Una
alternativa republicana a los medios de comunicación
Rodolfo Ruiz Ligero *
Consideraciones
previas
Los españoles pasan frente al televisor una media de 3 horas y 45 minutos al día.
La programación de las televisiones públicas y privadas ha experimentado en
los últimos años una degradación en su calidad alarmante. Habiendo cada vez
mas programas basura de prensa amarilla, rosa o informativos absolutamente
manipulados.
Por primera vez en Europa una juez da la razón a un sindicato que denuncia la
desinformación y el partidismo gubernamental en el tratamiento informativo de
una huelga general (Sindicato CC.OO. y huelga del 20 de junio de 2002).
Cuando nos preguntamos cómo es posible que después del “Prestige” o “La
guerra de Irak” los millones de personas participantes en las manifestaciones
acabe votando al PP nos olvidamos que el pensamiento del ser humano y sus
actuaciones responde a diferentes esferas de comportamiento, unas veces
coincidentes y otras pueden llegar a ser contrapuestas (en el plano político,
cultural, afectivo, etc…).
También olvidamos que las elecciones no se ganan en las campañas ni en las
precampañas. El voto conservador es propio del súbdito que tiene asumida
consciente o inconscientemente una mentalidad conservadora y ésta se consigue
generando una cultura conservadora de la que es su principal valedor la televisión.
Como la lluvia fina día tras día, fútbol a fútbol, tómbola a tómbola, cine
de barrio a cine de barrio, telediario a telediario, se ha ido conformando un súbdito
conservador que votará cada cuatro años al PP, CiU, PNV, CC, etc.
Por ello es fundamental reconocer la nefasta influencia de la televisión en la
ciudadanía o sociedad civil.
A la Radio y Televisión Pública (autonómica o estatal) no le ha llegado ni la
transición ni mucho menos la ruptura democrática. Independientemente de que en
la Constitución Borbónica exista un Art.20, el estatuto de la Radio y la TV
del año 80, o los Principios básicos de programación, o la Ley de los
terceros canales.
La Ley ampara la existencia del derecho de acceso de los grupos sociales,
sindicales y políticos que en la práctica ningún gobierno ha querido regular
(UCD, PSOE, PP).
En estos últimos 25 años, por analizar el período de vida de la Constitución
monárquica, los servicios públicos relacionados con la radio y la tv han ido
en permanente retroceso.
Primero fue la transformación de RTVE en varias sociedades anónimas acercando
de esta forma su funcionamiento a las empresas privadas, suprimiendo en la práctica
la subvención por los préstamos bancarios. Un buen negocio privado, pues RTVE
paga en la actualidad más de 60.000 millones de pesetas de intereses al año,
eso sí, con el aval del Reino de España.
La red técnica de transmisión de las señales electromagnéticas que era un
departamento de RTVE se desgajó primero como empresa y después se privatizó.(Retevisión)
En el ámbito de los canales por satélite y temáticos asistimos a la creación
oligopólica de Digital Plus. Los controles que existían sobre la participación
accionarial en varios medios o en porcentajes desaparecen, pues se legisla
“por la puerta de atrás” con las leyes de acompañamiento de los
presupuestos generales del estado.
Las radios y televisiones locales padecen desde el 95 una desregulación que
utiliza eufemismos como alegal o paralegal,
permitiendo concentraciones empresariales absolutamente ilegales, como en el
caso de Localia, o en el caso de televisiones municipales.
Sin agotar esta parcela de la exposición, recordar que seguimos sin tener una
Autoridad competente que regule, armonice y sanciones en el sector el entramado
de leyes y normativas, muchas veces contradictorias. Un Consejo del Audiovisual
independiente del Gobierno y de los intereses empresariales.
Los profesionales de los medios de comunicación venimos reclamando a lo largo
de estos 25 años constitucionales monárquicos el establecimiento de un
Estatuto de los Consejos de Información que garantice los derechos
profesionales de los que realizamos los programas informativos: ni UCD, ni PSOE,
ni ahora el PP están interesados en este control democrático.
Una
alternativa republicana a los medios de comunicación ha de tener una aplicación
múltiple:
Igualdad:
el servicio de la radio y la televisión (pública directa o indirecta por
concesión temporal…) debe prestarse a todos los ciudadanos por igual,
independientemente de dónde viva (todavía hay zonas del país donde no se
sintonizan todos los canales), es decir, un servicio universal.
