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No
consiento que se hable mal de Franco en mi presencia.
Juan Carlos
«El Rey»
Memoria y “reciprocidad”
Emilio
Silva Barrera. 3
de Noviembre de 2005
El
28 de octubre de 2005 se cumplieron cinco años desde que un grupo de arqueólogos,
médicos y antropólogos forenses excavaron una fosa común en la localidad
leonesa de Priaranza del Bierzo. En ella se encontraban los restos de trece
civiles republicanos, asesinados por un grupo de falangistas, el 16 de octubre
de 1936.
Lo
que sucedió en esa excavación ha cambiado desde entonces la vida de cientos de
familias. Cerca de cuatrocientas han podido encontrar los restos físicos de sus
seres queridos desaparecidos. Otras han sabido lo que ocurrió después de casi
siete décadas. Y miles han logrado romper un tabú que les impedía hablar de
sus familiares, represaliados por la dictadura franquista, con la libertad con
la que se tiene que hacer en una democracia.
Esa
labor se ha llevado a cabo sin ayuda del Estado, con la de algunos ayuntamientos
y sobre todo con el trabajo de decenas de voluntarios que han dedicado su
tiempo, su esfuerzo y su dinero y a los que aprovecho para dar desde aquí mi más
sincero agradecimiento.
En
el artículo de Patxo Unzueta titulado “El honor de Carrillo” (27/10/05) hay
una frase que me ha llevado a escribir estas líneas. Unzueta dice: “La amnistía
de 1977 fue recíproca…”
En
el año 1977 era imposible que hubiera una ley que pudiera tratar igual a los
republicanos y franquistas, entre otras muchas cosas por que no eran iguales.
Durante la dictadura del General Franco fueron fusilados entre 1939 y 1942, más
de 40.000 republicanos (morir, matar,
sobrevivir, Julián Casanova,
Francisco Espinosa y otros). A muchos
miles de defensores de la legalidad les fueron incautados sus bienes como
consecuencia de la Ley de Responsabilidades Políticas de Jefatura del Estado,
publicada el 13 de febrero de 1939.
Mientras
los huérfanos de los republicanos (como lo fue mi padre) necesitaban con diez años
el permiso de un cura para poder trabajar picando en una carretera, los huérfanos
de los franquistas tenían ayudas del Estado para poder estudiar, como se recoge
en la orden del Ministerio de Educación Nacional del 12 de enero de 1941, cuyo
epígrafe dice: “Orden por la que se resuelve el concurso de Becas a favor de
huérfanos de caídos en la Cruzada de la Liberación”.
Mientras
el pueblo en el que vivió mi abuela, viuda de un rojo, se convirtió para ella
en algo parecido a un campo de concentración donde la vigilaban, atemorizaban y
castigaban; los asesinos de mi abuelo tuvieron cuatro décadas para tomarse el
botín de guerra. Incluso en los años cincuenta, cuando las autoridades de la
dictadura compraron las primeras vacunas contra la poliomielitis, era mucho
mejor ser adepto al régimen para poder vacunar a un hijo. Y eso lo pueden
testificar cientos de afectados por la enfermedad, que eran hijos y huérfanos
de los que perdieron la guerra.
A
eso hay que añadirle que para la aprobación de la Ley de Amnistía nadie
consultó a las familias de ,los miles de desaparecidos que todavía hoy se
encuentran enterrados en las cunetas. O que tras la muerte del dictador se
quemaron innumerables documentos relacionados con la represión franquista. Y
que con lo que ha llovido no podemos tener la cándida visión de que tuvimos la
mejor de las transiciones posibles.
Por
eso, desde el presente, debemos responsabilizarnos de ese pasado. La Comisión
para las Víctimas creada por el Gobierno está trabajando en términos de
reciprocidad y debería hacerlo en términos
de justicia histórica. Esta democracia no será suficientemente madura
hasta que trate con justicia a los hombres y mujeres que escribieron el código
genético de nuestra democracia cuando construyeron la II República.—Torrelodones,
Madrid
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