Ucr: Cuentos, Bodas y Asuntos Borbónicos

Desde que se filtró la noticia de que Felipe Borbón se casaba con la periodista divorciada Letizia Ortiz estamos sometidos a una continua saturación mediática que nos presenta la historia del noviazgo y compromiso principesco como un nuevo cuento de La Cenicienta, actualizado a la manera de Oficial y Caballero con algunas gotas de Pretty Woman (por lo de hermosa-mujer-pero-hecha-a-si-misma).

Veremos si esta campaña generalizada de afirmación borbónica llega o no a tratar con similar minuciosidad y reiteración con los que se ocupa de los presuntos meritos de ambos novios de cómo se afronta el cumplimiento del Artº 57.4. de la Constitución española que dice: "Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeran matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedaran excluidas de la sucesión a la Corona por sí y por sus descendientes".

Juan Carlos de Borbón, por lo que le toca, ya ha dicho públicamente que sí. Pero, ¿y el Parlamento español?. Se supone que para saber si no hay "expresa prohibición" y por tanto se da una "expresa aprobación" se debería dar oportunidad a someter la cuestión a consulta y voto. Si no se hace de motu propio -porque los partidos del Régimen, ya en el ajo, quieran librar a la Corona incluso de esta mínima supervisión y del debate político subsiguiente y por tanto ni la presidencia del Congreso ni su Mesa presumiblemente incluyan el asunto en ningún orden del día- todos los grupos parlamentarios que se definen republicanos deberían exigirlo. No para hablar de la biografía, virtudes o defectos de la señorita en cuestión o para oponerse a este matrimonio concreto sino para aprovechar el momento para revisar públicamente el papel de la Monarquía (que incluye la trayectoria, el trabajo, la función y las finanzas de sus futuros suegros, su futuro esposo y el resto de su clan). En esta circunstancia, limitarse a recordar irónicamente que "tienen resuelto el problema de la vivienda" (Carod Rovira, ERC) o decir más o menos lo mismo "desde una posición distanciada" pero, eso sí, con felicitación incluida (Llamazares, IU), se queda corto.

Obviamente, resulta chocante que una institución democrática representativa haya de reunirse para pronunciarse en el siglo XXI sobre el casorio de un señor y puede dar cierto reparo por aquello del miedo al ridículo y el temor de que se confunda demasiado al Parlamento español con un programa de telebasura. Pero no resulta lógico aplicarle el escrúpulo a la consecuencia y excluir la causa. Lo realmente chocante es la misma existencia a estas alturas a la cabeza de un Estado de una institución hereditaria esencialmente antidemocrática como es la Monarquía, para más inri, "inviolable y no sujeta a responsabilidad". Más si cabe, cuando esta específica Monarquía española fue instaurada por una Dictadura fascista para asegurar políticamente su transmutación y la preservación y continuidad -hasta hoy- de los intereses que amparó, bajo una nueva envoltura. En este momento -aparte de una monumental operación de lavado y lustre de imagen- lo que se cuece es el marco en que trabajará el que figura como próximo Jefe del Estado y donde se formaran sus sucesores -salvo que para entonces los Borbones españoles hayan seguido en su destino a sus parientes franceses- y aunque pueda resultar alucinante verse en la obligación de abordar esta mezcla de lo medieval y lo moderno, en sufriendo Monarquías, forzoso es reconocer que la cuestión de la sucesión y los enlaces reales es tema político obvio que toca al nucleo duro de la institución.

Naturalmente -aunque quizá resulte redundante proclamarlo conviene hacerlo para deshacer equívocos- la izquierda nacionalista andaluza continuaría radicalmente enfrentada a una hipotética III Republica española si esta sustituyera a la actual Monarquía -porque aquí, a la hora de la caracterización, lo esencialmente negativo e insoportable es lo español- pero esta constatación no ha de llevar a minusvalorar la evidencia de que la formula política presente de España tiene formas monárquicas y que la Monarquía ejerce activamente su papel como garante de la unidad del Estado y del orden social y extraer de todo ello las debidas consecuencias.

Sea como fuere e incluso si -como es de temer, cuela y se pierde una vez más la ocasión- es coyuntura apropiada para recuperar las actividades políticas internacionales de la familia real -como su asistencia a las muy reservadas reuniones del selecto y oligárquico Club Bilderberg- o acercarse a la muy escasa información asequible no estrictamente hagiográfica sobre la trayectoria y actividades de la Monarquía borbónica española y así resistir el agobiante peso de la propaganda.