El
servicio ha de ser gratuito, y por lo tanto los canales deben emitirse en régimen
abierto, o sea sin codificar, ni pagos a empresas privadas, como es el caso de
Digital Plus que tiene el monopolio
de los canales temáticos, alcanzando su influencia a casi tres millones de
abonados. Unos nueve millones de personas.
En
el Estado Español se está consolidando, cada día más, dos televisiones: una
de “ricos”, sin publicidad, con un amplio espectro de programas culturales,
de entretenimiento, informativos,…televisión de pago; y otra Generalista,
saturada ilegalmente de publicidad, cada día más baja de calidad, con múltiples
modalidades de telebasura y pornografía informativa…
Esa
también es de pago, pero los televidentes no lo saben. Los canales comerciales,
(incluidas las públicas directas) se financian con la publicidad que es la que
decide las programaciones para atraer más consumidores a la pantalla. Para
pagar esa publicidad las empresas la repercuten en el precio del producto, con
lo cual se establece un círculo vicioso por el cual el consumidor del producto
anunciado está pagando indirectamente la telebasura que le contamina el cerebro
a través de la vista y el oído.
Nosotros
no consumiríamos un producto caducado o en malas condiciones de producción,
emisión o recepción. Sin embargo, con los programas radio televisivos nos
dejamos estafar a diario. ¿Alguien imagina un libro de autor que tuviera cada
cierto número de páginas mensajes publicitarios? Entonces, ¿porqué
permitimos que nos troceen como un salchichón una película de autor, cuando
además la legislación europea y española lo prohíbe expresamente.
(Anécdota: decía Buñuel que no recordaba haber puesto aquel plano de
la lavadora en su película).
Es el Derecho de acceso a los medios de comunicación de los grupos sociales,
sindicales y políticos, para hacer uso del espacio radiofónico y televisivo
sin el filtro de los profesionales del medio (espacios de libre disposición).
Esto sólo se produce cada cuatro años en las campañas electorales para las
formaciones políticas que concurren a los comicios, con una precariedad de
medios, unas franjas horarias y una saturación de mensajes que desbordan el
umbral del interés por verlos, además de la Iglesia Católica, discriminando
al resto de las confesiones religiosas.
Sobre este tema, el que esto escribe, ha tenido una rica experiencia a lo largo
de la VI legislatura (1996-2000) con la cobertura de ser Consejero de
Administración de RTVE en representación del Congreso de los Diputados a
propuesta de IU.
Hasta más de un centenar de ONG’s y asociaciones ciudadanas estuvimos
organizados en la Coordinadora por la aplicación del Derecho de acceso. Ni UCD,
ni PSOE, ni PP gobernando, han querido saber nada de este tema que está
legislado en varias leyes y reglamentos sin cumplirse.
Cabe preguntarse, ¿qué modelo ha diseñado el entramado mediático político y
económico para los próximos años en todo este espacio televisivo? El modelo
consolida el poder de influencia de los canales privados de pago a través de la
nueva Tecnología Terrena Digital que se implantará de manera obligatoria por
el gobierno en un plan técnico comenzado hace tres años y que se extiende
hasta el 2010, y que seguramente se adelantará al 2007. Estamos hablando de la
radio y televisión digital terrenal que sucederá al apagón analógico en los
próximos años.
TVE ha sido relegada en las concesiones aplicadas por el gobierno a dos únicos
programas de emisión (la 1 y la 2) compartiendo un paquete multiemisión con
las televisiones comerciales. Si esto se produce, será el paso de la televisión
pública al ámbito de influencia residual, dejando en papel mojado la letra de
las directrices de la Unión Europea que concede a la Televisión Pública el
papel de Dinamizadora del sector audiovisual, locomotora de la producción
de calidad y referente de los estándares de objetividad, independencia y
pluralidad en los programas informativos.
El diseño de medios consagra la radio y la televisión como negocio lucrativo,
alejándose de la idea de servicio público por lo que la Alternativa
Republicana está más viva que nunca y es la única que le puede devolver a
espectadores y trabajadores de estas empresas la condición de Ciudadanos a uno
y otro lado de los receptores de radio y pantallas de televisión. Un grupo de
profesionales de la comunicación estamos en ello, ahora falta que la Sociedad
más activa se incorpore a esta lucha.
Creo que merece la pena.
* Texto de la ponencia presentada por Rodolfo Ruiz Ligero, durante la II Jornada Republicana, celebrada en Madrid, el 15 de noviembre de 2003.
Rodolfo
Ruiz Ligero fue Consejero de Consejo de Administración de RTVE por IU
durante la VI legislatura 1996-2000
