“Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue Rey de España, quien, ejercitando los poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más criminal violación del orden jurídico de su país, y, en su consecuencia, el Tribunal soberano de la Nación declara solemnemente fuera de la Ley a D. Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en el territorio nacional.

Don Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, que no podrá ostentar legalmente ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normas del Estado español, le declara decaído, sin que pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores.

De todos los bienes, derechos y acciones de su propiedad que se encuentren en el territorio nacional, se incautará, en su beneficio, el Estado, que dispondrá el uso más conveniente que deba darles. Esta sentencia, que aprueban las Cortes soberanas Constituyentes, después de sancionada por el Gobierno provisional de la República, será impresa y fijada en todos los ayuntamientos de España y comunicada a los representantes diplomáticos de todos los países, así como a la Sociedad de la Naciones”.

Es evidente, a la luz de los acontecimientos posteriores, que el solemne acuerdo de las Cortes republicanas tuvo el mismo final que las palabras del general Prim el 20 de Febrero de 1.869 ante las Cortes Constituyentes surgidas después del destronamiento de Isabel II en Septiembre de 1.868: “Restaurar la dinastía caída, imposible, imposible, imposible”. El 14 de Enero de 1.875 el hijo de Isabel II entraba solemnemente en Madrid donde sería coronado como Alfonso XII. La Monarquía de la Restauración vino de la mano del ejército sublevado en Sagunto el 29 de Diciembre de 1.874. La Monarquía de Juan Carlos I vino de la mano del Dictador el 22 de julio de 1969.

La Constitución de 1.876 fue el símbolo de un régimen político en el que los acuerdos y los equilibrios entre las oligarquías funcionaron de manera sobreentendida a fin de no romper los pactos más tácitos que expresos. La Constitución de 1.978 ha repetido el mismo esquema. Lo que el llamado Pacto del Pardo (1.885) constituyó para el régimen de la Restauración lo constituyó el encuentro de la Zarzuela entre el Rey y los dirigentes políticos el 24 de Febrero de 1.981 tras la intentona golpista de Tejero: la consolidación del régimen de la Transición.

El Real Decreto de 3 de Diciembre del 2.004 creó una Comisión para la organización de tres acontecimientos: la XV Cumbre Iberoamericana, el décimo aniversario de la Conferencia euro-mediterránea y la celebración del treinta aniversario de la proclamación de Juan Carlos I como Rey de España. La Vicepresidenta Primera Teresa Fernández de la Vega ha sido la designada para desarrollar todos los trabajos. Ya en el año 2.000 fue conmemorado el vigésimo quinto aniversario con actos institucionales y alguna que otra misa solemne.

Resulta vergonzoso e hiriente que una Cortes Generales nacidas de la decisión de las urnas conmemoren la proclamación de un Rey que, para serlo, juró los Principios del Movimiento Nacional ante las franquistas Cortes Españolas. Ni en el origen de su elección ni en su proclamación Juan Carlos I ha partido de ninguna legitimidad democrática. El que de nuevo vuelva a repetirse y aún con más solemnidad la conmemoración, señala el verdadero sentido de lo que se pretende: borrar de la memoria el origen remoto y próximo del régimen actual.

La Transición como la Restauración canovista no han sido otra cosa que una restauración alfonsina mediante la cual el viejo régimen ha consolidado sus estructuras económicas, sociales e ideológicas.

El Rey es la clave del arco de un sistema en el que la Constitución, totalmente vaciada de contenido por incumplimientos, permanentes, los tratados de Mäastricht y Ámsterdam, la OTAN y los pactos extra-institucionales se presenta como un tabú intangible al que sin embargo tendrán que retocar por necesidades perentorias.

Suele afirmarse que la Corona se legitimó por la votación afirmativa al texto constitucional de 1.978 y la posterior actitud del monarca el 23 de Febrero de 1.981. Una de las condiciones imprescindibles para que el soberano, es decir el pueblo, de carta de legitimidad a una propuesta es la formulación clara y nítida de la misma. En el caso que nos ocupa las fuerzas políticas que ya habíamos transigido con la irregularidad chapucera eludimos esa condición necesaria por mor del pacto alcanzado. La Constitución vigente en su artículo 57 afirma que el actual monarca es el “legítimo heredero de la dinastía histórica”. Sin embargo la cuestión previa estriba en saber si el soberano corrige conscientemente la plana a la última legitimidad (las Cortes de la República) o se ratifica en su decisión. La cuestión del Referéndum sobre Monarquía o República sigue siendo esencial.

En cuanto al 23 de Febrero hay abundante literatura, nunca desmentida ni muchísimo menos rebatida en sus contenidos, que inducen a tener como hecho cierto que el impulso fue soberano. Fue una jugada que al fin y a la postre salió a pedir de boca. El montaje posterior acerca del Rey y su protagonismo salvador, volvía a introducir en el imaginario colectivo la figura del hombre providencial.

Hoy, cuando los problemas y miedos que se quisieron conjurar con la Transición vuelven a aparecer y cuando el sedimento histórico de estos años, añadido a lo mucho que hemos ido sabiendo, padeciendo y conociendo, se nos vuelve a plantear la clásica pregunta: ¿qué hacer? Pienso que lo inmediato, lo urgente, es recuperar la dignidad enajenada a causa de ingenuidades, errores, cálculos infantiles, falacias, afán de honorabilidad y traiciones (que de todo hubo).

Recuperar la dignidad es, en primer lugar, tener voluntad de indagar y ver todo lo que ha constituido el fundamento del régimen de la Transición: vacaciones a Montesquieu, corrupción a todos los niveles, uso fraudulento de fondos públicos, opacidad total en lo tocante a determinados negocios, comisiones y familias, víctimas propiciatorias que han servido como chivos expiatorios de superiores responsabilidades, medro y uso de lo público como privado, degradación de la Justicia, languidez y vacuidad en el Legislativo, concentración monopolística de medios de comunicación y la Política como lotería de cargos, responsabilidades y concupiscencias. Y como protagonista en unos casos o como clave del arco del sistema, la Monarquía, quien la encarna y representa.

Después de reflexionar y hacer reflexionar a propios extraños sobre los errores cometidos, deberíamos afrontar con toda limpieza la explicación a nuestro pueblo y asumir la tarea de convocar a la ciudadanía para la recuperación de su protagonismo. Eso está reñido con la política al uso, por eso hay que cambiarla para que sea sinónimo de conocimiento, ejemplo, propuesta y Ética. El primer paso puede ser violento para personas timoratas o muy enganchadas en el sistema. No obstante Sus Señorías tiene una ocasión de oro: boicotear los actos que conmemoran el legado político de la Dictadura.