Si
hubiera que condenar a doce años y siete meses de cárcel a todos los
autores de artículos periodísticos execrables, la mayoría de los
periodistas de opinión de nuestro país estarían presos, lo que,
entre otros efectos indeseables, agravaría la delicada situación
actual de las penitenciarías españolas. Dicho ésto, y no como
"boutade" lamentablemente, el enojoso y triste asunto de la
retención del terrorista De Juana Chaos en la
cárcel, con el no menos triste anexo de su huelga de hambre, la
divulgación de las fotos en que aparece consumido y atado a la cama
hospitalaria, y la utilización del caso, ¡cómo no!, por parte del
PP contra el gobierno, tiene, y casi lo olvidamos a causa de todo ese
ruido, un origen inquietante: la condena a De Juana por un delito de
opinión, cuando se supone que en España la opinión, por muy
monstruosa que sea, no constituye delito.
Condenar a un
tipo a doce años y pico por verter amenazas o injurias en unos artículos
periodísticos, en tanto se sanciona con mucho menos tiempo de cárcel al que
apaliza, mata, tortura, roba, viola o estafa al prójimo, no se sostiene en
derecho natural, pero condenarle añadiendo a su deplorable acción literaria
la memoria del pasado sangriento por el que fue condenado a una pena altísima
y que ya purgó, se me antoja, además, rabiosamente disparatado y contrario
incluso a la tajante máxima de "quien la hace, la paga". Hacer
no es lo mismo que decir, y condenar por decir representaría una regresión
profunda de la Justicia, cuando menos en un Estado democrático, garantista y
de derecho. Eso de castigar los pensamientos, las intenciones, los conceptos
vertidos en un artículo de prensa, debería movilizar cuando menos, a la
profesión periodística, y no por solidaridad con el etarra, sino en defensa
de la libertad que ese mismo etarra, por cierto, quiso destruir con
tanta vesania y tanta crueldad. Una nación civilizada no puede consentir, en
ningún caso, mermas en su libertad.
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