¿Es sagrada la propiedad?

Rafael Torres 25 de Enero de 2007

La posibilidad de que en algunas comunidades autónomas, y acaso en el conjunto de la nación, se grave con un impuesto o con una multa a los dueños de las casas deshabitadas para estimularles a ponerlas en el mercado de alquiler, ha suscitado la iracundia de quienes defienden como sacrosanto el derecho de la propiedad, de sus propiedades para ser más exactos. La dramática situación de la vivienda en España, cuya adquisición es imposible para el común de los ciudadanos a menos que se endeuden de por vida con hipotecas que duplican al cabo su ya disparatado precio, y cuyo alquiler, escaso, succiona íntegro el salario de quienes a él recurren, se aliviaría en parte si prosperara ese proyecto contra el abandonismo y la especulación inmobiliaria que permite la existencia de centenares de miles de viviendas vacías mientras las personas, sobre todo aquellas en edad de emanciparse, buscan y no encuentran un techo que les cobije.

La propiedad, en efecto, es un derecho, y, si se apura un poco, uno de los pilares básicos de la sociedad, pero no es sacrosanta, no pertenece a la categoría del dogma y del tabú, razón por la cual sus límites no sólo están sujetos a discusión y control, sino que están determinados por las lindes con otros derechos, como el que, consagrado en la propia Constitución, tienen todos los españoles a una vivienda sin necesidad de ser multimillonarios. O dicho de otro modo; en una democracia la propiedad, siendo un derecho inalienable, no es el derecho supremo ni se puede, por preservarlo y defenderlo, destruir el derecho superior a la justicia social. Si se declarara una hambruna general, no veríamos con buenos ojos que unos cuantos codiciosos acapararan los alimentos y guardaran cantidades ingentes de vituallas pudriéndose en almacenes, de modo que el proyecto de forzar en los términos que la ley permite a los propietarios de casas vacías, que por desidia o especulación condenan a sus semejantes a una vida arrastrada, no atenta contra ningún derecho, pues no les incauta las viviendas de su propiedad, sino que contribuiría a dar satisfacción al derecho básico y general de una casa donde poder guarecerse y vivir con dignidad.