitución, que será sometida a plebiscito popular, capítulo por capítulo.
2ª.-- Un plebiscito popular para que España siga siendo miembro o no de la Unión Europea (en la cual nos metieron sin consultarnos y en la que nos han impuesto en nuevo tratado de Lisboa --brutalmente lesivo para España-- sin ni siquiera un simulacro de ratificación popular, además de que el apoyo eurocrático a la secesión de Kosovo constituye, no sólo una grave violación del Derecho internacional, sino también una amenaza para la integridad de nuestra Patria).
3ª.-- Nuevo plebiscito sobre la NATO, ya que los gobiernos monárquicos han violado las condiciones en las que una mayoría de españoles --engañados por la propaganda borbónica-- aceptaron (el 12 de marzo de 1986, cuando no habían nacido muchos de los votantes actuales) la pertenencia de España a esa organización militar belicista e imperialista.
4ª.-- Plebiscito popular sobre la bandera y el himno de España.
5ª.-- Plebiscito popular sobre la participación del ejército español en la guerra contra el pueblo afgano, que lucha por su independencia nacional contra la agresión de los estados unidos y sus aliados.
6ª.-- Plebiscito popular para ratificar o no la participación de España en otras aventuras militares, como la ocupación del Líbano.
7ª.-- Plebiscito popular sobre la ratificación o no de las privatizaciones llevadas a cabo por todos los gobiernos del presente reinado durante los últimos tres decenios.
8ª.-- Plebiscito popular sobre las reformas del derecho laboral perpetradas por todos los gobiernos monárquicos desde 1978.
9ª.-- Ampliación de la Ley de Memoria Histórica; creación de una Comisión de verdad y reconciliación, formada por expertos y jurados imparciales, que lleve a cabo una investigación --garantizada y con pleno respeto al principio de contradicción procesal-- para determinar si fue un estado de derecho el régimen del 18 de julio de 1936, y si la lucha por derrocarlo constituyó o no un acto legítimo de resistencia a la opresión; en el caso de que se concluya la ilegitimidad del régimen, que se infieran las repercusiones institucionales que impone la lógica y se condenen las responsabilidades morales por complicidad con la tiranía que tengan que afectar a clases sociales, corrientes políticas, empresas, asociaciones o colectividades sin personalidad jurídica; responsabilidades, eso sí, sin ningún efecto penal individual.
10ª.-- Puesta en marcha de un proceso de unificación política entre España y los países iberoamericanos de lengua española.
11ª.-- Plebiscito sobre la devolución al Estado de las transferencias a las comunidades autónomas cuando se hayan traducido en desigualdades entre los españoles o disminución de la eficiencia del servicio público no justificada por un motivo imperioso de concordia nacional.
12ª.-- Iniciativa de España para una democratización de la ONU sobre la base del principio de igualdad entre los estados: supresión de la figura de miembro permanente del consejo de seguridad; abolición de ese consejo de seguridad, sustituido por una comisión ejecutiva de la asamblea general elegida por mayoría en votación unificada, sin cuotas, repartimientos ni lotizaciones regionales.
13ª.-- Emprender una activa política de estrecha cooperación estratégica --en todos los órdenes: político, comercial, económico, cultural, poblacional y científico-- con las grandes naciones emergentes, como Rusia, China, la India, Brasil y Suráfrica; diversificar así nuestra política exterior, escapándonos de la jaula occidental.

II - Inmigración

14ª.-- Libertad de inmigración para los latinoamericanos.
15ª.-- Propuesta española para la firma de un tratado internacional que asegure la libre circulación de todos los seres humanos por el Planeta Tierra.
16ª.-- Abrogación de la Ley de extranjería del año 2000. Una nueva ley de inmigración y fronteras se basará en dos principios:
1. promover el crecimiento de la población española y favorecer la inmigración de trabajadores, especialmente de países histórica y lingüísticamente vinculados a España;
2. concesión de visados con dos criterios: universal fraternidad de la familia humana y reciprocidad respecto a la acogida de emigrantes españoles en períodos anteriores de nuestra historia nacional.
17ª.-- Despenalización de las conductas subsumibles bajo la de auxilio a la inmigración.

