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IPS
24 de Noviembre de 2005
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WASHINGTON, nov
(IPS) - La "guerra contra el terror" crea nuevas oportunidades de
empleo para los estadounidenses. Importantes empresas se dedican a contratar
personal para realizar interrogatorios en las cárceles iraquíes. El negocio
llena muchos bolsillos y preocupa a los activistas por los derechos humanos.
Este verano (boreal), docenas de personas convergieron en el desértico pueblo
de El Paso, en el meridional estado estadounidense de Texas, en camino a las
prisiones iraquíes, donde permanecerán durante seis meses.
Pero ellos no van en calidad de prisioneros sino de interrogadores, caminando
por una delgada línea legal a través de las Convenciones de Ginebra, que
protegen a los prisioneros de guerra. Sólo por firmar el contrato, obtuvieron
un cheque de 2.000 dólares de una compañía que rápidamente se está
convirtiendo en una empleadora clave en el mundo de la inteligencia: Lockheed
Martin.
Tras una semana de orientación y procedimientos médicos, volaron a Tampa, en
el sudoriental estado de Florida, con destino a algunas tristemente célebres
prisiones iraquíes, entre ellas las de Abu Ghraib, Camp Cropper, ubicada en el
Aeropuerto Internacional de Bagdad, y Camp Whitehorse, cerca de la meridional
ciudad iraquí de Nasariya.
Conocidos en la comunidad de inteligencia como "los 97 ecos"
("97E" es el número que se adjudica al curso de interrogatorios
impartido en las escuelas militares), estos mercenarios trabajarán codo a codo
con los interrogadores militares.
Utilizarán 17 técnicas para interrogar prisioneros, que van desde el
"amor de camaradas" hasta la "severa atemorización", que
consiste en tirar violentamente al suelo a los detenidos. Los sujetos de estas
medidas serán decenas de miles de hombres y mujeres recluidos en cárceles
militares dirigidas por Estados Unidos bajo sospecha de vínculos con el
terrorismo.
Un empleo en este nuevo nicho laboral comienza con una llamada telefónica o un
mensaje de correo electrónico al teniente coronel retirado Marc Michaelis, en
el pintoresco pueblo de molinos harineros de Ellicott, en el nororiental estado
de Maryland, a una hora en automóvil de Washington.
Michaelis, el principal punto de contacto de los nuevos interrogadores, llegó a
Lockheed Martin en febrero, luego de que la empresa adquirió a su ex empleador,
Sytex,por 462 millones de dólares.
Sytex, y por lo tanto Lockheed, parece haberse erigido en uno de los mayores
reclutadores de torturadores privados. Solamente en junio, Sytex difundió
avisos buscando a 11 nuevos interrogadores para Iraq, y en julio la empresa
solicitó otros 23 para Afganistán.
Avisos publicados en varios sitios web frecuentados por militares en ejercicio y
retirados ofrecían salarios de entre 70.000 dólares y los 90.000 dólares, una
bonificación de 2.000 dólares por firmar el contrato, 1.000 dólares para una
licencia a mitad de la misión y 2.000 dólares por completar el periodo de
contrato regular de seis meses.
Quienes vuelvan para un segundo período obtendrán el doble de las
bonificaciones al inicio y al final de su contrato. A cambio, se espera que los
empleados trabajen como es debido: hasta 14 horas por día, siete días a la
semana.
El asunto de los contratistas privados que dirigen interrogatorios salió a la
luz a mediados de 2004, cuando una investigación militar reveló que varios de
ellos en la cárcel de Abu Ghraib eran empleados civiles de una empresa llamada
CACI, con sede en el oriental estado de Virginia.
Resultó que nadie sabía qué decían las leyes acerca de contratistas
comprometidos en las torturas en Iraq, o si estos eran, en efecto, responsables
ante alguna autoridad o sometibles a procedimiento disciplinario.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos son abiertamente críticas de
esta nueva tendencia. "El uso que hace el ejército de los interrogadores
por contrato ha sido un experimento fracasado", dijo Deborah Pearlstein,
directora del Programa de Leyes y Seguridad de la organización estadounidense
Human Rights First.
