El dinero público al servicio de un negocio particular: el gasto público en Educación (y 2)
Joaquim Pisa

ÍzaroNews 23 de Marzo de 2005

Según el MEC, en el período 1992-2004 el gasto público en educación en relación con el PIB ha descendido del 4'8 al 4'4%. Para mejor contrastar esa cifra, hay que tener en cuenta que si bien el gasto del conjunto de Administraciones Públicas en educación durante ese período pasó de 17.700
millones de euros a casi 35.000 millones, el gasto de las familias pasó de 4.000 millones de euros a 8.500, es decir, se dobló igualmente (fuente de los datos de este párrafo: Instituto Nacional de Estadística, para el MEC).

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE), explicaba en un comunicado de prensa emitido en Madrid en septiembre de 2002, que en realidad sólo entre 1993 y 1998 ya se había pasado de invertir en enseñanza del 4'9% del PIB español al 4'5%, y que esa disminución de 0'4 puntos
suponía tres mil millones de euros anuales menos para enseñanza (recordemos que paralelamente se han multiplicado las subvenciones a la privada).

La privatización de un servicio público

El comunicado de STE cifraba los objetivos de la batería de leyes educativas emitidas por el gobierno del PP a partir de 1996 en cinco puntos claramente privatizadores y clasistas, entre los cuales destacaban el trasvase del alumnado a la enseñanza privada y la extensión de las subvenciones a centros privados en etapas escolares no previstas legalmente.

Y ahí llegó Mariano Rajoy, nombrado ministro de Educación, Cultura y Deporte en enero de 1999. Entre sus hazañas como responsable del ramo, la web "Los genoveses" cita:

- El incremento de las subvenciones a la enseñanza privada, que en los Presupuestos Generales del Estado para el 2000 aumentaron un 14%, frente al 10% en que se incrementó la enseñanza pública.

- El inicio de la financiación general de niveles no obligatorios en la enseñanza privada, en contraposición a lo que ordenaba la LODE.

- Específicamente, la impulsión de una política de escolarización plena de los niños y niñas de 3 años...sin crear una red de centros públicos para esa etapa y destinando mediante los consabidos conciertos todos los recursos a la red privada, que en el tramo de 3 a 6 años está en manos de la Iglesia Católica en un 80%.

Papel esencial en esa política privatizadora juega el "criptoconfesionalismo católico del Estado", según un clarificador artículo del experto Antonio Gómez Movellán titulado "En un estado laico" (criptoconfesionalismo del Estado español seguro, y también de comunidades autónomas tan significativas como Catalunya y el País Vasco, en las que por razones sociopolíticas e ideológicas el catolicismo continúa manteniendo una gran influencia social y una alta rentabilidad electoral).

Gómez Movellán reclama "un cambio total en el sistema educativo". Y entre otras cosas, cifra ese cambio en un nuevo modelo educativo que limite y elimine progresivamente la financiación pública de la enseñanza privada. La situación actual le resulta escandalosa, por enfrentarse la red pública de
centros de enseñanza a su "mera subsistencia, cuando los recursos materiales se derivan hacia la enseñanza privada" .

En la misma línea, el Sindicato de Estudiantes criticaba duramente lo que fue el proyecto -más tarde, ley- de Ley de Calidad de la Educación impulsada por la ministra Pilar del Castillo, pues entendía que a través de ese texto legal se ponían las bases para "la privatización encubierta de la educación
pública", al introducir criterios empresariales en la educación, y obligar a los centros públicos a competir entre sí para obtener recursos propios. Bajo el eufemismo (otro más) "autonomía de gestión económica" de los centros públicos, según el Sindicato de Estudiantes se estaba encubriendo que en
adelante "la Administración se lava las manos de la financiación de los centros públicos" (...) "serán los institutos con mejores infraestructuras, situados en grandes capitales y zonas céntricas los que tendrán ventaja sobre el resto".

La situación actual

Para el curso 2004-2005, las cifras del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) hablan de la existencia de un total de 22.144 centros de enseñanza, de los cuales 15.780 son públicos y 6.364 son privados; redondeando, uno privado por cada dos públicos. Una proporción que se ve alterada, sin embargo, en etapas escolares decisivas.

En Educación Infantil, por ejemplo, los privados son 1.897 y los públicos 1.699. En enseñanza universitaria, tenemos 50 universidades públicas y 22 privadas (la gran mayoría de la Iglesia Católica), cuando hace unos pocos años prácticamente no existían las privadas.

Pero donde los datos son realmente preocupantes es en ESO/Bachillerato/FP: aquí es donde se refleja mejor el progresivo control privado sobre la enseñanza, precisamente en el tramo educativo esencial y con mayor número de centros educativos que lo imparten: mientras que los centros públicos son 4763, los centros privados suman ya 3689. En Educación Especial, finalmente,
los centros privados superan ya ampliamente a los públicos: 296 frente a 192.

En el boletín "cifras INE" de junio de 2002 se afirma textualmente que "Más del 70% de las aulas de los centros educativos mantienen conciertos educativos con la Administración. Los porcentajes por comunidades autónomas se sitúan entre el 53% de Canarias y el 97% de Navarra". Por Comunidades
Autónomas, El País Vasco y Navarra superan el 85%, Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla la Mancha, Baleares, Castilla León, Rioja y Cantabria superan el 75%, y el resto (salvo Canarias), superan el 65%. Evidentemente, la enseñanza privada se sostiene a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado.

Conclusiones

De lo expuesto hasta aquí cabe deducir que nos hallamos ante una ofensiva, sostenida en el tiempo y probablemente cuidadosamente planificada, de sustitución de la enseñanza pública por la privada.

El instrumento primero de esa política es la transferencia de fondos públicos a la enseñanza privada, combinada con el recorte del gasto público en materia educativa.

Y sin embargo, a pesar de esa transferencia, el esfuerzo económico que deben hacer las familias que por voluntad propia o por falta de centros públicos llevan a sus hijos a centros privados crece incesantemente.

La gran beneficiaria de todo este proceso es la Iglesia Católica, verdadero gran patrón de la enseñanza privada y receptora en régimen de casi monopolio de las subvenciones.

Por último, las consecuencias de tipo ideológico que se derivan de esa tutela que la Iglesia Católica mantiene e incluso incrementa sobre una parte importante de los educandos, compromete seriamente la calidad de nuestra democracia: en vez de formar ciudadanos libres, se están modelando creyentes
sumisos.

Y esa aberración la estamos sufragando entre todos.