El pasado 15 de diciembre se aprobó la Ley Orgánica de Educación (LOE) por mayoría parlamentaria aunque con los votos en contra del PP y con la abstención de IU, BNG, NB y la Chunta. En estos momentos se encuentra en el Senado, pendiente de volver a pasar al Congreso para su aprobación definitiva en torno a marzo.

Esta nueva Ley de Educación, en trámite parlamentario, ha generado en los últimos meses una fuerte controversia. Determinados sectores afines a Iglesia Católica y a la derecha política y educativa han utilizado todo su poder mediático y su fiel entramado socio-ideológico para monopolizar el debate social en torno a la LOE.

El MEC ha ido cediendo a gran parte de las reivindicaciones de la derecha educativa y de las patronales de la enseñanza privada, que el pasado 12 de noviembre mostraron su repulsa en Madrid y que avisan volverán a «tomar la calle» en breve.

A pesar de las cesiones, el PP, de la mano del conglomerado de asociaciones conservadoras agrupadas en la llamada Plataforma anti-LOE, en una tarea de desgaste al Gobierno, sigue criticando esta Ley. No podemos sentir otra cosa que perplejidad al observar las reacciones de este «bloque». ¿De qué se quejan? ¿Por qué esta rabia iracunda contra esta LOE?.

Sus consignas principales vienen siendo: derecho de padres/madres a elegir la educación de sus hijos e hijas; la libre elección de centro, derecho a elegir educación confesional en la escuela Analicemos el texto de la LOE y contrastemos con las consignas de la derecha política y educativa. Tras este ejercicio, podrá comprobarse que en lugar de abucheos, estas organizaciones deberían estar aplaudiendo esta ley, ya que, salvo ligeras modificaciones, su estatus se va a perpetuar en idéntica situación que la disfrutada durante ocho años de gobierno popular (más dinero público para concertar incluso etapas no obligatorias, ausencia de control en la admisión de alumnado, legitimación del adoctrinamiento religioso ). En definitiva, las amenazas de las que se quejan no tienen fundamento alguno.

Con sólo leer el proyecto de ley, comprobaremos que no sólo no se modifica la dualización del sistema educativo mantenida durante los años de gobierno popular, sino que, muy al contrario, se garantizan todas estas cuestiones: el proyecto permite que los centros privados tengan «ideario», sigan dirigidos por «el propietario» (aunque financiados por el Estado) y el profesorado contratado al arbitrio de la «empresa»; la enseñanza confesional se garantiza tal y como estaba regulada hasta la fecha (desde la Constitución de 1978 la religión no ha computado par la repetición o no de curso, para el expediente de acceso a la Universidad, para la obtención o no de becas pero reclaman en el siglo XXI una preponderancia para la religión propia de tiempos afortunadamente caducos).

Tras estas reflexiones no podemos sino sentir lógica perplejidad ante el veto visceral a este proyecto por parte de los sectores más conservadores. Quizá sean ciertas novedades en este proyecto las que les hacen revolverse: se establecen, aunque tímidamente, controles a los centros sobre el uso del dinero público; se prohíbe el cobro de cuotas a padres y madres; se establece un procedimiento con el fin de reorganizar el desfase entre números de solicitudes/plazas disponibles en un mismo centro; también en el proyecto se incluye que la atención a la diversidad se asuma por todos los centros que reciben dinero público (resulta razonable que quien recibe dinero público preste un servicio público y tenga que rendir cuentas por ello ¿o no?).

En el STE-Rioja no podemos conformarnos con esta LOE. Nuestra línea sindical en defensa de la red pública como eje vertebrador del sistema educativo, no nos permite vernos reflejados en este proyecto. Pero la gran diferencia en nuestra crítica es el punto de partida y el objetivo final: nuestro rechazo surge desde un punto de vista progresista y de apuesta clara por lo público, y nuestro objetivo a través de nuestras aportaciones y de nuestra lucha, es el de forzar otra LOE, una LOE comprometida de verdad con la escuela pública y con el profesorado como elemento fundamental en el proceso educativo.

Desde la derecha se sigue criticando el proyecto, a pesar de la perpetuación de lo que ya tenían ¿Por qué? ¿Quizá sólo sea una pose de tinte político? Desde el STE-Rioja criticamos el proyecto. ¿Por qué? Precisamente por permitir esa perpetuación, por la falta de valentía de este Gobierno para enfrentarse al potente entramado que está detrás de la enseñanza privada y por no aprovechar el momento para legislar de verdad en pro de la escuela pública y su profesorado. Esa es la gran diferencia, no podemos caer en el simplismo de agrupar a todos contra todo.

En otro orden de cosas, en este proyecto no sólo no ha habido mejoras para el profesorado (salvo algunas cuestiones, por ejemplo, la prórroga de las jubilaciones anticipadas defendida por los STEs), sino que, al contrario, las condiciones de trabajo pueden empeorar notablemente cuando en zonas con problemas de escolarización la ley permita aumentar las ratios un diez por ciento.

Pero los STES-i ni nos resignamos ni nos haremos cómplices con nuestro silencio. La lucha continúa; los STES-i, con todas las personas y organizaciones que quieran, continuaremos la lucha por una ley que fortalezca la escuela pública y mejore las condiciones de trabajo en la enseñanza; seguiremos con nuestra campaña de información y aportación para otra LOE, para una ley que fortalezca la escuela pública y mejore las condiciones de trabajo del profesorado.