Octavio Salazar

Diario de Córdoba 5 de Diciembre de 2006

Cuando la Constitución está a punto de cumplir 30 años, ya va siendo hora de que empecemos a mirar nuestro sistema político con una mirada menos complaciente. Es el momento de que empecemos a asumir que la democracia no es solo un conjunto de reglas sino que también es una forma de vida. Una singular manera de entender los proyectos individuales y colectivos desde una síntesis respetuosa de la dignidad y el pluralismo. Una aventura siempre inacabada que se nutre del diálogo, la conflictividad y las conquistas que progresivamente tratan de hacer compatibles la libertad y la igualdad. Un reto que requiere no solo de la actuación de los poderes públicos sino también de la militancia de la ciudadanía. De ahí que sea tan importante para la propia salud del sistema fortalecer sus anclajes humanos, desarrollar competencias cívicas y, en definitiva, educar para que todos conozcamos nuestros derechos y obligaciones.

En estos 30 años de democracia, apurados por la necesidad de asentar el sistema constitucional y de construir una modernidad que nos salvara de la oscuridad de siglos, hemos descuidado los engranajes cívicos del sistema. Nos hemos ido abandonando a la comodidad de la democracia representativa y nos hemos dejado seducir por los encantos de un mercado que sólo nos exige ser consumidores. De ahí que sea tan importante que el Gobierno socialista haya apostado por una asignatura de "educación para la ciudadanía", la cual ha provocado una absurda contestación por parte de quienes aún no han digerido las reglas del juego. Sorprenden las llamadas a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia, por no hablar de los mensajes apocalípticos que está lanzando la derecha más reaccionaria y el catolicismo más intransigente. Una polémica que necesariamente ha de conectarse con otra de las cuentas pendientes de nuestra democracia: las relaciones del Estado con la Iglesia Católica y, muy en especial, la obligatoriedad de la enseñanza religiosa. Un lastre que tampoco el gobierno de Zapatero ha sido capaz de colocar en el lugar que le corresponde. Es decir, en la esfera estrictamente privada y desde el más absoluto respeto hacia la libertad religiosa.

Estos dos temas están conectados porque, en definitiva, la única ética que los poderes públicos democráticos deben fomentar, y en la que han de educar a las jóvenes generaciones, es la constituida por los principios democráticos, por ese "mínimo común denominador" que representan los derechos fundamentales. Un armazón ético con el que no nacemos y en el que hemos de ser socializados para hacer posible el milagro de la convivencia en libertad. Un horizonte más necesario que nunca en un mundo tan descafeinado y tan entregado al brillo de los escaparates.

La educación para la ciudadanía, además de constituir una asignatura específica, debería proyectarse transversalmente en todo el sistema educativo y en ella deberían implicarse activamente unos padres y madres que progresivamente han ido abandonando el papel que les corresponde y que tal vez necesitarían también un cursillo acelerado de responsabilidades democráticas. Esa ética mínima ha de jugar además un papel esencial en la ordenación del cada vez mayor pluralismo cultural que convive en las aulas. Solo así lograremos que los hijos e hijas de los migrantes asuman como propios los valores de la sociedad que los acoge, al tiempo que nosotros mismos hacemos un esfuerzo por aprender los que ellos pueden aportarnos. Solo desde ese diálogo será posible construir una ciudadanía inclusiva que ampare las diferencias. Solo desde esa ética laica, basada en la razón y no en las creencias, será posible hacer realidad el sueño de un futuro en el que los derechos no sean el privilegio de unos pocos y en el que la ciudadanía sea el motor de una democracia mucho más exigente que la que ahora languidece por los pasillos de los centros comerciales.

* Profesor de Derecho Constitucional de la UCO