Si un fulano de Madrid (yo mismo) se presentara en el Ministerio del Interior a registrar un partido que se llamara "Unidad Socialista Patriota" (algo así debe de ser la traducción al castellano del nuevo partido registrado ayer por la izquierda abertzale) con unos estatutos en los que declarara que el nuevo partido buscaría conseguir sus objetivos "exclusivamente por vías políticas democráticas y pacíficas", nadie movería un dedo para impedírmelo. Como he reiterado en este blog, el Derecho no debe fijarse en quién hace algo, sino en qué hace alguien. Así, si algo que sería legal en caso de que lo hiciera un fulano de Madrid, lo hiciera una mujer vasca a la que ninguna sentencia ha restringido derecho político alguno, tendría que ser legal también.

Pero no nos engañemos, lo que sea legal o democrático no juega ningún papel desde hace mucho en el conflicto vasco: se trata de un juego de estrategia en el que prácticamente todos los actores (al menos el Gobierno, la oposición en sus distintas expresiones y la izquierda abertzale) mueven sus fichas en función de criterios estratégicos: en ningún caso parándose a pensar en criterios democráticos ni éticos.

Apelemos, pues, a los criterios estratégicos: No sabemos en qué situación está la izquierda abertzale: parece claro que hay dos tendencias, una de las cuales abogaría por abandonar claramente la violencia frente a otra que sería más maximalista y no encontraría cambios sustanciales en el Gobierno que les permitiera dar pasos importantes. Pero hasta que haya el famoso comunicado que todo el mundo espera no sabremos quién se ha llevado el gato al agua ni si el gato ha sido ya llevado a agua alguna.

Doy por hecho que el partido presentado ayer por la izquierda abertzale no es la única opción que barajan para presentarse a las próximas elecciones de mayo: si fuera su única opción no habrían puesto como una de las promotoras a una persona que habría sido candidata de una lista ilegalizada ni a dos componentes de la Mesa Nacional de Batasuna; tampoco habrían incluido la palabra Batasuna en el nombre del partido. Así, es probable que el partido sea un señuelo para activar la ilegalización de la que ya habla el Gobierno: con ello se pueden presentar a la sociedad vasca como gente que quiere resolver el conflicto democráticamente, pero que, cerradas esas vías, no tienen más remedio que usar otros medios. En todo caso, no se me ocurre cómo podría el Estado evitar, por ejemplo, que el PCTV-EHAK se presente en todos los Ayuntamientos que quiera, por lo que la ilegalización de ASB sería, además de todo, estéril.
En esa situación, el Gobierno puede ilegalizar el nuevo partido (no habrá juez que se pare a consideraciones legales), fortaleciendo la cara victimista de la izquierda abertzale y a sus sectores más intransigentes; pero también puede dar un golpe de mano y permitirle a la izquierda abertzale hacer política democrática y pacífica con las siglas que ellos mismos pensaron que iban a ser ilegalizadas. Si, con una valentía a la que no nos tiene acostumbrados, el Gobierno optara por esta segunda vía, los duros tendrían una muy difícil posición en sus estructuras y los que abogan dentro de ese espacio por el fin de la violencia tendrían la mochila cargada de argumentos.

Pero, ay, esperar que alguien tome una decisión legal, democrática y valiente se ha convertido en un sueño quimérico del que siempre nos despertamos demasiado pronto.