Aunque resulte paradójico, es desde la izquierda, defensora de modelos en cuyo fin último se propugna la liberación del hombre, donde se condena al ostracismo reivindicativo el laicismo, entendiendo éste como un modelo de autoliberación del hombre. En la actualidad, tanto los modelos de liberación dirigida como el agnosticismo complaciente en el gobierno, olvidando la importancia de una libre conciencia para que otros postulados puedan tener terreno abonado para su desarrollo, pasan página y reducen su presión a meros pataleos filosóficos como respuesta a las agresivas campañas que periódicamente orquesta la confesión católica. Quiero pensar, y de hecho lo hago, que todo se debe a un planteamiento táctico, a mi entender, erróneo. De otro modo pensaría que se relega la libre conciencia a la mera estética revolucionaria, dejando de ser un objetivo estratégico primario por necesario.

Y digo todo esto porque, si a alguno se le ha olvidado, vivimos en un Estado confesional donde, mensualmente, se transfieren 11.789.140 euros a las arcas de la confesión católica por parte del Estado español vía presupuestos generales. Esta cantidad, calderilla para el cepillo de la confesión como ya veremos más adelante, es fruto de la apatía de los gobiernos socialistas presentes y pasados y, si no ponemos remedio, futuros. Desde 1988 está en vigor la aportación de el porcentaje del 0,52 de la cuota integra del IRPF de aquellos contribuyentes que marquen la casilla de la Iglesia Católica en su declaración de la renta. Es la fórmula que se ideó para buscar la autofinanciación de la confesión, a la cual ésta se comprometió en los acuerdos firmados entre el Vaticano y el Estado español en 1979. También se garantizaban unos ingresos mínimos a la confesión durante un período de tres años en previsión de una recaudación insuficiente del IRPF. Dicho periodo terminó y la garantía de ingresos mínimos, lejos de desaparecer, ha sido prorrogada y, cada año, la cantidad entregada como complemento, condonada. Todo ello hasta la actualidad, vía Presupuestos Generales del Estado, por gracia de los gobiernos de Felipe González, Aznar y ahora Zapatero.

Sólo el 33% de los contribuyentes marcó la casilla de la Iglesia Católica en el ejercicio 2003. Esto supuso para la confesión unos ingresos de 95.600.000 euros, pero el Estado le ingresó 135.970.000 euros. La iglesia viene a recibir cada año por parte del Estado un extra de unos 38 millones de euros. En total, desde la finalización del periodo transitorio la confesión se ha embolsado unos 240 millones de euros de más que no ha devuelto y no devolverá. Lo que se supone es una asignación, pasa a ser directamente una dotación por parte del Estado. Todos los españoles, independientemente de si somos católicos o no, hemos colaborado al sostenimiento de la confesión católica. Se trata de una partida presupuestaria que, claramente, vulnera la Constitución. Conscientes de tan flagrante trasgresión constitucional, tanto PSOE como IU, denunciaron y se posicionaron en contra de mantener dicha sobrefinanciación durante los Gobiernos del PP. Pero lo que son las cosas, el pasado 22 de diciembre se aprobaban los Presupuestos Generales de Estado para 2005 con los votos afirmativos, entre otros, de PSOE, IU Y ERC (con afamados laicistas en sus filas) donde, en su disposición adicional undécima y duodécima, se fija la cantidad mensual que recibirá la confesión a cuenta de la recaudación del IRPF, así como el mínimo garantizado para este año, además de la condonación de lo recibido de más. Pues gracias a sus señorías, todos los ciudadanos, católicos o no, colaboramos, en cierta manera, a la financiación de la procesión que, el pasado sábado 18, en Madrid, crucificó los derechos de una parte de la ciudadanía.

Aunque todavía puede ser peor; a finales de este año llega a su fin la última prorroga concedida a la confesión, y tendrán que sentarse a negociar con la Conferencia Episcopal. ¿Se mantendrá la situación actual, se ideará una nueva más sutil, o se pondrá fin a este absurdo? Difícil respuesta a esta pregunta, pese a las voces acaloradas de los laicistas de salón, que propugnan la rectificación inmediata y luego no tienen el menor pudor en apoyar, con su voto, el articulado de una ley contraria al ordenamiento constitucional y a sus propias convicciones.

Los tiempos del miedo ya pasaron. Hoy en día al movimiento laicista le asiste la ley, además de la razón. Una ley fundamental, que en su farragosa redacción confiere a nuestro Estado un carácter laico, pese al eufemismo del término aconfesional. Abocado al anticlericalismo, que por definición supone el laicismo activo dentro una sociedad clerical como la que vivimos, es en el ordenamiento jurídico donde encuentra su mejor arma. Arma que resulta totalmente inútil si los representantes en el Congreso de los Diputados, llegado el momento, flaquean.