"Basándonos sobre las propias investigaciones de Pentágono (Departamento
de Defensa) y otros informes que ya son públicos, parece claro que los
contratistas ya no están tan bien entrenados ni controlados, y son más difíciles
de acusar que los soldados por cosas que salen mal", dijo.
Pearlstein advirtió que "a menos que y hasta que los interrogadores por
contrato puedan ser elevados por lo menos a los estándares de entrenamiento y
disciplina esperados para nuestros uniformados, Estados Unidos está mejor sin
sus servicios".
"El problema no es el uso de contratistas civiles", dijo en un mensaje
de correo electrónico un ex interrogador del ejército con más de 10 años de
experiencia. "Lo que se necesita es un medio activo de supervisión y
vigilancia sobre todos nuestros recursos en el campo, no sólo los
civiles".
"Si uno mira las muchas investigaciones de las actividades de inteligencia
militar, encontrará tantos individuos uniformados infringiendo la ley como
contratistas", dijo.
Pero Susan Burke, abogada de prisioneros iraquíes que dijeron haber sido
torturados en Abu Ghraib, cuestionó la legalidad de contratar a personal civil
para los interrogatorios.
"Los interrogatorios siempre fueron considerados una función inherente al
gobierno por razones obvias. Es irresponsable y peligroso utilizar a
contratistas en tales entornos, dado que hay una larga historia de repetidos
abusos de los derechos humanos cometidos por éstos", señaló.
La abogada de Filadelfia (en el nororiental estado de Pennsylvania) alega que el
uso de contratistas es ilegal. "El Congreso de Estados Unidos ha aprobado
leyes (las Regulaciones de Adquisición Federal) que impiden al Poder Ejecutivo
delegar 'funciones inherentemente gubernamentales' a privados", explicó
Burke.
Consultada sobre los detalles de los contratos para los interrogatorios, la
firma Lockheed se negó a formular comentarios. Joseph Wagovich, portavoz de la
división de tecnología de la información de la empresa, que incluye a Sytex,
dijo inicialmente que la compañía sólo tenía un rol menor en el negocio de
los interrogatorios y que había concluido su contrato en ese rubro para la base
militar estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba.
Pero confirmó que Lockheed todavía estaba suministrando otras clases de
"analistas de inteligencia" allí.
A Sytex también le gusta mantener un perfil bajo. "La mayoría de las
organizaciones dedicadas a hacer cumplir la ley, así como las otras
organizaciones a las que podemos estar apoyando, pronto podrían no ver sus
nombres impresos", dijo Ralph Palmieri Junior, encargado de operaciones de
la empresa, al Congressional Quarterly en 2004.
El alcance y la influencia de la empresa van mucho más allá de lo militar. Un
perfil de la compañía publicado por The New York Times en 2004 se iniciaba con
la frase: "Lockheed Martin no dirige Estados Unidos. Pero sí ayuda a
dirigir una parte impresionantemente grande de él".
"En la última década, Lockheed, el mayor contratista militar de la nación,
construyó un formidable imperio informático que ahora se extiende desde el
Pentágono hasta la oficina del correo", escribió Tim Weiner.
"Clasifica sus correos y suma sus impuestos. Corta los recibos de la
seguridad social y contabiliza (los resultados) del censo de Estados Unidos.
Dirige vuelos espaciales y monitorea el tráfico aéreo. Para hacer que todo eso
suceda, Lockheed escribe más códigos informáticos que Microsoft".
El periodista especializado en seguridad nacional en The New York Times explicó
cómo obtenía Lockheed su negocio: "Los hombres que han trabajado,
presionado (a favor de) y defendido legalmente a Lockheed ocupan los cargos de
secretario de la armada, secretario de transporte, director del complejo
nacional de armas nucleares y director de la agencia nacional de satélites espías".
Bill Hartung, del Instituto de Política Mundial de Nueva York, cree que
"dar a una compañía tanto poder en asuntos de guerra y paz es tan
peligroso como antidemocrático".
También afirmó que Lockheed Martin estaba en posición de beneficiarse económicamente
de cada plano de la "guerra contra el terror", desde el objetivo hasta
la intervención y desde la ocupación a los interrogatorios.
* Pratap Chatterjee es director general de la organización no gubernamental
CorpWatch. (FIN/2005)
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