Sociedad
laica
Eduardo Castro
Ideal,
(Granada) 14-02-2004
LA razón de ser del movimiento laicista en Europa no es acabar con la religión
(con ninguna de ellas, por absurdas que a muchos nos parezcan casi todas), sino
sacarla del ámbito de lo público y ubicarla exclusivamente en el de lo
privado. Al igual que la militancia política, el hábito alimenticio, la
inclinación sexual, el gusto musical, la preferencia literaria o la afinidad
deportiva, la creencia y la práctica religiosas deben ser siempre una opción
libre, individual y privada, nunca obligatoria, gregaria y pública. Por eso
llama tanto la atención esta especie de cruzada desatada en nuestro país para
imponer al conjunto de la sociedad civil, a golpe de decretos políticos o
chantajes episcopales, la doctrina de un solo grupo, por muy mayoritario que éste
sea y muchos derechos históricos o tradicionales que a su favor se esgriman.
Porque eso es, precisamente, lo que la nueva Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza,
la controvertida LOCE, supone respecto a la Religión: una
imposición forzosa en toda regla (legal, pero ilegítima; mayoritaria, pero
inconstitucional) hecha al amparo de una mayoría parlamentaria que, además de
absoluta, se ha mostrado asimismo absolutista para sacar adelante contra viento
y marea la transformación de una asignatura hasta ahora 'maría' y voluntaria
en obligatoria y trascendental. Juzguen, si no: desde el primer curso de Educación
Primaria hasta la entrada en la Universidad o el pase a la Formación
Profesional, la Religión, tanto en su opción confesional católica (cuyos
profesores seguirán siendo nombrados por los obispos) como en su supuesta
alternativa no confesional (cuyos contenidos y criterios han sido denunciados
por su tendenciosidad), tendrá un total de 840
horas lectivas, por encima de asignaturas como Ciencias Naturales, Geografía,
Historia o Filosofía, y bastantes más que las enseñanzas artísticas o la
propia Ética, aparte de contar su evaluación para posibles repeticiones y la
nota media del bachillerato, con su consecuente repercusión en el futuro
universitario del estudiante.
Por
si fuera poco el ataque a la inteligencia (y a un derecho tan elemental como el
de la libertad de conciencia) que esta imposición supone, al quedar reflejada
en el expediente del alumno la opción elegida se vulnera también algo tan
sagrado para los mentores políticos de la polémica ley como la mismísima
Constitución, que en su artículo 16 dice taxativamente que nadie será
obligado a declarar sobre sus creencias religiosas.
No es de extrañar, pues, que la asociación Andalucía Laica, nacida bajo la
matriz de Europa Laica y a iniciativa de la pionera Granada Laica, haya acordado
realizar una campaña informativa que, bajo el lema 'Por una sociedad laica' y
en colaboración con la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos y
distintas organizaciones profesionales, políticas y sindicales, pretende
alertar a la sociedad española del grave retroceso civil que la próxima
entrada en vigor dela LOCE traerá parejo. Porque resulta ciertamente
inadmisible que, en pleno siglo XXI y a respaldo de un Concordato pactado con el
Vaticano
antes de aprobarse la Carta Magna, se puedan impartir en la escuela pública
contravalores como la discriminación de género o la intolerancia hacia
opciones religiosas, sexuales o familiares distintas a las del
nacional-catolicismo que la Conferencia Episcopal y nuestra ministra-candidata
parecen empeñados en devolvernos a nuestro pesar.