III - Vivienda y medio ambiente

18ª.-- Creación de zonas libres de la pestilencia automovilística, que se vayan ampliando paulatinamente hasta cubrir un tercio del territorio nacional, asegurándose así a todos la posibilidad real de vivir y trabajar sin salir de una zona libre de amenaza de atropellos.
19ª.-- Al menos un tercio de todas las viviendas del país serán propiedad de entidades públicas que las oferten en alquiler a precios asequibles, de modo que cualquier hogar pueda tener una morada familiar digna por un 33 por ciento de sus ingresos.
20ª.-- Gratuidad del transporte público urbano y de cercanías.
21ª.-- Retorno a una normativa urbanística de servicio público como la que estuvo vigente hasta la ley del suelo franquista de 1956 (pues, aunque la reciente Ley del suelo de 2007 introduce tímidas mejoras, deja en pie la facultad de las administraciones de otorgar recalificaciones de terrenos, al paso que hasta 1956 cualquier urbanización tenía que pasar por expropiar los terrenos al precio de suelo rústico, sin mediar recalificación).
22ª.-- Prohibición de edificaciones bajas, que encarecen la construcción, provocan una catástrofe medio-ambiental y un grave problema de dispersión y desaprovechan el suelo --ese recurso escaso y patrimonio de los españoles; preferencia por los inmuebles de gran altura siempre que sea posible.
23ª.-- Prohibición de nuevas residencias secundarias y del despilfarro de agua para césped y para piscinas privadas.
24ª.-- Adopción de la energía nuclear, combinada con el incremento del uso de la eólica; prohibición de los biocombustibles y reducción del uso de combustibles fósiles.
25ª.-- Un plan para que todas las capitales de provincia estén unidas por líneas ferroviarias de alta velocidad en un plazo de 15 años.
26ª.-- Fiscalización del transporte aéreo para causar una sensible reducción del mismo, dados sus terribles efectos medio-ambientales.

IV - Política socio-económica

27ª.-- Cuota obligatoria de empleo: en función de su volumen de negocios y cifra de ganancias, las empresas estarán obligadas a un número de empleados y a un porcentaje de los ingresos brutos dedicado a remuneraciones salariales.
28ª.-- La discriminación por edad se incluirá entre las absolutamente prohibidas, de modo que será nula cualquier medida de las administraciones o de los empresarios que resulte lesiva para un trabajador --o en general para un individuo-- perjudicado en virtud de su fecha de nacimiento.
29ª.-- Prohibición del fraude de ley que consiste en que se realicen contrataciones laborales disfrazadas como mercantiles.
30ª.-- Ley de quiebras y crisis empresariales que ponga a la sociedad a salvo de las funestas consecuencias de las bancarrotas y, a cambio, someta la actividad de las grandes empresas a una regulación más rigurosa y a una participación de la colectividad en sus beneficios.
31ª.-- Pacto por la industria: los grandes empresarios estarán obligados a firmar con el estado un magno plan de reindustrialización de España, para que nuestra Patria pase a ser un gran exportador de bienes manufacturados de primera línea.
32ª.-- Creación de unos cinco o seis polos de crecimiento de alta gama, en los cuales los poderes públicos impulsen el avance técnico-industrial y la investigación científica de alto nivel, en estrecha cooperación, para hacer de España un país puntero en el desarrollo de las nuevas tecnologías.
33ª.-- Reforma fiscal. Progresividad efectiva del impuesto sobre la renta, sin ningún techo fiscal. Progresividad asimismo del IVA --de modo que haya una escala de tipos de gravamen según el grado de necesidad de los bienes y servicios y el monto de las operaciones (evitándose el fraude). También el impuesto de sociedades será progresivo, con tipos de gravamen crecientes según la base impositiva.

