Por
Juan Luis Utrilla
A
menudo ciudadanos demócratas nos plantean, basándose en ejemplos de distintos
estados europeos, la similitud
existente entre la forma de un estado
monárquico y republicano.
Indudablemente bajo un punto de vista puramente pragmático, podrían tener razón,
siempre y cuando admitamos que la cúpula del estado – su primera magistratura
– es elegida de forma no democrática. Numerosos ejemplos nos demuestran que
el estado republicano, no siempre va acompañado de un significado profundamente
democrático. Pero a menudo también
se olvida el significado que tiene republicanismo en España, como exponente de
liberación y democratización popular. En definitiva el valor en sí de un
estado republicano es nulo de no ir acompañado de ese
exponente democratizador y liberador.
En el caso concreto del Estado
Español, la República siempre supuso la superación de una historia
peculiarmente alejada de los procesos revolucionarios experimentados en otros
estados de nuestro contorno geográfico y cultural. La República Española no
solo pretendió en su primera y segunda experiencia acabar con la monarquía, ya
que su primer objetivo siempre fue
la modernización del estado oligárquico, omnipresente en nuestra historia,
superando así los injustos repartos de riqueza, poder, justicia, cultura, y
libertades. Esta modernización, o más bien democratización del estado,
siempre se encontró con la oposición de la monarquía.
Hoy
en día y a pesar de estar amparados por una Constitución supuestamente democrática,
no hemos conseguido superar la endémica situación de injusticia de
nuestro país, no garantizándose al ciudadano ese equitativo reparto de
derechos y deberes. Si junto a una Constitución insuficientemente democrática,
se une el factor de un sistemático incumplimiento de la misma, ya sea por la
vaguedad de su redacción, ya por
la mala voluntad de su interpretación, se comprende que nos encontramos ante un
problema de falta de voluntad democrática en las propias raíces del Estado.
Estado que arrastra la peculiar transición de la dictadura a la monarquía,
efectuada desde el poder y no por la toma de la ciudadanía del poder. Este
hecho implica que es el poder el que cede aquello que está dispuesto a ceder,
ya que nadie lo había conquistado. El nuevo Estado nacido de la transición,
modernizó su estructura mediante un nuevo sistema parlamentario y la
descentralización de la administración, pero mantuvo órganos centralistas
tales como los gobernadores civiles y las diputaciones provinciales, no
accediendo al federalismo ni al
reconocimiento de las naciones que lo componen. Así el Nuevo Estado impuso el
concepto de democracia que le convenía, y que de ninguna manera acababa con la
secular oligarquía española, presentando como logro de la ciudadanía, una
situación impuesta desde el poder y no conquistada por el pueblo. Sabido es que
los logros siempre se conquistan, jamas se ceden. Esta situación de
continuismo, impidió que se juzgaran los delitos cometidos desde y por la
dictadura, permaneciendo impunes. De esta situación se podría deducir que la
dictadura fue un régimen legalmente constituido, ya que desde el Nuevo Estado
jamás se deslegitimó.
Cierto es que este proceso podría haberse efectuado bajo una monarquía
o una república, pero también es cierto que se utilizó la figura del monarca
como catalizador de unos y de otros. Pero esta figura es profundamente ilegal,
no sólo por tener su origen en la dictadura, si no por el significado que se le
ha dado. El rey, en un alarde de cinismo, perdona
los excesos de la dictadura, al igual que perdona lo que él entiende como
excesos de aquellos ciudadanos que se opusieron a ella, propiciando un falso
estrechamiento de manos entre vencedores y vencidos de la guerra civil.
Estrechamiento de manos que se produce bajo los gobiernos de antiguos elementos
de la dictadura. Arias Navarro – Presidente del Gobierno de la monarquía que
anteriormente lo fue de la dictadura, conocido como Carnicerito de Málaga por
las terribles matanzas represivas llevadas a cabo por su voluntad en dicha
ciudad -, Fraga Iribarne – ex ministro franquista y represivo Ministro del
Interior ya en el período monárquico -, Adolfo Suárez – ex ministro del
Movimiento y ex Director General de Radio-Televisión Española, durante la
dictadura -. Es algo tan irregular como si en la Alemania de pos guerra,
antiguos dirigentes “nazis” hubieran creado las bases del nuevo Estado. En
definitiva, el rey una vez mas ejerce su papel clásico de defensor del
inmovilismo, que escuda las tropelías de unos pocos sobre el conjunto de
la ciudadanía.
Somos conscientes de las dificultades existentes hoy en día, de
cualquier lucha encaminada hacia el desarrollo de la democracia. Vivimos un
momento histórico en el que la Globalización, hija del Nuevo Orden, impuesto
por Los Estados Unidos de América tras la desaparición del bloque socialista,
trata de impedir el desarrollo democrático de los estados, desviando sus
objetivos hacia conceptos mercantiles, en los que se basa las democracias
occidentales. Este hecho, pretende desviar la atención del ciudadano de sus
problemas locales, haciéndole
creer que forma parte de un fatídico todo sobre el que nada puede. Se repiten
en distintos estados esquemas encaminados a alcanzar una sociedad dividida
nuevos estratos: Una mínima clase dirigente – prácticamente inamovible y por
lo tanto oligárquica -, una amplia falsa clase media, formada por las antiguas
clases medias y obrera, constantemente amenazadas por su desplazamiento a una
tercera clase marginal compuesta por elementos interclasistas – jóvenes,
mujeres, ciudadanos de avanzada edad, jubilados, parados e inadaptados sociales
-. Se iguala bajo la amenaza constante de caer en el pozo de la marginalidad. Así,
el estado ufano de poseer una macroeconomía superior a la de décadas pasadas,
ignora la angustia del ciudadano aferrado a su estatus social, al
permanecer este sobre un plano inclinado que le conduce a la
marginalidad, cuando no es que se encuentre inmerso en ella.
Este tipo de sociedad ajeno a planteamientos de derechas o izquierdas,
pues generalmente, ambos admiten
esta situación, es a la que hay que combatir mediante la aportación cívica en
defensa de sus intereses. Insistimos en que no es un problema de planteamiento
ideológico, es un problema de estado, donde este ha perdido parte de su
identidad, ignorando los intereses del ciudadano, sobre la base de
planteamientos puramente económicos. Esta situación hace válido todo lo que
produzca beneficio, desarrollándose factores económicos especulativos, cuando
no delictivos. Téngase en cuenta que en España, como en otros muchos países,
los mayores movimientos de capital se producen en el ámbito de la especulación
del suelo, cuando no en el tráfico de drogas y la prostitución.
Reclamamos pues un Estado de los ciudadanos para los ciudadanos, donde
prevalezca una sociedad libre, justa y equitativa y donde desde la elección de
la Jefatura del Estado – Presidente de la República -, hasta la menor de las
leyes, sean producto de la voluntad popular y controlada por ella, lográndose
así la democratización del Estado Español. Este logro del pueblo vendrá de
la mano de nuestra III República.