Y más cuando el verdadero frente de batalla no está en la calderilla que el Estado transfiere mensualmente a la confesión, sino en la educación. Y no en la discusión de si la asignatura de religión debe de ser evaluable o no, si debe impartirse en horario lectivo o no, o si debe crearse una asignatura optativa a la religión. Discutir tales cuestiones es la misma pérdida de tiempo que discutir la curvatura de la tierra. La presencia de la religión en la escuela pública es, simple y llanamente, anticonstitucional. El único soporte legal lo encuentra la confesión en el acuerdo de 1979 entre el Estado español y el Vaticano. Acuerdo que, mira por donde, es anticonstitucional, según dictamen del Consejo Escolar del Estado que recomienda, con veintiséis años de retraso, su inmediata denuncia. Es intolerable que semejante aberración jurídica condicione la escuela pública en este país y que su denuncia no sea una prioridad en las agendas del gobierno y de quienes le apoyan. Así qu e no es la presencia de la religión en la escuela pública donde un futuro Estado laico encuentra su mayor obstáculo, si no en si habrá en un futuro cercano una escuela pública que defender. Me refiero a los miles de millones de euros que destina el Estado a la financiación de la enseñanza privada, en un 80% católica, y que eufemísticamente llama política de conciertos. Por ejemplo, de los 8.452 centros de ESO/FP que existen en la actualidad, 3.689 son privados financiados con dinero público, esto supone casi un 44 % de la oferta total. Pero es que casi el 70% de los centros privados de enseñanza de este país mantiene conciertos educativos con el Estado, o sea, son privados financiados con dinero de todos los españoles. Si a esto añadimos que el borrador de la nueva ley educativa que prepara el gobierno promueve el aumento de conciertos con centros privados, el panorama no es ni mucho menos alentador.

No me puedo resistir a comparar el escenario que se avecina con el que se encontró el Gobierno de la II República cuando, para garantizar una enseñanza laica y gratuita, tuvo que enfrentarse a la ingente labor de construir 27.000 nuevos centros de enseñanza. Esta comparación, que a alguno le puede parecer exagerada, no lo es en absoluto. La enseñanza privada o concertada, o si queremos ser más exactos, la enseñanza privada católica, ya que es ella la que recibe, casi en exclusividad, la practica totalidad del dinero destinado a los conciertos, aplica el adoctrinamiento religioso sistemático en sus centros, formando creyentes sumisos y no ciudadanos libres.

Dicha ley (LOE), es hoy sólo un borrador. En dicho borrador, como no podía ser menos, se hace mención a los acuerdos Estado-Vaticano de 1979, con lo cual, además, se mantiene la presencia de la asignatura de religión en lo que queda de escuela pública. La futura nueva ley, no sólo no avanza en la definitiva implantación de un Estado Laico, sino que puede suponer un retroceso definitivo. La confesión camina hacia un nuevo status quo, que con un mínimo de merma en sus privilegios, consolide la confesionalidad católica del Estado español. Y será, curiosamente, la izquierda, con el previsible voto afirmativo en el Congreso a la LOE, la que establecerá las bases definitivas de un Estado confesional. En la actualidad, el poder de la confesión se basa en el más de medio billón de las antiguas pesetas con la que el Estado la dota anualmente. Si nos paramos a pensar, en poco ha cambiado la situación de la confesión desde los no tan lejanos tiempos del nacional catolicismo y en poco cambiará con la aprobación de la LOE. Dinero a espuertas para sus fines y control del sistema educativo.

Pero la izquierda de este país tiene un compromiso ineludible con la consecución de un Estado laico. Un compromiso al que, sistemáticamente, ha dado la espalda. Es ahora, en la redacción y posterior aprobación de la LOE, donde los ciudadanos y ciudadanas de este país ponemos nuestra esperanza en que la cordura y la coherencia se impongan. Puede que sea la última oportunidad en mucho tiempo. Lo que nos jugamos es la implantación de un modelo educativo público y gratuito, donde se garantice a los ciudadanos una formación basada en la razón y el conocimiento con los que explorar todas las posibilidades del hombre. Y por qué no, que sin las cortapisas del dogmatismo, le permita soñar e imaginar. Soñar e imaginar, por ejemplo, ese otro mundo posible que muchos anhelamos. Dicho de otra manera: los cimientos de un Estado laico. Ahora es el momento, mañana puede ser tarde.

* Rafael Padial, es miembro de la Comisión Ejecutiva de Izquierda Republicana de Andalucía.