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¿Qué España
queremos?
Este
país tiene silicosis, o más bien “policosis”,
por la alta contaminación política en su atmósfera convivencial. Responsables
políticos y agentes mediáticos generan en su quehacer cotidiano demasiada
manipulación y agresividad, y así el hábitat social se degrada. Y todos lo
percibimos y lo padecemos. ¿Por y para qué revolver y enfangar las aguas?
Franco
murió en su cama con la dictadura en pie, en una España en la que su economía
requería ya mercados más amplios y en la que las fuerzas sindicales y políticas
perseguidas reclamaban en la calle, con amplios apoyos, aunque no mayoritarios,
libertad y derechos sociales, y en la que, por todo ello,
los dirigentes y organizaciones más influyentes y con mayor visión de
futuro asumieron como objetivo prioritario, a medio plazo, el ingreso de España
en la Europa del Mercado Común, que en su hoja de ruta establecía como paso
previo y primero: democracia.
Dar
ese paso conllevó, necesariamente, conciliar intereses políticos, sociales e
institucionales, en ciertos casos sólo de presencia y, por lo tanto, de
supervivencia, entre los reformistas del franquismo y sus opositores, entre sus
instituciones, principalmente el Movimiento Nacional, el Ejército y la Corona,
y la llamada Platajunta -mesa de los partidos políticos democráticos pero no
legales- y entre fuerzas sociales acomodadas en la dictadura -Iglesia y
empresarios- y las marginadas y represaliadas por ella ‑organizaciones de
trabajadores singularmente-. El resultado, con el aval del consenso, fue la
Transición Democrática y su primera plasmación la vigente Constitución de
1978.
Puede
especularse que aún con esos mismos contendientes el balón pudiera haberse
jugado por los partidos democráticos de distinta manera para obtener, para su
causa, un tanteo mejor. Gol arriba o gol abajo, en portería propia o en la
contraria, ahí quedó el marcador. Con la perspectiva de casi treinta años
pasados, cabe concluir que el objetivo se logró: España se incorporó a la
Europa comunitaria y ello ha reportado un importante desarrollo económico en
nuestro país; y también puede afirmarse que de aquellas circunstancias en el
arranque democrático se han derivado condicionantes limitativos, como: excesiva
partitocracia, interdependencia de los distintos poderes del Estado e
inconsecuente memoria política.
¿Se
imaginan en Alemania una calle, colegio de primaria u hospital estatal con el
nombre de Hitler o Rudolf Hess? Pues en ciudades importantes españolas podrán
encontrarlos dedicados a Franco y sus generales golpistas, con el agravio de que
las víctimas de la dictadura franquista no se han visto reconocidas plena y públicamente
¿Tiene alguna lógica democrática y legal que ahora se abra un procedimiento
judicial a Ibarretxe por entrevistarse con HB y no se haya hecho antes con
quienes -González, Aznar, Rovira y Zapatero- se han reunido con ETA, por sí o
por medio de sus delegados? ¿En la Unión Europea, conseguiría otra cosa que
no fuera la condena cívica y democrática un partido político que, a modo del
PP en España, utilizara un tema cardinal de Estado, como lo es el terrorismo,
para erosionar en la calle al Gobierno de su país, y con la bandera nacional de
pancarta? Aunque los españoles nos hemos dado prisa en el camino democrático
todavía hay distancias respecto a la vieja Europa.
Distancias
a acortar y problemas estructurales y de convivencia política a resolver
representan hoy nuestro reto. De los diversos problemas, dos son nucleares: a)
La Constitución, que al establecer la elección de los poderes ejecutivo y
judicial, en buena medida, por el legislativo, y éste por listas cerradas
partidarias, condiciona la independencia de los distintos poderes y minoriza el
valor de la participación electoral de los ciudadanos, y que, por otra parte,
al discriminar en positivo a las Comunidades Autónomas, en función de sus
mayores competencias atribuidas, crea un estímulo añadido para ampliar cada
vez más las mismas en detrimento de las del Estado y con riesgo lógico de
potenciar así las reivindicaciones secesionistas; b) violencia en Euskadi y, en
menor medida, en Navarra.
Han
transcurrido treinta años desde el inicio de la Transición, y la sociedad española,
y el mundo, ha cambiado más que durante los cien años anteriores. Una nueva
generación llega a la dirección política y de los negocios. Hemos pasado de
emigrar en gran número a acoger, por necesidades de nuestra economía, a cuatro
millones de inmigrantes. ¿Quién puede dudar de que son convenientes cambios
para resolver serios conflictos, adaptarnos a la nueva situación social y ganar
en participación democrática y eficiencia gestora en los asuntos públicos? ¿Y
quién puede sustraer a las nuevas generaciones el que se pregunten y respondan
sobre qué España queremos?
Nos
hemos ganado no tener ya que hablar y negociar sobre el Estado con voz contenida
y ánimo encogido entre ruidos de sables. Sabemos que no conviene dejar sólo a
los partidos el debatir y resolver sobre lo fundamental del Estado y su
organización. A todos los ciudadanos nos competen, y mucho, tales cuestiones.
La Constitución no es una reliquia inmaculada, sino la Ley más importante para
el buen gobierno y por ello susceptible de tantas modificaciones como sean precisas para tal fin. Y hay que debatir serenamente todos y
de todo ello. De un Estado federal o confederal, que unos proponen, de una
limitación del Estado autonómico, que desean otros, o de un Estado solidario,
descentralizado y cooperativo que nos gustaría a algunos. De la separación
efectiva de poderes. De la potenciación de las funciones de control y
fiscalización para responder a la creciente corrupción. De la discriminación
en el acceso a la Jefatura del Estado. De un Senado caro y poco útil. Hay que
dialogar para convencer y decidir democráticamente. De eso se trata. Y el
hacerlo no es más riesgo que el obviarlo.
Pero
la violencia no puede tener la palabra ni con ella puede hablarse. Los vascos
deben superar añoranzas de carlistadas de boina y fusil, con el rechazo pleno
del terrorismo. Si HB quiere palabra y silla democráticas tiene que decir no a
ETA o ésta a toda violencia. Y convencer previamente de que no hay trampa. Lo
que les va a ser harto difícil por lo muy desacreditados que están al respecto
por meritos propios y trágicos. Con la palabra y la democracia todo puede ser
posible excepto irse de casa y querer llevarse la habitación sin permiso de los
padres, de la comunidad, en este caso toda España, que, por cierto, no es una
propiedad de los patrioteros, sino territorio y organización social, cultural,
económica y política del Estado democrático de todos los españoles, que lo
será más cuando la violencia y la discriminación no tengan justificación,
cobertura o amparo legal o real alguno.
