25 años de la Constitución española
Nada que celebrar

Juan Carrique
A Luchar por el Socialismo

Se cumplen los 25 años de la aprobación de la Constitución española y proliferan los actos públicos de exaltación del texto constitucional, de las virtudes del "consenso" y de la "democracia" que su aprobación trajo consigo. Este aniversario se celebra justo en el momento en que el gobierno Aznar levanta la Constitución como arma de guerra contra vascos y catalanes y como bandera de la reacción española.

Los antiguos ponentes del texto constitucional, con el apoyo de los partidos parlamentarios, incluida IU, han suscrito la llamada Declaración de Gredos, donde reafirman que nada fundamental de ella debe ser tocado: "las eventuales reformas del texto constitucional que el futuro pueda aconsejar deben acomodarse a las reglas de juego de la propia Constitución establece y abordarse con idéntico o mayor consenso que el que presidió su elaboración".

Pero ¿se basó realmente la Constitución en "un consenso de todos los españoles"? ¿Qué "democracia" trajo a España"?.

Unos teatreros sin alma

La idea de una Constitución elaborada "democráticamente" es una de las grandes falacias. El texto constitucional instauró al Rey, designado heredero por Franco, como jefe del Ejército y suprema autoridad del Estado. Y lo hizo siguiendo la senda de la "reforma política" que habían previamente aprobado los legisladores de las Cortes franquistas.

El heredero, los franquistas reconvertidos, los militares, los jerarcas de la Iglesia y la policía política mantuvieron sus cargos y prerrogativas y fue en los límites que ellos establecieron que se elaboró la "Constitución democrática".

¿Dónde quedó la elección popular de la forma de Estado en tan "democrática constitución"? ¿Quién sino un poder judicial que se escapa a cualquier elección y control democrático, sigue eligiendo a los jueces y tribunales? ¿Dónde queda siquiera el control parlamentario del Gobierno? "La subordinación del Parlamento al Gobierno se manifiesta en sus relaciones institucionales. El Gobierno puede disolver el Parlamento (Congreso y Senado). Pero el Parlamento no puede revocar el Gobierno (disolverlo) sino a través de un mecanismo muy complejo y prácticamente inviable: la moción de censura constructiva" (Juez Joaquín Navarro). Los durísimos requisitos que establece la Constitución para su reforma están diseñados de tal forma que la hacen claramente imposible en la práctica.

Esta Constitución que legitimó la continuidad de las principales instituciones del franquismo y la impunidad de sus crímenes, fue elaborada entre gallos y media noche, de espaldas al pueblo. Como decía el poeta Gabriel Celaya "parecíamos teatreros sin alma".

Una Constitución contra la autodeterminación de los pueblos

El PSOE y el PCE, los partidos que eran la referencia del poderoso movimiento obrero y popular, que habían aparecido ante el pueblo como defensores de la ruptura democrática y de la República frente a la monarquía reinstaurada por Franco, no tuvieron empacho alguno –a cambio de un lugar cómodo en las nuevas instituciones- en abandonar todas sus exigencias en nombre de la "reconciliación".

La Constitución convirtió al que hasta entonces era el Ejército del 18 de julio en el garante de la "unidad indisoluble de la nación española y del ordenamiento constitucional". Al mismo tiempo proscribía el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de las nacionalidades. El Estado de las autonomías fue en realidad una fórmula para impedir dicho derecho: España estaría formada por regiones y nacionalidades con los mismos derechos a un gobierno autonómico, con competencias que cedería el Estado y que gestionaría conforme a las normas por éste establecidas. El Gobierno central puede suspender una Autonomía "hostil" a través del artículo 155 de la Constitución. Es a este artículo que invocan el Partido Popular, la CEOE y destacados dirigentes del PSOE como Rodríguez Ybarra para impedir que los vascos voten en referéndum acerca de sus relaciones con el Estado.

Por eso resultan ridículas las pretensiones de los sectores nacionalistas burgueses, cuyos principales representantes son Ibarretxe y Pujol, que plantean en el marco de las disposiciones de reforma de la Constitución, un imposible reconocimiento del derecho a la autodeterminación.

Los centinelas del miedo

La aprobación del texto constitucional se produjo en un contexto de profunda crisis económica y social. Baste recordar que en Agosto de 1978 la inflación era del 44% y el pronóstico era que, de no establecerse medidas, se iría al 100%. Todo el estado español estaba recorrido por un gran ascenso y radicalización del movimiento obrero y de las nacionalidades, que amenazaba con derrocar al franquismo, tal y como lo estaban haciendo los trabajadores y el pueblo portugués en la Revolución de los Claveles. Ante el peligro de ruina inminente, la burguesía española fue consciente de que era imposible parar la oleada popular y de que era necesario encauzarla: Había que "cambiar el sistema político, para que nada cambiara", para que no se cuestionara su poder económico y se le permitiera seguir controlando el poder político.

Pero ese operativo era imposible sin la complicidad de los dirigentes de las organizaciones obreras, sin el PCE, el PSOE y los sindicatos. Debían renunciar a la "ruptura democrática" con el viejo régimen, acatar la monarquía, aceptar la supervivencia de las principales instituciones franquistas, renunciar a demandas democráticas básicas como el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la separación Iglesia-Estado o la reforma agraria. Debían reconocer a la Corona como único poder constituyente. Y así lo hicieron. Los Pactos de la Moncloa firmados en Octubre de 1977, precursores del pacto constitucional, fueron la expresión pública más nítida de la traición de los dirigentes del PCE, el PSOE y las grandes centrales.

Desmovilizaron las protestas obreras y estudiantiles, actuaron como dique de contención del sistema capitalista y de las instituciones del viejo régimen, frente a la marea de la protesta social y las reivindicaciones democráticas. Al grito de "cuidado", "no provocar" , "avanzar poco a poco, sin sobresaltos", fueron frenando el ímpetu de decenas de miles de luchadores/as, como auténticos "centinelas del miedo".

Hoy, en este 25 aniversario, los herederos de aquellos, los Rodríguez Zapatero, Llamazares, Fidalgo o Méndez, repiten la sumisión a la Corona y actúan como ardorosos defensores de la Constitución monárquica, convertidos en el ala izquierda del régimen.