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| José
Antonio Martín Pallín*
Los especialistas en sistemas electorales no terminan de encontrar la fórmula adecuada para que los representantes de los ciudadanos encarnen, de manera mimética y exacta, la voluntad de los electores. Los países democráticos han debatido arduamente sobre el sistema más genuinamente representativo.
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MARÍA TITOS |
El Instituto Nacional de
Estadística elabora el censo de votantes para cada llamamiento electoral. Las
listas de las elecciones generales abarcan la totalidad de ciudadanos que,
teniendo la plenitud de sus derechos cívicos, pueden entregar su voto en las
urnas. Su voluntad, unida a la de otros muchos, determinará el grado de
aceptación de ofertas electorales de los partidos políticos que han solicitado
el voto para las listas que, previamente, en un proceso poco democrático, han
elaborado utilizando criterios más que discutibles.
LA DIVERSIDAD sociológica e ideológica del censo electoral es prácticamente
infinita. El más variado mosaico humano se puede observar en cada convocatoria
electoral. Sus piezas se componen de segmentos de edad, actividades
profesionales, opciones sexuales, creencias religiosas o convicciones éticas y
valores ciudadanos tan denostados por los fundamentalistas católicos. No quedan
fuera de estos fragmentos las opciones, matizadas por un cierto pragmatismo que
no siempre hace coincidir el voto con la idea. El cómputo del total de votantes
nos da la cifra de partícipes. Algunos han ejercido su derecho inutilizando su
papeleta o depositándola en blanco para mostrar su desconcierto o desánimo.
Los votos son la muestra individual y la cuota indivisible de la soberanía
popular y han sido entregados a los políticos para su custodia y administración.
Resulta perturbador para la consolidación de la conciencia democrática
comprobar que las cifras y porcentajes se manejan sin ocultar estrategias
alejadas de los núcleos de las voluntades o ideas que acompañaban al voto.
En mi opinión, el sistema de segunda vuelta podría ser incompatible con los
valores y derechos constitucionales. Reducir la opción a dos alternativas deja
fuera del campo electoral a múltiples posiciones minoritarias, que ven mermadas
sus posibilidades de acceder a los órganos representativos y de participar en
la vida pública.
La fijación de un porcentaje mínimo para formar grupo parlamentario sirve para
evitar una excesiva fragmentación de las escalas parlamentarias. Fuera de este
corte selectivo, nada es admisible en detrimento del ejercicio de la libertad de
voto y del derecho constitucional a la participación democrática en el acceso
a cargos públicos. Nuestra Constitución es eminentemente participativa, por
encima de fórmulas que recorten el derecho fundamental de nuestro sistema
representativo, periódicamente renovado.
Las posiciones favorables a que gobierne la lista más votada me parecen
incuestionablemente inconstitucionales. La lista más votada solo representa un
factor numérico infinitamente variable. Según los casos, la opción política
puede no superar el 20%. No se puede ostentar ningún derecho constitucional con
tan exigua cantidad de votos y dejando fuera de toda posibilidad opciones que,
sumadas, representan el 80% de la voluntad de los electores. La idea de que solo
puedan optar al Gobierno de la nación los que obtengan el 30% es contraria al
derecho de participación y al valor superior del pluralismo político.
Solamente podrían acceder al Gobierno tres partidos, dejando fuera de toda
posibilidad a los grupos minoritarios que no alcanzasen dicho techo.
No creo que la propuesta resista el filtro de constitucionalidad que traza el
marco de nuestro sistema. Cuantitativa y cualitativamente, una opción que
consiga aglutinar distintas minorías que formen una mayoría, exigua o fuerte,
es la única formula que respeta el pluralismo político. Si la alianza se
muestra inestable, las salidas están previstas: pasan por la convocatoria de
nuevas elecciones. Las crisis políticas son el síntoma de la madurez de la
democracia.
La ansiedad por explotar el respaldo a las minorías mayoritarias es la más
perfecta expresión de la ambición por el poder, que no es, ni mucho menos, un
valor que pueda esgrimirse como paradigma de la normalización y racionalización
del funcionamiento de una sociedad democrática. El respeto por las minorías
consolida el sistema y da mayor coherencia a la diversidad y pluralidad de una
convivencia de la que todos se sienten, en mayor o menor proporción,
protagonistas y responsables.
LOS SISTEMAS implacablemente mayoritarios producen la desertización ideológica
y anulan cualquier posibilidad de establecer un debate enriquecedor entre las
diversas tendencias sociales, inevitablemente existentes en las sociedades vivas
y con posibilidades de consolidar un futuro siempre enigmático y sorprendente.
El porvenir solo está escrito en las conciencias de los que viven de forma
apasionada y optimista el presente.
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* Magistrado del Tribunal Supremo.
