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El dinero público al servicio de un negocio particular: la privatización de la educación en España
Joaquim Pisa

Izaro News 22 de Marzo de 2005

Un amigo me propuso hace unos días que escribiera acerca de un escándalo financiero con sordina que implica a todas las Administraciones públicas (estatal, autonómicas y locales) que integran el Estado español: la financiación pública de la enseñanza privada.

Uno es muy considerado con sus amigos, así que por darle gusto -y también por curiosidad propia- me puse a la faena de investigar sobre el asunto. Durante algunos días he ido explorando por aquí y por allá, en busca de datos que permitan hacerse una idea real del estado de la cuestión. El
presente trabajo presenta una fotografía de cómo están las cosas; las conclusiones son, cuando menos, preocupantes.

Lo que esconde realmente la "enseñanza concertada"

Vayamos por orden. De entrada, en todo documento oficial que se precie e incluso en los círculos más contestatarios ante esta práctica, no se habla de financiación pública de la enseñanza privada sino de "enseñanza concertada", eufemismo que intenta encubrir el objeto real de la relación entre las Administraciones y los beneficiarios de esas aportaciones económicas. Porque lo que se concierta entre las unas y los otros no es la "enseñanza" que recibirán los alumnos en esos centros educativos
subvencionados, sino la "financiación" de dichos centros. Si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de centros educativos privados son de carácter religioso (católicos, para más señas), no es difícil deducir qué tipo de "ideario educativo" (otro eufemismo más, éste para encubrir la ideología que
se imparte en los centros) se transmite a los educandos, y en definitiva, qué enseñanza reciben éstos.

Los defensores del actual estado de cosas aducen que esos centros privados cumplen un papel que incluso debería tener el aplauso ciudadano, porque -argumentan- están ejerciendo una labor substitutoria de primer orden, ya que allá donde las Administraciones no aseguran la enseñanza por
carecer de medios, infraestructuras y personal, los centros privados concertados facilitan esos recursos a cambio de una compensación económica; argumento falaz, que intenta hacernos olvidar la obligación de toda Administración Pública de prestar aquellos servicios que son de su competencia. Legalmente, ninguna Administración Pública puede renunciar a ejercer sus competencias ni hacer dejación en la prestación de un servicio público, porque eso es tanto como poner en tela de juicio su propia continuidad y existencia.

En cuanto a los centros receptores...¿Quién administra los fondos recibidos? El propietario o propietarios del centro subvencionado. ¿En qué los aplica? En aquello que le genera plusvalías, es decir, en su negocio. ¿Es incompatible la percepción de esas subvenciones con el establecimiento de
cuotas a satisfacer por las familias de los alumnos o la percepción de ingresos por otras vías? En absoluto, coexisten sin el más mínimo problema. ¿Modifica el "ideario" del centro la percepción de esas subvenciones públicas? Para nada, en muchos de esos centros se sigue explicando que Dios
creó el Universo en siete días o que el general Franco nos fue enviado por la Divina Providencia.

Datos para situar el problema: Cómo se realiza la transferencia

Una vez establecido que se usa el concepto "enseñanza concertada" como disfraz del desvío de fondos públicos a bolsillos privados, el siguiente paso es intentar averiguar su montante.

Resulta extraordinariamente difícil averiguar cuánto dinero destinan realmente las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades autónomas y Administración Local) a financiar la enseñanza privada. Cualquiera diría, y probablemente diría bien, que no tienen demasiado interés en que se sepa.
Veamos algunos datos que explican el porqué.

En "Los dineros de la educación 1990-2000", de Felipe José de Vicente Algueró, se ofrecen los siguientes:

- Aproximadamente un tercio de los alumnos están escolarizados en colegios privados.

- Un 75% de los centros privados reciben fondos públicos.

- Desde 1992, las transferencias públicas a la enseñanza privada se han incrementado en un 80%.

- Las comunidades que más recursos destinan a la enseñanza privada son, Baleares, Catalunya, Madrid, País Vasco y Navarra. Casualmente, o no, las de mayor PIB per cápita.

- A modo de ejemplo, y en el caso concreto de Catalunya, los colegios religiosos obtuvieron por transferencias públicas el 59'5% de sus ingresos en 2002 (y el 34'4% por cuotas pagadas por las familias de los alumnos). (fuente: Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya,
citado por F.J. de Vicente Algueró).

Lo curioso del estudio de De Vicente Algueró es que lo que pretende demostrar es, precisamente, que el Estado -el conjunto de Administraciones Públicas, en realidad- se está ahorrando dinero gracias a la enseñanza concertada. Lo cual, a la vista de los datos que él mismo ofrece, queda en
algo más que en entredicho.

Una información aparecida en EL PAIS el 24-11-2003, firmada S.P. de P./M.A., aportaba más datos:

- En Catalunya y el País Vasco, los colegios privados concertados suponen la mitad de la red educativa existente en esas comunidades.

- El 90% de los centros concertados pertenecen a congregaciones religiosas católicas, lo que, cito textualmente, "complica la integración de niños de otras religiones. De hecho, el 82% de los estudiantes inmigrantes estudian en centros públicos, según CCOO" .

"El dinero que se da para renovar muchos conciertos está contribuyendo a desmantelar la (enseñanza) pública", afirma en ese mismo artículo Ginés Martínez Cerón, vicepresidente de la Confederación laica de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA). Jesús Ramón Copa, secretario general de FETE-UGT remataba que los conciertos eran usados "como excusa" para establecer una
doble financiación de los centros privados, tal como "lo ha reconocido abiertamente Jordi Pujol (entonces presidente de la Generalitat de Catalunya) y algún representante de la patronal".

El tema da para toda entrega.

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