El Gobierno actual, preso del pánico por el alejamiento del Imperio tras
retirar las tropas de Irak, permitió que el suelo español fuera utilizado
para el transporte de los secuestrados a Guantánamo. No se sabe exactamente
qué grado de conocimiento tenían, pero sí, como mínimo, que miraron para
otro lado. La negativa del PSOE a abrir una comisión de investigación sólo
puede querer decir que tienen más que ocultar de lo que sabemos o que
siguen poniendo por encima de los derechos humanos la voluntad de no
incomodar al Gobierno estadounidense, autor de los secuestros y del campo de
concentración. A estas alturas es evidente que la muy digna retirada de las
tropas de Irak fue (¿es?) contrarrestada con una complicidad por acción u
omisión con los crímenes de guerra del poder internacional.
En cuanto al Gobierno anterior por fin sabemos que participaron activamente
en aquellos crímenes. La asombrosa capacidad para el ridículo del títere
Mariano le ha hecho decir que no sabía lo que pasaba en el Gobierno del que
era presidente, que quienes tienen que responder son los miembros del
Gobierno actual y que, en fin, Guantánamo es un
coño de la época de Felipe II. Pero ayer, Gustavo de Arístegui (que
no era miembro del Gobierno) confesó la participación en el crimen de una
forma un poco rocambolesca, argumentando que se hizo en conocimiento de Garzón
"y creo, pero no lo recuerdo, con su
autorización".
Por su parte, Garzón ha respondido que no lo autorizó, pero no ha dicho
que no lo conociera. De Garzón cualquier cosa es posible, pero si se le
comunicó y no hizo nada por impedirlo también tendrá que asumir su
complicidad.
Lo que vamos conociendo es una absoluta vergüenza, que debe ser aclarada
política y penalmente. Varios juristas afirman queel envío de policías a
Guantánamo supone la comisión de un delito. Pues que alguien (la Fiscalía,
supongo ¿alguien sabe si los particulares podemos denunciarlo?) lo lleve a
los tribunales y que acabe en la cárcel quien haya delinquido, pues, como
dijo el CGPJ "la sujeción a un
procedimiento jurisdiccional de un responsable político, en identidad de
situación a cualquier ciudadano, en modo alguno puede ser percibido como
una agresión externa e ilegítima, sino bien al contrario, como la más
justa y democrática expresión de la igualdad de todos ante la ley".
Pero tampoco se puede mirar para otro lado políticamente: es exigible la
comisión de investigación que ha solicitado IU, a la que se niegan PSOE y
PP y de la que no hablan el resto de partidos. Hay todavía muchas cosas que
no sabemos y que pueden dejar claro en qué ha consistido, más allá de la
demagogia periodística, la política exterior española con relación al
campo de concentración guantanamero. Cuando le gritaban a Zapatero ¡No
nos falles! ¿a qué cree que se referían?
