El pasado 14 de mayo se cumplió un año del nacimiento del movimiento por una vivienda digna. Una convocatoria anónima por internet sin gran difusión en los grandes medios, convocó de forma sorprendente a miles de personas en las principales ciudades españolas. Estudiantes y trabajadores que de forma anónima sufrían el crecimiento desorbitado del precio de los pisos y alquileres, unieron sus fuerzas para denunciar la especulación y la corrupción urbanística, y reivindicar la vivienda digna como un derecho básico de la ciudadanía y no como un negocio.

A raíz de las sentadas sucesivas, se formó la Asamblea contra la precariedad y por una vivienda digna, que a su vez se organizó con reuniones semanales, y se crearon diferentes comisiones de trabajo: una para elaborar una propuesta alternativa al modelo actual de acceso a la vivienda; otra para relacionarse con otras asociaciones que tratan las mismas problemáticas; otra más de comunicación para la relación con los medios; y una última para preparar diferentes actos reivindicativos: semana de lucha social, concentraciones frente al Ministerio de la Vivienda y la Empresa Municipal de la Vivienda - EMV de Madrid, conferencias y charlas sobre especulación o urbanismo y manifestaciones.

El movimiento no ha parado de crecer desde entonces. Si repasamos el número de personas que ha asistido a las manifestaciones, de las 3.000 personas de la primera manifestación se pasó a unas 10.000 en la segunda, y la celebrada el pasado 24 de marzo contó con 20.000 asistentes aproximadamente. El movimiento no sólo se circunscribe a Madrid. Barcelona, Zaragoza, Valencia, Sevilla y otras muchas ciudades tienen sus propias asambleas y hay contactos entre ellas para actuar de forma unitaria y coordinada.

Propuesta sobre las viviendas vacías

Pero no sólo hay que fijarse en las manifestaciones. La Asamblea ha elaborado propuestas que algunos partidos empiezan a recoger en sus programas. La propuesta principal es la de fomentar el alquiler social mediante el uso de las más de tres millones de viviendas que según el INE se encuentran vacías en España.

Se da la oportunidad al propietario de que alquile su vivienda, en caso de no poder justificar porqué se encuentra vacía y sin uso. La vivienda se añade a una bolsa de alquiler social, fuera de los mecanismos del mercado, con un alquiler que cubra únicamente los gastos de mantenimiento y habitabilidad hasta que el propietario justifique su uso, momento en el que se devuelve la vivienda a su propietario. La medida pretende eliminar la vivienda como negocio, anulando la posibilidad de especular con ella.

El problema del acceso de la vivienda se ha ido acentuando con el paso de los últimos años. A pesar de tener unas tasas de construcción que superan las de Inglaterra o Francia, nunca había estado tan difícil adquirir una vivienda o acceder a un alquiler a precio razonable. La edad de emancipación de los jóvenes españoles es de las más altas de Europa, el ahorro de las familias está bajo mínimos, ya que las continuas subidas de los tipos de interés repercuten a continuación en el euribor y a su vez en el interés que los hipotecados pagan a sus bancos, situando a muchas familias al límite para llegar a fin de mes. A pesar de la propaganda de ayuntamientos y comunidades autónomas, la construcción pública dedicada al alquiler sigue siendo mínima y la construcción pública en venta ha provocado un mercado negro de viviendas públicas que han sido vendidas no a precio público, sino al de mercado cobrando una parte “en negro”.

Derecho constitucional

Y luego está la mercantilización de un derecho reconocido por la carta fundamental de los derechos humanos de la ONU y en el artículo 47 de la Constitución española. Todos hemos visto reproducirse como hongos multitud de inmobiliarias, el enriquecimiento de los conocidos “señores del ladrillo”, el desarrollo de las empresas unificadoras de deudas y, como consecuencia de todo esto, la destrucción ambiental de multitud de zonas.

En el mes de mayo, miles de personas volvieron a salir a la calle para denunciar la actual situación y exigir mejoras a los poderes públicos para que no se cumpla uno de los lemas para llamar a la movilización de la Asamblea: “No vas a tener casa en la puta vida”.