El cardenal arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, en su homilía con motivo de la festividad de la Virgen de Agosto, ha propuesto volver a colgar los crucifijos en los edificios públicos. En algunas provincias se viene debatiendo este tema desde hace algún tiempo, mientras que las Consejerías de Educación correspondientes -- asustadas por la opinión pública y publicada -- lo dejan en manos de los Consejos Escolares de cada centro de enseñanza, “echando balones fuera” siempre que pueden.

Es un tema en el que se impone el respeto a las partes, pero también el cumplimiento constitucional. Durante el año 2006 se cumplen setenta y cuatro años de un amplio debate en la prensa nacional: el tema religioso. Los diarios iniciaron el año 1932 con titulares sobre los sucesos políticos más llamativos del momento. Algunos periódicos, además, dedicaron un amplio espacio a la Carta Pastoral Colectiva que el Episcopado español dirigió a los fieles, consignando las normas que debían regular la conducta de los mismos respecto al nuevo Estado laico.

Los gobernantes entendían que debía aplicarse, sin dilación, el contenido de los programas. En algunos consistorios se propusieron mociones consistentes en enviar un escrito al Presidente del Gobierno para que no se demorase más el cumplimiento de la Constitución y de las leyes votadas en el Parlamento.

Las soluciones que la República pretendía dar al tema religioso tenían claras repercusiones educativas. La polémica que subyacía albergaba una doble vertiente: la de quienes defendían una enseñanza laica y la de quienes pretendían continuar con una enseñanza confesional.

Sin duda, la enseñanza era un importante "caballo de batalla". Más de un diario se hizo eco de las manifestaciones de Manuel Azaña en el teatro Pereda de Santander, respecto a la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas que se aprobaría en junio de 1933: "Ya sé que promoverá ruido y que se dirá de ella que es un ataque a la convivencia religiosa, pero el artículo veintiséis de la Constitución nos habla de la República laica…".

Manuel Azaña no estaba dispuesto a ceder un ápice en el cumplimiento de la constitución. La misma decisión mostró Rodolfo Llopis, desde la Dirección General de Primera enseñanza, al incidir en que la escuela - por imperativo constitucional - debía de ser laica y "...por tanto, no ostentará signo alguno que implique confesionalidad". Los gobernadores civiles ratificaron ese mismo pensamiento, a la vez que recomendaban a todos los alcaldes que se abstuvieran de dirigir requerimientos a los maestros públicos para que en sus escuelas pusieran signo religioso de cualquier clase.

Consecuencia de ello fue la retirada del crucifijo de las aulas. Muchas localidades fueron testigos de numerosas alteraciones en demanda de la reposición del crucifijo y de la enseñanza religiosa en las escuelas nacionales, tanto en la capital como en los pueblos de la provincia.

En mi abundante correspondencia personal con un maestro nacional, que permaneció oculto durante veintidós años tras los sucesos de 1936, consta que los maestros, unos y otros, tanto los de izquierdas como los de derechas, no podían negarse a cumplir las órdenes que recibían del Ministerio. Es más, la mayoría de los maestros conocían perfectamente los pueblos cuyas escuelas regentaban y, a pesar de verse muchas veces "entre la espada y la pared", supieron conducirse con mucha cautela y los máximos respetos para evitar situaciones desagradables con el vecindario. Sin embargo, no faltaron situaciones llamativas. En muchos pueblos, mientras nadie osara tocar el crucifijo todo marchaba bien: en cada escuela un crucifijo, una paz sin hendiduras y todos tan conformes; pero si el mismo era retirado, al día siguiente irrumpían en la escuela cuarenta, cincuenta, sesenta crucifijos,... tantos como niños asistieran a las clases.

Siempre será una incógnita conocer lo acontecido si la Dirección General de Primera enseñanza, en vez de ordenar la supresión de los símbolos religiosos de la escuela, lo hubiera dejado a criterio del pueblo y retirarlos allí donde lo solicitaran. Seguramente se hubiera respetado la voluntad popular y, a la vez, evitado enconadas protestas. Pero ello no era posible: la supresión del crucifijo únicamente era el signo externo de una actuación, una filosofía y un pensamiento que ya recogía la Constitución.