V - Cultura y enseñanza

34ª.-- Fusión de universidades; control planificado de su funcionamiento para impulsar una vida académica de alto prestigio internacional, desterrando el caciquismo, el clientelismo, la endogamia y el espíritu de campanario.
35ª.-- Una Universidad de servicio público no mediatizada por el sector privado; supresión de las evaluaciones traumáticas e injustas; apoyo institucional a los profesores e investigadores que trabajan concienzudamente por producir una obra intelectual y científica valiosa, sin olvidar nunca que su obligación es de medios (no de resultados) y que no debe rendirse culto al éxito.
36ª.-- Despenalización de las conductas lesivas de la propiedad intelectual, las cuales se ventilarán en la jurisdicción civil.
37ª.-- Supresión del canon digital y de cualesquiera tasas similares. El estado protegerá a los creadores culturales por un sistema de galardones, becas y plazas temporales o fijas en establecimientos públicos de promoción cultural, según criterios de valor artístico, literario o intelectual, al margen de consideraciones de mercado.
38ª.-- Las entidades privadas llamadas «de gestión» carecerán de prerrogativas; sus actuaciones no podrán obligar más que a sus respectivos afiliados, y aun eso dentro de los límites del contrato de afiliación y de la vigencia de derechos individuales irrenunciables.
39ª.-- Reforzamiento de la protección jurídico-civil de la propiedad intelectual en lo que atañe a los derechos morales de autor --excluyéndose de la titularidad de tales derechos a las empresas u otras colectividades.
40ª.-- Instrucción pública: restaurar una enseñanza primaria y secundaria exigente y de calidad, atajando las causas de su actual degradación, como el espíritu de facilidad y del menor esfuerzo, la indisciplina, el rebajamiento del nivel, la dejadez y el desánimo, el quebrantamiento de la autoridad de los maestros y la mediatización de los centros escolares por asociaciones privadas.
41ª.-- Plan para una paulatina eliminación de la enseñanza privada, concertada o sin concertar. Colegio único.
42ª.-- Intensificación de las enseñanzas científicas y humaninísticas; abandono de la concepción de la educación como adiestramiento y adquisición de actitudes y hábitos.
43ª.-- Supresión de la asignatura de educación para la ciudadanía.

VI - Reforma legislativa y moral pública

44ª.-- Ley de libertad ideológica, que imponga en la vida pública el principio de que cada individuo y cada comunidad ideológica tienen derecho a practicar sus ideas, regulando la objeción de conciencia para una amplia gama de deberes jurídicos, siempre con la pauta de maximizar el respeto al derecho de cada uno a ajustar su conducta a los imperativos de su visión del mundo (ponderado con los derechos de los demás y la prohibición de abusos); las comunidades ideológicas no serán discriminadas por criterios que perjudiquen a las minorías y a las nuevas corrientes.
45ª.-- Nuevo código penal, que será sometido a plebiscito popular. Estará regido por estos nueve principios:
1. ningún delito contra los bienes estará más penado que un delito contra las personas (jerarquía de bienes jurídicamente protegidos);
2. graduación: no habrá saltos punitivos, sino que cualesquiera dos conductas similares recibirán un trato jurídico similar;
3. supresión de las penas mínimas: los jueces tendrán la potestad de condenar al culpable a una pena de cero o más días en función de eximentes parciales o circunstancias atenuantes;
4. un techo penal, o número máximo de personas que pueden estar lícitamente privadas de libertad;
5. nuevo impulso a la reinserción y reeducación de los internos de establecimientos penales (que se reubicarán en las ciudades), retomándose la inspiración correccional y humanitaria de nuestro derecho penitenciario;
6. supresión de las discriminaciones por nacionalidad;
7. despenalización de la eutanasia;
8. recuperación de la figura del delito preterintencional (y, en general, elaboración de un derecho penal de conductas más que de hechos puntuales);
9. supresión de las leyes penales en blanco: toda prohibición penal ha de quedar clara y definitivamente fijada en el Código, sin relegarse su determinación a reglamentos.
46ª.-- Nuevo Código Civil. Reforma del derecho de familia: establecimiento de varios tipos o escalones de matrimonio, con denominaciones diferentes, estableciéndose así varios grados de compromiso mutuo entre los cónyuges (con pensiones compensatorias obligatorias en caso de ruptura unilateral injustificada); en el matrimonio pleno regirá la comunidad total de bienes a todos los efectos, fiscalmente gravada como una unidad (protegida y amparada por el ordenamiento jurídico, reconocedor del valor de la cohesión familiar), la cual podrá subsistir como persona jurídica unimembre en caso de muerte de uno de los cónyuges.
47ª.-- Prohibición de la tauromaquia.

Juro que cualquier partido político, sea el que fuere, que acepte al menos 7 de mis 47 demandas obtendrá mi voto el 9 de marzo de 2008. (En el caso de que varios lo hicieran, obtendrá mi sufragio el que asuma mayor número de reivindicaciones.)

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Nota

: Este artículo, «El precio de mi voto», es propiedad intelectual de Lorenzo Peña, quien, por la presente, permite a todos reproducirlo íntegra y textualmente, en cualquier medio, sin ninguna limitación ni condición.