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¿DEBE
FINANCIARSE LA IGLESIA CATÓLICA A TRAVÉS DEL IRPF?
La sinrazón de un acuerdo
Francisco delgado
Ruiz (*)
EL PAÍS 1 de Octubre de 2006
Entre
la gran mayoría de la sociedad española hace tiempo que desapareció el
conflicto religioso. También nos hemos dotado de una Constitución que declara
que ninguna confesión tiene carácter estatal. Y sin embargo, ahora llega la
sinrazón del último acuerdo Estado-Iglesia católica, que aumenta desde el
0,52% hasta el 0,7% el porcentaje del IRPF destinado a financiar la organización,
el culto y el clero católicos.
El
Estado soluciona así la propina ilegítima a cargo del Presupuesto que cada año
concedía a la Iglesia, a cambio de enterrar el acuerdo de 1993 por el que los
obispos se comprometían a caminar hacia la autofinanciación. Ante el ruido
generado, las ONG denominadas de interés social, muchas de las cuales son un
brazo más de la Iglesia católica, exigen también (y se les concederá) el
0,7% del IRPF. Lo que significa que el Estado dejará de recibir, y de gastar en
infraestructuras y servicios públicos, un dinero que pertenece a todos: católicos
y fieles de otras religiones, agnósticos, ateos, indiferentes... Cabe de paso
señalar que la fórmula administrativa de marcar una casilla en el impreso del
IRPF es, además, contraria al precepto constitucional de no estar obligado a
declarar la condición religiosa de cada individuo.
En
un Estado que no profesa religión alguna, las diferentes confesiones religiosas
lo que deben hacer es autofinanciarse. Y la Iglesia católica española tiene
medios para ello. Podría y debería hacerlo con las cuotas y donaciones de sus
feligreses; con los beneficios y plusvalías de su patrimonio y propiedades; con
sus múltiples negocios, empresas financieras y de otro signo; con la prestación
de sus servicios... Y todo ello sin estar exenta de sus deberes tributarios.
En
cuanto al Estado, lo que debe hacer es garantizar la igualdad de trato a todas
las confesiones religiosas legalizadas. Pero no es así en España.
El
Gobierno ha presentado este acuerdo con la Iglesia como un avance. Indica que
ahora no habrá financiación estatal directa, lo cual es falso, puesto que la fórmula
del porcentaje (sea el 0,52 o el 0,7) es financiación directa pura y dura, ya
que se detrae de la caja general. Y asegura que se va a atender la exigencia de
la Unión Europea de que la Iglesia pague IVA, lo que está por ver.
Lo
que ciertamente sería un avance es que el Gobierno denunciara o no cumpliera
los acuerdos con la Santa Sede de 1979, que infringen nuestro ordenamiento
constitucional y son la causa de muchos problemas (Existen fórmulas en la
Constitución: Tít. III, Cap. 3).
En
un Estado no confesional, todas las religiones deberían autofinanciarse
Recordemos
que la Iglesia católica tiene, además, otros muchos privilegios económicos.
¿Qué pasa con el Impuesto de Bienes Inmuebles del que está exento su enorme
patrimonio y con otras ventajas fiscales? ¿Qué hay del dinero que se gastan o
dejan de percibir ayuntamientos, comunidades autónomas y otros entes públicos
para apoyar actividades religiosas de todo tipo, y hablo de cosas que van de la
cesión de suelo al arreglo y mantenimiento de instalaciones para el culto? ¿Qué
pasa con el pago de toda la educación concertada de ideario católico, que
supone más de 3.500 millones de euros al año? ¿Y con los 600 millones de
euros al año que se abonan a los miles de profesores de religión que en la
escuela pública se dedican a difundir la fe católica? ¿Y con el mantenimiento
público de congregaciones católicas que supuestamente hacen obra social? ¿Y
qué control ejerce Hacienda sobre las donaciones, los cepillos y lo recaudado
por servicios religiosos?
La
sinrazón de este pacto, que la Conferencia Episcopal evidentemente aplaude y
denomina con cierto sarcasmo un "acuerdo de laicidad inteligente",
coloca a los poderes públicos que lo respaldan en un espacio de clara
confesionalidad católica. Pues a ello hay que añadir, como ejemplos, la
participación activa en rituales católicos de innumerables cargos públicos, más
una Ley de Educación (LOE) de claro marchamo confesional.
Los
clérigos y algunos políticos justifican esta excepcionalidad afirmando que en
España hay un 80% de católicos. Mienten. A saber: bautizos, comuniones, bodas
y funerales responden, en un alto grado, más a prácticas paganas,
costumbristas, sociales y consumistas que a una verdadera fe católica. El buen
dato es que tan sólo un 22% de los declarantes del IRPF colocan la cruz para la
financiación del clero y el culto católicos, según Hacienda. Otro buen dato
es que menos de un 25% de la ciudadanía, según la propia Iglesia, cumple
habitualmente con el culto católico. Y aunque la Iglesia niega el derecho a
apostatar, más del 85% de los ciudadanos españoles hacen caso omiso a la
doctrina católica en lo referente a la sexualidad, al modelo católico de
familia, a la homofobia y sexismo de su doctrina, a las restricciones en
cuestiones relacionadas con la salud y con la ciencia. Y en una reciente
encuesta del pasado abril de la Fundación Santa María tan sólo un 10% de los
jóvenes entre los 15 y los 24 años se declaran católicos practicantes.
Entonces, ¿a qué responden los privilegios que se pretenden mantener e incluso
extender?
Argumenta el Gobierno que así podrán negociar mejor y con tranquilidad "otras cosas", como la cuestión de la religión en las escuelas. Pero cuando pase este momento de besamanos, habrá clérigos que, como siempre, continuarán profiriendo consignas contra todo aquello que no comulgue con su ideario católico, y seguirán presionando con dureza para conseguir renovados privilegios. Y seguiremos padeciendo los ataques furibundos e integristas del clero católico contra la libertad de expresión y las manifestaciones artísticas, filosóficas, científicas e históricas que van contra sus dogmas. Lo que no hace sino acrecentar la sinrazón del acuerdo del 0,7%.
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(*) Francisco Delgado Ruiz es vicepresidente de la asociación Europa Laica; fue diputado constituyente y senador en la primera legislatura.