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Vivimos en una sociedad que disfruta de unos niveles de desarrollo de las fuerzas productivas y de la tecnología jamás soñado, pero que, sin embargo, genera unas desigualdades e injusticias crecientes causadas por un sistema económico capitalista, incapaz de lograr una distribución equitativa de los recursos. Los trabajadores, como mayoría social, debemos defender un discurso claro de transformación del sistema, y apostar por otra globalización radicalmente distinta a la neoliberal. CC.OO. como sindicato sociopolítico, y de forma coherente con nuestra historia y reivindicaciones debe apoyar a los movimientos transformadores de la izquierda hacia una sociedad socialista que avance de forma sostenible en términos de igualdad y solidaridad y no en términos de competitividad entre trabajadores.

Es este modelo neoliberal el que está dominando el proceso de construcción europea, que lejos de avanzar en una armonización social o laboral, supone cada vez más, un riesgo de involución en cuanto a los derechos de los ciudadanos europeos. Afortunadamente se ha rechazado el proyecto de constitución europea que significaba ahondar más en la Europa del mercado y el capital. Sin embargo, desde los “lobbys” financieros y empresariales y desde los gobiernos europeos asistimos a un intento de resucitar el proyecto de constitución que enterraron los referendos francés y holandés. La Comisión Europea prepara un ataque en profundidad a los derechos laborales a través del Libro Verde sobre derecho laboral, y conceptos como la “flexiguridad”, tienen como objetivo reformar todo el derecho laboral para adaptarlo a las necesidades de las empresas, recortando en toda Europa la protección frente al despido y dejando sólo unos derechos mínimos. Un ataque de un calado similar al de la famosa directiva Bolkestein, y que debe de encontrarse con una respuesta movilizadora adecuada.

Aquí, en España, el actual gobierno, sostenido con los apoyos parlamentarios de fuerzas de carácter progresista (IU-IC, ERC) ha realizado una política errática, con luces y sombras. Entre las segundas habría que destacar la política económica y presupuestaria que ha continuado las líneas neoliberales de los gobiernos anteriores y se ha quedado corto en las leyes y medidas sociales, con pocas excepciones (salario mínimo y dependencia).

No se ha producido, por tanto, el giro a la izquierda que nuestro país necesita para corregir un importante déficit social y laboral. Efectivamente, España mantiene un elevado diferencial en gasto social con la UE y además esta diferencia va aumentando en los últimos años. Desde 1994, y con los diferentes gobiernos del PP y del PSOE, nos hemos ido alejando de Europa en protección social. Se han venido aplicado unas políticas fiscales que han provocado una disminución de impuestos a las rentas más elevadas y a los rendimientos del capital y ha reducido el déficit público a costa de recortar los gastos sociales. Si comparamos las prestaciones con la media europea (UE-15), España está muy por debajo en pensiones, sanidad y educación. Ello genera una tendencia hacia la fractura y la pérdida de cohesión social.

Por otro lado, los resultados del balance de las reformas laborales y de los Acuerdos para la Negociación Colectiva (ANC) son, en general, negativos y no dan solución a lo que podríamos denominar el déficit laboral español respecto a Europa. Veamos algunos datos: tenemos dos millones de parados; un tercio de los contratos son temporales; somos el país con mayor índice de siniestralidad laboral (9 millones de accidentes con baja, 135.860 lesionados graves y 14.879 muertos en diez años); los salarios son un 33% menores que la media de la EU-15 , pero se siguen firmando moderación; la jornada laboral es 11 horas más al mes y con 2 días menos de vacaciones que la media europea, según Eurostat.

Es sintomático lo poco que se habla del déficit social y laboral de España con relación a la Unión Europea , que se mantiene junto con un escandaloso superávit presupuestario Quizá sea porque no es un espejo agradable para comprobar los pobres frutos de la estrategia sindical seguida en la última década, una época de gran crecimiento económico y de fabulosas ganancias empresariales ((PIB del 4% y beneficios del 13,4% en 2006). Además, esta estrategia de moderación salarial continuada, unida a precariedad en el empleo, a la escasa protección social y a débiles derechos legales, consolida un modelo económico-empresarial poco competitivo y de muy bajos vuelos al basarse en costes laborales baratos.

