De Ibarretxe como petenera
Javier Ortiz
José María Michavila
sostiene que la propuesta electoral socialista de convertir los Tribunales
Superiores de Justicia autonómicos en máximas instancias judiciales de sus
respectivos territorios es anticonstitucional. Y aporta la prueba: coincide con
el plan Ibarretxe.
El ministro no da más explicaciones. Se ve que piensa que basta con mostrar esa
coincidencia para que todo el mundo se dé cuenta de que la idea del PSOE tiene
que ser perversa. Por fuerza.
El plan Ibarretxe se ha convertido en un demonizador de amplísimo
espectro.
Hasta la demanda de crear Agencias Tributarias autonómicas se ve contaminada
por el plan Ibarretxe, por más que las fiscalidades vasca y navarra
funcionen según ese esquema desde mucho antes de que al joven Juan José
Ibarretxe se le pasara siquiera por la cabeza la idea misma de dedicarse a la
política.
Basta con que el Gobierno de una comunidad autónoma reclame que la delegación
enviada por el Estado español a Bruselas para negociar un determinado asunto
incluya representantes suyos -porque el asunto en cuestión le afecta
particularmente y cree que puede aportar argumentos más sólidos que nadie-
para que inmediatamente caiga sobre él la acusación de ibarretxismo de lesa
patria.
El uso del plan Ibarretxe -y del propio Ibarretxe- como matasuegras de la
política española ha alcanzado extremos tan disparatados, y hasta cómicos,
que los voceros -los boceras- del centralismo a ultranza no han encontrado mejor
modo de descalificar al conseller en cap del Gobierno catalán, Carod-Rovira,
que llamarlo Roviretxe, sin reparar siquiera en el hecho de que las
propuestas de Ibarretxe apuntan a un horizonte de engarce de Euskadi dentro del
Estado español, en tanto Carod-Rovira ha expresado sin ambages que lo que
pretende, lisa y llanamente, es la independencia de Cataluña.
La ventaja que tiene para ellos echar mano de Ibarretxe como descalificador
universal es que eso les ahorra discutir el fondo de los asuntos. Así, pueden
tildar de separatistas lo que no son sino propuestas muy razonables de
descentralización de la Administración de Justicia, perfectamente concordantes
con la Constitución. Cosa que no puede decirse de algunos de los órganos
judiciales que les son más caros, como la Audiencia Nacional, cuya existencia
contraviene lo establecido en el art. 24.2 de la Constitución (el derecho al
juez ordinario) y en el art. 117.6 (prohibición de los tribunales
excepcionales).
Que nadie se llame a engaño: si al Gobierno le producen pavor las propuestas de
autonomización de la Justicia es, pura y simplemente, porque ha alcanzado una
gran práctica en el arte de mangonear los tribunales y órganos judiciales
centrales, y teme perder ese instrumento de control específicamente político.
Apela al plan Ibarretxe -en este caso como en tantos otros- para salirse por
peteneras.
