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La libertad, según la Conferencia Episcopal       

 

Enseñantes Asambleatios de Canarias          26 de Febrero de 2006

 

El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, refiriéndose a las relaciones entre Iglesia y Estado, declaró: “Hay una corrección formal y muchos asuntos de gravísima discrepancia” Hablaba del debate sobre la LOE, en el que la Iglesia sostiene como derechos de la sociedad frente al Estado, el de elección de centro, de creación de los mismos, y el de decidir los padres la formación “moral y religiosa” de los hijos.

La Iglesia Católica, que se define a sí misma como “sociedad perfecta” nos tiene habituados a dictarnos normas que considera “verdades eternas”, proclamadas a su conveniencia y que cambia cuando le viene bien.

Defiende la libertad de enseñanza, cuando no hace muchos años ningún libro de texto podía ser usado en los centros de enseñanza sin el “nihil obstat”. Este era un privilegio concedido por el régimen franquista al que nunca hizo ascos.

También era obligatoria la enseñanza de la religión católica, como materia evaluable y computable a todos los efectos.

Anteriormente, cuando se generalizó la educación pública gratuita, la Iglesia se opuso a la intervención del Estado en la educación, aún siendo esta la única forma de garantizar la educación a la totalidad de la población en edad escolar.

Hoy, en lugar de defender el derecho a la educación junto a la obligación del Estado a proporcionar plazas gratuitas a toda la población en la enseñanza obligatoria, lo que pretende es la financiación pública de los centros que crea, sin tomar en consideración criterios de racionalidad presupuestaria ni de planificación de la enseñanza. Su idea de la “libertad de creación y elección de centro escolar” es la de imponer su voluntad a la del Estado, y que este reconozca el carácter subsidiario de la enseñanza pública.

No conformes con seleccionar al profesorado de Religión Católica, de despedirlos sin atenerse a ninguna norma laboral, de obligar a que la oferta de Religión sea obligatoria en todos los centros públicos, quieren más: que la Religión tenga valor curricular, y su alternativa también.

Como resulta que año tras año disminuye el número de alumnos matriculados en Religión, quieren forzar su aceptación dándole carácter evaluable.

No son capaces de entender que la enseñanza pública de ver versar sobre contenidos científicos, y que el Estado no puede abandonar su neutralidad ideológica al apoyar creencias religiosas. No sólo se oponen a la laicidad, sino que exigen que el Estado esté a su servicio.

El 12 de noviembre consiguieron con la manifestación promovida por ellos y el PP, eliminar del proyecto de la LOE los tímidos elementos de control sobre la enseñanza concertada. Ahora, en la tramitación en el Senado pretenden:

· Seleccionar al alumnado con criterios distintos a la enseñanza pública.

· Cobrar cuotas a su libre albedrío.

· Recibir subvenciones que cubran el 100 % de los gastos de sus centros.

· Subordinar la enseñanza pública para convertirla en subsidiaria de la red de centros concertados, evitando la competencia y reduciendo así la “libre elección de los padres” a que estos no puedan optar a centro público en el área de influencia de sus colegios.

Engañosa libertad ésta, que consiste en imponerse, en segregar socialmente desde la escuela. No es religión, es negocio.

Canarias, 24 de febrero de 2006

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