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Semiesclavitud y muerte en España
Bernardo Veksler
Argenpress 4 de Septiembre de 2007
Un accidente mortal destapó las condiciones infrahumanas en las que vivía un
grupo de obreros. Pero sólo fue un botón de muestra de una realidad donde la
precariedad y la superexplotación de la que son víctimas muchos inmigrantes
abonan la prosperidad de la sociedad europea.
Ahora fueron obreros rumanos y polacos, pero unos días antes hubo portugueses,
africanos, chinos y suramericanos involucrados en condiciones de vida y trabajo
infrahumanas. El primer mundo también hermana en la desgracia.
Marian y Calin se aferraban a lo poco que tenían, apenas una maleta y una bolsa
de plástico donde guardan su ropa y sus casetes para entretenerse en los
escasos ratos libres. Junto a otro obrero rumano y uno polaco vivían en los sótanos
del edificio que estaban restaurando en la Madrid rutilante y cosmopolita.
Llevaban treinta días durmiendo en unos sucios colchones sobre el sucio suelo.
A su jefe, se le cayó encima el ascensor que reparaba. Su muerte permitió
destapar las condiciones infrahumanas en las que vivían. Y se cumplió con el
ritual usual en estos casos: todos los medios de comunicación lo calificaron
como un escándalo, decenas de rentados opinadores mediáticos se desgarraron
las vestiduras, los sindicatos cumplieron con su cuota de denuncias y las
autoridades con sus correspondientes silencios, evasivas y promesas vacuas...
Hasta que se destape un nuevo drama y se repita la secuencia.
No es algo excepcional, todo lo contrario. En la turística Málaga se denuncia
el trabajo semiesclavo entre el personal doméstico, con jornadas sin límites,
sin descanso semanal y hasta sin remuneración. En Almería, que el 75 % de las
empresas gastronómicas trabajan con empleados inmigrantes en negro y en
condiciones de 'semiesclavitud'. En Asturias, que la cámara empresaria busca
cubrir sus vacantes con trabajadores contratados en Colombia y Portugal, a los
que se los someten a jornadas interminables y cobran la cuarta parte de lo
establecido por los convenios. En Madrid, que en la construcción existen unos
25.000 obreros trabajando en condiciones de extrema precariedad y
clandestinidad. En Murcia, que 300 bolivianos eran empleados en tareas agrícolas
y no se les pagaba. En el País Vasco, que detectaron un incremento de obreros
inmigrantes en la construcción, la señalización de carreteras o la tala de árboles,
que viven 'situaciones de semiesclavitud' que sufren graves accidentes en sus
puestos de trabajo, y nadie se entera. En la vecina Navarra, prósperos viñateros
y agricultores contaban con peones portugueses en condiciones de trabajo
esclavo.
Esto que debería avergonzar a cualquier nación y que tendría que generar en
los gobernantes medidas urgentes para impedir que esos dramas humanos subsistan,
no parece ser un tema prioritario en las agendas oficiales. Como reafirmación
de ello, en la edición dominical de El País (2/9/07) se publica una entrevista
de cinco páginas al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, bajo el
sugestivo título de portada: “Busco una mayoría suficiente para la
modernización definitiva de España”, sin que se haya hecho una sola mención
al drama de miles de trabajadores que viven en la clandestinidad,
superexplotados y semiesclavizados, ni al hecho de ser un país que duplica el
porcentaje de su población en la Unión Europea en materia de mortandad laboral
y que está ubicado en el primer lugar de esa lamentable estadística. Hace unas
semanas, Rodríguez Zapatero, había anunciado la puesta en marcha de una
'estrategia de largo alcance' para reducir en un 25% la siniestralidad laboral y
afirmó sentirse 'orgulloso' de presidir un país donde no se tolera la
explotación de los trabajadores inmigrantes.
Una vieja historia
“Los correspondientes datos estadísticos arrojan más de 1.000 muertos, más
de 10.000 accidentes graves, más de 660.000 leves y, si se computan incluso los
que se producen sin causar baja, más de 1.200.000 accidentes. (..)
Esta situación no la puede permitir una sociedad como la nuestra que se mueve
en el contexto de liderazgo económico y social que supone la pertenencia al núcleo
de la Unión Económica y Monetaria, la zona del Euro, en la Unión Europea”,
esta cita es del texto del Plan de Acción sobre la Siniestralidad Laboral del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, puesto en vigor el 29 de octubre de
1998.
El año pasado, el número de muertos por accidentes laborales ascendió a 1377,
pero los especialistas estiman que si se sumaran los ocurridos en la vía pública
(de trabajadores en tránsito y de conductores de profesión) y los sufridos por
los que laboran en la clandestinidad, esa cifra debería multiplicarse al menos
por cuatro. Además, las enfermedades laborales se cobran otras16.000 vidas cada
año
Por una sugestiva coincidencia las cifras de negocio de la industria aumentaron
a un ritmo del 6,6% durante los seis primeros meses del 2007, y uno de los
motores de la economía española, la construcción, cada vez más depende de la
mano de obra inmigrante, que ya representa el 67% del total de puestos de
trabajo creados por ese sector desde 2000. Pero, estos trabajadores sufren un
13% más de accidentes laborales y un 33% más de siniestros con resultado de
muerte que los españoles, por las condiciones de precariedad en que se desempeñan.
Como cada vez que ocurre un hecho que escandaliza coyunturalmente a la opinión
pública, los sindicatos hacen anuncios de que impulsarán una activa campaña
por las empresas. UGT comenzará a distribuir folletos informativos en distintos
idiomas para que los inmigrantes conozcan sus derechos y CCOO se quejó por la
escasez de inspectores de trabajo y exhortó a los trabajadores que sufran esas
extremas condiciones a que se animen a denunciar. Pero un trabajador no afiliado
que quiera recabar asistencia o asesoramiento en ese sindicato debe primero
pagar casi un jornal para ser atendido.
Por acción u omisión existe una cadena de complicidades que hace que esa
luctuosa historia tenga asegurada su permanencia en el tiempo.