Todos vivimos en Coslada
Hugo Martínez Abarca
Blog III República 11 de Mayo de 2008
De vez en cuando somos conscientes de casos como el de Coslada: un generalizado abuso de poder por parte de personas que se creen el Generalísimo porque les han puesto una gorra. Leyendo a otros compañeros (JavierM fue concejal por IU en Coslada y una comentarista de su blog constata su enfrentamiento con esa gentuza) hemos sabido que la trayectoria de los caudillos de Coslada ha durado ya demasiados años sin que hubiera fuerzas o ganas de barrer del servicio público a esta gente. Hace pocas semanas salió a la luz un escándalo más o menos parecido: el de los seguratas del Metro de Madrid que pegaban palizas colectivas a viajeros solos e indefensos y grababan el espectáculo para su posterior diversión: cuando Metro de Madrid conoció estos vídeos en vez de denunciar ante los jueces a los violentos simplemente pidieron a la empresa de seguridad que los cambiasen de puesto.
Me pregunto si habrá algún ciudadano que no se haya tenido que enfrentar al maltrato físico o moral de alguien que se cree propietario de los ciudadanos por el hecho de tener una gorra y la consiguiente porra. Yo tengo que reconocer mimal pronto con quien me trata de forma autoritaria, lo cual me ha generado no pocos problemas: incluso un policía reconoció una vez que la multa que me ponía era porque le había caído mal cuando le expliqué airadamente que estaba mintiendo y que no tenía derecho a tratarme así. Por supuesto renuncié a reclamar en ese y algún otro caso. ¿Para qué? Si se creen dioses es porque efectivamente han adquirido la condición de dioses. Que alguien vaya a contarle a un juez una versión distinta de la que da la autoridad policial y espere sentado a que le responda con, al menos, el margen de la duda.
No son pocos los aspectos en los que la mentalidad democrática en España es una gran desconocida. Uno de esos aspectos es la radical ausencia de conciencia por parte de los servidores públicos de que son servidores públicos. Un policía debería estar para ayudar a los ciudadanos, no para acojonarlos. Pero todo conduce a la más absoluta impunidad de quien se calza la gorra. Desde los maltratadores en las comisarías a los chulos callejeros, la sociedad entera con el Estado a la cabeza asume que lo que haga alguien con gorra es y debe ser intocable.
Si hay un ciudadano o un cargo público que lo denuncia habrá un alcalde omnipotente (o un directivo de Metro) que ampare al macarra; si la cosa llega a los juzgados, lo normal es que se quede en ellos y que el juez se niegue siquiera a investigar; si acaso hubiera condena judicial, tardará poco en llegar el indulto: es asombroso el historial de policías españoles cuya condena por maltratos ha sido seguida inmediatamente del indulto del Gobierno.
La democracia, el liberalismo político, exige que no haya personas en situación de superioridad sobre otras. Han detenido al 20% de la policía municipal de Coslada. Pero nadie ha parado el autoritarismo que tenemos en los tuétanos sociales.