El pasado domingo, La Sexta dio cuenta de los resultados de un sondeo, elaborado por encargo suyo, según el cual una abrumadora mayoría de los españoles –está bien el adjetivo: lo suyo resulta abrumador– considera que los médicos deben dejar que Iñaki de Juana se muera, «puesto que es eso lo que se está buscando», y que la sentencia que dictó contra él la Audiencia Nacional por la publicación de dos artículos en Gara fue justa.

Me juego lo que sea (y gano seguro) a que la abrumadora mayoría de esa abrumadora mayoría no ha leído los dos artículos de De Juana en Gara. Habla por boca de ganso. Lo único que toda esa gente tiene claro, en realidad, es que odia a De Juana, razón por la cual está dispuesta a aplaudir cualquier cosa que le perjudique. Aunque no se ajuste a un Derecho que, por otro lado, tampoco conoce.

Supongo que muchos de ellos estarán ahora convencidos de que el Tribunal Supremo se ha rajado. Aunque lo cierto sea que el alto tribunal ha anulado la pena que impuso la Audiencia Nacional a De Juana por amenazas terroristas porque, se miraran como se miran los dos artículos periodísticos en cuestión, no aparecerían las amenazas terroristas por ningún lado.

Algo semejante le pasa a la mentada abrumadora mayoría con lo de la alimentación forzosa. ¿Qué parte del personal que propone que se le retire a De Juana la alimentación forzosa es consciente de que la legislación española actual no autoriza la eutanasia activa, razón por la cual el Estado no puede permitir, si está en su mano, que un ciudadano se provoque voluntariamente la muerte?

Hace unos días oí una serie de entrevistas a pie de calle realizadas en Andalucía. Buscaban opiniones sobre el proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía, que va a ser sometido a referéndum el domingo próximo. Casi todos los interrogados admitían que no habían leído el texto que se va a votar y que apenas sabían nada sobre su contenido, lo que no les impedía decir a continuación que acudirán disciplinadamente a las urnas.

Han oído que está bien, y con eso tienen suficiente.

Entre los entrevistados, apareció un abuelo que me hizo gracia de verdad. Le pidieron su opinión sobre el nuevo Estatuto y respondió: «Bueno, pues yo digo que, si es para bien, pues bien, pero si es para mal, pues mal». Científico.

La pasada semana asistimos a un espectáculo semejante a costa de Oleguer Presas, el jugador del Barça que escribió sobre las «zonas oscuras» del Estado de Derecho, centrándose, precisamente, en el caso De Juana. ¿Cuántos de quienes se apresuraron a reprobar sus opiniones habían leído el artículo materia de polémica? Supongo que una minoría. Pero les daba igual: oyeron que criticaba cómo se está comportando el Estado con el preso de ETA y con eso les bastó y les sobró para poner a parir al futbolista, por los motivos ya enunciados al comienzo de este Apunte.

A decir verdad, tampoco estoy muy seguro de que no pueda decirse tres cuartos de lo mismo, sólo que a la inversa, de algunos de los que el domingo vitorearon a Oleguer en el Camp Nou cuando entró en el terreno de juego. ¿Cuántos lo hicieron porque habían leído su artículo y comparten sus argumentos, y cuántos sólo porque al de casa se le defiende, como decía Rafael Vera de la Patria, «con razón o sin ella»?

«A distinguir me paro las voces de los ecos», escribió Antonio Machado en su célebre Retrato. Resulta desalentador comprobar qué pocas voces hay, y cuántos ecos. Son muchísimos los ciudadanos que oyen lo que se dice –lo que expanden desde las tribunas mediáticas los fabricantes de ideología dominante– y se limitan a repetirlo lo mejor que pueden, renunciando a acudir a las fuentes para hacerse un criterio propio, de primera mano. Y creen que tienen voz, cuando son sólo ecos.

Las encuestas que realizan cada dos por tres los medios de comunicación representan, la mayor parte de las veces, meros ejercicios de comprobación de la eficacia de su trabajo previo de adoctrinamiento.