La llamada concertación social se ha demostrado inútil para corregir estos déficit. Para no remontarnos muy atrás, los últimos pactos suscritos no son ninguna solución a los problemas. Centraremos el análisis en dos cuestiones básicas: empleo y salarios. Efectivamente, la última reforma laboral pactada va a ser inútil para resolver la temporalidad ya que no recupera la causalidad en la contratación, repite fórmulas fracasadas como el abaratamiento del despido y transfiere recursos a los empresarios. Pero no ataca los problemas de fondo del mercado laboral que son la consecuencia de un modelo de crecimiento económico que genera empleo en los sectores productivos más especulativos y con menor desarrollo tecnológico como la construcción y los servicios, mientras se pierde empleo en el sector industrial. Por lo general el empleo se dirige a las actividades más intensivas en mano de obra barata, temporal y precaria y afecta especialmente a las mujeres, jóvenes e inmigrantes. Esta precariedad, que alcanza a 5,6 millones de trabajadores, junto a la rotación laboral, la subcontratación, la deslocalización, la cesión ilegal de trabajadores y el fraude de ley en las contrataciones son la base de la competitividad de las empresas y el factor fundamental de los beneficios empresariales.

Los acuerdos sobre negociación colectiva firmados con la patronal han supuesto la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y no han frenado el retroceso de la capacidad de negociación y de poder sindical, ya que se han demostrado inútiles a la hora de mejorar los contenidos de empleo, contratación, reducción de jornada o capacidad de intervención sindical. Los datos son contundentes y las conclusiones claramente negativas para los trabajadores: según la Contabilidad Nacional que publica el Instituto Nacional de Estadística, en 1997 los salarios consiguieron un 50% del PIB, frente a un 41% de los beneficios empresariales y un 9% de los impuestos. Hoy, con un Gobierno socialista, los salarios han retrocedido en el reparto de la Renta Nacional 3,6 puntos (46,4%), frente a un 42,1% de los beneficios y un 11,5% de los impuestos.

Del análisis de la política de pactos podemos concluir que a pesar de la excelente coyuntura económica y de la existencia de un gobierno teóricamente progresista, los frutos de la concertación con el gobierno y la patronal arrojan unos resultados muy escasos: no han resuelto ni colocado en vías de avance problemas como la precariedad, no han redistribuido la renta y la riqueza, no han mejorado los derechos sociales y laborales y la capacidad de intervención sindical: excepto en el tema de la dependencia y con grandes incertidumbres todavía. Pero hay algo más preocupante aún: a pesar de este panorama, se ha paralizado la actividad reivindicativa del movimiento sindical. Centrados en las elecciones sindicales y a un año de las elecciones generales, parece que se da por agotada la legislatura a los efectos de conseguir avances y mejoras en los derechos sociales y laborales.

Evidentemente, hay alternativas en materia de negociación colectiva, de empleo, de salud laboral, ante las deslocalizaciones, la inmigración, la enseñanza, la defensa de los servicios públicos, la política energética, la igualdad entre hombres y mujeres. Pero para llevarlas adelante, para poner en pie una nueva estrategia de firmeza es necesario y urgente recuperar la máxima democracia en el sindicato, a través de medidas como el fomento de la participación, el protagonismo de los trabajadores y de la afiliación, y con el respeto a la pluralidad. No hay que olvidar que la situación de desmovilización de los trabajadores y el avance de las políticas neoliberales, suponen obstáculos para el giro a la izquierda que necesita el sindicalismo y la política en España, además de dejar el campo libre para la brutal oposición y las movilizaciones callejeras de la derecha política. Trabajar para cambiar las cosas debe ser un compromiso de todos..